viernes, 30 de enero de 2015

Vivos salieron de la Normal

Rubén Cortés
 
 30 Enero 2015.
Los 43 estudiantes masacrados salieron vivos de la Normal. Ya no regresarán vivos, pero el Estado está obligado a condenar a todos los culpables del crimen… que no son sólo los 99 que están presos.
Existe una duda razonable por la responsabilidad del director, José Luis Hernández, en el hecho de que los estudiantes, todos de nuevo ingreso, fueran directo a un matadero, dirigidos por jóvenes que no eran estudiantes.
Éstos, El Cochiloco y Miguel Ángel Hernández, fueron señalados a los sicarios como los líderes del grupo por alumnos antes de ser asesinados. Pero Hernández asegura desconocerlos.
Y ojo: esta duda no se debe únicamente a declaraciones de asesinos que vinculan al director con el envío de los estudiantes a Iguala, para sabotear el destape para alcaldesa de una integrante del Consejo Estatal del PRD, esposa, además, del hasta entonces alcalde perredista.
Milenio, el diario que de manera más acertada ha seguido la pista de la relación del director con el caso, publicó una entrevista en la que éste afirma que en su escuela los estudiantes se mandan solos y “los directivos no tienen injerencia en las formas que ellos mismos determinan”.
Lo anterior genera también una pregunta razonable: ¿Entonces cuál es la función de Hernández como director de la Normal Rural Isidro Burgos? Ubicada, por cierto, a 126 kilómetros de adonde fueron sus alumnos a sabotear un acto político y robar camiones.
La respuesta del director a Milenio hace que huelguen comentarios: “Los estudiantes han alcanzado una autonomía, donde ellos, independiente de los maestros y de los directivos, plantean sus formas de avanzar en sus demandas, ahí no nos metemos”.
La acusación de un asesino debe ser tomada con reservas, aunque sean cinco quienes relacionan al director con el caso. La más conocida es la de El Cepillo, del cártel Guerreros Unidos: que Los Rojos pagaron al director por enviar a estudiantes a hacer “desmadres” el 26 de septiembre.
El capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, actualmente preso, declaró haber escuchado que el director Hernández permitió que integrantes de Los Rojos se infiltraran entre los estudiantes, que sería el caso de El Cochiloco y Miguel Ángel Hernández.
Por todo lo anterior, el director Hernández se ha convertido para la justicia en “una persona de interés” y tendría que ayudar a esclarecer el caso, por mucho que diga que ni pinta ni da color en su escuela, por muy director que sea.
La PGR lo invitó a declarar. Él dice que lo hará.
En todo caso, al filósofo Hernández se le acabó la zona de confort de apoyar el eslogan de “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
Ahora está obligado a responder… por qué salieron de su escuela.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter:
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¿DE QUÉ SIRVE EL DIRECTOR DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA?

2015-01-29, 20:04:00

¿Quién controla la normal de Ayotzinapa? ¿quién pasa lista?


Luego que la Procuraduría General de la República presentó la versión oficial de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, no pocos voltearon a ver a la Normal de Ayotzinapa.
Y es que, a raíz de las explicaciones del gobierno federal, ya se sabía lo ocurrido la noche de Iguala.
No obstante, todavía no se entendían los previos a la tragedia.
Es decir, ¿qué hacían los normalistas en Iguala? ¿quién los envió? ¿por qué estudiantes normalistas?
Es por todos conocido que los 43 jóvenes fueron enviados a Iguala como parte de una novatada. Sin embargo, no ha quedado claro hasta dónde está envuelta la Normal de la que proceden, ¿sabía el director lo que hacían? ¿es cierto que el director habría mandado a los jóvenes al matadero? ¿qué papel juega la escuela en todo este embrollo?
A manera de respuesta, el director José Luis Hernández comentó a Milenio que “los estudiantes han alcanzado autonomía, donde ellos, independientemente de los maestros y de los directivos, plantean su forma de avanzar…”
Es decir, que los normalistas en Ayotzinapa se mandan solos.
Frente a estas declaraciones, que parecen delirantes, se nos ocurren preguntas que resultan básicas. Por ejemplo, ¿qué entiende el director Hernández por autonomía? ¿alguien le habrá explicado que una universidad autónoma también requiere orden? ¿sabrá el director que autonomía no es sinónimo de anarquía? ¿se habrá confundido por la rima entre los términos? ¿por qué nadie le explicó que la autonomía tiene límites? ¿por qué nadie le dijo que, aunque autónomos, él es la figura de autoridad en esa universidad? ¿por qué, si no hace su trabajo, José Luis Hernández sigue en el cargo?
¿Quién controla la normal de Ayotzinapa? ¿quién pasa lista? ¿quién maneja las calificaciones? ¿quién decide cuándo un alumnos reprueba y cuándo aprueba? ¿quién evalúa a los estudiantes? ¿quién sanciona a los alumnos? ¿quién los reconoce? ¿quién certifica a los egresados como potenciales maestros? ¿quién avala su educación? ¿quién respalda su formación? ¿no será que la normal de Ayotzinapa es una fábrica de títulos patito?
Frente a esta realidad, ante un descocado entendimiento de la autonomía, ¿a alguien sorprende la novata que tuvieron que cumplir los 43 estudiantes ese 26 de septiembre? Sin duda, lo que ocurre –y todo lo que no pasa– en la Normal de Ayotzinapa debería ser sujeto de análisis e investigación de las autoridades. No sólo de la secretaría de Educación sino de la Procuraduría General de la República.

jueves, 29 de enero de 2015

Los llevaron al matadero

¿Quién mandó a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a botear a Iguala, un sitio que les quedaba a dos horas de distancia, justamente el día en que la presidenta del DIF presentaba su informe final? En los cuatro meses que ha durado la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes y asesinato de otras seis personas esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. En entrevista con Reporte Indigo, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, asegura que esa es la línea de investigación que verdaderamente puede ayudar a desenmarañar el caso, sin embargo, ha sido ignorada por la PGR

 
 
