Continúa Fred Álvarez en su seguimiento y análisis del asesinato y desaparición de normalistas en Iguala.
“Éramos muchos y parió la abuela...”.
Refrán popular.
"¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!".
Ayer miércoles 8 de octubre se realizaron en la Ciudad de México y en varias ciudades del mundo manifestaciones con la demanda de presentar vivos a los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. En la marcha, los manifestantes portaron mantas y pancartas con consignas entre las que se lee: “ahora, ahora se hace indispensable la presentación con vida de los normalistas y castigo a los culpables”, “Castigo a los asesinos y solución rápida porque el color de la sangre jamás se olvida” y “septiembre combativo, Ayotzinapa en pie”. Y la clásica: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Otra de las demandas fue la renuncia del gobernador del Estado Ángel Aguirre.
El prietito en el arroz fue la agresión que sufrió por ultras el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Adolfo Gilly, y el poeta José María Espinasa.
¡No se vale lo que les hicieron!
También ayer por la mañana quedó conformado en San Lázaro –y quedó declarada en sesión permanente– una denominada “Comisión Especial para dar Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos originados en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.
La encabeza el diputado coahuilense Guillermo Anaya Llamas (PAN), y en ellas participan legisladores de todos los partidos políticos. Dice el decreto que para el cumplimiento de su objetivo, “esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción de conformidad al marco normativo aplicable.”
En ese sentido, su presidente informó ayer que uno de los primeros acuerdos fue girar oficios a los titulares de la PGR, y a los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, para solicitarles información respecto al caso y agendar reuniones de trabajo. También convocarán a los responsables del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Asimismo, invitarán a la organización Human Rights Watch con sede en Washington DC, a los integrantes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México.
Los legisladores acordaron trasladarse al estado de Guerrero lo más pronto posible –quizá lo hicieron ayer– para reunirse con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, con el procurador general de Justicia local, con familiares de los estudiantes desaparecidos, con líderes estudiantiles y con organismos de la sociedad civil, entre otros.
Todo muy bien. Aunque una comisión de ese tipo es costosa y aporta poco. Por cierto, tendrá vigencia hasta el término de la presente Legislatura.
El diputado guerrerense Manuel Añorve Baños (PRI) –integrante de la Comisión– hizo un llamado a conformar un grupo de confianza para lograr el objetivo principal, que es el conocer la verdad de los hechos y que se haga justicia. Pidió, de igual manera, no politizar los trabajos de la Comisión ni el tema objeto de la investigación. “Tenemos una responsabilidad con la nación y no podemos privilegiar las suspicacias”, dijo.
Mmm.
La verdad es que no sabemos qué hace ahí el diputado Añorve, y lo decimos con todo respeto; sabemos que aspira al cargo de Gobernador y debemos recordarle que el proceso electoral ya se inició (justo en esta semana).
Quizá por eso, la diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD) coincidió en que no se debe politizar el caso Ayotzinapa y que esa Comsión Especial asuma un papel estabilizador de la gobernabilidad y no ser una caja de resonancia para satanizar al gobierno del estado.
Por su parte, en el Senado no se atrevieron a tanto y tan sólo crearán un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación –que preside el PRI–, con el objetivo de coadyuvar en las investigaciones. Eso sí, las y los senadores exigieron realizar todas las acciones conducentes para localizar a los estudiantes desaparecidos y mandataron a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a celebrar una sesión donde se aborde la situación de Guerrero.
No se hablo de urgencia, o por lo menos no lo escuche.
Del mismo modo, solicitaron a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas que haga uso de sus facultades conferidas por la ley a fin de garantizar a los afectados sus derechos de asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.
Todo eso está muy bien y quizá los legisladores ayuden a acelerar el esclarecimiento de los hechos lamentables.
¿Pero –dicho sea con todo respeto– no creen las señoras y señores legisladores que pudieran haber hecho un llamado a que el gobernador deje el cargo?
Es un asunto elemental. Pensé que el Presidente Peña Nieto en su mensaje del lunes en Palacio Nacional le pediría al Gobernador dejar el cargo hasta que se esclarezcan los hechos. Aunque, si sabemos leer entre líneas, le dijo que se fuera.
Pero sus amigos en el PRD y en el gobierno federal le dijeron que se mantuviera y ahora se niega a dejar el cargo.
Debería hacerlo por un asunto de dignidad y de ética. En cualquier sociedad democrática un acto de ese tipo lleva a la renuncia o retiro temporal del gobernante.
