Pablo Hiriart, El Financiero, 28 de octubre 2019.
Todavía no cumplen un año en el poder y ya el país entró en zona de descomposición económica, social y política.
No sirven para hacer crecer la economía, ni para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, ni para educar mejor a los sectores populares y así disminuir la desigualdad, ni tampoco sirven para unir a la sociedad.
Lo que sigue a la ineptitud y la soberbia es peor: polarización, que quiere decir confrontación.
El gobierno, consciente o inconscientemente, nos lleva a chocar entre mexicanos.
López Obrador sigue insultando a los “conservadores”, “fifís” y “racistas” de que las cosas no le salgan, y de todo culpa a gobiernos anteriores por la crisis en que él nos está metiendo.
De ninguna manera corrige. Culpa a otros y avanza hacia el pantano con México a cuestas.
Es peligroso lo que hace, pues también en política aplica la tercera ley de Newton: a cada acción corresponde una reacción, de igual intensidad y en sentido contrario.
López Obrador da muestras ostentosas de su desdén al Estado de derecho.
Culpa al Estado de derecho de sus tropiezos: en el caso concreto de Santa Lucía, habló de “sabotaje legal”. ¿Qué será eso?
Su enemistad con la ley traerá consecuencias en la población y en la economía: menos inversión y nulo crecimiento.
Ante la ausencia de estrategia que proteja a ciudadanos y su patrimonio, habrá réplicas. Ya lo vemos en Michoacán, donde los aguacateros toman las armas para defender sus cargamentos (reportaje de AP).
El Presidente se pone del lado de los sicarios del narcotráfico cuando se entera de un operativo contra ellos. Lo que hace no es indiferente en Estados Unidos ni es inocuo para el tejido social mexicano.
Permite que bandas de maleantes humillen al Ejército, que es el último bastión de la seguridad en el país. Cuidado, sus integrantes tienen sentido del honor. No pocos comenzarán a hartarse de que los culpen de operativos fallidos.
Sostiene en el cargo a los responsables del fracaso en Culiacán: los mismos que nos regalan el año con más delitos en un siglo. ¿Qué hacemos ante la ineptitud en ese terreno? ¿Nos cuidamos los civiles al margen de las autoridades?
Los enemigos que López Obrador construye para justificar su falta de resultados y alentar a los suyos, pueden llegar a ser sus adversarios de verdad y tienen recursos y agravios que cobrarse con el gobierno que los hostiliza.
A los normalistas los deja que tomen las vías del ferrocarril que une al puerto de Lázaro Cárdenas con Morelia, donde se cargan productos de exportación del industrioso centro del país. Millones y millones de pérdidas. ¿Se van a quedar eternamente de brazos cruzados los perjudicados?
Grupos de inconformes ven fácil cerrar los principales accesos a la Ciudad de México y en 22 ciudades del país, como hicieron el jueves. A unos encapuchados se les ocurrió bloquear Insurgentes en solidaridad con Chile y Ecuador. No pasa nada con ellos. Vendrán otros con apetitos más grandes e intenciones más perversas.
Se ordena cárcel a la enemiga personal del Presidente, Rosario Robles, antes de que empiece el juicio contra ella, valiéndose de un juez amigo y de una licencia de conducir. A nadie escapan arbitrariedades de ese tipo, pues cualquiera puede ser víctima de autoridades venales.
A los delincuentes apresados en el Centro Histórico, en cambio, ese mismo juez los suelta.
Justicia parcial, manipulada e ideológicamente selectiva, a la vista de todos.
Para los aborrecidos del Presidente no hay presunción de inocencia, y a sus colaboradores se les exonera antes de iniciar una investigación. Ojo con esa inequidad: los aborrecidos son muchos, perciben el peligro y no están mancos.
El desprecio por el Estado de derecho que exhibe López Obrador para favorecer delincuentes y castigar a sus adversarios no pasa desapercibido ni transcurre sin dejar huella.
Vemos en redes sociales un odio en ambos sentidos que se va a trasladar al resto de la sociedad. Puede llegar a las calles.
Nada nuevo en América Latina: el populismo polariza políticamente, divide a la sociedad, destruye el Estado de derecho y hace pedazos la economía de los países.
En ese túnel entra México y se dirige hacia indeseables escenarios de colisión.
Tenemos en puerta una debacle económica. El Presidente no tiene a quién echarle la culpa porque todo ha sido responsabilidad suya.
Pero calienta el terreno para señalar a los “conservadores”, “empresarios con ligas partidistas”, a la prensa que exhibe sus errores y a “fifís” en general, en lugar de corregir con rapidez lo que ha hecho mal.
Su obsesión por dividir a la población y actuar en consecuencia, nos lleva al choque y a la división irreconciliable entre mexicanos.
lunes, 28 de octubre de 2019
Deslumbramientos
Jesús Silva-Herzog Márquez
en MURAL
28 Oct. 2019
La prensa cotidiana no se presta para el deslumbramiento. Hasta nuestra estridencia resulta ritual y predecible. Pero hay momentos en que aparece el destello de una opinión que rompe los moldes. Un juicio deslumbrante y atrevido que deshace todos nuestros juicios.
Pensábamos que el operativo de Culiacán había sido un fracaso. Lo pensábamos un fracaso franco porque, más allá de simpatías, no se consiguió lo que se intentaba. Partidarios del gobierno y hasta sus representantes aceptaban el revés. Nada de eso, responde John Ackerman en un deslumbrante texto publicado en La Jornada hace una semana ("Lecciones de Culiacán", 21-10-19). No debemos dejarnos confundir por la perversidad de los conservadores y la timidez de los nuestros. El operativo fue un gran éxito. Fue un victorioso despliegue de determinación del que debemos sentirnos orgullosos. Un gobierno honesto y nacionalista se impuso a través del ejemplar poder de la capitulación.
El artículo muestra el polo de la razón militante. El autor detecta una victoria que nadie había tenido capacidad de apreciar. Con vehemencia se despoja de cualquier rastro de razón o de decencia intelectual para rendir homenaje al gobierno. Convicción a prueba de lógica. En realidad, nos dice Ackerman, en Culiacán los delincuentes mostraron su debilidad. Abramos los ojos: si los criminales fueron capaces de sitiar una ciudad e imponer sus condiciones al gobierno es porque son en extremo frágiles y porque López Obrador manda en todo el país con su majestuosa autoridad moral. Si los criminales impidieron la captura de su jefe, si abrieron una cárcel para liberar a los suyos es porque están de rodillas ante el líder de la nueva patria. Al doblar al gobierno, los delincuentes exhibieron su propia debilidad. Mejor no interpretar. Las palabras del fogoso articulista encandilan: "El levantamiento armado en Culiacán en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán no fue una muestra de fuerza, sino de enorme debilidad de parte de los narcotraficantes frente a un gobierno cada vez más honesto y legitimado". Ah.
No recuerdo osadía comparable. Recuerdo los homenajes de algún líder sindical a las andanzas triunfales de algún Señorpresidente en la época dorada del priismo. La oratoria oficial y el periodismo estaban repletos de esos agasajos. Quien relea los recortes de Monsiváis en su columna Por mi madre, bohemios, se divertirá con la perfumada cortesanía del priismo. Pero tiendo a pensar que aún en aquella servidumbre había criterio para el silencio. Se reconocía que había basuras que simplemente no podían trasmutarse en joyas. La habilidad del entusiasta de entonces consistía en cambiar de tema. Mirar a otro lado para que el fiasco presidencial se olvidara pronto. Ninguna cobardía similar se encuentra en la gallarda prosa de John Ackerman. Él no se va de paseo: toma el fracaso por los cuernos y lo convierte en uno más de los gloriosos momentos de esta Presidencia gloriosa. Es el valor de quien no se acobarda con decencias.
Puedo entender el argumento del mal menor para evaluar la decisión gubernamental. Es un criterio razonable que puede invocar una seductora tradición filosófica. Pero lo de Ackerman es otra cosa, más profunda y muchísimo más atrevida. No es la ponderación de efectos de un acto político sino un alegato por la inocencia radical. No el mal menor: el imposible mal. Para la teología oficial, el mal jamás podrá brotar de La Bondad. De un liderazgo histórico solo pueden brotar maravillas. Cuando López Obrador tropieza es el suelo el que pierde piso. La Autoridad Moral puede ser incomprendida. Infectados por la sospecha, los infieles la creen falible. Es entonces que aparecen los hombres de fe, los vehementes, esos adalides del entusiasmo hermético quienes nos rescatan de la miserable tentación de pensar.
Los servicios de la alabanza no pierden tiempo en argumentos. El artículo de Ackerman puede ser una de las cimas de nuestro columnismo militante, una cumbre sublime de la idolatría. No es irrelevante: impone tono en la corte de aduladores que tanto le gusta escuchar al Presidente. Desde luego, el artículo de Ackerman es un acto de congruencia de quien encuentra inspiración en las conferencias matutinas y confiesa que las escucha con el éxtasis de un devoto en misa. Me conmueve imaginar el poema que este don Juan de la nueva corte compondría a los deliciosos aromas de las presidenciales heces.
jueves, 24 de octubre de 2019
Incompetencia autoritaria
Macario Schettino, 24 Oct.2019
Ignoro si López Obrador logrará consolidar su poder, dada su incapacidad y la de quienes lo rodean. Ignoro si las Fuerzas Armadas decidirán subordinarse a él, o continuarán siendo institucionales, como ha sido por cien años.
Creo que ya es muy claro el intento de construir un régimen autoritario en México. No es sólo que los críticos lo señalemos, sino también que los seguidores lo reconocen y lo festejan.
Aprovechando huecos legales, lograron ampliar la representación que dio el pueblo en las elecciones, de 44% a 62%, que después incrementaron con alianzas y subordinaciones, hasta tener más de dos tercios de la Cámara de Diputados.
Con base en ese control casi absoluto, han despojado a estados y municipios de recursos, especialmente rumbo a 2020. Por si fuese poco, se impidió a alcaldes el ingreso a Palacio Nacional, incluso con gas pimienta, cuando intentaron quejarse con el dueño de los diputados.
Se han promulgado leyes que fortalecen al gobierno y debilitan al ciudadano: extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, leyes fiscales. Por si fuese poco, con la complicidad de algunos senadores de oposición, se ha aprobado la revocación de mandato, que rompe por completo la estructura del régimen presidencial.
Se logró la renuncia de Medina Mora como ministro de la Corte (quien muy probablemente jamás debió llegar ahí). Se ha logrado la devoción absoluta del presidente de la misma.
En cuanto a los órganos autónomos, en particular de energía, se expulsó a varios comisionados, que fueron sustituidos por personas leales, aunque sin capacidad evidente.
En materia de administración pública, se contrajo el ingreso real de los funcionarios, para que también sólo leales aceptaran quedarse. Para enfatizar, se ha prohibido que un funcionario pueda conseguir un empleo, por diez años, en un área afín a la que trabajó en el gobierno.
A nivel internacional, el apoyo-complicidad de México con Cuba, Venezuela y Bolivia sólo es comparable a la subordinación mostrada frente a Trump.
Una pregunta recurrente que me han hecho es si México será Venezuela. Hay razones para responder que no: una economía más compleja, la vecindad con Estados Unidos. Pero todos los párrafos previos gritan que la respuesta es que sí. Hace algún tiempo esta columna decía que dos elementos con que contó Chávez (y antes que él, Fidel en Cuba) fue la ausencia de oposición, incapaz de organizarse, y el control absoluto de las Fuerzas Armadas. No sé cómo evalúe usted estos dos elementos en este momento.
Hay, sin embargo, otros dos factores que debemos considerar. El primero es la edad de López Obrador. Fidel se hizo del poder a los 33 años (tal vez un poco más, ya ve que todo en él es mítico), Chávez a los 45. AMLO cumple 66 pronto. El segundo es la profunda incompetencia que ha mostrado el Presidente, que si bien es comparable con los otros dos sabihondos, en una economía como la nuestra es mucho más evidente y peligrosa.
Ignoro si López Obrador logrará consolidar su poder, dada su incapacidad y la de quienes lo rodean. Ignoro si las Fuerzas Armadas decidirán subordinarse a él, o continuarán siendo institucionales, como ha sido por cien años. Ignoro si la oposición seguirá haciendo cuentas de corto plazo. Ignoro cómo entramos en la estrategia de Estados Unidos, que además tampoco parece tener mucha dirección últimamente.
Hay tantas cosas que ignoramos.
Ignoro si López Obrador logrará consolidar su poder, dada su incapacidad y la de quienes lo rodean. Ignoro si las Fuerzas Armadas decidirán subordinarse a él, o continuarán siendo institucionales, como ha sido por cien años.
Creo que ya es muy claro el intento de construir un régimen autoritario en México. No es sólo que los críticos lo señalemos, sino también que los seguidores lo reconocen y lo festejan.
Aprovechando huecos legales, lograron ampliar la representación que dio el pueblo en las elecciones, de 44% a 62%, que después incrementaron con alianzas y subordinaciones, hasta tener más de dos tercios de la Cámara de Diputados.
Con base en ese control casi absoluto, han despojado a estados y municipios de recursos, especialmente rumbo a 2020. Por si fuese poco, se impidió a alcaldes el ingreso a Palacio Nacional, incluso con gas pimienta, cuando intentaron quejarse con el dueño de los diputados.
Se han promulgado leyes que fortalecen al gobierno y debilitan al ciudadano: extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, leyes fiscales. Por si fuese poco, con la complicidad de algunos senadores de oposición, se ha aprobado la revocación de mandato, que rompe por completo la estructura del régimen presidencial.
Se logró la renuncia de Medina Mora como ministro de la Corte (quien muy probablemente jamás debió llegar ahí). Se ha logrado la devoción absoluta del presidente de la misma.
En cuanto a los órganos autónomos, en particular de energía, se expulsó a varios comisionados, que fueron sustituidos por personas leales, aunque sin capacidad evidente.
En materia de administración pública, se contrajo el ingreso real de los funcionarios, para que también sólo leales aceptaran quedarse. Para enfatizar, se ha prohibido que un funcionario pueda conseguir un empleo, por diez años, en un área afín a la que trabajó en el gobierno.
A nivel internacional, el apoyo-complicidad de México con Cuba, Venezuela y Bolivia sólo es comparable a la subordinación mostrada frente a Trump.
