Macario Schettino
Prioridad que no está en el presupuesto no es prioridad, reza un dicho de la administración pública. Después de tres años de presupuestos del actual gobierno, ya no hay duda de qué es lo que realmente le importa al Presidente. Comparando 2021 con 2018, las conclusiones son contundentes.
Primero, le importan sus proyectos de infraestructura, que son tres: la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Segundo, quiere un Ejército mucho mayor, infiltrado en todas las actividades posibles. Tercero, le interesa construir un “nuevo” sistema social, que es similar al que México tenía hace 50 años, repartir dinero. Finalmente, nada más le importa, pero parece tener un claro encono con los reguladores, de cualquier tipo.
El presupuesto de las secretarías de Energía, Turismo y de Pemex, donde están sus proyectos y su creencia soberana, era de 391 mil millones en 2018, y para 2021 será de 630 mil millones. Como proporción del gasto programable, pasan de 10 a 14%, en números redondos. Aquí no se incluye el aeropuerto, que está en el presupuesto de Defensa Nacional. Esta secretaría, los militares, pasan de 80 mil a 112 mil millones de pesos en los tres años.
En el caso del gasto “social”, las secretarías del Trabajo y Bienestar (antes Desarrollo Social), tenían un presupuesto sumado de 98 mil millones en 2018, y ahora tendrán 214 mil millones.
En conjunto, estos tres rubros: proyectos, gasto social y militares, tenían 570 mil millones de pesos en 2018, y en 2021 tendrán 957 mil millones. Es casi el doble, en pesos y centavos, y un incremento de 14 a 21% del gasto programable del gobierno. Prácticamente todo lo demás cede terreno para que estos rubros puedan crecer de esa manera.
Los que tienen suerte quedan casi igual, proporcionalmente, que en 2018, o pierden poco: educación, salud, Poder Judicial. La mayoría pierde a doble dígito, especialmente los órganos reguladores y de vigilancia, desde la secretaría de Función Pública o los tribunales, hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Particular encono contra los reguladores energéticos, la CRE y la CNH, que de 2018 a 2021 pierden 70 y 76% de su presupuesto, respectivamente.
Esta transformación del presupuesto ocurre mientras tenemos una caída considerable de la economía, que ayer decíamos no está bien considerada en las cifras, y es muy posible que el presupuesto de 2021 no pueda cumplirse, o tenga que hacerse mediante endeudamiento, ya sabremos. Eso no modifica en nada la intención transparente del gobierno actual: un país de 1970, pero con mayor poder de los militares. No sé si eso querían los que votaron por López Obrador, pero eso tienen.
Después de tres años de este proceso, se hace más difícil imaginar cómo revertirlo. No es sencillo convencer a quien recibe dinero de dejar de hacerlo, sea un militar, un petrolero o un cliente político. Todos se hacen dependientes del flujo, y revertirlo no es sencillo. López Obrador aprovechó su gran legitimidad inicial, y el control del Congreso, para detener recursos que solían irse a clientelas del PRI. En el futuro, alguien tendrá que hacer algo similar con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las Universidades Benito Juárez y Sembrando Vida, que nada más sirven para eso mismo: comprar votos. Los proyectos de infraestructura son más fáciles de detener, pero implican una pérdida segura.
Pero regresar a los militares a su trabajo normal sí va a estar muy difícil. Ya están haciendo aeropuertos y sucursales bancarias, administrando el ISSSTE y las aduanas, y plenamente a cargo de la seguridad pública. No sé si esto querían los amigos de izquierda que tanta enjundia pusieron en la campaña para denostar a quienes hacíamos notar los defectos de su caudillo. Como él dijo: “tengan para que aprendan”.
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