Jueves, 19 febrero 2015 por Raymundo Riva Palacio
La participación de la Iglesia Católicos en los movimientos armados en México no es inusual. Desde Miguel Hidalgo y José María Morelos en el Siglo XIX, hasta quienes sirvieron como correos e intermediarios de las guerrillas rurales de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en los sesenta y setenta, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que en los noventa apoyó al EZLN con dinero mientras los dominicos articulaban las redes de insurrección y las monjas marinol compraban las armas para los zapatistas en San Francisco, California, que introducían a través de las redes religiosas a México. La opción de los sacerdotes católicos por la lucha armada como camino para el cambio en México nunca se detuvo, como en Guerrero, donde desde hace una década dos sacerdotes son parte central de los intentos insurreccionales en aquél estado.
Desde hace años, los aparatos de seguridad del Estado Mexicano siguen los pasos de los sacerdotes Mario Reynaldo Campos Hernández y Hugo Melitón Santillán Cantú, cuyo expediente también es del conocimiento de la Nunciatura Apostólica, que es el equivalente a una embajada de El Vaticano. Los dos trabajan en Tlapa, en la Región de La Montaña, que es el punto de encuentro de los actores que se levantaron en contra del Estado Mexicano desde octubre pasado al iniciar una guerra sofisticada donde el vehículo para el cambio no son las armas, sino las conciencias. Atrás quedó la retórica de “la lucha contra el Estado burgués”, una proclama desgastada que polariza, y dio paso al reclamo de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es una causa incluyente, aglutinadora, legal y legítima.
Los dos sacerdotes han sido vigilados permanentemente desde hace casi 15 años, pero nunca se ha interferido con sus actividades. Campos Hernández se volvió miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, en donde se encuentran los abogados de los familiares de los normalistas desaparecidos, que es uno de los vectores por donde cruzan las fuerzas insurreccionales en Guerrero, en 1994, y desde 2000, fue identificado en los expedientes gubernamentales como un promotor y reclutador de cuadros para el EPR y su escisión ERPI en el municipio de Malinaltepec. Santillán Cantú, tomó la opción guerrillera en 1996, al declararse a favor del EZLN, y fue vinculándose a los movimientos armados en su Estado, y en particular con el Comandante Emilio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, desprendida también del EPR.
A principio de junio de 2013, los dos encabezaron una reunión en el municipio Xalpatláhuac, también en La Montaña, donde expusieron sus planes para armar un nuevo movimiento armado al margen del ERPI, que hasta antes del crimen de los normalistas de Ayotzinapa era la guerrilla dominante en Guerrero, por diferencias tácticas con el comandante eperrista, Beto, y los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio. Los sacerdotes fueron promotores y respaldaron la creación de las policías comunitarias, que se encuentran enfrentadas con los hermanos Plácido Valerio, quienes las consideran “grupos paramilitares”.
Los vasos comunicantes entre todos ellos han sido extensos a lo largo de los años, y de acuerdo con funcionarios guerrerenses, las diferencias siempre son menos grandes y profundas de lo que parecen. Esto explica, por ejemplo, que las alianzas entre esos grupos y los sacerdotes se alteren con regularidad, porque al final buscan el mismo objetivo, que no haya presencias exógenas en esa región —por ejemplo, todos se oponen a las mineras y a los proyectos ecológicos—, y que mejoren las condiciones de vida de los guerrerenses.
En noviembre de 2013, por ejemplo, Santillán Cantú urgió a los pobladores de Malinaltepec a organizarse en contra de las mineras. Un año antes en Tlapa, Campos Hernández afirmó ante sus fieles: “Los pueblos indígenas deben seguir exigiendo sus derechos porque se quiere engañar a los pueblos dándoles espejitos a cambio de que se establezcan los proyectos mineros, lo que únicamente traerá muerte para el ser humano”.
La pastoral social es persuasiva. Santillán Cantú, inclusive, ha pedido a los sacerdotes preocuparse por los problemas políticos, sociales, culturales e ideológicos, y no únicamente a los religiosos. En Guerrero siete de cada 10 habitantes no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación —el 20% de los niños sufre desnutrición—, vivienda y educación.
Pero en la Región de La Montaña, 65.3% sufre pobreza alimentaria, 71.8% no tiene los recursos para acceder a servicios de salud y educación, y el 84.8% no posee patrimonio propio. Es una zona sin futuro. El 40% de su población son analfabetas, pero el 85% de los mayores de 15 años, ni siquiera terminó la primaria.
Con una población condenada a la miseria, la voz de los sacerdotes, que a la perspectiva espiritual se le suma la demanda material, es poderosa. Campos Hernández y Santillán Cantú no tienen imputaciones que busquen lucro o bienes materiales en sus expedientes. Están en la lógica de la opción por los pobres y del cambio, y confluyen con los grupos insurreccionales tras décadas de abandono institucional. Puede criticarse su método para el cambio, pero no el objetivo.