Han pasado 120 días desde aquella noche de septiembre cuando la Policía Municipal de Iguala atacó a un grupo de estudiantes de la Normar Rural de Ayotzinapa.
Las autoridades han realizado cerca de 90 arrestos, entre narcotraficantes y políticos implicados.
Sin embargo, hay una línea de investigación que ha sido ignorada y que para José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, puede ser la clave.
¿Por qué estaban los normalistas en Iguala?
 “Una línea de investigación que verdaderamente puede llevar a algunos de los responsables ha sido ignorada por la PGR. No se ha dicho nada por temor a molestar a quienes manipulan a los padres de los 43 muchachos”, afirma en entrevista para Reporte Indigo. 
El litigante y presidente de la asociación civil insiste en que las autoridades deben enfocarse también en los directivos de la escuela rural para ver quién los mandó la Iguala.
“¿Cuál era la intención de ir, cuándo se tomó esa decisión y si estas personas sabían que en Iguala los Guerreros Unidos estaban asociados al presidente municipal (José Luis Abarca) y que iban a provocar una confrontación porque ese día daba su último informe en el DIF para lanzar su precandidatura a la presidencia municipal de Iguala.
“Los chavos fueron manipulados, fueron a botear, no sabían que los estaban llevando al matadero”, asegura Ortega, quien ha dado seguimiento al caso desde su asociación.
Se veía venir
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal asegura que la masacre ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre se preveía. 
A principios de diciembre, su organización divulgó el informe “Guerrero. Atrapados en el círculo de la violencia”, el cual consistió en un análisis de los temas más relevantes de vínculos entre el crimen organizado y las autoridades locales. 
Lo acompañó de un listado de 24 alcaldes que han sido señalados de tener vínculos con el crimen organizado.
Desde entonces, ha entregado dicho informe ante diferentes instancias federales, entre ellas la PGR y Presidencia de la República, pero no ha obtenido respuesta. 
“Denunciamos los señalamientos que se han hecho públicos de alcaldes, senadores, diputados y hasta del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. 
“Las izquierdas se están desgarrando en Guerrero, este es un problema que provocan políticos de izquierda, asociados a Guerreros Unidos, con grupos guerrilleros, especialmente al ERPI y al EPR. Les asesinan a muchachos de un semillero de estos grupos como es la escuela normal rural de Ayotzinapa”, declara el litigante.
¿Padres manipulados?
El abogado José Antonio Ortega no duda en hacer suya la versión que han dado varias autoridades federales de que los padres de los 43 estudiantes están siendo manipulados. 
El análisis “Guerrero. Atrapados en el círculo de la violencia” se encamina a que el ERPI y el EPR se sintió “agredido” por el asesinato de los estudiantes.
“Ahí es cuando empiezan a lanzar sus mensajes todas las organizaciones guerrilleras del país, eso los une en una lucha y empiezan a manipular a los padres de familia.
“(su abogado) Vidulfo Rosales evidentemente los está llevando a una línea de confrontación, con unos intereses oscuros, poco claros, perversos, para enfrentar y humillar al Ejército”, dice sin Ortega sin pestañear. 
Prueba de esta confrontación fue el enfrentamiento que tuvieron los padres de los normalistas el 12 de enero afuera de las instalaciones del 27 Batallón destacado en Iguala. 
“Eso de quemar un vehículo, tomar un tráiler de cerveza, de aventar botellas, palos, diciendo que no iba a provocar sino que solamente quería abrir una línea de investigación hacia el Ejército.
“Ese señor Vidulfo Rosales evidentemente les está mintiendo, porque las líneas de investigación no se abren a pedradas afuera de los cuarteles, se abren en la averiguación previa donde los padres son coadyuvantes y con esa personalidad pueden promover pruebas al ministerio público, participar en los interrogatorios, en las inspecciones ministeriales, pueden dar su opinión en las periciales. Ahí es donde se puede o no abrir la línea de investigación”, indica Ortega.
Cuáles sí y cuáles no
El autor de los libros “El Secuestro en México” y “México. ¿Rumbo al Estado fallido?” -publicados en 2008 y 2010 por editorial Planeta- considera que la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que los padres entren a los cuarteles, debe matizarse.
“Iguala no es México. Es una parte importante del estado de Guerrero, pero es una parte muy pequeña. Si se hace de acuerdo a la ley, si se justifica ante la autoridad que está investigando, va a ayudar evidentemente a destensar. Pero si se pretende llegar a los cuarteles en una actitud de provocación como lo hicieron hace unos días, lo único que va a hacer es tensionar la situación que se vive en Guerrero y en el país”, detalla Ortega.

miércoles, 28 de enero de 2015

La PGR tiene que citar ya al director de Ayotzinapa

Por Ciro Gomez Leyva

Desde hace tiempo, la PGR cuenta con elementos para llamar a declarar por los hechos del 26 de septiembre a José Luis Hernández Rivera, el filósofo, historiador y politólogo de 62 años, director de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Solo el temor político explicaría que la Procuraduría no haya requerido a quien, al menos, sabría que sus estudiantes de primer ingreso iban al matadero en Iguala, y que mezclados entre ellos viajaban dos, si no es que tres jóvenes del grupo criminal Los Rojos.
    La detención hace unos días de El Cepillo Felipe Rodríguez no le deja margen de maniobra a la PGR.  La declaración de El Cepillo sería la sexta (El Chereje, El Pato, El Seco, El Jona y El Cochiloco) que refiere algún grado de conocimiento del director Hernández Rivera sobre lo que podría ocurrir cuando los rapados de Ayotzinapa arribaran a Iguala, capital de los Guerreros Unidos, para cumplir dos objetivos: estropear el evento del presidente municipal José Luis Abarca , y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y robar camiones para las protestas del 2 de octubre.
    En los juzgados federales primero y tercero de Matamoros  obra, por ejemplo, esta declaración de El Jona:
    “Entonces se hizo un solo montón humano, del lado izquierdo estaban los asfixiados y del lado derecho a los que se mató con un tiro en la cabeza. Los que quedaron vivos empezaron a decir que entre ellos había un hombre de apodo El Cochiloco que estaba vivo, quien venía al frente del grupo de muchachos, indicaron que eran estudiantes de Ayotzinapa y que El Cochiloco, quien era de los Rojos, estaba asociado con el director de la Normal de Ayotzinapa. Todos coincidían en señalar a El Cochiloco, quien era el culpable de que estuvieran ahí, mencionaron que todos los de primero de la normal los obligaban a raparse como una novatada, además de obligarlos a realizar protestas y marchas, y que entre medio de ellos se meten a gentes de Los Rojos” (causas penales 123/2014 y 1/2015).
    José Luis Hernández Rivera, director de la normal desde septiembre de 2012, ha dicho que la del 26 de septiembre fue “la tragedia de mi vida, el holocausto, lo peor”. Y es probable que nada tuviera que ver con la masacre. Pero seis testimonios hilados fuerzan a preguntar ¿qué sabe de ese viaje suicida de 125 kilómetros al corazón de las tinieblas que emprendieron sus alumnos?
    Hoy se cumplen cuatro meses de la masacre. Cuatro meses, también, de protección de la PGR a Hernández Rivera. Por mínimo prurito procesal tendría que citarlo ya.
    Y para terminar de armar la narrativa.