Una pregunta recurrente que me han hecho es si México será Venezuela. Hay razones para responder que no: una economía más compleja, la vecindad con Estados Unidos. Pero todos los párrafos previos gritan que la respuesta es que sí. Hace algún tiempo esta columna decía que dos elementos con que contó Chávez (y antes que él, Fidel en Cuba) fue la ausencia de oposición, incapaz de organizarse, y el control absoluto de las Fuerzas Armadas. No sé cómo evalúe usted estos dos elementos en este momento.
Hay, sin embargo, otros dos factores que debemos considerar. El primero es la edad de López Obrador. Fidel se hizo del poder a los 33 años (tal vez un poco más, ya ve que todo en él es mítico), Chávez a los 45. AMLO cumple 66 pronto. El segundo es la profunda incompetencia que ha mostrado el Presidente, que si bien es comparable con los otros dos sabihondos, en una economía como la nuestra es mucho más evidente y peligrosa.
Ignoro si López Obrador logrará consolidar su poder, dada su incapacidad y la de quienes lo rodean. Ignoro si las Fuerzas Armadas decidirán subordinarse a él, o continuarán siendo institucionales, como ha sido por cien años. Ignoro si la oposición seguirá haciendo cuentas de corto plazo. Ignoro cómo entramos en la estrategia de Estados Unidos, que además tampoco parece tener mucha dirección últimamente.
Hay tantas cosas que ignoramos.
La ineptitud mata
Jorge Suárez-Vélez
en MURAL
24 Oct. 2019
A la memoria del Dr. Carlos de la Isla.
El 17 de octubre sí será un punto de inflexión, pero no el que Alfonso Durazo esperaba. Ese día comprobamos que la ineptitud mata. Un Presidente que dijo que resolvería el problema de inseguridad, madrugando para reunirse diario con su gabinete de Seguridad, dice que ni enterado estaba de que el jueves se realizaría el operativo más importante de su sexenio para arrestar al hijo del narco más poderoso en años. Si esto no se discutió en su junta diaria, ¿fue el beisbol el tema?
En pleno operativo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas tomó un vuelo a Oaxaca para un viaje irrelevante, sabiendo que estaría aislado más de una hora. Su irresponsabilidad no conoce límites. Si lo hizo para distanciarse, es además cobarde. Si él no dio la orden, ¿quién la dio? Si fue Durazo, urge su renuncia. Si fue el general Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional o el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, es gravísimo que no informaran a su jefe.
López Obrador nos presenta un falso dilema. Tenía que elegir entre provocar una masacre o liberar al narco que aprehendieron. Eso es falso y absurdo. La alternativa era planear con profesionalismo un operativo quirúrgico para extraer rápidamente al detenido, sin dar tiempo a que sus sicarios reaccionaran. Fueron por un narco, y en vez de eso liberaron a 55. El probable intento de darle una primera victoria a la Guardia Nacional resultó, por decir lo menos, un fracaso histórico y una vergüenza internacional.
La "humanista" decisión del Presidente costará más vidas. Vendrán ajustes de cuentas. Los narcos pueden ser persuasivos buscando a los soplones que colaboraron con las autoridades. Éstos serán seguramente torturados y asesinados, así como quizá sus familias. Por otra parte, se ha sentado un precedente terrible: el Estado claudicará si se siente acorralado. Los dos cárteles más violentos, Zetas y Jalisco Nueva Generación, buscarán mostrar su músculo, y aprovecharán la certeza de que, después del fracaso, las fuerzas de seguridad del Estado reaccionarán con inmovilidad, al menos temporalmente.
Como dijo un colega en estas páginas, decidir cómo reaccionar ante el embate de organizaciones criminales no pasa por la hombría. Debe haber un propósito claro, una estrategia inteligente para lograrlo, y planes alternativos en caso de que las circunstancias cambien. Pero, sobre todo, debe quedarle claro a quien reta al Estado que hay líneas que no deben cruzar porque la reacción será demoledora contra quien lo haga. Eso incluye masacres de civiles, asesinato de policías, etc. En vez de eso, el jueves quedó claro que es barato desafiar a este gobierno.
Ya harta la "estrategia" de comunicación basada en mentir sin pudor y en "conferencias de prensa" llenas de paleros. Si la ineptitud de Durazo no basta para que renuncie, deben correrlo por mentiroso.
Como dice Alejandro Hope, alarma el desaprendizaje que ha ocurrido en este gobierno. En la última década, el Estado mexicano recorrió una larga curva de aprendizaje realizando múltiples operativos, cada vez más exitosos, para capturar blancos estratégicos en situaciones complejas. Habíamos aprendido a hacer que la inteligencia se volviera operativa, y entendíamos la importancia de judicializar detenciones desde el primer momento, incorporando al Ministerio Público en el proceso. En vez de eso, se decidió marginar a los marinos, la fuerza de élite, y se planeó sobre las rodillas.
Me indigna la falta de respeto al Ejército. En tomas del enfrentamiento, vi un soldado que disparaba a los narcos mientras se deslizaba en un barandal, exponiéndose heroicamente. No concibo que un joven con una remuneración mínima, y cuyo esfuerzo nadie reconoce, muestre tal arrojo. El Presidente parece tener mucha más simpatía por victimarios que por víctimas. Ni siquiera va al funeral de los caídos en batalla. El hecho de que las familias de los militares fueran puestas en riesgo es imperdonable.
La pérdida de vidas exige, cuando menos, una investigación seria y un deslinde de responsabilidades claro.
@jorgesuarezv
Mal mayor
Ricardo Elias
en MURAL
24 Oct. 2019
"No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", dijo el presidente López Obrador para defender la decisión de liberar al hijo de El Chapo Guzmán, luego de la andanada de críticas que recibió por el mal planeado y fallido operativo montado para su captura.
"Estaban en riesgo muchos seres humanos", subrayó.
Con este argumento se intenta convencer a los mexicanos, y en particular a los culiacanenses, de que nuestro Presidente no es un inepto, sino un humanista, una versión mexicana de Gandhi (Mahatma López) que ante las amenazas y ataques criminales optará siempre por la no violencia, mostrando así la grandeza de su alma.
Estoy de acuerdo en que cuando la vida de personas -sobre todo si son inocentes- está en riesgo, hay que hacer todo lo necesario para protegerlas, inclusive el ridículo, pero cuando ese riesgo se debe a ineptitudes, improvisaciones y malos cálculos, como fue el caso, las responsabilidades y culpas adquieren otra dimensión.
El propio secretario de la Defensa dijo que las fuerzas de seguridad del gobierno actuaron de manera precipitada, sin planeación y desestimando el poder de fuerza y convocatoria del grupo criminal.
Es inconcebible e inaceptable que el gabinete de seguridad, la Secretaría de Gobernación (que parece ajena a este asunto), y el Presidente se hayan puesto ellos mismos en la insalvable situación de tener frente a sí solo dos malas opciones: malo si lo capturan y malo si lo liberan.
La poca capacidad de análisis, aunada a la falta de experiencia y talento para poner sobre la mesa diferentes alternativas de solución a los problemas, es lo que normalmente pone a las personas contra la pared y las obliga a optar por un mal menor inmediato y que las más de las veces termina siendo un mal mayor, como en mi opinión fue el haber cedido a las presiones del Cártel de Sinaloa y liberar al detenido.
El mal mayor y duradero de la decisión tomada en Culiacán, y de la ridícula política de "abrazos, no balazos", no fueron los 8 muertos, 16 heridos, o la fuga de 55 reos de la prisión de Aguaruto... sino el que los criminales le hayan "tomado la medida" al Presidente.
Ahora todos los delincuentes del país saben que para liberar compinches u obtener lo que les venga en gana lo único que tienen que hacer es amenazar o secuestrar a la población civil. Esto es exactamente lo que hacen los terroristas, secuestradores y extorsionadores.
Por ello la política internacional generalmente aceptada de jamás negociar con terroristas (limitada exclusivamente a no pagar los rescates solicitados cuando hay rehenes de por medio, sin quitar de la mesa otras formas de negociación), la cual tiene como objetivo eliminar los incentivos de tomar rehenes.
Cuando un gobierno aplica esta política "sin excepciones", los terroristas y criminales pueden anticipar que no recibirán ninguna recompensa a cambio de liberar rehenes. Pagar las recompensas solicitadas sin ninguna resistencia es el mejor incentivo para que las extorsiones se repitan.
El mal menor es un principio ético que justifica la elección de un mal con tal de evitar otro mal mayor, pero la condición del principio es la de un dilema estrictamente binario, es decir, que no considera la posibilidad de una tercera opción (tertium non datur) que obligue a evaluar si el mal de la tercera opción es mayor, menor o distinto al de las dos primeras y sus consecuencias.
En el caso de Culiacán, el gobierno federal no consideró el mal mayor que significa negociar con terroristas y someterse a la fuerza de un grupo criminal.
Y para rematar la incomprensión al mal mayor y al problema en que ahora nos metieron a todos los mexicanos, el Presidente dice que de haber actuado distinto a como se actuó en Culiacán, los mexicanos no tendríamos "tranquilidad espiritual".
Yo creo que de haber actuado de otra manera los ciudadanos no estaríamos en situación de indefensión, y el gobierno mexicano no estaría en situación de ridículo.
El miope mal menor que significó la decisión de Culiacán ocasionó una vergüenza y un mal mayor al país: le tomaron la medida al Presidente y se cedió el uso legítimo de la fuerza a los criminales.
"Es preferible sufrir una injusticia a cometerla".
Sócrates
ricardoelias1@gmail.com
ricardoelias.mx
lunes, 21 de octubre de 2019
“Ríndanse, ya los tenemos cercados”
DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS
21.10.2019
honor y gloria para nuestras Fuerzas Armadas!; para su comandante supremo, no.
Mientras la economía cae peligrosamente y gente horrorizada tiene que pasar sobre cadáveres y ríos de sangre, él sigue diciendo: “el pueblo está feliz, feliz, feliz, vamos requetebién, aunque nos critiquen los conservadores”.
Desafiante, de poco juicio, dicharachero, moralista y pendenciero dice y se desdice, absuelve a su grey y persigue infieles, implora a mamacitas de asesinos y afirma que nadie está por encima de la ley, pero arrodillado libera un capo para salvar vidas inocentes.
No hay responsables. Los civiles y agentes asesinados, los heridos y sus familias no cuentan. ¿Humillación ante el mundo?, “ninguna”. Cuando los narcos se llevan armas y unidades blindadas de la Guardia Nacional, millones de jóvenes saben dónde está su futuro.
¡Esa es la mayor tragedia de este fracaso! Insisto: ¿no hay psiquiatras en México? ¿Sus colaboradores son conscientes de su responsabilidad histórica? Logró legitimidad de origen con 30 millones de votos, pero perdió la legitimidad en el ejercicio de gobierno por sus constantes transgresiones a la Constitución y las leyes, y por sus diarias mentiras desde Palacio y por donde va, con injurias contra instituciones que no se pliegan a sus arbitrariedades, y disidentes que no nos humillamos ante su soberbia y poderío.
La rebeldía tiene un costo, pero vale la pena pagarlo, porque sin dignidad no hay vida verdaderamente humana, y sin auténticos ciudadanos no hay Patria.
¿Primero los pobres?, ¿combate a la corrupción?, ¿nadie por encima de la ley? ¡Son meros graznidos!
Sí: 1) Dilapidar recursos públicos, cerrar guarderías de pobres, abandonar a mujeres maltratadas, aumentar dolor y muerte en hospitales de gobierno, entregar la educación pública a un grupo violento, y muchas fechorías más, NO ES PRIORIZAR A LOS POBRES.
2) El altísimo porcentaje de obras y servicios sin las licitaciones de ley, simular consultas públicas para justificar costosos caprichos, usar la fuerza del Estado para perseguir adversarios —inocentes o culpables— con procedimientos obscenos, y proteger a secuaces no es combatir la corrupción sino MONOPOLIZARLA EN SU PERSONA.
3) Crear una clientela de 15 o 20 millones de menesterosos a base de dádivas presidenciales, someter a contribuyentes con una ley que sin previo juicio los encarcele y despoje, apresar opositores para evitar el debate sobre la economía y la violencia le mantendrán un tiempo su “popularidad”, pero será catastrófico para él y el país. Hace días dijo: “ríndanse, los tenemos cercados”.
No se refería a los asesinos sino a quienes detestamos su proceder.
No se equivoque, Presidente, aunque su encargada de MORENA nos negó el “derecho de opinar”, existimos mexicanos que usted podrá atropellar, pero rendirnos jamás.
21.10.2019
honor y gloria para nuestras Fuerzas Armadas!; para su comandante supremo, no.
Mientras la economía cae peligrosamente y gente horrorizada tiene que pasar sobre cadáveres y ríos de sangre, él sigue diciendo: “el pueblo está feliz, feliz, feliz, vamos requetebién, aunque nos critiquen los conservadores”.
Desafiante, de poco juicio, dicharachero, moralista y pendenciero dice y se desdice, absuelve a su grey y persigue infieles, implora a mamacitas de asesinos y afirma que nadie está por encima de la ley, pero arrodillado libera un capo para salvar vidas inocentes.
No hay responsables. Los civiles y agentes asesinados, los heridos y sus familias no cuentan. ¿Humillación ante el mundo?, “ninguna”. Cuando los narcos se llevan armas y unidades blindadas de la Guardia Nacional, millones de jóvenes saben dónde está su futuro.
¡Esa es la mayor tragedia de este fracaso! Insisto: ¿no hay psiquiatras en México? ¿Sus colaboradores son conscientes de su responsabilidad histórica? Logró legitimidad de origen con 30 millones de votos, pero perdió la legitimidad en el ejercicio de gobierno por sus constantes transgresiones a la Constitución y las leyes, y por sus diarias mentiras desde Palacio y por donde va, con injurias contra instituciones que no se pliegan a sus arbitrariedades, y disidentes que no nos humillamos ante su soberbia y poderío.
La rebeldía tiene un costo, pero vale la pena pagarlo, porque sin dignidad no hay vida verdaderamente humana, y sin auténticos ciudadanos no hay Patria.
¿Primero los pobres?, ¿combate a la corrupción?, ¿nadie por encima de la ley? ¡Son meros graznidos!