La insurrección en Guerrero sí tiene un origen real, la marginación, que no se ve cómo resolverse. Esta parte de la ecuación nadie puede olvidarla. Ni el Estado Mexicano, ni El Vaticano.
Desde hace años, los aparatos de seguridad del Estado Mexicano siguen los pasos de los sacerdotes Mario Reynaldo Campos Hernández y Hugo Melitón Santillán Cantú, cuyo expediente también es del conocimiento de la Nunciatura Apostólica, que es el equivalente a una embajada de El Vaticano. Los dos trabajan en Tlapa, en la Región de La Montaña, que es el punto de encuentro de los actores que se levantaron en contra del Estado Mexicano desde octubre pasado al iniciar una guerra sofisticada donde el vehículo para el cambio no son las armas, sino las conciencias. Atrás quedó la retórica de “la lucha contra el Estado burgués”, una proclama desgastada que polariza, y dio paso al reclamo de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es una causa incluyente, aglutinadora, legal y legítima.
Los dos sacerdotes han sido vigilados permanentemente desde hace casi 15 años, pero nunca se ha interferido con sus actividades. Campos Hernández se volvió miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, en donde se encuentran los abogados de los familiares de los normalistas desaparecidos, que es uno de los vectores por donde cruzan las fuerzas insurreccionales en Guerrero, en 1994, y desde 2000, fue identificado en los expedientes gubernamentales como un promotor y reclutador de cuadros para el EPR y su escisión ERPI en el municipio de Malinaltepec. Santillán Cantú, tomó la opción guerrillera en 1996, al declararse a favor del EZLN, y fue vinculándose a los movimientos armados en su Estado, y en particular con el Comandante Emilio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, desprendida también del EPR.
A principio de junio de 2013, los dos encabezaron una reunión en el municipio Xalpatláhuac, también en La Montaña, donde expusieron sus planes para armar un nuevo movimiento armado al margen del ERPI, que hasta antes del crimen de los normalistas de Ayotzinapa era la guerrilla dominante en Guerrero, por diferencias tácticas con el comandante eperrista, Beto, y los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio. Los sacerdotes fueron promotores y respaldaron la creación de las policías comunitarias, que se encuentran enfrentadas con los hermanos Plácido Valerio, quienes las consideran “grupos paramilitares”.
Los vasos comunicantes entre todos ellos han sido extensos a lo largo de los años, y de acuerdo con funcionarios guerrerenses, las diferencias siempre son menos grandes y profundas de lo que parecen. Esto explica, por ejemplo, que las alianzas entre esos grupos y los sacerdotes se alteren con regularidad, porque al final buscan el mismo objetivo, que no haya presencias exógenas en esa región —por ejemplo, todos se oponen a las mineras y a los proyectos ecológicos—, y que mejoren las condiciones de vida de los guerrerenses.
En noviembre de 2013, por ejemplo, Santillán Cantú urgió a los pobladores de Malinaltepec a organizarse en contra de las mineras. Un año antes en Tlapa, Campos Hernández afirmó ante sus fieles: “Los pueblos indígenas deben seguir exigiendo sus derechos porque se quiere engañar a los pueblos dándoles espejitos a cambio de que se establezcan los proyectos mineros, lo que únicamente traerá muerte para el ser humano”.
La pastoral social es persuasiva. Santillán Cantú, inclusive, ha pedido a los sacerdotes preocuparse por los problemas políticos, sociales, culturales e ideológicos, y no únicamente a los religiosos. En Guerrero siete de cada 10 habitantes no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación —el 20% de los niños sufre desnutrición—, vivienda y educación.
Pero en la Región de La Montaña, 65.3% sufre pobreza alimentaria, 71.8% no tiene los recursos para acceder a servicios de salud y educación, y el 84.8% no posee patrimonio propio. Es una zona sin futuro. El 40% de su población son analfabetas, pero el 85% de los mayores de 15 años, ni siquiera terminó la primaria.
Con una población condenada a la miseria, la voz de los sacerdotes, que a la perspectiva espiritual se le suma la demanda material, es poderosa. Campos Hernández y Santillán Cantú no tienen imputaciones que busquen lucro o bienes materiales en sus expedientes. Están en la lógica de la opción por los pobres y del cambio, y confluyen con los grupos insurreccionales tras décadas de abandono institucional. Puede criticarse su método para el cambio, pero no el objetivo.
La insurrección en Guerrero sí tiene un origen real, la marginación, que no se ve cómo resolverse. Esta parte de la ecuación nadie puede olvidarla. Ni el Estado Mexicano, ni El Vaticano.
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