 | Opinión de (Guillermina Gómora Ordóñez) |
Guillermina Gómora Ordóñez | Opinión | Fecha: 2014-12-02 | Hora de creación: 01:38:28 | Ultima modificación:01:38:28
Don Epifanio Álvarez Carvajal, padre de uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, declaró hace unos días: “pienso ya en pedir cuentas a los líderes estudiantiles por haber llevado a mi hijo a realizar acciones fuera de la escuela”.
Inquietud que se planteó en este espacio desde el pasado 30 de septiembre y el 14 de octubre. Seguimos sin respuestas, aunque con algunos indicios que hemos difundido.
Por ejemplo, el del Comité “secreto” que gobierna la normal, y deja al director de la misma como figura decorativa sólo para fines administrativos. Grupo integrado por alumnos fósiles y gente externa al plantel, relacionada con el ERPI y el EPR que realiza labores de adoctrinamiento con los alumnos para convencerlos de sumarse a “sus causas” de lucha de clases, que incluye el boteo, la toma de casetas de Capufe, ordeña de autobuses e incursiones como las de Iguala.
¿No debieran exigir los padres de familia al Comité la presentación de sus hijos y aplicar el rigor de su consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”? Se ha demostrado que a los normalistas los mandaron a boicotear el informe de labores de la esposa del edil de Iguala. Pero nadie dice quién los envió.
Gente cercana al caso señala que durante la declaración de los testigos sobrevivientes a la balacera y levantón, el pasado 26 de septiembre, el abogado Vidulfo Rosales intervino durante el interrogatorio del Ministerio Público e impidió que dieran los datos de quienes los habían enviado, bajo el argumento: “no tiene ninguna importancia, no tiene por qué preguntar eso”. ¿A quién protege?
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien se ha convertido en vocero de los padres de familia, ha dicho respecto de las investigaciones y detenciones hechas por el gobierno federal y la PGR: “Todavía hay muchas inconsistencias, vacíos, muchos cabos que atar y que se tienen que ir fortaleciendo”. En efecto, entonces podríamos comenzar por el principio y hacer público el nombre(s) de quien(es) los mandó a Iguala.
Todos saben en Tixtla y en la normal que nada se hace, se organiza o mueve sin que lleve el visto bueno del Comité, el cual advierte a los de recién ingreso que si se revelan a sus órdenes habrá sanciones.
Entre sus primeras tareas está la toma de casetas, un rentable negocio si se consideran las siguientes variantes. Nos dicen que antes del 26 de septiembre ocupaban la caseta de Palo Blanco de 10:00 a 15:00 horas y exigían a los automovilistas una “cuota voluntaria” de 50 pesos para cruzar. Ahora se instalan todo el día y piden la misma cantidad.
Si conservadoramente calculamos que a diario circulan en ambos sentidos de la carretera México – Acapulco unos mil autos (500 de ida y 500 de vuelta) en temporada baja, hablamos de una colecta de 50 mil pesos, libres de polvo y paja, para el movimiento de Ayotzinapa en colusión con la CETEG. A estos números sume las ganancias de la caseta de La Venta que les ha dado por tomar y se ubica a la salida de Acapulco. Negocio redondo.
Otra de sus actividades es la de secuestrar camiones con todo y chofer para sus movilizaciones, de momento tienen en su poder, en el patio de la Normal Rural, 18 unidades de las líneas Estrella de Oro y Estrella Blanca, que utilizarán para la marcha del próximo 6 de diciembre, a la que convocó Andrés Manuel López Obrador y su partido.
Quizá por ello don Epifanio Álvarez considera que “todavía no es el momento de sentar en la mesa de los reclamos a quienes dirigen la comunidad estudiantil para no generar divisiones en el movimiento”.
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/871239.html
Inquietud que se planteó en este espacio desde el pasado 30 de septiembre y el 14 de octubre. Seguimos sin respuestas, aunque con algunos indicios que hemos difundido.
Por ejemplo, el del Comité “secreto” que gobierna la normal, y deja al director de la misma como figura decorativa sólo para fines administrativos. Grupo integrado por alumnos fósiles y gente externa al plantel, relacionada con el ERPI y el EPR que realiza labores de adoctrinamiento con los alumnos para convencerlos de sumarse a “sus causas” de lucha de clases, que incluye el boteo, la toma de casetas de Capufe, ordeña de autobuses e incursiones como las de Iguala.
¿No debieran exigir los padres de familia al Comité la presentación de sus hijos y aplicar el rigor de su consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”? Se ha demostrado que a los normalistas los mandaron a boicotear el informe de labores de la esposa del edil de Iguala. Pero nadie dice quién los envió.
Gente cercana al caso señala que durante la declaración de los testigos sobrevivientes a la balacera y levantón, el pasado 26 de septiembre, el abogado Vidulfo Rosales intervino durante el interrogatorio del Ministerio Público e impidió que dieran los datos de quienes los habían enviado, bajo el argumento: “no tiene ninguna importancia, no tiene por qué preguntar eso”. ¿A quién protege?
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien se ha convertido en vocero de los padres de familia, ha dicho respecto de las investigaciones y detenciones hechas por el gobierno federal y la PGR: “Todavía hay muchas inconsistencias, vacíos, muchos cabos que atar y que se tienen que ir fortaleciendo”. En efecto, entonces podríamos comenzar por el principio y hacer público el nombre(s) de quien(es) los mandó a Iguala.
Todos saben en Tixtla y en la normal que nada se hace, se organiza o mueve sin que lleve el visto bueno del Comité, el cual advierte a los de recién ingreso que si se revelan a sus órdenes habrá sanciones.
Entre sus primeras tareas está la toma de casetas, un rentable negocio si se consideran las siguientes variantes. Nos dicen que antes del 26 de septiembre ocupaban la caseta de Palo Blanco de 10:00 a 15:00 horas y exigían a los automovilistas una “cuota voluntaria” de 50 pesos para cruzar. Ahora se instalan todo el día y piden la misma cantidad.
Si conservadoramente calculamos que a diario circulan en ambos sentidos de la carretera México – Acapulco unos mil autos (500 de ida y 500 de vuelta) en temporada baja, hablamos de una colecta de 50 mil pesos, libres de polvo y paja, para el movimiento de Ayotzinapa en colusión con la CETEG. A estos números sume las ganancias de la caseta de La Venta que les ha dado por tomar y se ubica a la salida de Acapulco. Negocio redondo.
Otra de sus actividades es la de secuestrar camiones con todo y chofer para sus movilizaciones, de momento tienen en su poder, en el patio de la Normal Rural, 18 unidades de las líneas Estrella de Oro y Estrella Blanca, que utilizarán para la marcha del próximo 6 de diciembre, a la que convocó Andrés Manuel López Obrador y su partido.
Quizá por ello don Epifanio Álvarez considera que “todavía no es el momento de sentar en la mesa de los reclamos a quienes dirigen la comunidad estudiantil para no generar divisiones en el movimiento”.
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/871239.html
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