¿Y del director de la Normal qué?

Rubén Cortés
 
El anuncio oficial de que los 43 normalistas fueron asesinados obliga a la PGR a interrogar al director de la Normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández, el único que puede responder dos preguntas ineludibles:
1.- ¿Quién ordenó a los estudiantes, el 26 de septiembre, salir en autobuses de la escuela-internado hacia Chilpancingo a botear para la marcha del 2 de octubre?
2.- ¿Quién instruyó al jefe de ellos dar contraorden para dirigirse a Iguala, a 125 kilómetros?
Hernández tiene ambas respuestas, así como la de por qué con ellos viajaban dos miembros del cártel Los Rojos. La PGR ha detenido a 99 personas e interrogado a cientos, pero sin tocar al director con el pétalo de un citatorio.
Esta omisión es preocupante, porque miles de horas de interrogatorios conducen hasta Hernández, en especial las de cinco asesinos confesos: El Cepillo, El Chereje, El Pato, El Seco y El Jona, quien lo vinculó junto con el “estudiante” El Cochiloco (asesinado también) con ese cártel.
Las declaraciones de estos cinco criminales ligan a Hernández con la misión que llevaban sus estudiantes: sabotear el acto de destape como candidata a alcaldesa de la esposa del ya ex alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca y también robar camiones.
Veamos:
—Están muertos 46 estudiantes que salieron de la escuela
—Están presos Abarca, por dar la orden de matarlos, y su esposa, por ser miembro del cártel Guerreros Unidos, rival de Los Rojos
—Están encarcelados El Cepillo, El Chereje, El Pato, El Seco y El Jona, el capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias y 33 miembros del cártel; 14 policías municipales de Cocula y 44 de Iguala por secuestrar, asesinar, quemar y lanzar a un río los restos de los estudiantes.
Pero las dos preguntas continúan en el aire:
1.- ¿Quién ordenó a los normalistas salir en autobuses de la escuela-internado hacia Chilpancingo?
2.- ¿Quién instruyó a su jefe que diera la contraorden de dirigirse a Iguala, a sabotear el acto de la mujer del alcalde del PRD?
El Jona afirma en el video de la PGR que el estudiante Jorge Luis González Parral “comenzó a decir que el mentado Cochiloco era el que tenía la culpa de que ellos estuvieran aquí y que él era el encargado” y que “ése de la patilla dijo que el mentado Cochiloco y el director hacían las marchas y, a través de las marchas, se metía a la gente, ahora que son los contras, Los Rojos”.
Aceptando, incluso, que el director desconozca cómo y por qué se le fueron de la escuela los estudiantes ahora muertos, la PGR está obligada a hacer con él lo que ha hecho con decenas de personas:
Citarlo.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter:
 @ruben_cortes

martes, 27 de enero de 2015

AMLO, salpicado por contratos

AMLO (Cuartoscuro)
La lupa sobre los contratos del gobierno a particulares llegó para quedarse, y es una buena noticia. Pero los que más fuerte gritan por las relaciones contratistas del gobierno, AMLO y los suyos, se han beneficiado con cientos de millones de pesos a través de empresas fantasmas que ganan licitaciones por adjudicación directa.

López Obrador y las empresas de su movimiento se beneficiaron de contratos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) encabezado por Marcelo Ebrard, por montos que alcanzarían para comprar unas 20 o 30 casas como la que compró Peña Nieto en un fraccionamiento en Ixtapan de la Sal.

¿Pruebas? Hay muchas. Tomemos un caso emblemático, el de las empresas SAD, AFK y AAR, constituidas al vapor en el sexenio anterior, con el mismo notario: el que dio fe de que se habían comprado votos con dos guajolotes en Guerrero, un borrego en Veracruz y dos gallinas en Zacatecas.

El fundador de la empresa SAD Desarrollo y Transparencia, Héctor Muñoz Ibarra, que recibió contratos sin licitar por 93 millones 252 mil pesos, era también el presidente de Austeridad Republicana, uno de los dos puntales financieros del movimiento de López Obrador.

Durante la administración de López Obrador al frente del GDF, Muñoz Ibarra fue director del Registro Público de la Propiedad y en el siguiente gobierno recibió el contrato para digitalizar los archivos del Registro.

Como socios de empresa figura también Javier López Núñez, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales del GDF en el gobierno de López Obrador.

En cuatro años las tres compañías recibieron contratos que ascendieron a más de 110 millones de pesos, como lo reportó una investigación de El Universal.

AFK Comunicación Creativa, creada a vapor y con un domicilio legal que no corresponde a la verdad, obtuvo contratos sin licitar por 18 millones 182 mil pesos.

La responsable y dueña de AFK era la contadora de la asociación Honestidad Valiente, de Andrés Manuel López Obrador.

También hubo contratos “por invitación”, en las que AFK y AAR simularon participar para que la ganadora fuese SAD, de Austeridad Republicana, encabezada por Héctor Muñoz Ibarra, director del Registro Público de la Propiedad con López Obrador.

Ante las evidencias documentadas por El Universal en agosto de 2012, López Obrador no tuvo respuesta, sólo insultos: “como periódico del régimen está haciéndole el trabajo sucio a Peña y al PRI”.

¿Y? ¿Qué pasó con más de 100 millones de pesos entregados en contratos sin licitar a sus tentáculos Austeridad Republicana y Honestidad Valiente?

Así es que ahora que se ha puesto sobre la mesa la ética de los contratos y la relación de éstos con políticos, Andrés Manuel López Obrador tiene mucho de qué hablar.

Es obvio que prefiera hablar de una casa en Ixtapan de la Sal comprada en cuatro millones de pesos, y no de los contratos sin licitar a las empresas de su entorno, que sólo en estos casos citados superan los 100 millones de pesos.

Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, dice el dicho, y ese no es el caso de López Obrador y de quienes le acompañan en Morena.

Puede decir que él no se compró ninguna casa, pero ese no es el punto, sino el entramado de corrupción para obtener dinero público a través de licitaciones a modo, mientras él recorría el país acusando a los demás de corruptos.

Twitter: @PabloHiriart
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Tomado de: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/amlo-salpicado-por-contratos.html

Dejó sin clases a 1.3 millones de niños... y AMLO le da candidatura

Entre 2008 y 2012 fue dirigente de la Sección 22 (CNTE) y mantuvo a los maestros en paros, plantones y bloqueos durante 111 días
Se Convirtió en aspirante único a diputado federal por el Distrito 4, de Oaxaca; la entidad ocupa el último lugar en desempeño escolar
 
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) registró como candidato único a diputado federal por el distrito 4, en Oaxaca, al ex dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Azael Santiago Chepi, quien en cuatro años de dirigencia dejó sin clases por 111 días a un millón 300 mil alumnos de la entidad.
Es el mismo personaje que se dio a conocer por realizar plantones, marchas y bloqueos en la ciudad de México, además de que busca que las plazas docentes se hereden.
Al 21 de enero pasado, que cerró el registro de precandidaturas, este ex dirigente de la CNTE era el único registrado en ese Distrito, con lo que es el virtual abanderado, pues el punto 8 de la convocatoria emitida por Morena para la selección de candidatos a diputados federales establece:
“La Comisión Nacional de Elecciones, informará a la Asamblea Distrital Electoral correspondiente cuáles solicitudes de registro de aspirantes a candidatos/as a diputados/as por el principio de mayoría relativa fueron aprobadas (…) y en qué casos fue aprobada una sola solicitud de registro, que se considerará como única y definitiva”.
Es decir, los aspirantes únicos, como el caso del ex líder de la CNTE, obtienen la candidatura en automático. Va por el Distrito 4 con cabecera en el municipio de Tlacolula de Matamoros.
Durante su paso por la secretaría general, encargo que cubrió de septiembre de 2008 a septiembre de 2012, Santiago Chepi se caracterizó por suspender clases y dejar a los alumnos de Oaxaca sin educación.
En los tres meses de 2008 que estuvo dirigiendo a la Coordinadora, este maestro y sus 81 mil agremiados realizó tres paros de labores dejando sin clases a los alumnos de nivel básico 10 días.
Durante 2009 trajo a la Ciudad de México a los docentes para realizar marchas, plantones y bloqueos en por lo menos seis ocasiones, dejando sin clases por 41 días a los niños de Oaxaca.
También en ese año y por decisión de Chepi, los maestros de esa entidad no repusieron días de clases a los alumnos quienes, al igual que en el resto del país, habían dejado de asistir a clases por el brote de la influenza.
En 2010, según cifras del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), las actividades académicas entre los alumnos de preescolar, primaria y secundaria fueron interrumpidas 32 días.
Para 2011, la cifra de suspensiones por paros fue de 11 días, mientras que en 2012 y antes de dejar la secretaría general, Chepi ya había suspendido clases en la entidad en 17 ocasiones.
Una vez fuera del cargo de Secretario General, Chepi se dedicó a combatir la Reforma Educativa, la cual calificó de “absurda” y con carácter “regresivo”, además de que, “violenta derechos y atenta contra la estabilidad social y económica” de los maestros.

Abuchean a candidato de AMLO

Reclaman a Lorenzo Lavariega obras inconclusas; López Obrador acusa a inconformes de ser provocadores y los corre de la reunión

Por Jaquelin Coatecatl 
jaquelin.coatecatl@razon.mx
En un acto en Huatulco, Oaxaca, el aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorenzo Lavariega, fue abucheado; Andrés Manuel López Obrador acusa a inconformes de provocadores; también a él le reprochan apoyar al edil.
En presencia de López Obrador, simpatizantes del Morena en Huatulco, Oaxaca, abuchearon al candidato a diputado federal por el Distrito 10 que designó la cúpula de ese partido, Lorenzo Lavariega Arista, y hasta le arrebataron el micrófono para evitar que pronunciara su discurso.
Sin embargo, López Obrador acusó a los inconformes de provocadores y hasta preguntó si los había mandado “Murat o Ulises Ruiz”, y que le hacían el juego al PRI para “que le vaya mal a Morena”. Mientras hablaba, sus simpatizantes desplegaron una lona en la que se leía “Lorenzo Lavariega —el Abarca de Huatulco—: AMLO sacúdete esa”.
A gritos de ¡fuera, fuera!, los cerca de 200 asistentes al mitin que se realizó el pasado domingo en Santa María Huatulco, impidieron que Lavariega Arista diera su discurso en el cual sólo alcanzó a dar la bienvenida a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Luisa Cortés García y a López Obrador, pues le fue arrebatado el micrófono por dos hombres que subieron al templete.
Fueron casi dos minutos de abucheos constantes que pararon hasta que Obrador comenzó a hablar y prácticamente “corrió” a quienes estaban en contra del precandidato a diputado federal.
“Esto (la protesta) le hace el juego a la mafia del poder, ustedes, consciente o inconscientemente, están afectando el movimiento”, reclamó Obrador.
La gente debajo del templete seguía reclamando y contestando que no querían al precandidato, incluso reclamaban al dirigente de Morena que lo defendiera.
Tras ser edil de Santa María Huatulco, los pobladores lo acusan, entre otras cosas, por dejar obras inconclusas y calles pavimentadas con sobreprecios.

