lunes, 24 de noviembre de 2014

Defender al Presidente - Carta Pública de Heriberto M. Galindo Quiñones a Federico Arreola.

A continuación reproducimos la carta pública que envía el diputado Heriberto Galindo a Federico Arreola.


Querido Federico: 

Con el respeto que me mereces y con el reconocimiento que te tengo por tu valor civil y por tu profesionalismo, acreditado al paso del tiempo en el fragor de luchas políticas y sociales por la democracia, la justicia, el respeto y la libertad, es que te comparto algo de mi pensamiento en respuesta a los reclamos y conminaciones que hiciste recientemente a quienes nos desempeñamos en el difícil quehacer de la política, y más aún ante la lamentable situación imperante en nuestro país, por considerarnos omisos ante sucesos tan penosos como los ocurridos en el Estado de Guerrero, que tanto daño le han generado a nuestro país dentro y fuera del territorio nacional, habiendo llegado a niveles ominosos de linchamiento, manipulación, difamación y calumnias que por iniciativa de personas que han hecho del resentimiento y del rencor su arma favorita para el ataque político han llegado a la infame irracionalidad de culpar al Estado mexicano y al Presidente de la república, por los lamentables y dolorosos hechos cometidos por personas que merecen la condena unánime de todas y todos los mexicanos de bien.

Federico: Ya me harté de tanto cinismo político, de tanta mentira y de tanta manipulación infame que rebasa los límites de la tolerancia y raya en lo criminal porque difama, calumnia y ofende la dignidad de la persona humana. 

Considero que llegó la hora de luchar para poner fin a las falsedades y las calumnias en las que se sustenta la simplificación irresponsable que invoca un “crimen de estado” cuando sabemos que los crímenes los perpetraron representantes de intereses locales nefastos junto con quienes ejercían en mala hora la autoridad municipal en Iguala. Es claro que los abusos o las masacres contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa los cometieron policías de Iguala en unión con agentes del crimen organizado y, personas malsanas pretenden convertirla en una ”insurrección”, blandiendo la consigna inaceptable de “que renuncie Peña Nieto”. Con reiteradas manipulaciones pretenden crear un clima para desestabilizar el orden establecido.

Creo, Federico, que el hecho político más notable de estos días es la trampa psicológica y mediática, sobre todo en las redes sociales, que busca hacer que la justa indignación popular por los asesinatos y las desapariciones forzadas apunte al Presidente Enrique Peña Nieto, y eso es injusto, perverso e infame, pues él no es el autor intelectual o material de los crímenes mencionados, sino al contrario, él está haciendo todo lo que está a su alcance para encontrar a los desaparecidos y a sus victimarios para aplicarles todo el peso de la ley.

Estamos ante una de las simplificaciones más cobardes, calumniosas y destructivas de que se tenga memoria. Las acciones violentas de una minoría, de suyo inconforme y rebelde, han mostrado el peor rostro de un segmento de nuestra sociedad, y es triste observar que haya quienes en un acto de ceguera, rebeldía o ingenuidad colectivas les presten atención, o peor aún, los sigan en sus afanes de destrucción.

Los hechos, tan elocuentes en su crueldad, nos dicen que una coalición de partidos políticos (PRD; PT y MC) postuló a una persona ligada orgánicamente al crimen organizado, que con esa fuerza consolidaron un grupo de poder económico y político en el estado de Guerrero; que ellos ordenaron la represión y que ésta devino en asesinato y desapariciones forzosas y en masa.

Un fenómeno local de corrupción de la clase política gobernante a escala municipal, es el origen y desarrollo de esta ola de agitación, ofensas, incendios, intimidación, paralización económica y violencia.

Pareciendo obvio que las responsabilidades políticas y las culpabilidades legales y penales deben buscarse en esa región de Guerrero, la confrontación de grupos al interior del PRD extendió las acusaciones colocando a ese partido en una situación de desgarramiento, división y desgaste acelerado, que es lamentable, por ser los partidos políticos entidades de interés público con una misión para fortalecer y no para debilitar la vida democrática. Por ello es grotesco e inaceptable que algunos cuadros dirigentes de organizaciones de izquierda se atrevan a repetir que “el culpable es el estado”, y que pretendan salir en defensa verbal de los escuadrones de “anarquistas” que en Guerrero y el DF buscan “agudizar las contradicciones” mediante la violencia y la confrontación callejera, con incendios a edificios públicos como el palacio nacional en la Ciudad de México, y las sedes de gobiernos municipales y estatal y del poder legislativo de Guerrero, más las tomas de carreteras y casetas de pago, sin saber hasta dónde pretenden llegar y llevar al país.