Sí: 1) Dilapidar recursos públicos, cerrar guarderías de pobres, abandonar a mujeres maltratadas, aumentar dolor y muerte en hospitales de gobierno, entregar la educación pública a un grupo violento, y muchas fechorías más, NO ES PRIORIZAR A LOS POBRES.
2) El altísimo porcentaje de obras y servicios sin las licitaciones de ley, simular consultas públicas para justificar costosos caprichos, usar la fuerza del Estado para perseguir adversarios —inocentes o culpables— con procedimientos obscenos, y proteger a secuaces no es combatir la corrupción sino MONOPOLIZARLA EN SU PERSONA.
3) Crear una clientela de 15 o 20 millones de menesterosos a base de dádivas presidenciales, someter a contribuyentes con una ley que sin previo juicio los encarcele y despoje, apresar opositores para evitar el debate sobre la economía y la violencia le mantendrán un tiempo su “popularidad”, pero será catastrófico para él y el país. Hace días dijo: “ríndanse, los tenemos cercados”.
No se refería a los asesinos sino a quienes detestamos su proceder.
No se equivoque, Presidente, aunque su encargada de MORENA nos negó el “derecho de opinar”, existimos mexicanos que usted podrá atropellar, pero rendirnos jamás.
Humillación a López Obrador
21 de octubre de 2019
Raymundo Riva Palacio
La operación para capturar a Ovidio Guzmán López el jueves pasado en Culiacán, fracasó antes de empezar. No nos entrampemos en la discusión moral sobre si fue correcta o no la decisión presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su liberación para salvar vidas –de eso hablaremos mañana-, porque oculta la magnitud y profundidad de la acción de un gobierno que llevaron a esa disyuntiva, y perfila lo ominoso del futuro. Como dice una experta en temas de seguridad, “las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación”. El jueves 17 de octubre definirá en muchos sentidos al gobierno de López Obrador.
Investigar a los mandos que ejecutaron la operación en campo, como anunció el gobierno el fin de semana, es un acto de cinismo que elude a la autocrítica y busca salvar la cabeza de los verdaderos responsables del desastre, que fue el gabinete de seguridad y, al avalar sus recomendaciones, del presidente mismo. La operación para capturar a Guzmán López se hizo por petición del gobierno de Estados Unidos para efectos de extradición. Por eso fue encabezada por agentes de la Fiscalía General apoyados por la DEA –primer anomalía, sobre la actuación en campo de agentes extranjeros-, con el respaldo táctico de la Guardia Nacional y el Ejército.
¿Qué falló?
1.- Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones, que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, cometió el gabinete de seguridad errores que no se dieron en el pasado al planear la captura de un objetivo de alto impacto:
a) No incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaban en la operación.
b) Intervención hormiga. En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación, llegaban a la plaza clandestinamente, uno por uno, o en grupos menores de tres, en vehículos privados para evitar ser detectados. No partían de las instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia.
c) Inteligencia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del Cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria, que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió, involuntaria o deliberadamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación.
2.- Ese tipo de operaciones se planea bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere:
d) Elemento de sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende y los halcones dieron cuenta perfecta de él.
e) Control de las comunicaciones. Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del Cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal.
f) Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento; imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los Blackhawks, que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el gabinete de seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello.
g) No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del incompetente plan. ¿A alguien en ese gabinete se le ocurrió que tendrían que sacar a su objetivo de manera rápida y segura de Culiacán?
La captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. En un video de la Secretaría de la Defensa que comenzó a circular el viernes, dejó claro que los soldados cumplieron con la misión de capturarlo. Lo que sucedió después, sugieren claramente, no fue responsabilidad de los militares. Guzmán López fue llevado a las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, donde los cercaron. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Es decir, hicieron lo que la operación debió de haber considerado y no hicieron. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito.
El Cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente. El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis y el responsable de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, volvió a mostrar su incompetencia al no ordenar el mensaje. Atascado en propaganda y difamaciones, no supo cómo contrarrestar la desinformación criminal. En cambio, el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, padre del detenido, fue quien orientó desde el jueves la información y ofreció una conferencia de prensa el viernes para agradecer al presidente su “humanitarismo”. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió impedir la conferencia, pero nunca supieron cómo.
Militar, política y mediáticamente, el Cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al gobierno federal. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición. El presidente López Obrador justificó que dejarlo en libertad evitó un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendrá su decisión.
Raymundo Riva Palacio
La operación para capturar a Ovidio Guzmán López el jueves pasado en Culiacán, fracasó antes de empezar. No nos entrampemos en la discusión moral sobre si fue correcta o no la decisión presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su liberación para salvar vidas –de eso hablaremos mañana-, porque oculta la magnitud y profundidad de la acción de un gobierno que llevaron a esa disyuntiva, y perfila lo ominoso del futuro. Como dice una experta en temas de seguridad, “las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación”. El jueves 17 de octubre definirá en muchos sentidos al gobierno de López Obrador.
Investigar a los mandos que ejecutaron la operación en campo, como anunció el gobierno el fin de semana, es un acto de cinismo que elude a la autocrítica y busca salvar la cabeza de los verdaderos responsables del desastre, que fue el gabinete de seguridad y, al avalar sus recomendaciones, del presidente mismo. La operación para capturar a Guzmán López se hizo por petición del gobierno de Estados Unidos para efectos de extradición. Por eso fue encabezada por agentes de la Fiscalía General apoyados por la DEA –primer anomalía, sobre la actuación en campo de agentes extranjeros-, con el respaldo táctico de la Guardia Nacional y el Ejército.
¿Qué falló?
1.- Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones, que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, cometió el gabinete de seguridad errores que no se dieron en el pasado al planear la captura de un objetivo de alto impacto:
a) No incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaban en la operación.
b) Intervención hormiga. En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación, llegaban a la plaza clandestinamente, uno por uno, o en grupos menores de tres, en vehículos privados para evitar ser detectados. No partían de las instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia.
c) Inteligencia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del Cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria, que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió, involuntaria o deliberadamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación.
2.- Ese tipo de operaciones se planea bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere:
d) Elemento de sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende y los halcones dieron cuenta perfecta de él.
e) Control de las comunicaciones. Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del Cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal.
f) Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento; imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los Blackhawks, que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el gabinete de seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello.
g) No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del incompetente plan. ¿A alguien en ese gabinete se le ocurrió que tendrían que sacar a su objetivo de manera rápida y segura de Culiacán?
La captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. En un video de la Secretaría de la Defensa que comenzó a circular el viernes, dejó claro que los soldados cumplieron con la misión de capturarlo. Lo que sucedió después, sugieren claramente, no fue responsabilidad de los militares. Guzmán López fue llevado a las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, donde los cercaron. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Es decir, hicieron lo que la operación debió de haber considerado y no hicieron. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito.
El Cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente. El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis y el responsable de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, volvió a mostrar su incompetencia al no ordenar el mensaje. Atascado en propaganda y difamaciones, no supo cómo contrarrestar la desinformación criminal. En cambio, el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, padre del detenido, fue quien orientó desde el jueves la información y ofreció una conferencia de prensa el viernes para agradecer al presidente su “humanitarismo”. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió impedir la conferencia, pero nunca supieron cómo.
Militar, política y mediáticamente, el Cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al gobierno federal. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición. El presidente López Obrador justificó que dejarlo en libertad evitó un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendrá su decisión.
El intento de AMLO de convertir una derrota en victoria
¿Quién es el que realmente manda en México? Estados Unidos truena los dedos, exige que nuestro país le haga el trabajo sucio y el gobierno cumple sin chistar.
21 de Octubre de 2019
Hay que reconocer el talento natural que tiene López Obrador al intentar convertir una derrota en victoria.
Me refiero a lo sucedido el jueves en Culiacán, donde la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y luego lo liberaron por la violenta reacción del Cártel de Sinaloa. A todas luces se trató de un fracaso.
Primero, porque el gobierno de México, presionado por el de Estados Unidos, cambió su estrategia para resolver la inseguridad en el país. De acuerdo con el Presidente, el 30 de enero pasado: “No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos”.
Sin embargo, el jueves, el gobierno implementó un operativo en Culiacán para arrestar a Ovidio Guzmán López, quien tenía una orden de aprehensión con fines de extradición, es decir, el gobierno de Trump lo quería enjuiciar en ese país.
Una vez más, como en el caso de los migrantes centroamericanos, Andrés Manuel reculó de su propuesta original para complacer a Donald.
¿Quién es el que realmente manda en México? Estados Unidos truena los dedos, exige que nuestro país le haga el trabajo sucio y el gobierno cumple sin chistar. ¿No estamos frente a otro caso donde queda en entredicho la soberanía nacional?, ¿no es un fracaso cuando un gobierno promete no arrestar capos y, por presión del vecino del norte, se echa para atrás?
Yo creo que sí. Como creo que el operativo que diseñaron e implementaron nuestras fuerzas del orden fue un rotundo fracaso. Se fueron a meter a la boca del lobo sin pensar cómo reaccionaría el animal salvaje cuando se sintiera amenazado.
Su furia fue impresionante. Sacaron a un ejército organizado que rápidamente superó al del Estado. Presumieron armas de alto calibre, sellaron la ciudad y secuestraron a militares y sus familias exigiendo que liberaran a Ovidio. Culiacán se tornó en una ciudad sitiada por el Cártel de Sinaloa. ¿Acaso nadie en el gobierno previó una reacción así? ¿Cómo es posible que se aventaran como el Borras a detener a uno de los hijos de El Chapo Guzmán en su territorio? ¿Es tan deficiente la inteligencia del gobierno federal y las Fuerzas Armadas?
Seamos claros: en el enfrentamiento entre los narcotraficantes y las fuerzas del Estado ganaron los primeros. Eso, aquí y en China, se debe considerar como un fracaso. Tan sólo imaginemos el contra-factual, es decir, que el gobierno hubiera arrestado a Ovidio Guzmán sin consecuencias algunas para la población culiacanense. ¿No estaría AMLO y su gabinete de seguridad cacareando el huevo como un gran logro?
Desde luego que sí. Pero, frente al fracaso, vino el spin comunicativo del Presidente. Después de la liberación de Ovidio Guzmán, declaró: “no se puede apagar el fuego con el fuego […] se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”. Durante todo el fin de semana, AMLO siguió justificando la decisión de retirarse y liberar al hijo del El Chapo. La calificó como difícil, pero muy humana. Se pronunció a favor del amor al prójimo y de la resolución de la inseguridad por medio del diálogo, el acuerdo y la justicia social.
De esta forma, el Presidente intentó transformar la derrota en Culiacán en una victoria. El triunfo del humanismo frente a la beligerancia. ¿Quién, en sus cinco sentidos, puede argumentar en contra de lo que dice el Presidente con el riesgo implícito de que lo tilden de cavernario violento y autoritario?
Yo también, como el Presidente, creo que no vale más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Pero también creo que el gobierno debe tener el poder de arrestar a criminales que atentan en contra de la sociedad. Y, para ello, debe contar con una fuerza pública eficaz y respetuosa de los derechos humanos. Lo que vimos el jueves es que el gobierno de AMLO no la tiene. Lo hacen tan mal que tienen que soltarlos. Queda, entonces, la sensación de que la criminalidad es más poderosa que el Estado. La ciudadanía se siente desamparada: ya ni las Fuerzas Armadas pueden con la delincuencia.
¿Qué sigue? Esperar a que llegue la justicia social para que el país se pacifique. Mientras tanto, habrá que enviarles a los delincuentes libros con el pensamiento de Jesús y Gandhi para que, en lugar de echar bala, abracen a los soldados cuando vayan a arrestar a uno de sus jefes.
Twitter: @leozuckermann
21 de Octubre de 2019
Hay que reconocer el talento natural que tiene López Obrador al intentar convertir una derrota en victoria.
Me refiero a lo sucedido el jueves en Culiacán, donde la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y luego lo liberaron por la violenta reacción del Cártel de Sinaloa. A todas luces se trató de un fracaso.
Primero, porque el gobierno de México, presionado por el de Estados Unidos, cambió su estrategia para resolver la inseguridad en el país. De acuerdo con el Presidente, el 30 de enero pasado: “No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos”.
Sin embargo, el jueves, el gobierno implementó un operativo en Culiacán para arrestar a Ovidio Guzmán López, quien tenía una orden de aprehensión con fines de extradición, es decir, el gobierno de Trump lo quería enjuiciar en ese país.
Una vez más, como en el caso de los migrantes centroamericanos, Andrés Manuel reculó de su propuesta original para complacer a Donald.
¿Quién es el que realmente manda en México? Estados Unidos truena los dedos, exige que nuestro país le haga el trabajo sucio y el gobierno cumple sin chistar. ¿No estamos frente a otro caso donde queda en entredicho la soberanía nacional?, ¿no es un fracaso cuando un gobierno promete no arrestar capos y, por presión del vecino del norte, se echa para atrás?
Yo creo que sí. Como creo que el operativo que diseñaron e implementaron nuestras fuerzas del orden fue un rotundo fracaso. Se fueron a meter a la boca del lobo sin pensar cómo reaccionaría el animal salvaje cuando se sintiera amenazado.
Su furia fue impresionante. Sacaron a un ejército organizado que rápidamente superó al del Estado. Presumieron armas de alto calibre, sellaron la ciudad y secuestraron a militares y sus familias exigiendo que liberaran a Ovidio. Culiacán se tornó en una ciudad sitiada por el Cártel de Sinaloa. ¿Acaso nadie en el gobierno previó una reacción así? ¿Cómo es posible que se aventaran como el Borras a detener a uno de los hijos de El Chapo Guzmán en su territorio? ¿Es tan deficiente la inteligencia del gobierno federal y las Fuerzas Armadas?
Seamos claros: en el enfrentamiento entre los narcotraficantes y las fuerzas del Estado ganaron los primeros. Eso, aquí y en China, se debe considerar como un fracaso. Tan sólo imaginemos el contra-factual, es decir, que el gobierno hubiera arrestado a Ovidio Guzmán sin consecuencias algunas para la población culiacanense. ¿No estaría AMLO y su gabinete de seguridad cacareando el huevo como un gran logro?
