Miércoles, 21 enero 2015 por Carlos Loret de Mola
En el Ejército se quedaron alarmados cuando supieron. Culparon al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, hombre de todísimas las confianzas del Presidente Peña, de haber prometido abrir los cuarteles militares a los padres de los normalistas desaparecidos.
Según fuentes bien informadas, el Ejército considera que dentro del movimiento de Ayotzinapa están metidos personajes vinculados con guerrillas mexicanas, quienes querrían entrar a los cuarteles no para buscar a los jóvenes sino para mapearlos, ubicar dónde guardan las armas y detectar flancos vulnerables por donde pudieran ser atacados.
Además, de acuerdo con un documento oficial que tengo en mi poder, el CISEN ubica como “objetivos de atención especial” (por sus presuntos nexos con la guerrilla o el narco) a 18 líderes sociales que han participado en las protestas con los padres de Ayotzinapa.
Un primer grupo presuntamente relacionado con grupos subversivos incluye a los hermanos Victoriano, Gabino y Obtilia Eugenio Manuel, y a Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. El informe los identifica como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y detalla que actúan públicamente por medio de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha (OPIM).
También enlista a José Luis Arroyo, del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, ligado a Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), y a Eulalia Eligio González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (Renacid), a quien vincula con el Ejército Libertador Nacional (ELN).
El documento involucra a Victoriano y Gabino Eugenio Manuel con actividades de siembra, cultivo y trasiego de amapola y goma de opio; y el primero cuenta con órdenes de aprehensión. Su hermana Obtilia tiene ocho averiguaciones previas por robo, daño en propiedad ajena y secuestro, y Cuauhtémoc Rodríguez una por daño en propiedad ajena. Los cuatro han participado en protestas y han denunciado una estrategia contrainsurgente del Ejército frente al descontento por el caso Ayotzinapa.
Después incluye a “objetivos” de organizaciones sociales como Cirilo Plácido Valerio, dirigente de la disidencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y su hermano Bruno, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que cuentan con órdenes de aprehensión y averiguaciones por robo, secuestro y ataques.
También son “objetivos” Abad García y Eliseo Villar, de CRAC-PC; Ernesto Gallardo, de la UPOEG; Clemencia Guevara, del Frente Popular Revolucionario (FPR); Ranferi Hernández, del Movimiento Social de Izquierda (MSI); Ramos Reyes Guerrero y María Antonia Morales, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG-CNTE); Marco Suástegui Muñoz, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP); Nicolás Chávez Adame, de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG); y Abel Bruno Arriaga, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec).
Todos ellos, salvo Ramos Reyes, tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas por delitos como robo, lesiones, allanamiento de morada, secuestro, motín, ataques a vías de comunicación. Gallardo tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, por secuestro y homicidio. El informe detalla que las autoridades locales no han hecho cumplir estas órdenes de arresto.
Por eso hay alarma y no los quieren en los cuarteles.
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