jueves, 28 de abril de 2016

Manipula GIEI visita de prensa para acusar a PGR de sembrar pruebas


Director de la AIC, Tomás Zerón, presenta video íntegro del recorrido en el río San Juan; expertos lo editaron para que pareciera un procedimiento ilegal.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manipuló una visita del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, con reporteros al Río San Juan, en Guerrero, realizada el 28 de octubre, para difundir la idea de que se trató de un recorrido clandestino del funcionario para sembrar en ese lugar restos de los 43 desaparecidos, en Iguala.
Ayer por la tarde, Zerón mostró el video de la visita en la que además de los periodistas invitados, también estuvo Omar Gómez Trejo, en ese entonces representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y actual secretario técnico del grupo de expertos, que el sábado termina su mandato en México.
Es decir, uno de los integrantes del GIEI estuvo presente en la visita al río, que el pasado domingo los expertos presentaron como una prueba para sugerir la siembra de pruebas.
Al asegurar que su visita al lugar fue legal, Zerón recordó que “tengo facultades para realizar actos de investigación en auxilio del Ministerio Público (…) Todo el actuar de la Policía y un servidor se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de investigación exhaustiva”, enfatizó.
Explicó que el 27 de octubre de 2014 el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, invitó a los periodistas a realizar una visita para el día siguiente, al Río de San Juan, por lo que el 28 de octubre asistieron a este lugar reporteros, fotógrafos, autoridades ministeriales de la PGR, representantes de la ONU y él.
También acudió Agustín Reyes García, El Chereje, detenido por la desaparición de los 43 jóvenes. Esa persona, apuntó Zerón, fue llevado al recorrido después de que presentó a las 3:00 horas del 28 de octubre de 2014 su declaración ante el Ministerio Publico.
Señaló que al término de la declaración fue entregado para su guarda y custodia al titular de Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal —lo cual consta en un oficio de las 5:53 horas— para identificar los lugares que señaló en su testimonio.
“Antes de su declaración ministerial no se tenía conocimiento del probable destino de los desaparecidos, por lo cual era necesario acudir al lugar para verificarlo personalmente”, mencionó.
Explicó que el resto óseo que encontró un perito —el cual aparece en el video que presentó el GIEI el pasado domingo como si se tratara de un elemento colocado ahí a propósito— no se mencionó en el expediente de la investigación que realiza la PGR, ya que éste no tuvo ningún valor criminalístico, porque se trataba de un hueso de un ave.
Además, demostró con un video que las bolsas transparentes, en las que supuestamente los expertos independientes había evidencias de restos óseos, contenían guantes y bolsas usados por los peritos en sus inspecciones en el río.
“Una buena práctica en investigación forense es que el personal debe recoger cualquier material que haya sido utilizado para no contaminar el lugar”, explicó.
Asimismo, indicó que en el video que publicó el GIEI se muestra una hora y fecha equivocada de su recorrido en el basurero, pues mencionó que un poco después de las 17:00 horas ya se encontraba en la Ciudad de México; mientras, los expertos independientes aseguraron en la grabación que a las 17:40 horas se encontraba recorriendo la orilla del río.
Sobre el diálogo entre el equipo de forenses argentino y personal de la PGR, en el cual según el integrante del GIEI Carlos Beristain discutían por la siembra de evidencias, Zerón manifestó que esta conversación giró en torno a la petición de las antropólogas que pidieron viajar de Cocula a Iguala y de ahí a Chilpancingo, a la luz del día, por motivos de seguridad.
Además, en el video que presentó Zerón, se ve a Omar Gómez Trejo en el recorrido. Este personaje fue en calidad de representante del Alto Comisionado de la Naciones Unida y ahora es el secretario técnico del GIEI.
Finalmente, argumentó que hasta ayer martes explicó el video que presentó el GIEI, porque se encontraba en las oficinas centrales del secretario General de Interpol en Lyon, Francia, en representación de la Procuraduría.
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link de la razón:
http://www.razon.com.mx/spip.php?article305481

viernes, 15 de abril de 2016

De niña a chico: la transformación de Shiloh Jolie-Pitt

En unas semanas, la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt cumplirá 10 años.