Desde luego que sí. Pero, frente al fracaso, vino el spin comunicativo del Presidente. Después de la liberación de Ovidio Guzmán, declaró: “no se puede apagar el fuego con el fuego […] se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”. Durante todo el fin de semana, AMLO siguió justificando la decisión de retirarse y liberar al hijo del El Chapo. La calificó como difícil, pero muy humana. Se pronunció a favor del amor al prójimo y de la resolución de la inseguridad por medio del diálogo, el acuerdo y la justicia social.
De esta forma, el Presidente intentó transformar la derrota en Culiacán en una victoria. El triunfo del humanismo frente a la beligerancia. ¿Quién, en sus cinco sentidos, puede argumentar en contra de lo que dice el Presidente con el riesgo implícito de que lo tilden de cavernario violento y autoritario?
Yo también, como el Presidente, creo que no vale más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Pero también creo que el gobierno debe tener el poder de arrestar a criminales que atentan en contra de la sociedad. Y, para ello, debe contar con una fuerza pública eficaz y respetuosa de los derechos humanos. Lo que vimos el jueves es que el gobierno de AMLO no la tiene. Lo hacen tan mal que tienen que soltarlos. Queda, entonces, la sensación de que la criminalidad es más poderosa que el Estado. La ciudadanía se siente desamparada: ya ni las Fuerzas Armadas pueden con la delincuencia.
¿Qué sigue? Esperar a que llegue la justicia social para que el país se pacifique. Mientras tanto, habrá que enviarles a los delincuentes libros con el pensamiento de Jesús y Gandhi para que, en lugar de echar bala, abracen a los soldados cuando vayan a arrestar a uno de sus jefes.
Twitter: @leozuckermann
viernes, 18 de octubre de 2019
Señor Presidente, ¿así o más claro?
17/10/2019, Raymundo Riva Palacio
El crimen organizado se está burlando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha convertido sus frases coloquiales y sus amenazas a criminales de acusarlos con sus mamás y abuelitas, en un búmeran que pone en entredicho su compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. Tendrá que aprender a no hablarles así a los criminales –porque la realidad lo empuja al ridículo–, y que tampoco se les extiende un salvoconducto de impunidad con la promesa de que no los combatirá, porque lo que sucedió en Coatzacoalcos y Minatitlán, en Aguililla y en Iguala, que revivieron las matanzas en este país, se incrementará en tanto los delincuentes vayan tomando mayor conciencia de que su único enemigo es la organización criminal rival, porque el gobierno les cedió la plaza.
La matanza de policías estatales en Aguililla puso al gobierno federal en una crisis originada por su incompetencia. Más de 30 personas armadas emboscaron a 42 policías y les dispararon con R-15 y AK-47, fusiles de asalto que no tienen los cuerpos de seguridad civiles. Los R-15 son de uso reglamentario del Ejército; los AK-47 no los usa ningún cuerpo de seguridad en el país. Por definición, la Fiscalía General debió haber atraído el caso de manera automática, al haberse utilizado ese tipo de armamento. No lo ordenó el Presidente y nadie se movió. Un día después, otra matanza, pero ahora realizada por militares, se dio a 670 kilómetros, en Iguala, donde abatieron a 13 presuntos delincuentes de una manera, cuando menos, oscura.
La decisión presidencial de no confrontar a los grupos criminales, menos aun combatirlos sistemáticamente –en Iguala se cruzaron con ellos–, se va a convertir en el misil contra su popularidad y aprobación. A López Obrador le importan mucho las encuestas –quizás es el Presidente que más apegado a ellas ha gobernado–, pero las está leyendo mal. El que los mexicanos no quieran violencia y critiquen las estrategias de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no lo debe llevar a la esquizofrenia.
Se queja de las dos formas de enfrentar a las organizaciones criminales, pese a que sus estrategias fueron totalmente distintas. Calderón las enfrentó y se elevó la violencia hasta mayo de 2011, cuando comenzó su inflexión y caída. Peña Nieto se benefició de la inercia, pero al no confrontarlos, en tres años la violencia creció a niveles nunca antes vistos, otra tendencia alcista que heredó al nuevo gobierno. López Obrador critica a los dos y escoge el camino de Peña Nieto. Su gobierno se parece mucho al que le precedió, donde la seguridad está en manos de quien no sabe nada de seguridad.
Pero está peor que el de Peña Nieto. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de la Guardia Nacional, pero el mando operativo, la doctrina y sus integrantes, dependen de la Secretaría de la Defensa. Pero el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, no está a cargo de la estrategia, o mejor dicho, de la ausencia de ella. Es decir, quienes saben operar en campo, ponen la gente, las armas y el prestigio, están al margen del diseño de la estrategia, y quienes les ordenan qué hacer, desconocen cómo hacerlo.
El Presidente no sabe nada del fenómeno, pero habla todo el tiempo de él. No se involucra y exige, correctamente, que los responsables den buenos resultados. Pero en estos momentos no se sabe cuáles son los resultados que quiere. Su definición de victoria para revertir el estado de cosas en el tema de la seguridad, es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos, mediante dos acciones: prevención y actos de fe. La primera carece de recursos. No hay dinero para construir una Guardia Nacional –sólo hay salarios presupuestados para siete mil guardias– ni tampoco para equipamiento. El dinero para programas sociales para incorporarlos a la vida legal, se ha reducido en el Presupuesto porque no hay recursos. La segunda es una broma. “Abrazos, no balazos”, es una frase bonita que no tiene nada que ver con una política pública de seguridad.
López Obrador ha dicho que no han podido hacer las cosas como querían hacerlo de rápido porque les dejaron un tiradero en el tema de seguridad. Es cierto, y lo supieron durante la transición, pero aun así optaron por tirar todo lo que se construyó en el pasado, como lo que quedaba de Plataforma México y los servicios de inteligencia civil, para sustituirlos por nada. Incurrió el Presidente en el mismo error trágico de Peña Nieto, al pensar que todo lo pasado era falso, estaba podrido y debían tirarlo a la basura. Las únicas armas reales que tiene el Presidente en sus manos son la retórica y su discurso amable, eficiente en la gradería, pero calamitoso para bajar la inseguridad. Debe recordar que hoy, los muertos ya no son de Calderón ni de Peña Nieto. Los muertos son de él, de su gobierno y de su incapacidad para desarrollar una estrategia de seguridad.
La soberbia, la marca del nuevo gobierno, está cobrando su cuota. Hasta hace unas semanas, varios de los colaboradores más influyentes de López Obrador decían que todo estaba bajo control, el plan de rescate de Pemex, la economía y la seguridad. Hoy vemos que al plan de rescate de Pemex le han tenido que seguir inyectando recursos porque no sale, la economía está estancada y en el umbral de entrar en recesión, y la seguridad, como lo peor de todo. La ineptitud se convirtió en el lastre que lo está hundiendo en un mar que desconoce, aunque el Presidente siga pensando que su política de palabra cristiana es suficiente para parar las balas y las matanzas. Así no va a poder con la violencia.
El crimen organizado se está burlando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha convertido sus frases coloquiales y sus amenazas a criminales de acusarlos con sus mamás y abuelitas, en un búmeran que pone en entredicho su compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. Tendrá que aprender a no hablarles así a los criminales –porque la realidad lo empuja al ridículo–, y que tampoco se les extiende un salvoconducto de impunidad con la promesa de que no los combatirá, porque lo que sucedió en Coatzacoalcos y Minatitlán, en Aguililla y en Iguala, que revivieron las matanzas en este país, se incrementará en tanto los delincuentes vayan tomando mayor conciencia de que su único enemigo es la organización criminal rival, porque el gobierno les cedió la plaza.
La matanza de policías estatales en Aguililla puso al gobierno federal en una crisis originada por su incompetencia. Más de 30 personas armadas emboscaron a 42 policías y les dispararon con R-15 y AK-47, fusiles de asalto que no tienen los cuerpos de seguridad civiles. Los R-15 son de uso reglamentario del Ejército; los AK-47 no los usa ningún cuerpo de seguridad en el país. Por definición, la Fiscalía General debió haber atraído el caso de manera automática, al haberse utilizado ese tipo de armamento. No lo ordenó el Presidente y nadie se movió. Un día después, otra matanza, pero ahora realizada por militares, se dio a 670 kilómetros, en Iguala, donde abatieron a 13 presuntos delincuentes de una manera, cuando menos, oscura.
La decisión presidencial de no confrontar a los grupos criminales, menos aun combatirlos sistemáticamente –en Iguala se cruzaron con ellos–, se va a convertir en el misil contra su popularidad y aprobación. A López Obrador le importan mucho las encuestas –quizás es el Presidente que más apegado a ellas ha gobernado–, pero las está leyendo mal. El que los mexicanos no quieran violencia y critiquen las estrategias de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no lo debe llevar a la esquizofrenia.
Se queja de las dos formas de enfrentar a las organizaciones criminales, pese a que sus estrategias fueron totalmente distintas. Calderón las enfrentó y se elevó la violencia hasta mayo de 2011, cuando comenzó su inflexión y caída. Peña Nieto se benefició de la inercia, pero al no confrontarlos, en tres años la violencia creció a niveles nunca antes vistos, otra tendencia alcista que heredó al nuevo gobierno. López Obrador critica a los dos y escoge el camino de Peña Nieto. Su gobierno se parece mucho al que le precedió, donde la seguridad está en manos de quien no sabe nada de seguridad.
Pero está peor que el de Peña Nieto. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de la Guardia Nacional, pero el mando operativo, la doctrina y sus integrantes, dependen de la Secretaría de la Defensa. Pero el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, no está a cargo de la estrategia, o mejor dicho, de la ausencia de ella. Es decir, quienes saben operar en campo, ponen la gente, las armas y el prestigio, están al margen del diseño de la estrategia, y quienes les ordenan qué hacer, desconocen cómo hacerlo.
El Presidente no sabe nada del fenómeno, pero habla todo el tiempo de él. No se involucra y exige, correctamente, que los responsables den buenos resultados. Pero en estos momentos no se sabe cuáles son los resultados que quiere. Su definición de victoria para revertir el estado de cosas en el tema de la seguridad, es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos, mediante dos acciones: prevención y actos de fe. La primera carece de recursos. No hay dinero para construir una Guardia Nacional –sólo hay salarios presupuestados para siete mil guardias– ni tampoco para equipamiento. El dinero para programas sociales para incorporarlos a la vida legal, se ha reducido en el Presupuesto porque no hay recursos. La segunda es una broma. “Abrazos, no balazos”, es una frase bonita que no tiene nada que ver con una política pública de seguridad.
López Obrador ha dicho que no han podido hacer las cosas como querían hacerlo de rápido porque les dejaron un tiradero en el tema de seguridad. Es cierto, y lo supieron durante la transición, pero aun así optaron por tirar todo lo que se construyó en el pasado, como lo que quedaba de Plataforma México y los servicios de inteligencia civil, para sustituirlos por nada. Incurrió el Presidente en el mismo error trágico de Peña Nieto, al pensar que todo lo pasado era falso, estaba podrido y debían tirarlo a la basura. Las únicas armas reales que tiene el Presidente en sus manos son la retórica y su discurso amable, eficiente en la gradería, pero calamitoso para bajar la inseguridad. Debe recordar que hoy, los muertos ya no son de Calderón ni de Peña Nieto. Los muertos son de él, de su gobierno y de su incapacidad para desarrollar una estrategia de seguridad.
La soberbia, la marca del nuevo gobierno, está cobrando su cuota. Hasta hace unas semanas, varios de los colaboradores más influyentes de López Obrador decían que todo estaba bajo control, el plan de rescate de Pemex, la economía y la seguridad. Hoy vemos que al plan de rescate de Pemex le han tenido que seguir inyectando recursos porque no sale, la economía está estancada y en el umbral de entrar en recesión, y la seguridad, como lo peor de todo. La ineptitud se convirtió en el lastre que lo está hundiendo en un mar que desconoce, aunque el Presidente siga pensando que su política de palabra cristiana es suficiente para parar las balas y las matanzas. Así no va a poder con la violencia.
La primera visita cubana, a solas, a la Ciudad de México
OCTUBRE 17, 2019
Jorge G. Castañeda
Hoy López Obrador recibió en Palacio Nacional al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. No es quien manda —Raúl Castro sigue vivo— pero es sin duda el que lleva la conducción cotidiana del gobierno de la isla. Llega a México en un medio de una nueva debacle de la economía cubana, de la inmensa simpatía que despierta la dictadura cubana en las filas de Morena y del régimen mexicano, e inmerso en la historia de la hipocresía nacional frente al castrismo. De esto quiero hablar hoy.
Todos los priistas, calderonistas del PAN y desde luego toda la izquierda, se vanaglorian de la “amistad histórica entre los dos pueblos” y evocan la supuesta epopeya de la solidaridad mexicana con la Revolución cubana desde los años sesenta. Se indignan ante la evocación de los derechos humanos y de la democracia representativa durante el período de Fox. Pero nunca mencionan que la visita de Díaz-Canel es la primera por un presidente cubano, de carácter bilateral, a la capital mexicana, desde que llegó Fidel Castro al poder. Aunque en junio de 1960 Oswaldo Dorticós fue recibido por López Mateos, y era formalmente el jefe de Estado isleño, el comandante en jefe único era Castro.
Este vino a México varias veces a partir de 1988, cuando tuvo lugar su primera visita desde que zarpó de Tuxpan en el Granma en 1956. Pero cada vez, o bien viajó para asistir a la toma de posesión de un presidente mexicano -Salinas, Fox-, a celebrar visitas bilaterales a Cozumel o Cancún, o bien a una cumbre regional o multilateral -Guadalajara, Monterrey. Y su hermano Raúl, ya presidente, solo realizó una breve visita a Mérida en 2015. En otras palabras, ningún mandatario mexicano —ni López Mateos, ni Díaz Ordaz, ni Echeverría, ni López Portillo, ni De la Madrid, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto— jamás se atrevió a invitar a Fidel o a Raúl Castro en una visita bilateral —de trabajo, oficial o de Estado— a la Ciudad de México. Muy amiguitos, pero nunca solos, o nunca a mi casa si no vienes acompañado. Hasta que ya no se tratara de uno de los hermanos Castro, y hasta que no fuera López Obrador el anfitrión. Por lo menos éste sí tiene la firmeza de sus convicciones, es decir, de su enorme admiración por el fracaso cubano.