lunes, 26 de enero de 2015

105 mil pesos en el nombre de Ayotzinapa


Rubén Cortés
 
Felipe de la Cruz Sandoval no es familiar de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, pero es el vocero de los padres. Es maestro, pero no imparte clases y destroza escuelas. Sin embargo, tiene un sueldo de 105 mil pesos al trimestre y desde septiembre dirige a los familiares de los normalistas.
Miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Sandoval se dedicaba antes de la desaparición a encabezar paros laborales, cobro ilegal en casetas asaltadas y manifestaciones en Acapulco.
Pero desde septiembre pasado se encarga de extender el caso Iguala, porque éste es considerado por la CETEG otro afluente de conflicto para descarrilar las elecciones para gobernador en Guerrero, programadas para el primer domingo de junio.
Aprovechando el dolor y la comprensible indignación de los padres, Sandoval los conduce a través de una clara estrategia contra el Estado de Derecho y hacia una ruta de ruptura con las instituciones y en fomento de la subversión, como es el ataque a cuarteles del Ejército en Chilpancingo e Iguala.
Sandoval usa el caso Iguala para promover la violencia, en una condenable manifestación de desprecio por las leyes, pues manipula a los padres a sabiendas de que 98 de los autores intelectuales y materiales de la desaparición han sido capturados.
Cobrando sin trabajar, Sandoval lleva a los padres a intentar tomar cuarteles del Ejército a pesar de saber que están presos los autores intelectuales de la desaparición: el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su sucesora y esposa, María de los Ángeles Pineda.
Y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien ordenó borrar los rastros de lo ocurrido en el basurero de Cocula, donde fueron encontrados restos humanos calcinados; 14 policías municipales de Cocula, 44 de Iguala, 38 miembros del cártel Guerreros Unidos, incluido su líder Sidronio Casarrubias. Sí, los peritos argentinos consideran que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades en Cocula. “Todavía” no es definitivo, pero para Sandoval sí, porque ello significa que puede extender aún más el caso.
“Mientras ellos nos digan que es necesario hacerlo tenemos que estar de acuerdo porque son los únicos en los que podemos confiar”, dijo. ¿Por qué son los únicos? Pues porque a él le da la gana. Es decir, por lo mismo que cobra 105 mil pesos sin trabajar.
Porque el caso Iguala le permite seguir reventando la Reforma Educativa, cerrar escuelas, robar dinero con la toma de casetas a razón de 90 mil pesos por hora y saquear para llevarse leche, Gansitos y papitas, detergente y lavadoras.
¿Y quién se va a meter con él?
Hombre, si está purificado por las aguas del Jordán de Ayotzinapa.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter:
 @ruben_cortes

Maestro que no da clases dirige a padres de los 43

Felipe de la Cruz es integrante de la CETEG y no familiar de algún desaparecido; lideró ataque al 27 Batallón de Infantería y promueve entrada a cuarteles
Fue denunciado en 2011 por irrupción violenta a instalaciones educativas; desde 2012 toma casetas, realiza bloqueos, marchas...
 
Felipe de la Cruz Sandoval, líder y vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, cobra como maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) 105 mil pesos al trimestre; es decir, 35 mil 126 pesos mensuales sin dar clases; no es familiar de alguno de los jóvenes que se buscan e incluso fue denunciado por ingresar por la fuerza a instalaciones educativas.
“Formo parte de la CETEG, soy un maestro de primaria; ahora estoy de permiso, mis grupos están a cargo de otros compañeros”, dijo a La Razón. De hecho, antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, este personaje ya encabezada paros, tomas de casetas y manifestaciones en Acapulco, lo cual ahora replica dirigiendo a los padres de los desaparecidos.
Ahora, con la bandera de los estudiantes desaparecidos, ha impulsado que se permita al movimiento entrar a cuarteles militares, con el argumento de que ahí podrían estar los alumnos.
Incluso fue quien el pasado 12 de enero llevó a los padres a tratar de entrar por la fuerza a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede de Iguala, derribando el enrejado del acceso principal con un camión que habían secuestrado. El 21 de enero pasado, durante un bloqueo en la Autopista del Sol, De la Cruz dijo: “seguimos exigiendo que se inicie una línea de investigación para los militares de Iguala. Nosotros no dijimos que sea solamente el cuartel de Iguala, queremos todos los cuarteles”, advirtió. Su activismo violento se ha documentado desde años atrás. De la Cruz fungió como portavoz del llamado Movimiento Magisterial Reorganizado, el cual ante incidentes de inseguridad en Acapulco convocó a paros laborales a inicios de 2012.
“Les dejamos en claro que no estamos viendo los resultados deseados, que los maestros estamos al borde de regresar al paro”, señaló en enero de 2012.
El 2 de septiembre de 2013, como coordinador seccional de la zona de Acapulco, trasladó a 800 docentes a la Ciudad de México para participar en una marcha en contra de la reforma educativa.
Debido a sus manifestaciones, De la Cruz ya ha sido denunciado por la Secretaria de Educación del Guerrero (SEG) luego de que en 2011 tomó por la fuerza instalaciones educativas que mantuvo cerradas por 15 días.
En la denuncia levantada el 5 de octubre de 2011, se señala a los profesores de la CETEG Román Merinardo López, Felipe de la Cruz, Zenen Ávila, María de Jesús Domínguez por ingresar de manera “furtiva” y “violenta” a la delegación de servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, “gritando a los trabajadores que desalojaran”.
El acta indicaba que posteriormente dichos mentores cerraron y colocaron sellos en las puertas “impidiendo el desempeño de las actividades”.
De acuerdo con la información disponible en el portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) perteneciente a la SEP, —cuya última actualización fue en 2013— Felipe de la Cruz es profesor de educación básica en Acapulco y cuenta con dos plazas.
De la Cruz es padre de Ángel Neri, a quien señala como uno de los “sobrevivientes” del ataque del 26 de septiembre.
 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article245394&var_mode=calcul

Alejandro Encinas razonó así su renuncia al PRD


Alejandro Encinas razonó así su renuncia al PRD: "No puedo mantenerme en las filas del partido al que han puesto en evidencia los hechos ocurridos en Iguala, y que a cuatro meses de la tragedia sus dirigentes guardan silencio y apuestan al desgaste y al olvido". Además de bien escritas y armoniosas esas palabras dicen la verdad. Quien gobernaba Guerrero en el tiempo en que esa tragedia aconteció era un perredista, lo mismo que el Alcalde de aquella ciudad y su mujer. Las izquierdas mexicanas -3 mil 54 hasta el momento en que este artículo se escribe- se las han arreglado, sin embargo, para hacer que Enrique Peña Nieto pague el costo político de la tragedia, único Mandatario en el mundo cuya renuncia ha sido exigida con encono por esas furiosas Furias, las redes sociales, a causa de hechos cometidos por sus opositores. La renuncia de Encinas tiene bases sólidas, y constituye un duro golpe al perredismo. A pesar de lo que ha dicho lo veremos pronto al lado de López Obrador, a quien fortalecen cada día más los errores de sus adversarios tanto del PRI como del PAN y el PRD, todos los cuales le están pavimentando el camino a los pinos.
CATON

En Guerrero, aliados Morena y Ceteg

Tampoco les va a gustar, convencer y convenir si gracias a un milagro divinos los jóvenes pudieran aparecer en las próximas horas.