Redacción Clase
14 de Abril del 2016
Photo
Desde muy pequeña Shiloh Jolie-Pitt expresó su deseo por convertirse en un chico. Fotos: Archivo/Especial
Shiloh Jolie-Pitt, la primera hija biológica del célebre matrimonio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, ha sido toda una sensación desde antes de su nacimiento. La pequeña nació el 27 de mayo de 2006 en Namibia, y desde entonces ha sido asediada por los paparazzi, quienes siempre buscan fotografiarla, al igual que a sus famosos padres y al resto de sus hermanos.
Cuando Shiloh era una bebé era común verla con tiernos atuendos, elegidos por Angelina. Incluso cuando tenía unos tres años se le llegó a ver cargando a alguna de sus muñecas.
Sin embargo, una vez que la primogénita de “Brangelina” comenzó a hablar, decidió cambiar los vestidos y las muñecas por un look más masculino.
A los cuatro años Shiloh le dijo a sus padres que quería ser un niño y, para complacerla, éstos le cortaron el pelo. Desde entonces la pequeña Shiloh utiliza el pelo corto y con el tiempo se ha acentuado su gusto por el estilo “tomboy”, basado en camisetas, sudaderas, pantalones tipo cargo, shorts, tenis y botas. Nada de vestidos.
Shiloh se ha tomado tan en serio su deseo por parecer un chico que incluso ha asistido a algunas alfombras rojas vestida de hombre, como fue el caso de la premier de la película “Unbroken”, en diciembre de 2014, o la premier de “Kung Fu Panda 3”, en enero pasado.
A finales de 2015, algunos medios estadounidenses aseguraron que Shiloh les había expresado a sus padres su deseo de transformarse por completo en un chico, por lo que el matrimonio Jolie-Pitt había visitado a una especialista para que los asesorara en el tema. 
Lo cierto es que conforme crece, Shiloh remarca más su estilo varonil y también hace evidente la influencia de sus padres en ella, como la vez en que fue fotografiada, a principios de marzo pasado, con una sudadera en la que se leía “Einstein era un refugiado"

miércoles, 13 de abril de 2016

Derechos humanos; mafia incrustada en el poder

 // Por 

De suyo insultante y ofensivo, el dato es demoledor.
Existen secuestradores y asesinos –cuyos abogados de distintas ONGs invocaron tortura para sus clientes–, que en conjunto han recibido poco más de 100 millones de pesos, de dinero público, como indemnización. ¡Sí, aunque no lo crea!
De ese dinero, una parte sustancial llega a manos de los abogados y las propias ONGs. En cambio, las verdaderas víctimas del crimen sólo han recibido poco más de 600 mil pesos, pero no para reparar el daño, sino sólo por gastos funerarios.
Se trata de la perversión de la Ley de Víctimas; aberración que no solo pone en la calle a los peores criminales sino enriquece a figuras públicas que dicen defender los derechos humanos.
¿Y quién está detrás del depravado y rentable negocio?
Son un grupo de amigos que –en complicidad–, trabajan en toda la cadena social e institucional –nacional y extranjera–, de derechos humanos, presuntamente saquean dinero público, al tiempo que liberan criminales.
¿Y cómo operan?
Los “defensores” de DH buscan casos emblema contra el gobierno –como Tlatlaya, “los 43” o secuestradores y asesinos–, a los que fabrican supuesta tortura y violación a derechos humanos. Luego meten el tema en medios con “amigos intelectuales” y piden apoyo a otras ONGs. Ya que el escándalo creció, piden la liberación de los presuntos implicados y/o, en su caso, la reparación de daños; daño pagado del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del gobierno federal.
Pero resulta que para que una víctima real cobre la “reparación del daño”, debe seguir un proceso que lleva hasta diez años, en tanto no existe una sentencia firme. En cambio, la mafia defensora de DH –incrustada en la CNDH, CDHDF, SRE, Segob y poderes Legislativo y Judicial, además de la CIDH–, consigue una “reparación del daño” en meses. ¿Y cómo hace posible el milagro?
Fácil, sólo requiere una recomendación nacional y/o internacional –al gobierno de México–, que presuma violación de derechos humanos del “cliente”. Y listo. Y si la recomendación proviene de la CIDH, el gobierno de México tiembla de miedo y paga de inmediato.
¿Y quienes son los integrantes de esta alegre y afortunada familia que defrauda con los derechos humanos? Todos los conocen.
Se presume que la cabeza del grupo mafioso es Maricleare Acosta, actual integrante del Consejo Consultivo de la CNDH; que entre 2000 y 2003 despachó en la SRE con Jorge Castañeda –inventor del cuento de “la masacre de Tlatlaya”–, y que entre 2012 y 2015 despachó en la Segob.
Y si algún curioso quiere conocer “El Atlas de la Mafia de Los Derechos Humanos” en México, puede consultar el portal Letra Roja (www.letraroja.com.mx), en donde encontrará el detalle de “la familia feliz que defrauda con los derechos Humanos.
Mariclare Acosta fundó CEJIL y CMDPDH; trabajó en la SRE, SEGOB y CNDH; Emilo Álvarez Icaza, en CIDH, CDHDF e I(DH)EAS; Juan Carlos Gutiérrez, en CEJIL, CMDPDH, SRE, I(DH)EAS , SEGOB y CNDH; Alejandra Nuño, en CEJIL, CMDPDH y CDHDF; José Antonio Guevara, CEJIL, CMDPDH, SER, SEGOB y CDHDF; Juan Méndez, en CEJIL y CIDH; Sergio Méndez, en CMDPDH y SCJN; Karla Quinta, en CIDH y SCJN; Miguel Sarre, en CNDH y SCJN; Javier Mijangos, en la SCJN; Pilar Noriega, en la CDHDF, Fernando Coronado, en la CDHDF; Luis González Placencia, en CDHDF y Mario Patrón, en CDHDF y Centro Prodh.
Hoy, buena parte de la estructura social e institucional de Derechos Humanos es otra mafia criminal. ¿Hasta cuándo?
Al tiempo