Jorge G. Castañeda
Hoy López Obrador recibió en Palacio Nacional al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. No es quien manda —Raúl Castro sigue vivo— pero es sin duda el que lleva la conducción cotidiana del gobierno de la isla. Llega a México en un medio de una nueva debacle de la economía cubana, de la inmensa simpatía que despierta la dictadura cubana en las filas de Morena y del régimen mexicano, e inmerso en la historia de la hipocresía nacional frente al castrismo. De esto quiero hablar hoy.
Todos los priistas, calderonistas del PAN y desde luego toda la izquierda, se vanaglorian de la “amistad histórica entre los dos pueblos” y evocan la supuesta epopeya de la solidaridad mexicana con la Revolución cubana desde los años sesenta. Se indignan ante la evocación de los derechos humanos y de la democracia representativa durante el período de Fox. Pero nunca mencionan que la visita de Díaz-Canel es la primera por un presidente cubano, de carácter bilateral, a la capital mexicana, desde que llegó Fidel Castro al poder. Aunque en junio de 1960 Oswaldo Dorticós fue recibido por López Mateos, y era formalmente el jefe de Estado isleño, el comandante en jefe único era Castro.
Este vino a México varias veces a partir de 1988, cuando tuvo lugar su primera visita desde que zarpó de Tuxpan en el Granma en 1956. Pero cada vez, o bien viajó para asistir a la toma de posesión de un presidente mexicano -Salinas, Fox-, a celebrar visitas bilaterales a Cozumel o Cancún, o bien a una cumbre regional o multilateral -Guadalajara, Monterrey. Y su hermano Raúl, ya presidente, solo realizó una breve visita a Mérida en 2015. En otras palabras, ningún mandatario mexicano —ni López Mateos, ni Díaz Ordaz, ni Echeverría, ni López Portillo, ni De la Madrid, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto— jamás se atrevió a invitar a Fidel o a Raúl Castro en una visita bilateral —de trabajo, oficial o de Estado— a la Ciudad de México. Muy amiguitos, pero nunca solos, o nunca a mi casa si no vienes acompañado. Hasta que ya no se tratara de uno de los hermanos Castro, y hasta que no fuera López Obrador el anfitrión. Por lo menos éste sí tiene la firmeza de sus convicciones, es decir, de su enorme admiración por el fracaso cubano.
jueves, 17 de octubre de 2019
Sí es una nueva etapa
Macario Schettino, El Financiero, 17 octubre 2019.
Alrededor de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, esta columna ofreció dos entregas llamando la atención acerca del fin de la etapa democrática de México. Unos días antes, preocupado por la configuración del Congreso; unos días después, alarmado por el discurso de toma de posesión.
Hoy creo que ya podemos asegurar que la etapa democrática ha terminado. Eso significa la alteración de las reglas con las que se administra el poder. Esta nueva etapa, cuyo inicio creo que podemos fechar con el triunfo del actual gobierno, será algo diferente, pero no una democracia liberal.
Como usted recuerda, la idea política que avanza en el mundo es otra cosa. Se separan los dos términos, y se arguye que el liberalismo es negativo. Para denostarlo, se le llama 'neoliberalismo', pero en realidad lo que se busca es acabar con la idea esencial de que todos somos iguales, para poder dividir al mundo en dos, buenos y malos, y con ello no sólo alcanzar o mantener el poder, sino forzar una redistribución a favor del propio grupo.
En todas las ocasiones en que esto ha ocurrido (en el mundo), el grupo que se define como bueno intenta subordinar al otro, extraerle recursos y, en el extremo, aniquilarlo. Ocurrió hace siglos usando a la religión como excusa, dos siglos después a la naturaleza (el buen salvaje), y en el siglo pasado, utilizando a la clase social como referencia. En los tres casos, el pueblo era bueno, porque así es siempre.
Ahora la definición de pueblo es un poco más complicada. Parece tener que ver con características de identidad: color de piel, preferencias, religión. Así es en el mundo entero, pero varía en cada lugar. En Estados Unidos, por ejemplo, el color de los buenos es el blanco, pero aquí es el de los malos. Allá y acá, y en Brasil y El Salvador, la religión de los buenos es evangélica. En todas partes, al destruir al liberalismo (igualdad esencial de los seres humanos, libertades amplias) avanza la 'democracia iliberal'.
Se trata de un sistema en el que las elecciones siguen ocurriendo, pero bajo un entorno diferente: sin equidad en la contienda, sin información confiable y con derechos políticos cada vez más limitados. Lo que muchos no ven, sino hasta que es tarde, es que la limitación de los derechos políticos implica la reducción de las libertades en general. Esto es especialmente relevante en los derechos de propiedad y el mercado libre.
Fuera del liberalismo, la generación y acumulación de riqueza no es aceptable para todos. Puesto que no todos somos iguales (hay buenos y hay malos), sólo algunos pueden generar y acumular. En el mejor de los casos, se trata de un 'capitalismo de compadres', donde sólo los amigos pueden hacer negocios. En el peor, es la dictadura de un grupo sobre los demás. No importa si es la religión verdadera, la voluntad general o el proletariado.
Esta forma de gobierno es propia de una sociedad de grupos, así como la democracia liberal lo era de la sociedad de individuos, que ha llegado a su fin. En todo el mundo, el comercio se reduce, y junto con él el crecimiento de la economía. En todas partes, la desigualdad crecerá de verdad (y no sólo en los cálculos de algunos). Todos seremos menos libres (ya lo somos) y menos prósperos (en eso estamos).
Era mucha esperanza suponer que México se abstendría de participar en este proceso. Como siempre, lo que nos ocurre llega de fuera. Pero también le ponemos de nuestra parte.
Alrededor de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, esta columna ofreció dos entregas llamando la atención acerca del fin de la etapa democrática de México. Unos días antes, preocupado por la configuración del Congreso; unos días después, alarmado por el discurso de toma de posesión.
Hoy creo que ya podemos asegurar que la etapa democrática ha terminado. Eso significa la alteración de las reglas con las que se administra el poder. Esta nueva etapa, cuyo inicio creo que podemos fechar con el triunfo del actual gobierno, será algo diferente, pero no una democracia liberal.
Como usted recuerda, la idea política que avanza en el mundo es otra cosa. Se separan los dos términos, y se arguye que el liberalismo es negativo. Para denostarlo, se le llama 'neoliberalismo', pero en realidad lo que se busca es acabar con la idea esencial de que todos somos iguales, para poder dividir al mundo en dos, buenos y malos, y con ello no sólo alcanzar o mantener el poder, sino forzar una redistribución a favor del propio grupo.
En todas las ocasiones en que esto ha ocurrido (en el mundo), el grupo que se define como bueno intenta subordinar al otro, extraerle recursos y, en el extremo, aniquilarlo. Ocurrió hace siglos usando a la religión como excusa, dos siglos después a la naturaleza (el buen salvaje), y en el siglo pasado, utilizando a la clase social como referencia. En los tres casos, el pueblo era bueno, porque así es siempre.
Ahora la definición de pueblo es un poco más complicada. Parece tener que ver con características de identidad: color de piel, preferencias, religión. Así es en el mundo entero, pero varía en cada lugar. En Estados Unidos, por ejemplo, el color de los buenos es el blanco, pero aquí es el de los malos. Allá y acá, y en Brasil y El Salvador, la religión de los buenos es evangélica. En todas partes, al destruir al liberalismo (igualdad esencial de los seres humanos, libertades amplias) avanza la 'democracia iliberal'.
Se trata de un sistema en el que las elecciones siguen ocurriendo, pero bajo un entorno diferente: sin equidad en la contienda, sin información confiable y con derechos políticos cada vez más limitados. Lo que muchos no ven, sino hasta que es tarde, es que la limitación de los derechos políticos implica la reducción de las libertades en general. Esto es especialmente relevante en los derechos de propiedad y el mercado libre.
Fuera del liberalismo, la generación y acumulación de riqueza no es aceptable para todos. Puesto que no todos somos iguales (hay buenos y hay malos), sólo algunos pueden generar y acumular. En el mejor de los casos, se trata de un 'capitalismo de compadres', donde sólo los amigos pueden hacer negocios. En el peor, es la dictadura de un grupo sobre los demás. No importa si es la religión verdadera, la voluntad general o el proletariado.
Esta forma de gobierno es propia de una sociedad de grupos, así como la democracia liberal lo era de la sociedad de individuos, que ha llegado a su fin. En todo el mundo, el comercio se reduce, y junto con él el crecimiento de la economía. En todas partes, la desigualdad crecerá de verdad (y no sólo en los cálculos de algunos). Todos seremos menos libres (ya lo somos) y menos prósperos (en eso estamos).
Era mucha esperanza suponer que México se abstendría de participar en este proceso. Como siempre, lo que nos ocurre llega de fuera. Pero también le ponemos de nuestra parte.
AMLO es PRI resucitado, asegura Vargas Llosa
Francisco Morales V.
Cd. de México (17 octubre 2019).- La "dictadura perfecta" del PRI ya cayó una vez, pero podría estar de regreso con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alerta Mario Vargas Llosa.
"No era tan perfecta, porque finalmente la dictadura desapareció, pero lo que es terrible es que vaya a resucitar, ¿no? Porque yo tengo un poco la impresión de que López Obrador es como la resurrección del PRI, del PRI que formó parte de su juventud", juzga a partir de la frase que acuñó el escritor.
En entrevista con REFORMA, el premio Nobel de Literatura reflexiona sobre el pasado y presente de América Latina a partir de su nueva novela "Tiempos recios", en la que narra la intervención estadounidense para derrocar al Presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, en 1954.
Asegura que el peligro actual reside en el populismo de los líderes latinoamericanos, entre los que suma a López Obrador.
"El País estaba en un proceso de modernización muy acelerado, con una política económica bastante buena, dicho sea de paso, a pesar de la corrupción, y yo creo que con López Obrador ha habido un retroceso hacia el populismo, precisamente, que podría traer muy malas consecuencias para México y, sobre todo, como modelo para el resto de América Latina".
lunes, 14 de octubre de 2019
AMLO, la política en clave moral
Revista Nexos
JULIO 30, 2019
Ronaldo González Valdés
Andrés Manuel López Obrador es una de esas figuras de las que no puedo hablar en términos absolutos. Simpatizo con algunos aspectos de su personalidad, me explico al personaje, pero me parece que no pocas de sus palabras y decisiones, como dijera Baruch Spinoza, “repugnan a la razón”.
Entiendo de dónde le viene su fuerza al personaje. Con el fenómeno AMLO ocurre, un poco a la inversa, lo que con la sentencia del “fin de la historia” en Francis Fukuyama. La historia no acabó con el fin del mundo bipolar porque el liberalismo no pudo acoger el estallido de las identidades religiosas, raciales, nacionales, regionales, de género y orientación sexual en el mundo contemporáneo (la globalización y la interdependencia, conocidas como parte del mundo neoliberal, me parecen menos determinantes y de hecho contrarias al resurgimiento de los nacionalismos y las llamadas “democracias iliberales”). En el caso de México, como se ha dicho tanto, la transición democrática de fin de siglo (nuestro propio “fin de la historia”) no pudo resolver los problemas de la exclusión realmente vivida por un 44 por ciento de la población. Si a ello se suma la escandalosa corrupción, la inseguridad, la aplicación de políticas dictadas sólo por el interés de la macroeconomía y, sí, la fatuidad de algunos de los hombres encumbrados en el poder, uno puede entender porqué el mensaje providencialista, machacón y elemental de López Obrador ha tenido tanta penetración.
Sin duda, AMLO cree en varias de las cosas fundamentales que dice. Y actúa en consecuencia. No es un corrupto, si lo fuera ya se sabría. Cree en la importancia de la moral en la vida pública y, muy especialmente, en la vida privada. Y sobre todo, junto con su convicción moral, apuesta por el igualitarismo. De algún modo, su noción del liberalismo es una deriva de una las acepciones de ese ideario, aquella de cuño más social y menos político surgida del sentimiento de culpa originado por el incumplimiento del generoso anhelo de la justicia distributiva.
Los recientes (y ya desesperados) intentos de Fukuyama por mantener vigente su tesis del “fin de la historia”,1 responden, en primer lugar, a la emergencia (debería decir “re-emergencia”) de los nacionalismos en Europa y de algún modo en Estados Unidos, convertidos en uno de los resortes más poderosos del neoconservadurismo. En segundo lugar, a la vigorosa irrupción de identidades sustantivas que reaparecen desorganizando la lógica binaria del poder (dos clases sociales principales; dos géneros determinados por el sexo masculino y el femenino; dos grandes ámbitos, uno público y otro privado; en literatura y arte contemporáneo, la pareja autor-lector o creador-público, etcétera) o que ponen en duda la identificación universal con la figura del citoyen político fragmentado por múltiples interpelaciones (el espacio de lo público de la política moderna habitado e interpelado por las políticas de la identidad). Y, en tercer lugar, –éste sería el caso de México– la proclamación de la aspiración igualitaria en la vida real y cotidiana en la vida material, aún a costa de la inclusión política (insoslayable para el liberalismo clásico) o la inclusión cultural (indispensable para la deriva pluralista del liberalismo clásico).
Personajes como López Obrador nos recuerdan que la exclusión está ahí. No la exclusión de género, por condición física, orientación sexual o deficiente representatividad política, sino la exclusión material, la primaria, la exclusión en las condiciones básicas de vida. Los temas de la administración pública, del expertise técnico, de la transparencia y la rendición de cuentas, e inclusive los de la llamada agenda “progre” o la violencia y la inseguridad –AMLO lo ha repetido sin descanso– pasan por los de la pobreza, el desempleo, los servicios públicos, la salud, el equipamiento urbano, y particularmente el ingreso y su justa distribución (de ahí la cascada de apoyos directos, sin “perversos intermediarios”, otorgados a través de los programas sociales para jóvenes, adultos mayores, estudiantes, discapacitados, pequeños productores, etcétera). Todos ellos asuntos que tienen que ver con el nivel más básico de la exclusión: el de la cotidianidad, las enfermedades infecciosas, el riesgo de la catástrofe asociado a la marginación, la desnutrición, las adicciones, las aguas negras corriendo por las calles, el hacinamiento en las viviendas.