 
Por: Ricardo Alemán   26/Ene/2015

A los padres de los normalistas de Ayotzinapa no les gusta, no les convence y menos les conviene la declaración judicial de presuntos asesinos de los jóvenes. Y como pintan las cosas, tampoco les va a gustar, convencer y convenir si gracias a un milagro divinos los jóvenes pudieran aparecer en las próximas horas.         
¿Y por qué NO gusta, convence y conviene todo lo que haga o deje de hacer el gobierno federan para aclarar el crimen de Iguala?
Por doloroso que resulte –y pese a que es políticamente incorrecto decirlo–, lo cierto es que son muchos los beneficios y los beneficiados con la desaparición de los normalistas. ¿Por qué? Porque a la tragedia siguió el negocio económico y luego el negocio político; negocios que seguirán dando dividendos tanto a padres de los jóvenes como a líderes que los tripulan.
Por eso, hoy en el DF harán sentir su presencia con cuatro marchas que paralizarán la capital –para mostrar fuerza–, y que se financian con el robo de autobuses, gasolina y millones de pesos que obtienen del cobro de casetas. Lo cierto es que los normalistas desaparecidos son un boyante negocio que deja 250 mil pesos por módulo en las casetas secuestradas, en un lapso de cuatro horas. Y si antaño los radicales secuestraban para financiar sus movimientos, hoy con una semana de cobro ilegal en casetas obtienen decenas de millones de pesos.
Al negocio de pesos y centavos sigue el negocio político- electoral. En Guerrero la CETEG –mafia que tripula tanto la tragedia como a padres de normalistas–, pactó una alianza de facto con Morena, empresa familiar de AMLO. Es decir, que durante la jornada electoral del 7 de junio la CETEG amedrentará candidatos de todos los partidos, presionarán al INE y a ciudadanos, mientras llamarán a votar por Morena. Claro, además de sus cotidianos actos de vandalismo que buscan desestimular el voto a favor del PRI, PRD y PAN¿Y qué recibirán a cambio?
Poca cosa, Morena entregará a la CETEG candidaturas a alcaldes y diputados locales, algunas a los padres de los normalistas desaparecidos. En reciprocidad la mafia CETEG financiará la movilización del voto a favor de Morena. El dinero saldrá del rentable negocio que son los normalistas.
Pero no es todo. El 7 de junio en Guerrero se enfrentarán en las urnas tres alianzas electorales, algunas legales y otras de de facto. La primera la encabezan las izquierdas y su candidato saldrá de una contienda que enfrentará a Luis Walton, de MC y aspirantes de otros grupos, entre ellos Beatriz Mujica, Sofío Ramírez, Víctor Aguirre y Sebastián de la Rosa.
A su vez, Morena y la CETEG tendrán como candidato a gobernador a Pablo Amílcar Sandoval, leal a López Obrador y heredero de una familia de luchadores sociales. La alianza de Morena con la Ceteg será de facto, por el impedimento legal.
Por su parte, el PRI elegirá a su candidato a Guerrero entre Manuel Añorve y Héctor Astudillo. Y la del PRI, PVEM, Panal y PAN sería la tercera de las alianzas en Guerrero.
Lo curioso es que Morena llevará como compañero en Guerrero a la más cuestionable mafias magisterial. La CETEG es un grupo radical cuyos dirigentes cuentan con numerosas órdenes de aprehensión, mantienen vínculos con grupos armados como el EPR y el PRPI y son, igual que la CNTE, ejemplo de impunidad. Calca del fenómeno Evo Morales en Bolivia, que llegó al poder mediante la desestabilización. ¿Y los desaparecidos? El negocio debe seguir. Al tiempo.

EN EL CAMINO.

Hoy, otro día de ingobernabilidad en el DF.

Tomado de El Universal.

Van por Guerrero

Pablo Hiriart


Hoy tendremos marchas en distintos puntos del país para exigir que aparezcan con vida los normalistas de Ayotzinapa. Es pedir un imposible, porque lamentablemente están muertos.
Se entiende que los padres se aferren a la posibilidad de vida de sus hijos, pero lo demás es chantaje político para empequeñecer (aún más) al gobierno federal y quebrar la vida institucional del país.
Veremos en las calles a personas con razón indignadas ante la violencia, la impunidad y los conflictos de interés, pero también van a estar profesionales de las manifestaciones que no buscan la verdad, sino crear las condiciones para tomar el poder en Guerrero.
La guerrilla quiere hacerse de un estado para gobernar a su manera y balcanizar a México. Desde hace años viene trabajando en ese objetivo.
Quieren poner sus propias leyes, tener sus propias policías y cobrar sus impuestos, como lo expusieron dirigentes de la CETEG al reportero Alejandro Sánchez, enviado de El Financiero la semana pasada.
No vienen a que se esclarezcan los hechos del 26 de septiembre en Iguala y que se haga justicia contra los asesinos materiales e intelectuales. Les interesa tomar el poder en Guerrero, no les interesa la verdad.
La verdad es la que conocemos: los 43 normalistas están muertos, aunque legalmente siga abierta la averiguación porque sus cuerpos no han aparecido ni van a aparecer, pues los quemaron, los hicieron cenizas en el basurero de Cocula, y las arrojaron al río que conduce al mar. No hay posibilidad de que aparezcan.
Con los padres de los normalistas vienen los maestros de la CETEG, ligados a Morena (algunos), y a la guerrilla.
La semana anterior se detuvo a Felipe Rodríguez Salgado, otro de los sicarios que asesinó personalmente a los jóvenes, quien relató la misma historia que conocemos y está documentada, en parte, en un video: la policía de Iguala los detuvo a balazos, los amarró, los entregó a Guerreros Unidos y éstos los mataron y los convirtieron en cenizas.
Ningún gobierno los va a resucitar. La verdad es esa y lo que procede es exigir justicia y castigo. Aún hay prófugos, y dirigentes políticos que le dieron amparo y cobertura a los cárteles criminales, que están libres.
Ante la embestida, verdadero asalto al poder en Guerrero, el gobierno federal no ha reaccionado porque piensan que las cosas son más sencillas y que se resuelven con mesas de diálogo en Gobernación.
El diálogo está bien, pero no debe sustituir a la ley. La única defensa del gobierno es que la sociedad conozca toda la verdad en las relaciones de grupos políticos con el crimen organizado, y hasta el momento nos han enseñado sólo una parte.
Conocemos que el cártel Guerreros Unidos estaba asociado al gobierno de Iguala, que eran una y la misma cosa. Falta saber la historia del bando contrario, Los Rojos, quiénes eran sus aliados, exhibirlos y castigarlos.
En sus primeras declaraciones Rodríguez Salgado dijo que había interrogado personalmente a los normalistas, pues tenía información que eran parte de la banda de Los Rojos.
¿Cuáles son las ligas entre directivos de la Normal Isidro Burgos y el cártel de Los Rojos? ¿Las ligas entre la guerrilla del ERPI y Los Rojos? ¿La guerrilla y los dirigentes de Ayotzinapa?
Hay un entramado de grupos violentos, delictivos y políticos, que persiguen la toma del poder en Guerrero y que hoy estarán dirigiendo las manifestaciones en la capital y otras ciudades del país.
Twitter:@PabloHiriart