lunes, 11 de abril de 2016

La culpa no la tienen los expertos

Rubén Cortés
 
La CIDH nunca debió ser inmiscuida en el caso Iguala, porque es un instrumento de Estados Unidos para apretar a los países contrapuestos a sus políticas, empezando por Cuba, sólo que la isla (ni el bloque bolivariano) jamás le dio entrada.
Y la CIDH entró a investigar el caso Iguala en el cenit del idilio de las relaciones de la actual administración con China, en detrimento de los intereses geopolíticos estadounidenses en sus fronteras:
—El otorgamiento (echado para atrás después) a la empresa China Railway de la mayor licitación del sexenio: el tren DF-Querétaro, por delante de empresas estadounidenses con mayor prestigio y experiencia.
—El avance de la instalación, a dos palmos de narices de las costas estadounidenses, del megacomplejo comercial Dragon Mart, que sería operado por ocho mil chinos y cuya construcción se encontraba al 70 por ciento cuando fue suspendido.
Todo esto coincidió con los grandes problemas del gobierno, luego de vivir dos años de ensueño, con la aprobación de 13 reformas estructurales sin precedente en la historia, y el arranque del Mexican Moment.
Los problemas iniciaron con la filtración de la compra, por parte de la esposa del Presidente, de una casona en Las Lomas; y una información que resultó incorrecta, pero mencionaba la compra de un terreno por parte del mandatario, y que reportó una donación de su padre.
En este contexto la llegada de la CIDH lesionó de manera aplastante el prestigio de México en el mundo: sus integrantes falsearon continuamente informaciones acerca del caso Iguala para hacer aparecer a nuestro país como paria internacional en materia de respeto a los derechos humanos.
El chantaje de la CIDH a México ha sido exorbitante: cobra un millón de dólares cada seis meses por la presencia de sus cinco expertos, quienes a su vez reciben de nuestros impuestos un salario mayor al de gobernadores y del Jefe de Gobierno del DF.
Además el gobierno mexicano les dio “inmunidad total”, gracias a la cual se han instalado aquí para evitar ser juzgados en sus países, como la líder del grupo, Ángela Buitrago, sobre quien pesa un juicio de hasta 16 años de cárcel por fabricar pruebas en Colombia.
Al dejar entrar a la CIDH el gobierno mexicano se echó a la bolsa al alacrán que Cuba y el bloque bolivariano nunca se echaron. Por eso ayer la CIDH rompió con la PGR y el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego, porque la contradijeron al asegurar que en el basurero de Cocula sí hubo un incendio.
Ahora la CIDH, ese instrumento político y jurídico de Estados Unidos, pretende quedarse aquí a hacer política de oposición.
Bueno, pero la culpa no la tiene la CIDH.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter:
 @ruben_cortes

martes, 5 de abril de 2016

Padres de los 43 destapan a experta del caso Iguala para la CIDH


El Vocero Felipe de la Cruz señala a La Razón que respaldarán a la exfiscal para que suceda a Emilio Álvarez Icaza en ese organismo; “es confiable”, asegura.
Afirma que las denuncias contra la perito por haber encarcelado con pruebas falsas a un coronel es “una campaña de desprestigio del Gobierno federal”
 