Para AMLO este es el problema de los expertos: trabajar con estadísticas, con una fría evidencia de gabinete. De aquí proviene su desprecio por organismos como el CONEVAL y el INEGI. El diseño de las políticas públicas, las instituciones de la sociedad civil que se ponen sus propias metas (consideradas egoístas y muy particulares frente al interés general del pueblo mayoritario), la académica gobernanza, todos estos son rollos, palabras, numeralia y terminología que vela el ejercicio de la real discriminación material. López Obrador no tiene “otros datos”, tiene otras convicciones y eso es suficiente para no discutir si es o no un liberal, para no problematizar su relación con la agenda “progre”, para no responder a los argumentos de Silva-Herzog, Reyes Heroles o Aguilar Camín. Ya logró lo que quería: ubicarse a una altura moral y con una legitimidad electoral que le permite lanzar poderosas centellas descalificadoras, ser la curiosa pieza de caza que porta fusil y lo dispara contra sus cazadores, a veces, cosa inusitada en otro tiempo, hasta con cierto desenfadado humor.
La fuerza de AMLO, su credibilidad cuando habla de la corrupción y cuando lanza rayos sobre sus críticos, su impunidad cuando hace alianzas indistintas con conservadores, fundamentalistas religiosos y nacionalistas revolucionarios, o cuando acoge a antiguos adversarios y entrega candidaturas a los más inverosímiles personajes, le viene de un hecho incontrastable: la exclusión realmente vivida en el terreno de la economía, en el empleo, en el ingreso, en la vida diaria. De ahí que se repare poco en la incongruencia de su proclama antineoliberal cuando, al atender las indicaciones del gobierno de Trump, acepta convertirse, de facto, en tercer país seguro en el tema de la migración con tal de mantener la neoliberal apertura comercial con Estados Unidos.
Desde cierto marxismo tropical, pudiera decirse que AMLO ha descubierto las orejas del lobo explotador, de la “mafia del poder” (los poderosos de siempre, grandes empresarios y clase política tradicional) y sus empleados intelectuales y técnicos (especialistas, periodistas, intelectuales, directores y dueños de medios) debajo de la piel de oveja del ciudadano dizque indiferenciado surgido de la transición democrática. En alguna medida, no le falta razón. El problema es que ha decidido tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera. Entre sus tantas remisiones evangélicas, es esto lo que quiere decir cuando habla de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ahí se origina también su desprecio por los mecanismos de control institucional de la corrupción o por la reingeniería institucional: el vino nuevo se deposita en los odres hechos del roble de la voluntad popular directa, del ejemplo de la vida personal y la voluntad del “pueblo bueno” que, de manera natural, coincidirá –como coincide– con la del líder.
Me parece que el problema no es que AMLO haga trampas –¿qué político no las hace?–, sino que sus trampas lo pueden atrapar a él mismo y con él al país. Más allá de la insaculación de candidaturas por el “método” de la tómbola, de las encuestas que nadie conoce, de las consultas directas y hasta a mano alzada que han echado abajo grandes inversiones o programas definidos por los gobiernos locales, más allá de esas prácticas a todas luces iliberales, lo más iliberal y peligroso en López Obrador es su obsesión con la moral. Es la misma lógica de quien descalifica la obra de un autor por su vida personal. La prédica moral en la política liberal está siempre subordinada a las leyes. Si las leyes fallan o no se cumplen hay que cambiarlas mediante procedimientos formales. Pues bien, en la “verdadera democracia”, en la “democracia del pueblo”, eso es secundario: no puede haber dos verdades, hay una sola y está vinculada con la moral. Por lo mismo, si en alguna conferencia mañanera alguien hace una observación inapelable por su sustento en hechos, López Obrador recurre al expediente de la descalificación moral: la verdad no está dictada por la evidencia empírica sino por la autoridad moral de quien la profiere. De nuevo: no es que tenga “otros datos”, es que tiene otras convicciones, y las convicciones, los ideales, son el motor de la historia. Como ocurre en el discurso religioso, hay pequeñas verdades soslayables, pero sobre todas las cosas hay La Verdad insoslayable de quien ha cargado su persona del insumo popular, del recorrido incesante por las comunidades del país, de quien va más allá de las ideas o de la dura información estadística y se ha alimentado de la llanura y simpleza popular, de la verdad elemental y olvidada del pueblo.
El pueblo es bueno, por lo tanto compasivo, como él que es su encarnación. Cuando AMLO se compadece de Joaquín Guzmán Loera, es dostoievskiano (inconsciente, supongo): “Sólo hay una cosa en el mundo: la compasión directa. En cuanto a la justicia, viene en segundo lugar”. Pues bien, esa compasión que merecen los ofendidos y humillados, ofrece la medida con que se debe despreciar al soberbio que ofende al pueblo y con él a quien dicta la moral suprema que es el Creador, el Dios evangélico: Vox Populi, Vox Dei o a la inversa, para el caso es lo mismo. De ahí la fuerte resonancia jurídica, es decir vinculante, de la denominada “Constitución Moral”.
Recomponer las cosas no es fácil. Por eso, como señaló Claudio Lomnitz, lo que AMLO busca es “montar un sistema político distinto sobre la economía existente.” Esa economía, con algunas modificaciones en el funcionamiento de las empresas estatales (como Pemex y la CFE), no sólo seguirá siendo liberal sino neoliberal. El sistema político, en cambio, se centraliza y se centralizará aún más, disminuye ostensiblemente las capacidades de los organismos autónomos (“creados para maquillar cifras de los gobiernos neoliberales”, dijo recientemente del CONEVAL en una de sus mañaneras), concentra el poder en el Presidente de la República y, en consecuencia, reduce el federalismo a su mínima expresión.2
En esto también hay en la 4T una lectura histórica, tal y como se entiende la historia en el declarado “cambio de régimen”: como recuperación de una cierta memoria que salda cuentas con un pasado preservado en la memoria colectiva, una memoria hecha también, desde luego, de olvidos: supresión de ramos federales, reducción de presupuesto a sistemas nacionales de salud e instituciones de educación superior, de partidas a los estados, concentración de facultades en las Coordinaciones de Programas Sociales de Desarrollo del Gobierno Federal en las entidades, apropiación y militarización de las funciones de la seguridad pública en la Guardia Nacional, entre otras muchas medidas.
Hay, entonces, una afectación directa al federalismo como forma de gobierno que en México tiene su origen en la Constitución de 1824. Una forma de gobierno que, hay que decirlo, no ha tenido plena vigencia más que en trechos muy breves de nuestra historia. Después de la Revolución Mexicana, con la consolidación del presidencialismo, se instauró un régimen en el cual el federalismo resultó victorioso en el papel pero derrotado en la realidad. En el otro extremo, sin embargo, durante el periodo de la llamada transición democrática, la alternancia en la Presidencia de la República y la pluralidad política dieron lugar a negociaciones que, más que afianzar el pacto federal, lo deterioraron. Fue en esos años, a fines del siglo pasado y principios del actual, que se empezó a hablar de “feuderalismo”. Con esa expresión se designaba una relación de negociación de los estados con la federación que propició el ejercicio discrecional de los recursos públicos por parte de los gobiernos locales.
La lectura que se ha hecho de esta realidad histórica es extrema. Más que renovar el sistema federal, se ha actuado de acuerdo con la estricta lógica de la 4T: con el federalismo de los regímenes neoliberales robaban los funcionarios federales y los locales. ¿Por qué ocurría esto? No por falta de controles institucionales, sino por un déficit moral de los poderosos en todos los niveles. El remedio, por lo tanto, no tiene que ver con una reingeniería institucional ni diseños jurídicos y administrativos, sino, una vez más, con la concentración de las atribuciones, el manejo de los recursos y las decisiones en quienes encarnan el nuevo régimen, con el “sentido común” que es lo único que se necesita para gobernar justamente, o para decirlo sin circunloquios, con quien ha alimentado su alma de la sabiduría secular, la perseverancia histórica y la llana sencillez del “pueblo bueno”, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
De ese ancho tronco moral vendrán las ramas del robusto árbol de la República Virtuosa (aunque ya no sea tanto una “República Amorosa”), restallante en coloridas flores y dulces frutos de justicia debidos al esfuerzo del Pueblo y pasados de éste al Líder y del Líder a la República.
Ronaldo González Valdés
Sociólogo y ensayista. Su más reciente libro es Dispersa andadura.
JULIO 30, 2019
Ronaldo González Valdés
Andrés Manuel López Obrador es una de esas figuras de las que no puedo hablar en términos absolutos. Simpatizo con algunos aspectos de su personalidad, me explico al personaje, pero me parece que no pocas de sus palabras y decisiones, como dijera Baruch Spinoza, “repugnan a la razón”.
Entiendo de dónde le viene su fuerza al personaje. Con el fenómeno AMLO ocurre, un poco a la inversa, lo que con la sentencia del “fin de la historia” en Francis Fukuyama. La historia no acabó con el fin del mundo bipolar porque el liberalismo no pudo acoger el estallido de las identidades religiosas, raciales, nacionales, regionales, de género y orientación sexual en el mundo contemporáneo (la globalización y la interdependencia, conocidas como parte del mundo neoliberal, me parecen menos determinantes y de hecho contrarias al resurgimiento de los nacionalismos y las llamadas “democracias iliberales”). En el caso de México, como se ha dicho tanto, la transición democrática de fin de siglo (nuestro propio “fin de la historia”) no pudo resolver los problemas de la exclusión realmente vivida por un 44 por ciento de la población. Si a ello se suma la escandalosa corrupción, la inseguridad, la aplicación de políticas dictadas sólo por el interés de la macroeconomía y, sí, la fatuidad de algunos de los hombres encumbrados en el poder, uno puede entender porqué el mensaje providencialista, machacón y elemental de López Obrador ha tenido tanta penetración.
Sin duda, AMLO cree en varias de las cosas fundamentales que dice. Y actúa en consecuencia. No es un corrupto, si lo fuera ya se sabría. Cree en la importancia de la moral en la vida pública y, muy especialmente, en la vida privada. Y sobre todo, junto con su convicción moral, apuesta por el igualitarismo. De algún modo, su noción del liberalismo es una deriva de una las acepciones de ese ideario, aquella de cuño más social y menos político surgida del sentimiento de culpa originado por el incumplimiento del generoso anhelo de la justicia distributiva.
Los recientes (y ya desesperados) intentos de Fukuyama por mantener vigente su tesis del “fin de la historia”,1 responden, en primer lugar, a la emergencia (debería decir “re-emergencia”) de los nacionalismos en Europa y de algún modo en Estados Unidos, convertidos en uno de los resortes más poderosos del neoconservadurismo. En segundo lugar, a la vigorosa irrupción de identidades sustantivas que reaparecen desorganizando la lógica binaria del poder (dos clases sociales principales; dos géneros determinados por el sexo masculino y el femenino; dos grandes ámbitos, uno público y otro privado; en literatura y arte contemporáneo, la pareja autor-lector o creador-público, etcétera) o que ponen en duda la identificación universal con la figura del citoyen político fragmentado por múltiples interpelaciones (el espacio de lo público de la política moderna habitado e interpelado por las políticas de la identidad). Y, en tercer lugar, –éste sería el caso de México– la proclamación de la aspiración igualitaria en la vida real y cotidiana en la vida material, aún a costa de la inclusión política (insoslayable para el liberalismo clásico) o la inclusión cultural (indispensable para la deriva pluralista del liberalismo clásico).
Personajes como López Obrador nos recuerdan que la exclusión está ahí. No la exclusión de género, por condición física, orientación sexual o deficiente representatividad política, sino la exclusión material, la primaria, la exclusión en las condiciones básicas de vida. Los temas de la administración pública, del expertise técnico, de la transparencia y la rendición de cuentas, e inclusive los de la llamada agenda “progre” o la violencia y la inseguridad –AMLO lo ha repetido sin descanso– pasan por los de la pobreza, el desempleo, los servicios públicos, la salud, el equipamiento urbano, y particularmente el ingreso y su justa distribución (de ahí la cascada de apoyos directos, sin “perversos intermediarios”, otorgados a través de los programas sociales para jóvenes, adultos mayores, estudiantes, discapacitados, pequeños productores, etcétera). Todos ellos asuntos que tienen que ver con el nivel más básico de la exclusión: el de la cotidianidad, las enfermedades infecciosas, el riesgo de la catástrofe asociado a la marginación, la desnutrición, las adicciones, las aguas negras corriendo por las calles, el hacinamiento en las viviendas.
Para AMLO este es el problema de los expertos: trabajar con estadísticas, con una fría evidencia de gabinete. De aquí proviene su desprecio por organismos como el CONEVAL y el INEGI. El diseño de las políticas públicas, las instituciones de la sociedad civil que se ponen sus propias metas (consideradas egoístas y muy particulares frente al interés general del pueblo mayoritario), la académica gobernanza, todos estos son rollos, palabras, numeralia y terminología que vela el ejercicio de la real discriminación material. López Obrador no tiene “otros datos”, tiene otras convicciones y eso es suficiente para no discutir si es o no un liberal, para no problematizar su relación con la agenda “progre”, para no responder a los argumentos de Silva-Herzog, Reyes Heroles o Aguilar Camín. Ya logró lo que quería: ubicarse a una altura moral y con una legitimidad electoral que le permite lanzar poderosas centellas descalificadoras, ser la curiosa pieza de caza que porta fusil y lo dispara contra sus cazadores, a veces, cosa inusitada en otro tiempo, hasta con cierto desenfadado humor.
La fuerza de AMLO, su credibilidad cuando habla de la corrupción y cuando lanza rayos sobre sus críticos, su impunidad cuando hace alianzas indistintas con conservadores, fundamentalistas religiosos y nacionalistas revolucionarios, o cuando acoge a antiguos adversarios y entrega candidaturas a los más inverosímiles personajes, le viene de un hecho incontrastable: la exclusión realmente vivida en el terreno de la economía, en el empleo, en el ingreso, en la vida diaria. De ahí que se repare poco en la incongruencia de su proclama antineoliberal cuando, al atender las indicaciones del gobierno de Trump, acepta convertirse, de facto, en tercer país seguro en el tema de la migración con tal de mantener la neoliberal apertura comercial con Estados Unidos.
