"Así estamos, consternados,rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles"...Mario Benedetti
El procurador Jesús Murillo Karam proporcionó el viernes los resultados plausibles, verosímiles, de la investigación realizada por la PGR en el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Según esa información, apuntalada por numerosas pruebas y testimonios, los jóvenes fueron sometidos, llevados al cuartel de la policía en Iguala, entregados a policías de Cocula que a su vez los entregaron a un grupo de narcotraficantes de Guerreros Unidos que, luego de un traslado inmisericorde a un basurero de Cocula, los asesinaron, luego fueron montados en una pira medieval donde fueron incinerados durante unas 15 horas. Los restos, huesos, dientes, fueron nuevamente destruidos y todo arrojado al río San Juan.
Tienen toda la razón y el derecho del mundo los padres y familiares de desconfiar de la investigación de la PGR y de insistir en que hasta que no haya pruebas de otro tipo, las que sólo podrían proceder del intento de rescatar ADN de los escasos restos encontrados en el basurero y el río, ellos no darán por muertos a sus hijos. Nadie puede pedirles otra cosa.
Pero, desde otro punto de vista, no se puede ignorar la indagatoria y, por el contrario, se debe avanzar en una suerte de la investigación de los resultados de la misma que tiene que centrarse sobre unas autoridades locales que son sospechosas, omisas y que pueden ser hasta cómplices de los asesinos, trascendiendo, por supuesto a la truculenta pareja Abarca-Pineda.
Temas, preguntas, que van más allá de los resultados de ADN que tendremos que esperar de un instituto austríaco. La primera, ¿qué pasó en los diez días previos a que el gobierno federal se hiciera cargo de la investigación?. No nos engañemos: a nivel municipal y estatal, se desvió el curso de la investigación. Esa primera semana supuestamente buscando a los jóvenes casa por casa en Iguala porque supuestamente estaban escondidos fue criminal; el que el gobernador Aguirre y el procurador Blanco no pudieran o quisieran mantener bajo vigilancia al presidente municipal y su esposa, al jefe de la policía local y a otros involucrados, que no pudieran proporcionar desde un primer momento una información mínimamente fidedigna sobre lo ocurrido pasa de la sospecha o la negligencia a la complicidad.
El gobierno federal es responsable de haber confiado en esas autoridades, por lo menos en las estatales, pero también se debe reconocer que tomó una indagatoria en la que hubo que revisar, incluso, si las autoridades locales no habían falseado las pruebas de ADN de los familiares. Se hicieron cargo diez días después de los hechos, tendrían que haberlo hecho mucho antes, pero la autoridad federal literalmente se pasmó ante lo sucedido, no supo ni cómo ni de qué manera reaccionar. Pero terminó haciendo una investigación seria. No son los responsables de las muertes y resulta indigno que hoy haya quienes digan que no creen en los resultados de la investigación y que sean los mismos que sostuvieron contra viento y marea a Aguirre en la gubernatura incluso cuando el gobierno federal ya había intervenido en el estado. El PRD y Morena tienen un alto grado de responsabilidad política: el PRD por lo menos la ha asumido aunque sea en forma tardía e incompleta, lo de Morena es terrible, ante su evidente vinculación con los responsables. Ni el PRD ni Morena, como instituciones partidarias, tienen responsabilidad material en los hechos, pero lo menos que se esperaría sería una autocrítica sincera, incluyendo el comportamiento que asumieron inmediatamente después del secuestro de los jóvenes, de defensa de las autoridades locales, mismas que deben ser juzgadas y en su caso sancionadas.
Finalmente, hay que insistir en un punto: el gobierno federal debe superar lo ocurrido, tiene que salir del pasmo, de la tragedia, escenificados en el rostro del presidente Peña después de reunirse con los familiares o en el cuestionado, pero comprensible “estoy cansado” de Murillo Karam (leer por favor el excelente texto de Juan Ignacio Zavala ayer en Milenio sobre el tema). Decía el expresidente de gobierno español José María Aznar, en la entrevista que le hicimos y publicó ayer Excélsior que “hacer política puede tener un costo, pero no hacerla tiene un costo mayor… una cosa son las articulaciones legales y otra cosa son las articulaciones políticas” y el gobierno federal tiene que dar respuestas y tiene que mostrar una nueva forma de ejecutar sus políticas, su dinámica, incluso, en muchos casos, a sus propios integrantes. Y para nadie debería ser un secreto que la seguridad y la economía es donde la gente exige, espera y demanda, con razón, resultados.
Por cierto, 25 años después, ¿cuándo caerá el Muro de Berlín de gran parte de nuestra izquierda y de nuestros políticos tradicionales?
Tomado de Excelsior
No hay comentarios:
Publicar un comentario