Durante un mensaje ofrecido este jueves en Chilpancingo, dijo el señor Gobernador que no se iba y que él habría llegado al cargo gracias al pueblo de Guerrero y que a él se debía...
¿Dónde habremos escuchado eso antes?
¡El gobernador no ha visto la magnitud de las manifestaciones en el mundo!
Y bueno, hoy se justificó el no haber detenido al edil de Iguala, José Luis Abarca, ya que dijo que, si lo hacía, violentaría la ley.
O sea, el señor Gobernador aplicó el principio de presunción de inocencia como mandata nuestra Constitución.
Por cierto, Aguirre se pronunció por que se realice una consulta en Guerrero para que los ciudadanos decidan si se va o se queda al frente del Ejecutivo local.
¡Habrase visto!
Nace la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre,
Ante esta situación nos inquieta el comunicado que emitió el grupo denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Está fechado el martes 6 de octubre y dice:
Hoy nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron (...)
Con todo el dolor ante la detención-desaparición de los compañeros normalistas y el vil asesinato de otros civiles el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, declaramos:
- Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado “Guerreros Unidos”.
- Recábese toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta….
Atentamente.
Es duro el mensaje y no hay que desdeñarlo. Y creo que el grupo armado exageró en el punto tres al decir: “Declaramos a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplice de los hechos del 26 de septiembre del 2014”.
Un Chilpancingo lleno de sicarios.
En enero de 2010, Maribel Gutiérrez Moreno, del periódico guerrerense El Sur, entrevistó a Jacobo Silva Nogales y a Gloria Arenas Agis, ex dirigentes del ERPI.
Dijo entonces el también llamado “comandante Antonio” sobre el surgimiento de grupo de sicarios vinculados al crimen organizado:
...me comentan que en el norte hay pueblos en donde la mayor parte de los jóvenes son sicarios, si eso se extiende al resto del país va a ser terrible, hablamos ahora de que hay muchas personas viviendo del narcotráfico, de la ilegalidad, pero sería terrible ver a Chilpancingo lleno de sicarios, matando gente al por mayor, si eso se lograra impedir, si para eso sirviera la lucha armada, valdría la pena, aunque no se lograra un triunfo de una revolución utópica.
Justifica de alguna manera a los grupos armados. Obviamente, no compartimos su punto de vista
¿Qué es el ERPI?
Es un grupo que ha sido, de acuerdo con la información publicada en los medios, la organización armada con más presencia en el estado de Guerrero, entre otros que existen en la entidad, como el mismo EPR, la Tendencia Democrática Revolucionaria, el Comando Justiciero 28 de Junio y varios más.
Dicho por ellos mismos.
Nace como resultado de una separación del EPR. Producto de un proceso que se gestó largamente y que se manifestó concretamente el 8 de enero de 1998(...) Formamos parte del ERPI compañeros que participamos en las luchas populares de los años 70’s y 80’s y en algunas organizaciones armadas de aquellos años, así como nuevos compañeros que se han incorporado recientemente.
Se separaron del EPR:
(…) por razones políticas. Primeramente, las diferencias eran fundamentalmente metodológicas, después llegaron a ser de táctica y estrategia, de concepciones y de visión. Nos preocupaba el papel de nuestra organización en el proyecto revolucionario mexicano en general. Tuvimos inquietudes en torno a la relación que pretendemos tener con el pueblo, al tipo de sociedad que se quiere construir, a la concepción de la soberanía popular, de las relaciones al interior de nuestra organización, de la ética revolucionaria y de la estrategia a seguir.
“Sabíamos que esto iba a pasar…“ FAR–LP
Hubo otro comunicado emitido sobre los hechos de Guerrero. Es de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Liberación del Pueblo (FAR-LP), que dicen:
Sabíamos que esto iba a pasar solo que nos ganó en el tiempo de acción. José Luis Abarca Velásquez es un ser despreciable e inhumano; si se le pudiera catalogar como miembro de una especie, su nombre real seria chacal. Su arribo al poder lo logró a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico. Es un secreto a voces que forma parte del cártel de “Guerreros Unidos”, a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial en el bajo mundo. Ambos responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala
Agregan:
A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte
Y como muchos piden la renuncia del gobernador.
Y terminan con un “Pronto sabrán de nosotros”.
Firma el comunicado: La Comandancia General.
Así las cosas.
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