Derecho humano al vandalismo

Por. Ricardo Alemán

Durante casi medio siglo –y hasta hoy–, nadie ha podido explicar el galimatías que significa el temor de los gobiernos municipales, estatales y el federal al uso legítimo de la fuerza del Estado. Nadie sabe si es por miedo, culpa o porque nadie, sean políticos o gobernantes, quieren pagar el costo político de hacer valer la ley.

Peor aún, en los dos primeros años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera –y en no pocos gobiernos como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre otros–, ninguna autoridad ha podido explicar por qué razón no sanciona a grupos vandálicos como la CNTE y sus franquicias como la CETEG y la APPO –entre otras–, que desde el 1 de diciembre de 2013 han convertido a Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el DF, en tierra de nadie, donde no hay más ley que la del vandalismo.

Más aún, es ridículo que si los gobiernos de Peña y Mancera saben quiénes son los anarquistas, dónde viven, como se llaman y quién los financia; no sean capaces de detenerlos, sancionarlos y –con toda esa información–, poner fin al vandalismo que destruye propiedad privada, lastima derechos de terceros, denigra a las instituciones y confirma que en México existen castas de intocables.

Pero si no hay un valiente capaz de explicar todas las expresiones anteriores de ingobernabilidad, impunidad y complicidad, menos habrá un político, gobernante o líder que explique por qué desde el 1 de diciembre –a la fecha–, no hay Ministerio Público o juez capaz de sancionar de manera correcta a los anarquistas que vandalizan, roban, saquean, secuestran, dañan propiedad pública y privada y casi matan a policías.

¿Por qué nunca los detiene la Policía? ¿Por qué cuando los detienen salen libres sin más? ¿Por qué un sector social los convierte en la moderna versión de los “niños héroes del vandalismo”? ¿Por qué diputados, políticos y dirigentes de las izquierdas los solapan, defienden, dan leyes de excepción? ¿Por qué la autoridad del DF, la federal y las estatales y las municipales suelen canjear delincuentes a cambio de calmar a los vándalos?

Y si hasta hace unas horas habíamos visto en vivo, en directo y en horario estelar de televisión el vandalismo sin freno, la ingobernabilidad, complicidad e impunidad que brindan todo tipo de autoridades a los violentos; y si habíamos visto como matan policías, destruyen propiedad privada, saquen oficinas públicas, secuestran vehículos, llevan a la ruina entidades federativas completas como Oaxaca y Guerrero; lo cierto es que no lo habíamos visto todo. ¿Por qué?

Porque el pasado 1 de diciembre vimos lo impensable; que en congruencia con todo lo anterior, la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, inventó un nuevo derecho ciudadano; el derecho humano al vandalismo. Y no, no es broma de mal gusto y aún no llega el Día de los Inocentes. No, resulta que de golpe y porrazo la nueva CNDH inventó otro galimatías –sin pies ni cabeza–, al convertirse en juez y parte; en policía y defensora de delincuentes; en solapa de delincuentes y luchadora contra policías a los que, casualmente, impidió detener a los delincuentes. ¿Alguien entendió?

Y es que el pasado 1 de diciembre, anarquistas vandalizaron a placer propiedad privada y pública; saquearon y robaron, ante la indiferencia de policías y empleados de la CNDH. Pero cuando la Policía intentó detener a los vándalos, entonces trabajadores de la CNDH cercaron a los violentos, los custodiaron, defendieron, dieron protección y, con ello, impidieron que la Policía los detuviera. ¿Por qué? ¡Brillante respuesta! Porque impidieron que la Policía detuviera y golpeara inocentes.

Lo que no dice la CNDH es ¿cuál es el criterio y quien lo dicta, para decir si un marchista es o no anarquista, sobre todo cuando se cambian de ropa? ¿Cuál es el criterio para saber si un policía va a reprimir o va a detener? ¿Cuándo se emplea fuerza extrema de un policía, si los uniformados sólo llevan escudos y a veces toletes, mientras los vándalos llevan petardos con clavos, bombas, martillos, bates, aerosol para quemar cuerpos? ¿Qué dice la CNDH a la estadística macabra que muestra que en los enfrentamientos entre policías y anarquistas, siempre los heridos y casi muertos son los policías?

No, podrán decir misa, pero la nueva CNDH resultó peor que la anterior CNDH, porque su nuevo protocolo es de policías que defienden delincuentes. ¿Y quién atiende los derechos de los afectados por el vandalismo; trabajadores, comerciantes, empleados, empresas, turistas, ciudadanos de a pie? Los derechos no humanos de esos humanos le valen madre a la CNDH y a los gobiernos. Al tiempo.