Hoy tendremos marchas en distintos puntos del país para exigir que aparezcan con vida los normalistas de Ayotzinapa. Es pedir un imposible, porque lamentablemente están muertos.
Se entiende que los padres se aferren a la posibilidad de vida de sus hijos, pero lo demás es chantaje político para empequeñecer (aún más) al gobierno federal y quebrar la vida institucional del país.
Veremos en las calles a personas con razón indignadas ante la violencia, la impunidad y los conflictos de interés, pero también van a estar profesionales de las manifestaciones que no buscan la verdad, sino crear las condiciones para tomar el poder en Guerrero.
La guerrilla quiere hacerse de un estado para gobernar a su manera y balcanizar a México. Desde hace años viene trabajando en ese objetivo.
Quieren poner sus propias leyes, tener sus propias policías y cobrar sus impuestos, como lo expusieron dirigentes de la CETEG al reportero Alejandro Sánchez, enviado de El Financiero la semana pasada.
Quieren poner sus propias leyes, tener sus propias policías y cobrar sus impuestos, como lo expusieron dirigentes de la CETEG al reportero Alejandro Sánchez, enviado de El Financiero la semana pasada.
No vienen a que se esclarezcan los hechos del 26 de septiembre en Iguala y que se haga justicia contra los asesinos materiales e intelectuales. Les interesa tomar el poder en Guerrero, no les interesa la verdad.
La verdad es la que conocemos: los 43 normalistas están muertos, aunque legalmente siga abierta la averiguación porque sus cuerpos no han aparecido ni van a aparecer, pues los quemaron, los hicieron cenizas en el basurero de Cocula, y las arrojaron al río que conduce al mar. No hay posibilidad de que aparezcan.
Con los padres de los normalistas vienen los maestros de la CETEG, ligados a Morena (algunos), y a la guerrilla.
La semana anterior se detuvo a Felipe Rodríguez Salgado, otro de los sicarios que asesinó personalmente a los jóvenes, quien relató la misma historia que conocemos y está documentada, en parte, en un video: la policía de Iguala los detuvo a balazos, los amarró, los entregó a Guerreros Unidos y éstos los mataron y los convirtieron en cenizas.
Ningún gobierno los va a resucitar. La verdad es esa y lo que procede es exigir justicia y castigo. Aún hay prófugos, y dirigentes políticos que le dieron amparo y cobertura a los cárteles criminales, que están libres.
Ante la embestida, verdadero asalto al poder en Guerrero, el gobierno federal no ha reaccionado porque piensan que las cosas son más sencillas y que se resuelven con mesas de diálogo en Gobernación.
El diálogo está bien, pero no debe sustituir a la ley. La única defensa del gobierno es que la sociedad conozca toda la verdad en las relaciones de grupos políticos con el crimen organizado, y hasta el momento nos han enseñado sólo una parte.
Conocemos que el cártel Guerreros Unidos estaba asociado al gobierno de Iguala, que eran una y la misma cosa. Falta saber la historia del bando contrario, Los Rojos, quiénes eran sus aliados, exhibirlos y castigarlos.
En sus primeras declaraciones Rodríguez Salgado dijo que había interrogado personalmente a los normalistas, pues tenía información que eran parte de la banda de Los Rojos.
¿Cuáles son las ligas entre directivos de la Normal Isidro Burgos y el cártel de Los Rojos? ¿Las ligas entre la guerrilla del ERPI y Los Rojos? ¿La guerrilla y los dirigentes de Ayotzinapa?
Hay un entramado de grupos violentos, delictivos y políticos, que persiguen la toma del poder en Guerrero y que hoy estarán dirigiendo las manifestaciones en la capital y otras ciudades del país.
Twitter:@PabloHiriart
Opine usted: pablohiriart@elfinanciero.com.mx
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