Derechos humanos; mafia incrustada en el poder

12 Abr, 2016 // Por Ricardo Alemán

De suyo insultante y ofensivo, el dato es demoledor.

Existen secuestradores y asesinos –cuyos abogados de distintas ONGs invocaron tortura para sus clientes–, que en conjunto han recibido poco más de 100 millones de pesos, de dinero público, como indemnización. ¡Sí, aunque no lo crea!

De ese dinero, una parte sustancial llega a manos de los abogados y las propias ONGs. En cambio, las verdaderas víctimas del crimen sólo han recibido poco más de 600 mil pesos, pero no para reparar el daño, sino sólo por gastos funerarios.

Se trata de la perversión de la Ley de Víctimas; aberración que no solo pone en la calle a los peores criminales sino enriquece a figuras públicas que dicen defender los derechos humanos.

¿Y quién está detrás del depravado y rentable negocio?

Son un grupo de amigos que –en complicidad–, trabajan en toda la cadena social e institucional –nacional y extranjera–, de derechos humanos, presuntamente saquean dinero público, al tiempo que liberan criminales.

¿Y cómo operan?

Los “defensores” de DH buscan casos emblema contra el gobierno –como Tlatlaya, “los 43” o secuestradores y asesinos–, a los que fabrican supuesta tortura y violación a derechos humanos. Luego meten el tema en medios con “amigos intelectuales” y piden apoyo a otras ONGs. Ya que el escándalo creció, piden la liberación de los presuntos implicados y/o, en su caso, la reparación de daños; daño pagado del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del gobierno federal.

Pero resulta que para que una víctima real cobre la “reparación del daño”, debe seguir un proceso que lleva hasta diez años, en tanto no existe una sentencia firme. En cambio, la mafia defensora de DH –incrustada en la CNDH, CDHDF, SRE, Segob y poderes Legislativo y Judicial, además de la CIDH–, consigue una “reparación del daño” en meses. ¿Y cómo hace posible el milagro?

Fácil, sólo requiere una recomendación nacional y/o internacional –al gobierno de México–, que presuma violación de derechos humanos del “cliente”. Y listo. Y si la recomendación proviene de la CIDH, el gobierno de México tiembla de miedo y paga de inmediato.

¿Y quienes son los integrantes de esta alegre y afortunada familia que defrauda con los derechos humanos? Todos los conocen.

Se presume que la cabeza del grupo mafioso es Maricleare Acosta, actual integrante del Consejo Consultivo de la CNDH; que entre 2000 y 2003 despachó en la SRE con Jorge Castañeda –inventor del cuento de “la masacre de Tlatlaya”–, y que entre 2012 y 2015 despachó en la Segob.

Y si algún curioso quiere conocer “El Atlas de la Mafia de Los Derechos Humanos” en México, puede consultar el portal Letra Roja (www.letraroja.com.mx), en donde encontrará el detalle de “la familia feliz que defrauda con los derechos Humanos.

Mariclare Acosta fundó CEJIL y CMDPDH; trabajó en la SRE, SEGOB y CNDH; Emilo Álvarez Icaza, en CIDH, CDHDF e I(DH)EAS; Juan Carlos Gutiérrez, en CEJIL, CMDPDH, SRE, I(DH)EAS , SEGOB y CNDH; Alejandra Nuño, en CEJIL, CMDPDH y CDHDF; José Antonio Guevara, CEJIL, CMDPDH, SER, SEGOB y CDHDF; Juan Méndez, en CEJIL y CIDH; Sergio Méndez, en CMDPDH y SCJN; Karla Quinta, en CIDH y SCJN; Miguel Sarre, en CNDH y SCJN; Javier Mijangos, en la SCJN; Pilar Noriega, en la CDHDF, Fernando Coronado, en la CDHDF; Luis González Placencia, en CDHDF y Mario Patrón, en CDHDF y Centro Prodh.

Hoy, buena parte de la estructura social e institucional de Derechos Humanos es otra mafia criminal. ¿Hasta cuándo?

Al tiempo