jueves, 22 de enero de 2015

Carta a Emilio Gamboa (¿crees que pase algo?)

Carlos Alazraki
 
 
 
Carlos Alazraki
 
Estimado senador:
Ayer lunes leí en Internet una declaración suya que me gustó mucho. Porque finalmente un político se atrevió a declarar que la CETEG ya nos tiene ¡hasta la madre!
Obviamente no lo dijo así de textual, pero para este caso, sí es lo que quiso decir.
¿Y qué cree senador Gamboa?
No solamente estamos hartos de la CETEG, sino de la CNTE, el SME, APPO, EPR y demás sindicatos de la mafia. Sin embargo senador Gamboa, aquí mi pregunta es la siguiente:
¿Por qué tanta impunidad con estos gánsteres?
¿Por qué no han metido a la cárcel a los que bloquean las carreteras? ¿Por qué nadie hace nada en Oaxaca para parar a los líderes ratas de la CNTE?
No dan clases, bloquean el Centro Histórico, hacen desmanes y desmanes sin ningún temor a ser reprendidos por ninguna autoridad.
¿Y qué me dice del SME?
Siguen bloqueando las calles aquí en el DF con todo tipo de excusas cuando en realidad sabemos que todo lo que hacen es por lana y que como cereza del pastel, este sindicato ya vale gorro.
Y con estos ejemplos, me puedo seguir renglones y renglones relatando las atrocidades de estas mafias.
Pero la verdad senador Gamboa, no valen la pena.
No vale la pena hablar de estas ratas.
Lo que si vale la pena, es que usted se entere del sentimiento de la mayoría de los mexicanos.
Y obviamente comienzo con la impunidad.
Todas las personas que se han pronunciado al respecto coinciden en lo siguiente:
¿Qué pasaría si un pequeño grupo de ciudadanos comunes y “corrientes” bloqueáramos el periférico un viernes a las siete de la noche?
La respuesta unánime fue la siguiente...
“Nos meterían a la cárcel”... Otra: “¿Qué se necesita ser para que no te metan a la cárcel por bloquear el periférico?”.
“Muy fácil”: “Pertenecer a la CNTE, a la APPO, al SME”.
Otra: “¿Por qué hay tanta impunidad de estos tipejos de quinta?”.
Respuesta unánime: “Porque el gobierno tiene miedo de violentar más la situación”.
Y yo le pregunto senador Gamboa:
¿De verdad será posible que el gobierno tenga miedo en aplicar la ley? A mí me da la idea de que no.
Sin embargo, no sé por qué no se ha aplicado la ley.
En fin senador Gamboa, ojalá y en el Senado se pueda hacer algo para que todo mundo cumpla, respete y aplique la ley. No es posible que otra vez los niños oaxaqueños se queden sin clases.
No es normal que se les siga permitiendo a los dirigentes de la CNTE armar sus desmadres porque en el fondo, lo que más quieren, es más dinero.
Sin importar que unos 20 mil maestros ya están muertos y quieran seguir cobrando.
No es posible que la mafia de los dizque dirigentes de la CETEG sigan robando a los camiones repartidores y a las tiendas de autoservicio a nombre de lo que sea.
No senador, no es posible que esto siga pasando en un país democrático. Donde lo más fácil sería aplicar la ley y punto. Caiga quien caiga.
Y ya para terminar, le confirmaré algo que usted dijo ayer: Sí senador Gamboa:
¡Ya estamos hasta la madre de tanta impunidad!
razón@alazraki.com.mx

miércoles, 21 de enero de 2015

¿Por qué se alarmó el Ejército?

Miércoles, 21 enero 2015 por Carlos Loret de Mola

En el Ejército se quedaron alarmados cuando supieron. Culparon al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, hombre de todísimas las confianzas del Presidente Peña, de haber prometido abrir los cuarteles militares a los padres de los normalistas desaparecidos.
Según fuentes bien informadas, el Ejército considera que dentro del movimiento de Ayotzinapa están metidos personajes vinculados con guerrillas mexicanas, quienes querrían entrar a los cuarteles no para buscar a los jóvenes sino para mapearlos, ubicar dónde guardan las armas y detectar flancos vulnerables por donde pudieran ser atacados.
Además, de acuerdo con un documento oficial que tengo en mi poder, el CISEN ubica como “objetivos de atención especial” (por sus presuntos nexos con la guerrilla o el narco) a 18 líderes sociales que han participado en las protestas con los padres de Ayotzinapa.
Un primer grupo presuntamente relacionado con grupos subversivos incluye a los hermanos Victoriano, Gabino y Obtilia Eugenio Manuel, y a Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. El informe los identifica como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y detalla que actúan públicamente por medio de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha (OPIM).
También enlista a José Luis Arroyo, del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, ligado a Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), y a Eulalia Eligio González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (Renacid), a quien vincula con el Ejército Libertador Nacional (ELN).
El documento involucra a Victoriano y Gabino Eugenio Manuel con actividades de siembra, cultivo y trasiego de amapola y goma de opio; y el primero cuenta con órdenes de aprehensión. Su hermana Obtilia tiene ocho averiguaciones previas por robo, daño en propiedad ajena y secuestro, y Cuauhtémoc Rodríguez una por daño en propiedad ajena. Los cuatro han participado en protestas y han denunciado una estrategia contrainsurgente del Ejército frente al descontento por el caso Ayotzinapa.
Después incluye a “objetivos” de organizaciones sociales como Cirilo Plácido Valerio, dirigente de la disidencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y su hermano Bruno, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que cuentan con órdenes de aprehensión y averiguaciones por robo, secuestro y ataques.
También son “objetivos” Abad García y Eliseo Villar, de CRAC-PC; Ernesto Gallardo, de la UPOEG; Clemencia Guevara, del Frente Popular Revolucionario (FPR); Ranferi Hernández, del Movimiento Social de Izquierda (MSI); Ramos Reyes Guerrero y María Antonia Morales, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG-CNTE); Marco Suástegui Muñoz, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP); Nicolás Chávez Adame, de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG); y Abel Bruno Arriaga, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec).
Todos ellos, salvo Ramos Reyes, tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas por delitos como robo, lesiones, allanamiento de morada, secuestro, motín, ataques a vías de comunicación. Gallardo tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, por secuestro y homicidio. El informe detalla que las autoridades locales no han hecho cumplir estas órdenes de arresto.
Por eso hay alarma y no los quieren en los cuarteles.

