jesús Ibarra en MURAL 26 Abr. 2021
La 4T impone el poder sobre el Derecho. Nada nuevo, solo que en esta ocasión lo hace sobre la Constitución. El matiz marca toda la diferencia, prolongar la presidencia del ministro Zaldívar mediante un artículo transitorio y, proponer hacerlo también con el resto de integrantes del Consejo de la Judicatura, es un claro intento de "captura de la justicia". Destacados abogados y académicos han explicado con detalle el albazo constitucional, pero ¿por qué una franca violación a la Constitución debería preocuparnos a todos más allá del mundo jurídico?
En un artículo publicado en 1982 titulado "Ventanas Rotas", James Wilson y George Kelling mostraron que mantener los espacios urbanos en buenas condiciones es una eficaz medida preventiva del vandalismo e incluso de actividades delictivas menores. Aunque la teoría ha sufrido diversas críticas en su implementación, la noción de fondo es muy sólida; el cuidado y respeto al espacio público es una manera de prevenir su descomposición y apropiación por unos cuantos. ¿Qué tiene que ver el orden urbano con el orden constitucional? La analogía se sostiene ya que ambos son "bienes públicos"; tienen un carácter indivisible y de utilidad común pues afectan a toda la comunidad.
En el mismo sentido, la Constitución mantiene las condiciones de inclusión y de imparcialidad en el ejercicio del poder para evitar que un gobierno, partido, líder, o programa político limite o expulse del espacio público a sus oponentes. Establece un "coto vedado" en palabras de Ernesto Garzón, o la "esfera de lo indecidible" de acuerdo con Ferrajoli, ante la temible tiranía de la mayoría. ¿Cómo lo hace?
Mediante el principio de supremacía constitucional se establecen un conjunto de restricciones institucionales (ej. la división de poderes) tendientes a mantener las reglas básicas y los límites razonables para todos en el ejercicio del poder, el cual, en democracia no se ejerce indefinidamente. Otro principio, el de rigidez constitucional, asegura que determinados valores básicos de justicia ampliamente compartidos (ej. derecho a la información) serán respetados en el futuro incluso si cambian las mayorías políticas.
Constitucionalizar la militarización de la seguridad pública al igual que la prisión preventiva para ciertos delitos, la ampliación del periodo del gobernador de Baja California, la consulta popular para juzgar a ex presidentes, la discriminación que supone suspender apoyos a investigadores de universidades privadas y a estudiantes becados en el extranjero, la obligación de los usuarios de telefonía móvil de entregar sus datos biométricos, entre otras reformas de la 4T, pueden ser o no de nuestro agrado. Sin embargo, todas ellas, se encuentran sujetas al control de constitucionalidad que realiza el Poder Judicial, instancia que las puede invalidar.
Lo que no es de recibo es el control del Consejo de la Judicatura al ampliar el periodo de su presidente mediante una reforma legal opuesta directamente al artículo 97 de la Constitución y, por tanto, violatoria de su supremacía y rigidez. En este caso no estamos ante un jugador que hace trampas y obtiene ventajas sobre el tablero de juego, no, se trata del secuestro del juego, tanto en sus reglas como en el control del tablero. En este escenario, la Suprema Corte está obligada a anular este asalto a la Constitución.
La responsabilidad política frente a la Constitución es distinta de la que se tiene frente a las urnas, es una falacia atender únicamente al juicio del pueblo. Edmund Burke lo dejó claro desde 1790: "La tiranía de una multitud es una tiranía multiplicada".
Transformar al país a costa de la democracia, mediante la captura de la justicia y saltando a la Constitución, ¡es de vándalos!
@jesusibarra0
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