Todos conocemos la presencia, en el Estado de Guerrero, de grupos fanatizados en la lucha armada. Se reclaman guerrilleros, y aspiran a generalizar un clima de crisis de gobernabilidad para diseminar su estrategia "militar" y reclutar jóvenes enardecidos, provocar todos los enfrentamientos a su alcance y fabricar mártires como resultado de su movilización provocadora.

En los incendios perpetrados en Chilpancingo, Iguala, Acapulco y en Palacio nacional, en los episodios de lucha callejera y en las tomas de radiodifusoras, carreteras e instalaciones públicas; se muestra un proyecto desestabilizador que debe ser identificado y denunciado, condenado política y moralmente, y que debe ser rechazado por todos quienes se definan como demócratas.

El daño que las jornadas de agitación y violencia han perpetrado tiene como primera víctima al pueblo y a la economía de Guerrero que está pagando los costos del deterioro de la industria turística en la entidad.

Pero si el daño institucional generado a los partidos políticos nacionales es condenable por su origen y su propósito perversos, el intento demencial de generalizar los enfrentamientos para usarlos como ariete contra el Presidente Enrique Peña Nieto, debe pararse ya, rechazarse enfáticamente por las y los mexicanos con presencia y voz pública, para impedir la diseminación del contagio de los métodos violentos, pues la mayor parte del país vive, quiere y defiende la paz.

El intento de aislar a la ciudad capital del país, paralizando las entradas al DF, como sucedió durante el pasado viernes, es señal de que hay quienes, por ingenuos o por perversos, creen que es posible crear una situación de ingobernabilidad, desorden y violencia generalizada a nivel nacional, y alucinan como “insurrección”, “caída del estado”, y comienzo de una "nueva revolución".

Federico: Hay que decir que quienes sembraron estas consignas tienen intereses políticos y económicos que deben hacerse públicos mediante la denuncia documentada. 

Debe asumirse que es un acto criminal organizar los incendios de edificios públicos, bloquear el libre tránsito, atacar a la policía y propalar calumnias y difamaciones.

Por lo anterior considero que ha llegado el momento de aplicar la ley, con pulcritud, con todo el cuidado del debido proceso, sin ánimo revanchista o espíritu represor, pero con firmeza, con todo el peso de la ley, aunque con respeto a los derechos humanos, pero se deben detener las embestidas de destacamentos de profesionales de la violencia; así mismo se les debe juzgar para evitar la barbarie que la sociedad detesta y no acepta. 

Si siempre nos hemos pronunciado contra la represión y la brutalidad del gobierno cuando ésta ha ocurrido, hoy nos pronunciamos en contra de la violencia, la calumnia, la infamia, el abuso, la mentira, el linchamiento, la intriga, la manipulación, la perversidad y la barbarie a la que un puñado de irresponsables quiere llevar al país. La tolerancia y la paciencia deben tener un límite y no caer en excesos. La mayoría de las y los mexicanos queremos vivir en paz, en orden y en un ámbito de tranquilidad, seguridad y respeto.

También debe decirse que es hora de que la sociedad se pronuncie en favor de poner un hasta aquí a los atropellos, la destrucción y la violencia.

Por ello apreciado Federico, hago un llamado respetuoso a las y los políticos responsables, a los rectores y consejos universitarios, a los colegios de profesionistas, a los legisladores federales y locales, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los Magistrados de los Tribunales, a los juristas destacados, a los científicos, a los artistas, a los ministros de culto religioso y a las personalidades de los medios, a que verifiquen los hechos, detengan las calumnias, desenmascaren los discursos del odio, rechacen la violencia y condenen la agitación anónima que constituye un verdadero peligro para México.

Creo que ya llegó el momento de que la sociedad se manifieste y exprese sus sentimientos, tome los foros públicos, refute y deseche públicamente la mentira y la campaña de agitación y destrucción que invoca un inexistente "crimen de estado” y que abandera la demanda absurda de “que el Presidente de la república renuncie”. 

En suma Federico, y perdóname por lo extenso de esta misiva de reflexión, la mía es una toma de partido pública, abierta y contundente en defensa del Presidente Enrique Peña Nieto, de las instituciones y de un orden social y político responsable, legal y sujeto a los métodos de la gobernanza democrática.

Te reitero mi afecto y mi aprecio personales y espero que puedas dar cabida en el sitio de SDP noticias a mis puntos de vista

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