Desde cierto marxismo tropical, pudiera decirse que AMLO ha descubierto las orejas del lobo explotador, de la “mafia del poder” (los poderosos de siempre, grandes empresarios y clase política tradicional) y sus empleados intelectuales y técnicos (especialistas, periodistas, intelectuales, directores y dueños de medios) debajo de la piel de oveja del ciudadano dizque indiferenciado surgido de la transición democrática. En alguna medida, no le falta razón. El problema es que ha decidido tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera. Entre sus tantas remisiones evangélicas, es esto lo que quiere decir cuando habla de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ahí se origina también su desprecio por los mecanismos de control institucional de la corrupción o por la reingeniería institucional: el vino nuevo se deposita en los odres hechos del roble de la voluntad popular directa, del ejemplo de la vida personal y la voluntad del “pueblo bueno” que, de manera natural, coincidirá –como coincide– con la del líder.
Me parece que el problema no es que AMLO haga trampas –¿qué político no las hace?–, sino que sus trampas lo pueden atrapar a él mismo y con él al país. Más allá de la insaculación de candidaturas por el “método” de la tómbola, de las encuestas que nadie conoce, de las consultas directas y hasta a mano alzada que han echado abajo grandes inversiones o programas definidos por los gobiernos locales, más allá de esas prácticas a todas luces iliberales, lo más iliberal y peligroso en López Obrador es su obsesión con la moral. Es la misma lógica de quien descalifica la obra de un autor por su vida personal. La prédica moral en la política liberal está siempre subordinada a las leyes. Si las leyes fallan o no se cumplen hay que cambiarlas mediante procedimientos formales. Pues bien, en la “verdadera democracia”, en la “democracia del pueblo”, eso es secundario: no puede haber dos verdades, hay una sola y está vinculada con la moral. Por lo mismo, si en alguna conferencia mañanera alguien hace una observación inapelable por su sustento en hechos, López Obrador recurre al expediente de la descalificación moral: la verdad no está dictada por la evidencia empírica sino por la autoridad moral de quien la profiere. De nuevo: no es que tenga “otros datos”, es que tiene otras convicciones, y las convicciones, los ideales, son el motor de la historia. Como ocurre en el discurso religioso, hay pequeñas verdades soslayables, pero sobre todas las cosas hay La Verdad insoslayable de quien ha cargado su persona del insumo popular, del recorrido incesante por las comunidades del país, de quien va más allá de las ideas o de la dura información estadística y se ha alimentado de la llanura y simpleza popular, de la verdad elemental y olvidada del pueblo.
El pueblo es bueno, por lo tanto compasivo, como él que es su encarnación. Cuando AMLO se compadece de Joaquín Guzmán Loera, es dostoievskiano (inconsciente, supongo): “Sólo hay una cosa en el mundo: la compasión directa. En cuanto a la justicia, viene en segundo lugar”. Pues bien, esa compasión que merecen los ofendidos y humillados, ofrece la medida con que se debe despreciar al soberbio que ofende al pueblo y con él a quien dicta la moral suprema que es el Creador, el Dios evangélico: Vox Populi, Vox Dei o a la inversa, para el caso es lo mismo. De ahí la fuerte resonancia jurídica, es decir vinculante, de la denominada “Constitución Moral”.
Recomponer las cosas no es fácil. Por eso, como señaló Claudio Lomnitz, lo que AMLO busca es “montar un sistema político distinto sobre la economía existente.” Esa economía, con algunas modificaciones en el funcionamiento de las empresas estatales (como Pemex y la CFE), no sólo seguirá siendo liberal sino neoliberal. El sistema político, en cambio, se centraliza y se centralizará aún más, disminuye ostensiblemente las capacidades de los organismos autónomos (“creados para maquillar cifras de los gobiernos neoliberales”, dijo recientemente del CONEVAL en una de sus mañaneras), concentra el poder en el Presidente de la República y, en consecuencia, reduce el federalismo a su mínima expresión.2
En esto también hay en la 4T una lectura histórica, tal y como se entiende la historia en el declarado “cambio de régimen”: como recuperación de una cierta memoria que salda cuentas con un pasado preservado en la memoria colectiva, una memoria hecha también, desde luego, de olvidos: supresión de ramos federales, reducción de presupuesto a sistemas nacionales de salud e instituciones de educación superior, de partidas a los estados, concentración de facultades en las Coordinaciones de Programas Sociales de Desarrollo del Gobierno Federal en las entidades, apropiación y militarización de las funciones de la seguridad pública en la Guardia Nacional, entre otras muchas medidas.
Hay, entonces, una afectación directa al federalismo como forma de gobierno que en México tiene su origen en la Constitución de 1824. Una forma de gobierno que, hay que decirlo, no ha tenido plena vigencia más que en trechos muy breves de nuestra historia. Después de la Revolución Mexicana, con la consolidación del presidencialismo, se instauró un régimen en el cual el federalismo resultó victorioso en el papel pero derrotado en la realidad. En el otro extremo, sin embargo, durante el periodo de la llamada transición democrática, la alternancia en la Presidencia de la República y la pluralidad política dieron lugar a negociaciones que, más que afianzar el pacto federal, lo deterioraron. Fue en esos años, a fines del siglo pasado y principios del actual, que se empezó a hablar de “feuderalismo”. Con esa expresión se designaba una relación de negociación de los estados con la federación que propició el ejercicio discrecional de los recursos públicos por parte de los gobiernos locales.
La lectura que se ha hecho de esta realidad histórica es extrema. Más que renovar el sistema federal, se ha actuado de acuerdo con la estricta lógica de la 4T: con el federalismo de los regímenes neoliberales robaban los funcionarios federales y los locales. ¿Por qué ocurría esto? No por falta de controles institucionales, sino por un déficit moral de los poderosos en todos los niveles. El remedio, por lo tanto, no tiene que ver con una reingeniería institucional ni diseños jurídicos y administrativos, sino, una vez más, con la concentración de las atribuciones, el manejo de los recursos y las decisiones en quienes encarnan el nuevo régimen, con el “sentido común” que es lo único que se necesita para gobernar justamente, o para decirlo sin circunloquios, con quien ha alimentado su alma de la sabiduría secular, la perseverancia histórica y la llana sencillez del “pueblo bueno”, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
De ese ancho tronco moral vendrán las ramas del robusto árbol de la República Virtuosa (aunque ya no sea tanto una “República Amorosa”), restallante en coloridas flores y dulces frutos de justicia debidos al esfuerzo del Pueblo y pasados de éste al Líder y del Líder a la República.
Ronaldo González Valdés
Sociólogo y ensayista. Su más reciente libro es Dispersa andadura.
Esto es el populismo
por Raúl Trejo Delarbre 2019-10-14
El populismo se alimenta en el desencanto con las instituciones y los abusos de los poderosos; se trata de un fenómeno global, en los tiempos actuales, es resultado de la democracia y puede conducir a su erosión. Está presente en la demagogia altanera de Donald Trump, en el autoritario ultranacionalismo de Viktor Orbán, en el fracaso de la costosa aventura chavista, entre tantos otros lamentables casos. También se le puede identificar en los desplantes, las coartadas y los excesos de ya saben quién.
La politóloga Nadia Urbinati es autora de un libro de inusitada contundencia. Me the People: How Populism Transforms Democracy (Harvard University Press, 2019, 266 pp.) hace un esfuerzo para entender al populismo sin satanizarlo, pero sin complacencia alguna. La revista Configuraciones acaba de publicar el epílogo de ese trabajo.
Urbinati se ocupa del populismo cuando ha llegado al poder gracias a elecciones democráticas. Entonces, dice, se pueden apreciar cuatro actitudes que lo sintetizan y precisan:
“1. El populismo se caracteriza a sí mismo como refractario a las divisiones partidistas tradicionales (multipartidismo) y recalca un solo dualismo básico —el de la gente común y el establishment… Es impaciente con las reglas y procedimientos utilizados por la democracia representativa porque es impaciente con el pluralismo”. Más que impaciencia, podríamos decir que el populismo despliega una arrogante intolerancia.
Sigue Urbinati: “2. El populismo aspira a alcanzar el poder por medio de la competencia electoral. Pero en vez de utilizar las elecciones para evaluar las varias demandas representativas, las utiliza como plebiscitos que sirven para demostrar al público la fuerza del ganador. Las elecciones revelan lo que ya existe: la gente ‘buena’ a la espera de gobernar. Si tiene éxito, el populismo trata de constitucionalizar ‘su mayoría’… Si tuviera éxito, el constitucionalismo populista cerraría la brecha que separa la ley constitucional de la ley ordinaria —una brecha que es crucial para la democracia constitucional. En pocas palabras, constitucionalizaría la voluntad de una mayoría específica”. Allí cristaliza el carácter fundamentalista del populismo: leyes, instituciones y gobernante, han de estar al servicio no de toda la sociedad sino del segmento de la sociedad a la que dice encarnar el líder populista.
“3. El populismo logra esta transformación después de rechazar la idea (de) que la representación es una traducción electoral de demandas y visiones partidistas, en favor de la idea (de) que la representación es una encarnación de todas las demandas en un líder, quien se convierte en la voz del pueblo ‘correcto’. La representación directa que vincula al pueblo y al líder selecciona a la audiencia como la única fuente de legitimidad. Esto devalúa a los intermediarios políticos (partidos organizados y controles institucionales) y permite al líder reforzar una reivindicación antisistema (antiestablishmentarianism) mediante su poder de mando. La propaganda es un componente esencial del populismo en el poder; y este populismo consiste, más o menos, en movilización y campaña electoral permanentes”.
En el párrafo anterior se condensan tres atributos del populismo contemporáneo: la tendencia a conformar una sociedad no de ciudadanos sino de audiencias, el reemplazo de las instituciones representativas por el trato clientelar del líder con “el pueblo” y la preeminencia de la propaganda sobre la realidad.
“4. El populismo reinterpreta la democracia como mayoritarismo radical. Esto implica resolver la indeterminación y apertura en las que consiste el pueblo democrático y solidificar el poder gobernante de una porción de la población que habla por boca del líder. El faccionalismo es el carácter de la política que practica el populismo: es una admisión de la política como una guerra más que un juego, una cuestión de ganadores y perdedores, sin ficción de universalismo. El populismo representa la celebración del desencanto político: el fin de todas las utopías e idealizaciones. Representa la acogida de una visión hiperrealista de la política como la construcción y ejercicio del poder por el fuerte”.
La puntualidad de esos rasgos disculpan las extensas citas del libro de Urbinati. Profesora estadunidense de origen italiano, forma parte del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Columbia y estudia al populismo desde el desarrollo de las ideas y las prácticas políticas. La traducción del sustancioso epílogo es de Berenice Dorantes García y Mariano Sánchez Talanquer. Configuraciones se puede descargar en www.ietd.org.mx Yo el pueblo. Cómo el populismo transforma a la democracia, ha sido comentado por Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma y José Fernández Santillán aquí en Crónica.
La autora de este libro refuta la excusa más frecuente de quienes pretender soslayar excesos del populismo con el expediente de que beneficia a los desposeídos. El fin jamás justifica los medios pero, cuando se le emplea como coartada desde el poder, deriva en atropellos de toda índole. “El populismo —explica Urbinati— si bien es un signo justificado de sufrimiento por parte de ciudadanos desempoderados, difícilmente puede ser una solución porque sus voceros y líderes quieren usar la mayoría no sólo o no simplemente como un método para resolver el desacuerdo. Más bien, busca instalarse a sí misma como la mayoría ‘buena’, que las elecciones legitiman y que resulta intolerante hacia otras partes de la población”.
Aunque puede surgir de procesos democráticos, el populismo deriva en la antidemocracia debido a la personalización del poder: “El populismo procede inevitablemente a exaltar y asegurar el papel prominente y el poder del líder. Esto ocurre por la simple razón (de) que el éxito de la narrativa descansa en el éxito del líder —y ambos dependen de la autoridad del líder sobre el pueblo y sus partes”.
En variadas latitudes, los partidos desplazados por el populismo y los ciudadanos agraviados por él se preguntan cómo enfrentarlo. Se necesitan realismo, autocrítica, imaginación, pero con ello no decimos algo nuevo. Los defensores de la democracia tienen que empeñarse en discutir y rebatir al populismo y sus usufructuarios, tendrían que revisar “algunas reglas básicas del juego de una forma que regrese a los ciudadanos poder directo de toma de decisiones y también les otorgue un control más estricto sobre sus representantes”. Urbinati recuerda, entre otras recomendaciones, que se precisa una drástica renovación de los partidos. También hace falta, añadimos, rechazar las concepciones binarias que reducen el escenario público a una confrontación de buenos y malos, o como sea que les denomine la retórica en boga. Hay que reivindicar el orden jurídico que ha sido resultado del proceso hacia y en la democracia. Es preciso desarticular la idea de que hay un “pueblo” que justifica cualquier exceso; lo que tenemos es una sociedad diversa, cuya pluralidad el Estado tiene la responsabilidad de reconocer y representar. Por ello, es imprescindible cuestionar la idea de que en la política se dirime todo o nada cuando, en realidad, se trata de un proceso en donde a veces avanzan unos y se estancan otros.
La crítica de Nadia Urbinati está respaldada en su trayectoria en el campo de la filosofía política pero también por su compromiso con el pensamiento de izquierdas. Además de sus ensayos académicos es colaboradora frecuente en publicaciones de ese signo en Italia y Estados Unidos.
El populismo no es una ideología sino una colección de mecanismos para alcanzar y conservar el poder. En otro segmento de su libro, Urbinati describe esa suerte de fatalidad que hace al populismo consecuencia y contrario de la democracia:
“La democracia y el populismo viven y mueren juntos; y por esta razón, tiene sentido sostener que el populismo es la frontera extrema de la democracia constitucional, después de la cual los regímenes dictatoriales están preparados para emerger”.
trejoraul@gmail.com
@ciberfan
viernes, 11 de octubre de 2019
Cría Cuervos
Guillermo Velasco Barrera
11 Oct. 2019
Durante más de una semana fueron secuestrados 92 choferes de autobuses por "estudiantes" de la escuela normal Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Tenería, en el Estado de México. Los privaron de su libertad desde el pasado 3 de octubre, como moneda de cambio para exigir al gobierno un delirante pliego petitorio.
