AMLO y pensiones: después de mí, el diluvio

Luis Miguel González 24 de marzo de 2021

Tres grandes cambios hemos tenido en pensiones en el último año, pero la bomba sigue haciendo tic tac. En 2012, el gasto en pensiones del gobierno mexicano fue 429,000 millones de pesos, una décima parte del presupuesto total. En 2021 serán 1 billón 64,000 millones de pesos. La presión a las finanzas públicas no hace sino recordarnos que el problema de fondo no ha sido resuelto: no hemos encontrado la forma de tener pensiones dignas para todos los mexicanos de la tercera edad sin poner en riesgo las finanzas públicas.

En el aire, sin respuesta sigue el problema de tener decenas de esquemas de pensiones que no tienen fondos para pagar sus compromisos. Allí podemos colocar los de la mayoría de las universidades públicas y un número no despreciable de gobiernos locales. En ese limbo financiero tenemos, en primer plano, los pasivos laborales de Pemex. Ellos solos valen alrededor de 1.5 billones de pesos.

Los pasivos antes mencionados son una losa que pesa más que 100% del PIB y crece de manera exponencial, en la medida en que la población mexicana envejece. Como sociedad estamos viviendo algo que los especialistas llaman transición demográfica.

En Suecia se vivió en 70 años; en España, en 40 años. En México y otros países de América Latina se producirá en menos de 25 años. La velocidad de esta transición nos debería llevar a una vertiginosa transformación cultural e institucional. Esto no ha ocurrido.

El presidente ha tomado importantes decisiones que le ofrecen ganancias en popularidad de corto plazo, pero se ha mantenido al margen de los aspectos que tienen que ver con soluciones de largo plazo y/o estructurales. Ha dejado claro que en su sexenio no se aumentará la edad de jubilación; no se ha pronunciado sobre el rescate de los sistemas de pensiones estatales y universitarios. Tampoco ha puesto en la mesa una propuesta de reforma fiscal que solvente un compromiso presupuestal que crece a un ritmo de 120,000 millones de pesos anuales.

La indiferencia presidencial por el largo plazo y lo estructural no quiere decir ausencia de activismo de corto plazo. El fin de semana pasado anunció que la pensión que reciben los adultos mayores pasará de 2,620 pesos bimestrales a 6,000 pesos en el 2024. Se reducirá de 68 a 65 años la edad a partir de la cual pueden ser beneficiarios. Este cambio costará 235,000 millones de pesos e incrementará el número de beneficiarios de 7.7 millones de personas hasta 18 millones.

En agosto pasado, la voluntad política presidencial les hizo un “milagro” a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Se revirtió un acuerdo de 2016 y volvieron las condiciones de jubilación previas: las mujeres podrán retirarse con 25 años de servicio y los hombres con 30 años. Son “solo” 48,000 trabajadores pero tendrá un costo enorme, alrededor de 1% del PIB. Este cambio de régimen es una de las razones por las que la CFE perdió dinero en 2020.

El tercer cambio importante que hemos vivido en pensiones tiene que ver con los trabajadores que cotizan en el régimen de afores. Ahí el presidente dejó casi todo el escenario para el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el CCE. Entre 2021 y 2028, alrededor de 20 millones de trabajadores verán crecer la aportación a su cuenta individual de 6.5% a 15 por ciento. Este cambio se complementa con una reducción de las semanas de cotización necesarias para recibir pensión y una disminución de las comisiones que cobran las Afores. 

