Iguala, los otros responsables

 

Jorge Fernández Menéndez 22/09/2015

Será una semana difícil y no en vano el presidente Peña prefirió dejar que termine antes de viajar a Nueva York donde deberá participar en la asamblea general de la ONU. El fin de semana se cumple un año del secuestro, asesinato e incineración de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Ya sus voceros adelantaron que preparan acciones muy
“intensas” para conmemorar el aniversario.

El 24 se reunirán familiares de las víctimas con el presidente Peña. Los personajes que manejan a los familiares como Felipe de la Cruz y Vidulfo Rosales (ninguno de ellos familiar de víctima alguna pero sí dirigentes de la CETEG, la rama de la Coordinadora en el estado), ya han adelantado que no será una reunión cómoda, pero también han adelantado que no creen en los estudios de la Universidad de Innsbruck que han logrado identificar entre los restos hallados en el basurero de Cocula a otros de los jóvenes desaparecidos, el segundo. Alguien les tendría que decir que la identificación de ADN no es una cuestión de fe. En realidad no van a aceptar ninguna conclusión: ya están proponiendo la creación de una comisión investigadora “internacional” para llevar el caso.

El gobierno federal por su parte, ha realizado una investigación exhaustiva y con resultados: hay más de cien detenidos incluyendo los responsables intelectuales y materiales del secuestro, que están confesos y procesados y hay pruebas periciales que demuestran que los hechos ocurrieron como lo establece la investigación, lo que coincide con lo declarado por los autores materiales del crimen. El gobierno federal debe comenzar a defender su investigación ante los familiares porque una cosa es asumir el dolor que éstos llevan legítimamente en sus corazones y otra negar por ello la realidad. “Búsquenlos en sus corazones” les aconsejó, cuando estuvo en la feria del libro de Guadalajara el ahora expresidente uruguayo José Mujica. No es un mal consejo, sobre todo, viniendo de un hombre como el exlíder de los Tupamaros.

Pero, también, es hora de avanzar en otros puntos. Mucho hemos insistido en éste y otros espacios en que sería imposible explicar esta tragedia sin asumir que la causa de fondo está en el narcotráfico, en la disputa por los territorios de producción de heroína entre dos cárteles: Guerreros Unidos, ligado a las autoridades de Iguala y de otros, por lo menos, 14 municipios, y el cártel deLos Rojos, con fuerte presencia en Chilpancingo, en la escuela normal de Ayotzinapa y, también, en la mayoría de los grupos muy radicales de la zona.

La causa por la que los jóvenes de primer ingreso de Ayotzinapa fueron mandados al matadero por sus líderes, es por la droga, no por la política. El director de la escuela normal y varios de sus dirigentes deben ser investigados por la sencilla razón de que han sido señalados por los detenidos como personajes ligados a Los Rojos. Eso no indica que, necesariamente, lo estén, pero, por lo menos, esas acusaciones deben ser esclarecidas. Hasta ahora no han rendido ni declaración ministerial sobre los hechos. Es más no han explicado siquiera porque esos jóvenes que iban a botear y secuestrar camiones (como si esta última fuera una actividad legal) en Chilpancingo terminaron esa noche en Iguala. Hay muchos datos sobre la normal que son, por lo menos, preocupantes. Una investigación de Excélsiorconfirmó ayer que desde hace un año no hay clases en la normal rural y que por órdenes de sus directivos todos los inscriptos recibieron calificaciones de nueve y diez. Eso no ha impedido que la normal de Ayotzinapa siga recibiendo un presupuesto de 49 millones de pesos anuales. Si no hay clases ¿qué se hace con ese dinero, qué con lo que se recauda en los boteos, en las casetas de peaje tomadas, en la venta de los artículos de consumo de los camiones de reparto que se roban regularmente? Los familiares, o por lo menos un grupo de ellos, viven, junto con estudiantes y dirigentes dentro de la normal y se financian de esos recursos. Son por lo menos 49 millones de pesos de recursos fiscales que se desvían muy lejos de los objetivos de cualquier escuela que son educar. Con un agravante: esos jóvenes en uno o dos años reclamarán junto con la CETEG plazas magisteriales automáticas. Si se las dan será un crimen para con sus alumnos, si no se las dan, esos jóvenes serán carne de cañón para los grupos que ahora los mueven o se sumarán a las filas de desempleo, porque no tendrán ninguna formación útil.

Otro dato: el 14 de septiembre pasado el todavía gobernador Rogelio Ortega, ordenó, prácticamente, en secreto, la preliberación de nueve dirigentes del ERPI y el EPR condenados por graves delitos. Para el gobernador, que no permitió que la prensa atestiguara la liberación de los detenidos a los que calificó como presos políticos, es un acto de madurez que construirá la paz y la armonía en Guerrero. Ojalá sea así, pero, por lo pronto, los liberados se sumaron inmediatamente al plantón del MPG en el zócalo de Chilpancingo.