martes, 5 de abril de 2016

Padres de los 43 destapan a experta del caso Iguala para la CIDH


El Vocero Felipe de la Cruz señala a La Razón que respaldarán a la exfiscal para que suceda a Emilio Álvarez Icaza en ese organismo; “es confiable”, asegura.
Afirma que las denuncias contra la perito por haber encarcelado con pruebas falsas a un coronel es “una campaña de desprestigio del Gobierno federal”
 
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, expresaron su respaldo a que la líder del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indaga el caso de los jóvenes, Ángela Buitrago, sea la sucesora de Emilio Álvarez Icaza en la secretaría general de ese organismo dependiente de la OEA.
El vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, dijo a La Razón que “definitivamente la apoyaríamos, es una persona muy responsable que ha actuado con profesionalismo. Y hasta el momento el trabajo que ha desempeñado es confiable”.
Aseguró que los integrantes del grupo de la CIDH: Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia, “son personas confiables”, por lo que estarían dispuestos a apoyar a la exfiscal colombiana.
Sobre lo que llama una “campaña de desprestigio” contra los expertos, argumentó que “eso es parte de la estrategia del gobierno mexicano para de esa forma tener un justificante y no permitir que sigan trabajando en el caso Ayotzinapa”.
De la Cruz sostuvo que las autoridades del gobierno federal buscan un argumento para terminar con el acuerdo que firmó en 2014 con la CIDH. “Ellos lo que buscar son argumentos para decir (al GIEI) que su trabajo ya no es necesario, no hay avances y tener algo de dónde agarrarse para decirles que ya no es necesario tenerlos en México”, indicó.
Consideró que el grupo de expertos debe quedarse en México “el tiempo que sea necesario, incluso indefinido, para conocer la verdad y se termine con el proceso de la investigación. Hasta el momento el Gobierno ha dado muestras de incapacidad para resolver el caso Iguala, pero confiamos en que reflexione para que se haga justicia”.
Rechazó que el GIEI esté presionando a los padres para manifestarse: “es una mentira, siempre va a haber ese tipo de comentarios, porque también es parte de la estrategia que el Gobierno mexicano implementó para generar opiniones diversas en la sociedad”.
En este sentido, añadió: “yo puedo decir que las presiones de nosotros son para que se den resultados. Entonces, la presión existe hacia el gobierno del Estado, hacia la Procuraduría General de la República, porque a un año seis meses de la desaparición de los muchachos no se sabe exactamente qué pasó y no hemos visto avances sustantivos en las investigaciones”.
Señaló que este miércoles se reunirán con los miembros del GIEI para determinar qué acciones tomarán para exigir la ampliación del periodo del grupo internacional.
El vocero de los padres de los 43 normalistas dijo además que el próximo 18 de abril tienen agendada una cita con la Unidad Especializada de la PGR que investiga el caso Iguala para conocer los avances de las investigaciones.
“Esperemos que esa cita se dé, pues ya no sabemos qué va a pasar después de que la PGR violó el acuerdo con la CIDH y dio a conocer un dictamen el viernes pasado. Dicen una cosa y hacen otra”, detalló.



Inmunidad no se aplica en otros países: abogado

Buitrago deberá enfrentar el proceso en su contra en Colombia; el convenio es más político que jurídico

Por Néstor Jiménez
nestor.jimenez@razon.com.mx
El convenio de inmunidad que firmó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el gobierno mexicano, no impedirá que Ángela Buitrago deba seguir el proceso por el que se le acusa en Colombia, sostuvo el abogado Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México.
“Esto es un clausulado más que nada político para satisfacer intereses políticos que surgieron en ese momento y convencer a los que están dolidos o sufriendo de que el gobierno va a actuar de manera eficaz”, indicó.
Sin embargo, subrayó que este acuerdo es aplicable sólo en México y si tuvieran un proceso en otro país tendrían que atenderlo.
Al referirse al caso de Ángela Buitrago, recalcó que la justicia colombiana atenderá este proceso de acuerdo con las leyes de este país, sin tener relación con el trabajo que haga en México.
“Esto no les da ninguna patente de corso en otros países, tan es así que creo que una de las personas es coadyuvante con la justicia aquí, se le está pretendiendo fincar un proceso por acciones calificadas como delitos en Colombia, cometidos por esta dama; eso, la justicia colombiana lo va a atender de acuerdo con las reglas de la justicia colombiana”, detalló.
Sostuvo que este tipo de convenios tienen más un fondo político que jurídico, pero son permitidos por la ley. Dentro del contrato que firmaron los integrantes del GIEI se incluye una cláusula para gozar de “inmunidad” total durante el tiempo que dure su labor en el país contra cualquier investigación o acción jurídica en su contra.

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