Para el 2050, México tendrá más de 50 millones de adultos mayores. ¿tendremos los recursos públicos para otorgarles transferencias económicas; producir la infraestructura urbana y de atención hospitalaria? Por el rumbo que llevamos, la respuesta es No. Es un tema complejo y de enorme impacto social, pero no estallará pronto. El presidente AMLO entiende el ángulo político, pero no quiere entrar en laberintos actuariales. Es de todos conocido que aborrece el territorio tecnocrático. Sabe contar y entiende que nos faltan algunos lustros para que el diluvio complete su labor.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx

El gobierno de la destrucción

22/03/2021 Fernando García Ramírez

Leer es poder

Es fácil descender al infierno, sentenció Virgilio. Destruir es mucho más sencillo que construir. Se puede destruir sin hacer nada, dejando que el tiempo obre sobre la naturaleza y convierta todo en ruinas. Se puede destruir, también, con buenas intenciones, aplicando recetas equivocadas. López Obrador ofreció que su gobierno reivindicaría a los pobres, pero le bastaron poco más de dos años para sumir a 10 millones más de mexicanos en la pobreza, de acuerdo con el Coneval.

El sistema de salud mexicano era mediocre pero funcionaba. En poco tiempo López Obrador lo convirtió en una ruina. Con las mejores intenciones desapareció el Seguro Popular y creó, planeado sobre las rodillas, el Instituto de Salud para el Bienestar. Como titular nombró a Juan Ferrer que, como es común en el gobierno de la cuatro té, no tenía ni el más mínimo conocimiento del sector, vaya, algo así como nombrar a un ingeniero agrónomo como director de Pemex. Una fórmula ideal para el desastre. Si el Insabi ha podido medio funcionar ha sido porque ha utilizado estructuras del Seguro Popular. Para colmo de males, a la mala planeación e inadecuada conducción se sumó la pandemia. Más de 300 mil muertos de Covid nos hablan del tamaño de la catástrofe. El resultado ha sido el desabasto, el sufrimiento y la muerte.

El sexenio de Peña Nieto se caracterizó por la corrupción y las reformas estructurales. El sexenio de López Obrador se ha caracterizado por la destrucción. El emblema de su gobierno no es Santa Lucía o Dos Bocas sino las ruinas de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Supuestamente lo canceló por la corrupción imperante pero no se denunció a nadie y nadie recibió castigo. Fundamentó su decisión destructiva en una mentira. Para que no se viera mal le colocó encima el parche de una consulta falsa. Nada bueno se desprendió de esa suspensión. Nos costará a los mexicanos más de veinte años terminar de pagar el aeropuerto que no tendremos. Desde el momento en que se suspendió la obra se desplomaron las inversiones y la confianza. ¿Quién quiere arriesgar su dinero con un gobierno destructor?

Lo mismo ocurrió con la reforma educativa y energética. Lo que estaba mal lo empeoró. No dudo que sus intenciones hayan sido buenas, pero resulta claro que trata de corregir la realidad partiendo de falsas premisas. Y cuando el error es evidente, no retrocede. Es incapaz de reconocer una equivocación. Es alérgico a la crítica, que señala los defectos para que éstos puedan corregirse. A los críticos los insulta y los calumnia. Sólo escucha a aquellos que le dan la razón. Vive rodeado de aduladores. De carácter débil, el presidente sucumbe ante el elogio fácil. Sin crítica es difícil que corrija lo que no le informan que funciona mal.

Hay ciertas constantes en el gobierno de López Obrador: parte de diagnósticos más ideológicos que fácticos; arranca programas de forma improvisada; no realiza los estudios de viabilidad económica ni ambientales necesarios; coloca al frente de secretarías y programas a personas leales pero sin preparación; no cuenta con indicadores que le señalen si los programas funcionan. Resultado: el que todos vemos, un país en franco retroceso.

Cuando gobernaba Fox nos quejábamos de un presidente frívolo que sólo atendía las encuestas de popularidad. No sabíamos entonces lo que vendría. López Obrador desacreditó los indicadores tradicionales, como el PIB, por neoliberales. El único indicador al que le tiene confianza es el de las encuestas de popularidad. No alcanza a darse cuenta de que ese indicador funciona a su favor gracias a los tres ejes principales de su gobierno: becas, propaganda y mentiras. Sin la verborrea de las mañanas México se vería tal cual es: un país que se desmorona en cámara lenta. Más pobreza, más violencia, menos educación, menos salud. Lo único que funciona en su sexenio no tiene que ver con el gobierno: el comercio con el exterior regido por el TMEC y el cuidado macroeconómico debido al Banco de México.