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, expresaron su respaldo a que la líder del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indaga el caso de los jóvenes, Ángela Buitrago, sea la sucesora de Emilio Álvarez Icaza en la secretaría general de ese organismo dependiente de la OEA.
El vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, dijo a La Razón que “definitivamente la apoyaríamos, es una persona muy responsable que ha actuado con profesionalismo. Y hasta el momento el trabajo que ha desempeñado es confiable”.
Aseguró que los integrantes del grupo de la CIDH: Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia, “son personas confiables”, por lo que estarían dispuestos a apoyar a la exfiscal colombiana.
Sobre lo que llama una “campaña de desprestigio” contra los expertos, argumentó que “eso es parte de la estrategia del gobierno mexicano para de esa forma tener un justificante y no permitir que sigan trabajando en el caso Ayotzinapa”.
De la Cruz sostuvo que las autoridades del gobierno federal buscan un argumento para terminar con el acuerdo que firmó en 2014 con la CIDH. “Ellos lo que buscar son argumentos para decir (al GIEI) que su trabajo ya no es necesario, no hay avances y tener algo de dónde agarrarse para decirles que ya no es necesario tenerlos en México”, indicó.
Consideró que el grupo de expertos debe quedarse en México “el tiempo que sea necesario, incluso indefinido, para conocer la verdad y se termine con el proceso de la investigación. Hasta el momento el Gobierno ha dado muestras de incapacidad para resolver el caso Iguala, pero confiamos en que reflexione para que se haga justicia”.
Rechazó que el GIEI esté presionando a los padres para manifestarse: “es una mentira, siempre va a haber ese tipo de comentarios, porque también es parte de la estrategia que el Gobierno mexicano implementó para generar opiniones diversas en la sociedad”.
En este sentido, añadió: “yo puedo decir que las presiones de nosotros son para que se den resultados. Entonces, la presión existe hacia el gobierno del Estado, hacia la Procuraduría General de la República, porque a un año seis meses de la desaparición de los muchachos no se sabe exactamente qué pasó y no hemos visto avances sustantivos en las investigaciones”.
Señaló que este miércoles se reunirán con los miembros del GIEI para determinar qué acciones tomarán para exigir la ampliación del periodo del grupo internacional.
El vocero de los padres de los 43 normalistas dijo además que el próximo 18 de abril tienen agendada una cita con la Unidad Especializada de la PGR que investiga el caso Iguala para conocer los avances de las investigaciones.
“Esperemos que esa cita se dé, pues ya no sabemos qué va a pasar después de que la PGR violó el acuerdo con la CIDH y dio a conocer un dictamen el viernes pasado. Dicen una cosa y hacen otra”, detalló.



Inmunidad no se aplica en otros países: abogado

Buitrago deberá enfrentar el proceso en su contra en Colombia; el convenio es más político que jurídico

Por Néstor Jiménez
nestor.jimenez@razon.com.mx
El convenio de inmunidad que firmó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el gobierno mexicano, no impedirá que Ángela Buitrago deba seguir el proceso por el que se le acusa en Colombia, sostuvo el abogado Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México.
“Esto es un clausulado más que nada político para satisfacer intereses políticos que surgieron en ese momento y convencer a los que están dolidos o sufriendo de que el gobierno va a actuar de manera eficaz”, indicó.
Sin embargo, subrayó que este acuerdo es aplicable sólo en México y si tuvieran un proceso en otro país tendrían que atenderlo.
Al referirse al caso de Ángela Buitrago, recalcó que la justicia colombiana atenderá este proceso de acuerdo con las leyes de este país, sin tener relación con el trabajo que haga en México.
“Esto no les da ninguna patente de corso en otros países, tan es así que creo que una de las personas es coadyuvante con la justicia aquí, se le está pretendiendo fincar un proceso por acciones calificadas como delitos en Colombia, cometidos por esta dama; eso, la justicia colombiana lo va a atender de acuerdo con las reglas de la justicia colombiana”, detalló.
Sostuvo que este tipo de convenios tienen más un fondo político que jurídico, pero son permitidos por la ley. Dentro del contrato que firmaron los integrantes del GIEI se incluye una cláusula para gozar de “inmunidad” total durante el tiempo que dure su labor en el país contra cualquier investigación o acción jurídica en su contra.