viernes, 9 de enero de 2015

Morena y PRD: candidatos y antecedentes

López Obrador está dispuesto a transigir con los medios que lo lleven al fin que se ha autoimpuesto: llegar al poder.

 
Ricardo Gallardo Cardona, hasta hace unos días presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez y precandidato perredista a la gubernatura de San Luis Potosí, ahora procesado por la PGR por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, transfirió más de 220 millones de pesos de recursos municipales a cuentas de empresas fantasma, de las que era propietario. Lo hizo en apenas dos años. El PRD contribuyó a las denuncias contra el expresidente municipal que, con recursos y prepotencia, amenazaba con quedarse con la candidatura a gobernador.
Hay una página web de Ricardo Gallardo para gobernador de SLP en la que en medio de cartones y agravios (“me la pelan con gallardía”, amenaza) no se encuentra una sola propuesta, pero sí una nota de agosto pasado en donde el propio Gallardo denuncia “a los políticos falsos y partidos corruptos, queremos gente que en realidad venga a trabajar y a ayudar a la población, gente de abajo, gente que haya crecido con necesidades”. Él mismo se ponía como ejemplo de esa limpieza y de ser gente de abajo, crecida con necesidades. También lo era José Luis Abarca, un personaje que años atrás era un vendedor ambulante y que repentinamente se convirtió en uno de los principales propietarios y comerciantes de Iguala, más tarde presidente municipal y con aspiraciones políticas en el PRD o Morena. Y como ellos debe haber muchos más.
¿Cómo llegan estos personajes a estos cargos políticos?, ¿cómo puede ser que nadie los detecte?, ¿si son detectados por qué no son denunciados, por qué sus partidos les permiten pasar, seguir, crecer?, ¿por qué estas historias se repiten sobre todo en la izquierda que es en donde tendría que existir un rechazo mayor a este tipo de personajes?
Creo que las causas son muchas, pero en la intolerancia y el oportunismo que marcó al PRD durante el periodo de control y cacicazgo de López Obrador se encuentran muchas de las razones de este fenómeno. Decía el escritor italiano Arturo Graf que no tardaría en transigir con el fin quien estuviera dispuesto a transigir con los medios. YLópez Obrador está dispuesto a transigir con los medios que lo lleven al fin que se ha autoimpuesto: llegar al poder.
En esa lógica de un pragmatismo que se circunscribe sólo a un principio: el de la lealtad absoluta a su persona, han llegado de la mano de López Obrador al territorio de la izquierda los personajes más diversos, muchos de ellos sencillamente impresentables. Cuando López Obrador fue advertido de que Abarca, el protegido de uno de sus más cercanos colaboradores (y su precandidato a la gubernatura de Guerrero) Lázaro Mazón, tenía relaciones con el narcotráfico, desestimó las acusaciones y dijo que había que apoyar a todos los candidatos, que había que apoyarlo. También fue impulsor de Gallardo en San Luis Potosí, que se presentaba como un integrante de la izquierda más dura. Nunca le importó si René Bejarano u otros operaban o sacaban dinero en su nombre. Mucho menos que desde su gobierno algunos vendieran leche que no era leche sino un agua con polvo pero también con materia fecal. ¿Cuándo se ha escuchado una condena suya, por ejemplo, a Julio César Godoy, otro diputado, hermano de Leonel, el exgobernador de Michoacán, íntimamente relacionado con la Tuta? Así impulsó en su momento en Quintana Roo a Gregorio Sánchez o a García Zalvidea, así los familiares de su “chofer” Nico manejaron los contratos de la cárcel de Cancún cuando ésta era controlada por el narcotráfico.
A la hora de optar por candidatos se elegía al que pudiera llegar, al que tuviera recursos, al que le diera votos, viniera de la izquierda, la derecha o el centro, y lo mismo se aplicó en muchos cargos de dirección en el partido y en el Congreso. Por eso nos encontramos con que buena parte de los principales voceros de Andrés Manuel en el Congreso tienen carreras que hacen imposible ubicarlos alguna vez en las filas de la izquierda.
La ruptura de López Obrador con el PRD tendría que haber ayudado al partido a una profunda depuración. Sus dirigentes no quisieron afrontarla con claridad y así fue como se les cruzó el caso Iguala, incluso defendiendo a un gobernador como Ángel Aguirre que era precisamente la demostración de ese pragmatismo negativo que nada tenía que ver con la izquierda.
El costo ha sido alto, la incapacidad para deslindarse de los verdaderos criminales ha sido tan notoria como la mostrada para deslindarse de Morena. Pero ha llegado nuevamente la hora de elegir candidatos y el PRD parece estar trabajando con seriedad. Por eso han participado en la caída de Gallardo. Y por el contrario, Morena y Andrés Manuel han decidido repetir el juego: para el presidente formal de Morena, Martí Batres, ese partido no tiene por qué vigilar los antecedentes ni la vida de sus candidatos. Así surgen los Abarca y los Gallardo. Son corruptos pero son suyos. Dan votos, que otros vean si están limpios.