El año pasado la naturaleza puso a prueba a su gobierno, y reprobó. Las intensas lluvias en Tabasco llevaron al presidente a tomar una decisión equivocada: abrió las represas e inundó las zonas más pobres de Tabasco. Se trataba de una disyuntiva compleja: eligió el peor camino y decidió inundar a los que menos tienen que son los que menos se quejan. El otro reto fue el de la pandemia. Casi todo lo hizo mal. Tomó decisiones políticas, no sustentadas en conocimiento científico. El único mérito de López-Gatell fue que éste había sido despedido por ineficiente por Felipe Calderón. Gran parte de los desatinos de López Obrador frente a la pandemia estuvieron dictados por el rencor contra Calderón: lo que él hizo yo no lo haré. Y así nos está yendo.

Podría pensarse que está destruyendo todo porque los cimientos eran malos y quiere construir sobre bases diferentes. No es el caso. Destruye pero no edifica. La realidad terminará, como siempre, por imponerse. Y cuando despertemos, el infierno estará allí.

Defiende a Epigmenio Ibarra.

 

¡Vivan los traidores!

• En México existen leyes y juzgadores (traidores) capaces de frenar tiranías.

16 de Marzo de 2021

                Para José Ramón Cossío, jurista que enorgullece.

Como si fuera una competencia contra sí mismo, en la que la victoria exige de barbaridades crecientes, el Presidente no da tregua. Acostumbrarse a ellas, quizá hasta reírse, no es opción. La República estaría perdida.

“Apenas se está publicando la reforma y ahí viene el amparo…”. Apenas se está publicando, pero el revuelo por la aberración jurídica lleva mucho tiempo. Comenzó desde el 2019 y se agigantó con la controversia constitucional interpuesta por Cofece contra la llamada “Ley Nahle”. Abogados y juzgadores han tenido mucho tiempo para elaborar sus argumentaciones. Ante la “Ley Nahle” fue la SCJN quien echó abajo las iracundas pretensiones de violentar las diferentes normatividades que rigen al sector. Ahora repiten en su tentativa y un juez de primera instancia declara la suspensión provisional generalizada. La noticia es doblemente buena para México. Demuestra la potencia de la nueva ley de amparo y eso apoya al Estado de derecho. Fueron particulares los que activaron el mecanismo, porque no nació a través de la SCJN. Un juez detuvo al avasallante Ejecutivo.

Hay otros precedentes, una joya del pensamiento autoritario fue aquello de que los abogados que trabajan para las empresas involucradas son “traidores a la patria”. La palabra traidor es tan grave que da pie para acciones jurídicas en su contra. Hasta la barra de Nueva York, de añejo prestigio, salió, con asombro y cierta sorna, a ridiculizar el dicho presidencial. No satisfecho con las dos pifias monumentales, envalentonado por ese micrófono que día a día cava su tumba política, el mandatario regresó a las andadas con más descalificaciones: “Estos jueces surgen cuando se llevó a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras”. Cero criterios de competencia y beneficio al consumidor. Son jueces con un pecado de origen, ideológico, buscan el imperio de la ley —ampare a quien ampare, públicos o privados—. Un juez que apoye a un casero o a un comerciante no estará defendiendo los intereses populares, los moralmente válidos para “el interés nacional”, único que tiene la calidad moral de su lado. No entiende el Estado de derecho, por eso quiere que el derecho siempre esté con sus causas.

No satisfecho con su ignorancia jurídica y obcecación, da otro paso: “Nosotros” —expresión demagógica de cobijo porque con el “vamos” bastaba “… a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial revise el proceder de estos jueces, porque sería el colmo que en perjuicio del país estuviese (sic) al servicio de particulares”. Su deseo es echar abajo no sólo el pronunciamiento judicial, la suspensión provisional, sino, además, cortarles la cabeza a los jueces “traidores”. Para ello pretende acudir a la SCJN —cuando sólo le queda a apelación— con una sugerencia (petición, orden): investíguenlos porque de seguro son traidores. El Presidente inventó una nueva figura jurídica, la presunción de culpabilidad. De seguro son jueces vendidos a las empresas, corruptos y traidores y por eso casi instruye a otro poder a montarse en su enfado. La República soy yo y las instituciones deben doblegarse a mis obsesiones.

Para aderezar el ridículo presidencial, la suspensión es de carácter general, o sea, que ampara a un sector que lleva levantado en armas dos años. Allí vienen la artillería de amparos en defensa de la libre competencia, del consumidor, agravados con el bombardeo jurídico del derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de arbitrajes internacionales previstos en los tratados comerciales, T-MEC incluido. Es una guerra contra la encarnación del nuevo autoritarismo mexicano sin posibilidades de victoria. Lo más probable es que el resto de su mandato se atasque frente a un desfile de derrotas que lo llevarán a la parálisis.

Paradojas: para México esa derrota será un triunfo: existen leyes y juzgadores (traidores) capaces de frenar tiranías.

Urgen a avalar el remdesivir

Permiten su uso sólo en estudios clínicos. Asegura especialista que, pese a su precio, el fármaco baja costos y días en el hospital

Natalia Vitela

México.- Tratar a un paciente con Covid-19 con el antiviral remdesivir cuesta entre 70 y 80 mil pesos por 10 días, mientras que la atención en terapia intensiva de paciente intubado eleva la suma hasta 150 mil pesos diarios, sin embargo, en México aún no se aprueba el fármaco, lamentó Francisco Moreno, jefe del programa Covid-19 en el Hospital ABC.

Agregó que un paciente intubado está en promedio 23 días hospitalizado sin la garantía de que sobreviva, por lo que el costo humano es muy alto.

Según el médico, este medicamento aplicado de forma temprana disminuye hasta en 30 por ciento la evolución de los pacientes a terapia intensiva y por lo tanto a intubación y la muerte.

Aunque el lunes la Secretaría de Salud señaló que el subsecretario Hugo López-Gatell no recibió antivirales, Moreno reprochó el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario Hugo López-Gatell, hayan tenido acceso a este fármaco y los demás mexicanos enfermos no.

"(Con los protocolos) Cofepris tiene el escape, por decirlo así, de decir: 'A este paciente lo metimos en protocolo', cuando en realidad es tener medicamento para justificar que se le puede dar al Presidente y al subsecretario, y quién sabe a quien más, bajo supuestamente un protocolo, porque los protocolos ya terminaron.

"Además, si entran en un protocolo tienen la posibilidad de recibir placebo; se llama estudio doble ciego porque el paciente no sabe lo que está recibiendo y el médico no sabe lo que está aplicando para que no haya sesgo en el resultado", indicó.

Aseguró que Guillermo Ruiz-Palacios, médico que atendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien ha estado cargo de protocolos de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con este fármaco, demostró la efectividad de remdesivir junto a baricitinib, un antiinflamatorio, en pacientes mexicanos.

El especialista explicó que este antiviral, que ya se emplea en 29 países es muy útil su uso en la primera fase de la enfermedad, es decir, los primeros seis días de que una persona empieza con síntomas.

Señaló que la prohibición de su uso en el País, salvo en protocolos médicos, ha generado que en el mercado negro cueste hasta medio millón de pesos; y al no ser aprobado por Cofepris, las aseguradoras de gastos médicos no lo cubren.

De acuerdo con un artículo publicado a fines del año pasado en The New England Journal of Medicine, el remdesivir ha acortado en enfermos con Covid-19 la recuperación en promedio 5 días respecto de los que no recibieron este fármaco.