Quienes supuestamente se están formando para ser educadores exigían plazas automáticas inmediatas para los egresados, becas, respeto a sus formas de manifestación y pasto sintético para su cancha de futbol. Sus demandas fueron aceptadas desde el pasado martes, y no fue sino hasta el miércoles de esta semana que liberaron a sus rehenes.
El proceder de estos normalistas es absolutamente condenable, es un delito, atenta contra los derechos de terceros, rompe el orden y la paz social, y resulta un desafío a la autoridad, si es que podemos hablar de autoridad cuando contemplamos que suceden estos atropellos, quedando totalmente impunes.
El subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta declaró orondo que el gobierno del que forma parte privilegia el diálogo y ha dejado atrás la represión. Llegó incluso a decir que se tenía que evitar a toda costa otro Ayotzinapa o un episodio como el de 1968. Agregó que lo importante es llegar a acuerdos y que éstos se cumplan.
Lo expresado por este funcionario y la postración del gobierno de la 4T ante la presión de estos normalistas es una invitación a la anarquía y a la violencia como camino para obtener resultados. Se califica como represión lo que en todo caso sería el legítimo proceder de la autoridad para aplicar la ley, desde luego en apego a los derechos humanos, lo cual no implica ceder a las irracionales exigencias y métodos de quienes incluso ponen en peligro la vida de personas.
No es la primera vez que el gobierno cede a la presión de grupos que toman carreteras y vías ferroviarias con graves afectaciones para la sociedad en su conjunto, los pseudo maestros de la CNTE se apoderaron del Congreso impidiendo el ingreso y salida de personas, y decenas de vándalos afectaron gravemente comercios, restaurantes y edificios públicos en la marcha conmemorativa de Ayotzinapa.
Frente a todos estos hechos el presidente López Obrador habla de la importancia de privilegiar el diálogo y señala como conservadores a quienes alzan la voz para exigir que el gobierno haga valer el Estado de Derecho, lo cual es su obligación. Se tolera lo intolerable con el discurso de la paz y la reconciliación, y se alimenta una espiral de violencia al permitir que estos activistas envueltos en la bandera de la justicia social hagan de la extorsión un modus operandi.
Muy probablemente el presidente de la República sienta una profunda identificación con estos grupos de agitadores que permanentemente desafían a la autoridad. No hay que olvidar que, no hace muchos años, el hoy titular del Ejecutivo federal, que hoy habla de amor y paz en todas sus intervenciones públicas, era un verdadero maestro en las artes de la agitación callejera como método de presión política. Basta recordar la toma de Avenida Reforma en la Ciudad de México, que significó pérdidas millonarias para muchos establecimientos y un verdadero caos en la capital del país.
Pero no se trata tan solo de identificación con estos grupos, sino también de acuerdos político-electorales. La CNTE representó un verdadero ejército al servicio de Morena en la pasada campaña presidencial, y evidentemente se devuelve el favor a los aliados, lo que significa que los "maestros" hagan lo que les dé la gana con total impunidad.
Para López Obrador la verdadera prioridad son las elecciones de 2021, y el Presidente asume que tolerar a estas hordas de "educadores" le puede significar muchos votos. Es posible que así sea. El problema es que estos agitadores son insaciables y ya le tomaron la medida, y como bien dice el refrán "cría cuervos y te sacarán los ojos".
Pero lo más lamentable es que, con este propósito electoral y el falaz discurso del diálogo y la tolerancia, no solamente no se cumpla la ley, sino que se entregue la educación de millones de niños en México a activistas, porros y, en algunos casos, a auténticos delincuentes.
@gvelascob
Ministro incómodo
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
11 Oct. 2019
"Nosotros hemos sido respetuosos
y no nos involucramos en estos
asuntos judiciales".
Andrés Manuel López Obrador
El 12 de marzo de 2015 escribí en este espacio que el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte había sido un "acto de arrogancia" del gobierno de Enrique Peña Nieto: "La imposición era innecesaria. Al final, será una victoria muy costosa".
"Pierde el Presidente -sostuve-, que lejos de mostrarse como un mandatario que gobierna para todos se presenta como un político que busca repartir puestos de servicio público como botín. Pierde la Corte, que deja de ser vista como una institución imparcial de impartición de justicia para convertirse nuevamente en apéndice del poder presidencial. Pierde Medina Mora, que ha sido objeto de ataques politizados que poco o nada tienen que ver con su verdadero desempeño en el servicio público y que a partir de ahora será cuestionado en cada fallo como ministro. Pierde también el pueblo mexicano, porque el nombramiento significa que se seguirán multiplicando las manifestaciones de protesta... y por la incertidumbre de que estamos regresando a los tiempos de un viejo PRI que dominaba todos los aspectos de la vida pública".
Lamento haber tenido razón. La renuncia de Medina Mora ha sido tan cuestionable como su designación. No solo se convirtió en el primer ministro en renunciar desde la reconstitución de la Corte en 1994, sino que lo hizo en abierta contravención al artículo 98 de la Constitución, que establece que la renuncia de un ministro solo podrá darse por "causas graves". La carta que dirigió al Presidente no solo no señalaba las causas, sino que ni siquiera estaba fechada.
El Presidente dice que no intervino. "Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara", declaró el 7 de octubre, pero al parecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí lo hizo.
El periodista Salvador García Soto reveló en junio que el ministro había recibido transferencias por 2.3 millones de libras esterlinas y había realizado depósitos por 2.1 millones de dólares entre 2016 y 2018. Medina Mora lo negó, pero la UIF empezó o ya estaba haciendo investigaciones.
Santiago Nieto, el titular de la UIF, no ocultó nunca su molestia con las decisiones del ministro: "No me gusta su jurisprudencia que cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y mucho menos el porqué de esa jurisprudencia que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior -declaró-. No comparto el criterio de Medina Mora mediante el cual señaló que era inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando provenía de una investigación nacional y que era constitucional cuando venía de una petición extranjera".
Ayer el periodista Mario Maldonado dio a conocer que la UIF, horas antes de la renuncia, el 3 de octubre, giró un requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para bloquear 11 cuentas de Medina Mora y otras personas y empresas relacionadas con él. Pero, ¡milagro!, una vez que el ministro renunció, la UIF pidió a la CNBV que desbloqueara las cuentas. Esta petición se giró el 5 de octubre, un sábado.
Si el ministro cometió algún ilícito debe ser investigado y sancionado. Sus decisiones como ministro, sin embargo, no pueden justificar el hostigamiento. El congelamiento de cuentas antes de la renuncia y el descongelamiento después son muy mala señal. Sugieren que la UIF fue el instrumento para presionar a un ministro incómodo.
· SUSPENDIDO
El magistrado Jorge Camero, que votó contra el aeropuerto de Santa Lucía, ha sido suspendido por el Consejo de la Judicatura. Dice el ministro presidente, Arturo Zaldívar, que tenía "inconsistencias graves en su situación financiera". Esperemos que no esté siendo castigado por votar contra los deseos del Presidente.
@SergioSarmiento
jueves, 10 de octubre de 2019
AMLO, el ludita
Jorge Suárez-Vélez
10 Oct. 2019
AMLO es un ludita del siglo XXI. Parece empeñado en anclarnos al pasado. Quiere que cientos de miles de mexicanos planten árboles a mano (lo cual les permitirá subsistir, pero jamás salir de la pobreza), insiste en proveer subsidios a pequeños agricultores cuando nuestra prioridad debería ser la urbanización de la población para buscar su incorporación a mejor educación y a actividades productivas rentables. Mató el Nuevo Aeropuerto, la única obra de infraestructura mayor que nos insertaría en las cadenas de valor globales. Sacrifica a nuestros niños al pactar con sindicatos magisteriales corruptos y retrógradas. Les quita fondeo a la ciencia y a la cultura, condenándonos al atraso y mediocridad perennes. Y el dinero que necesitaríamos para incorporarnos a la modernidad, prefiere tirarlo en Pemex, sin intentar resolver antes sus gravísimos problemas estructurales (invirtiendo además en refinación, cuando otras petroleras del mundo se salen de ese negocio).
Los luditas surgieron en el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial inglesa, cuando Ned Ludd dio origen al movimiento en el que miles de trabajadores textiles -que por generaciones produjeron telas artesanalmente- fueron desplazados por telares mecánicos que las hacían de mejor calidad, a menor costo y en menos tiempo. Se lanzaron a quemar las fábricas que los dejarían sin trabajo, pero la presión económica por las Guerras Napoleónicas los habría de forzar a adoptar la nueva tecnología.
Por siglos han desaparecido oficios y profesiones, conforme la tecnología evoluciona y las necesidades cambian. Las economías exitosas se adaptan rápido, dando tiempo para una transición ordenada de quienes son desplazados, hacia actividades donde agreguen valor y mantengan acceso a una vida digna. Es tan injusto imponerles a los ciudadanos servicios anticuados e ineficientes, como lo es perpetuar a los trabajadores desplazados en actividades sin futuro, condenadas por su propia obsolescencia.
La Ciudad de México sufre otra amenaza ludita. Adoptar aplicaciones como Uber, Didi o Cabify debería ser prioritario, pues incrementa la seguridad del pasajero, quien conoce la identidad del chofer y las placas del vehículo que lo recoge. Al usualmente no haber intercambio de efectivo, el chofer deja de ser presa de asaltantes, lo cual facilita que mujeres desempeñen esa actividad. Formaliza el servicio de taxi en un país asfixiado por la informalidad. Es también una herramienta esencial para el turismo en una ciudad que es destino de moda para familias y jóvenes atraídos por la cultura y la comida. Éstos ya son usuarios de Uber en sus países, no tenerlo los lleva a elegir otros destinos.
Estas aplicaciones son sólo la primera disrupción, la siguiente ya está en camino. Uber ha invertido más de mil millones de dólares en su plataforma para automóviles autónomos, que ya se usan en ciudades como Toronto o San Francisco. El beneficio para el ciudadano es enorme. Primero, reduce dramáticamente la tarifa por viaje, pues el pago al conductor es la mayor parte del costo. Se estima que ésta bajará 80% en la próxima década, conforme se pueda prescindir de choferes. Segundo, reduce congestión y contaminación, pues permite que haya menos automóviles circulando sin pasajero a bordo. Al enlazar las redes de taxis y utilizar herramientas de inteligencia artificial, puede optimizarse su ubicación, la selección de rutas, e incluso incrementarse la velocidad de desplazamiento, conforme haya menos humanos manejando, hasta llegar a cero. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, pero el banco UBS estima que el mercado de taxis autónomos valdrá dos millones de millones de dólares en 2030.
Esta migración será uno de los mayores retos para las ciudades modernas, que podrán recuperar enormes espacios liberados por estacionamientos, y reducirá la necesidad de nuevas vialidades. Será también una de las formas más eficientes de transporte público.
Ceder a las presiones de luditas, a expensas de servicios que los ciudadanos demandan, sería suicida, pero en este gobierno ya no sorprendería.
@jorgesuarezv
miércoles, 9 de octubre de 2019
El objetivo es controlar la Corte, a como dé lugar
Pablo Hiriart, El Financiero, 9 octubre 2019.
El Presidente se lavó las manos en el caso Medina Mora con una coartada imposible de digerir: “yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara”, dijo el lunes.
Todos sabemos que un Presidente no necesita dar órdenes expresas para que actúen sus pretorianos. Basta con expresar públicamente su animadversión hacia alguien.
De Medina Mora, López Obrador ha dicho que es “un delincuente peligrosísimo”.
Que “el nombramiento que hizo el presidente pelele para que este señor sea procurador general de la República es un insulto para todos los mexicanos”.
Lo acusó de estar detrás de los videoescándalos y de la “represión” en San Salvador Atenco.
Cuando llegó a la Corte, AMLO dijo que fue impuesto por “la mafia del poder”.
Son señales suficientes para que sus operadores más exaltados, ahora en el gobierno, sepan a quién tienen que acosar y perseguir. Especialmente cuando el objetivo es controlar la Corte.
Si Medina Mora cometió delitos, que sea juzgado y, en su caso, castigado. Hasta ahora no sabemos si las acusaciones tienen sustento o no.
Y al margen del proceso hay un linchamiento de Estado hacia él, que busca intimidar a los ministros aborrecidos por el Presidente.
La prensa del régimen se abalanzó como jauría contra el ministro en desgracia. Hasta de trata de personas lo acusaron, a ocho columnas.
El Ejecutivo federal fue el promotor del linchamiento.
Necesitan linchar para intimidar. E intimidar para controlar.
Diversas fuentes indican que ya han presionado a otro ministro. Que lo investigan por “malversación” y acosan a su familia.
¿También lo van a tirar?
Ese ministro, ¿votará a conciencia en lo sucesivo, después de haber visto el hacha con la sangre de Medina Mora?
Se trata de un linchamiento de Estado por los pronunciamientos públicos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
El funcionario acusó a Medina Mora, en declaraciones a la prensa, de haber protegido a grupos delictivos al desbloquear sus cuentas por dos mil millones de pesos.
“Son recursos que se le habían congelado a grupos delincuenciales, trata de personas, narcotráfico, corrupción, y en virtud del criterio del exministro Medina Mora, este dinero fue descongelado”, dijo el funcionario en Tijuana.
Fue más allá: “no me gusta su jurisprudencia, que cercenó buena parte de las atribuciones de la UIF, y mucho menos el porqué de esa jurisprudencia”.
Omitió decir el funcionario que en favor del dictamen propuesto por Medina Mora votaron todos los ministros que integran la Segunda Sala de la Corte, sin objeción alguna, el 22 de mayo de este año.
Es decir, Santiago Nieto, miembro del Ejecutivo y acusador de Medina Mora, se disgustó con un proyecto del ministro y arrancó el linchamiento contra éste: corrupción, narcotráfico, trata…
¿Y dónde está el presidente de la Suprema Corte para recordarle al integrante del Poder Ejecutivo que las resoluciones son independientes y los juzgadores no pueden ser linchados por ello?
Pues el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, estuvo muy ocupado en Twitter durante el fin de semana tratando de convencernos de una obviedad: que el Poder Judicial no es un partido de oposición.
De las acusaciones del integrante del Ejecutivo contra el fallo del ministro Medina Mora, avalado por la unanimidad de sus colegas, ni una palabra.
Ni una palabra para frenar el linchamiento mediático azuzado desde el Poder Ejecutivo contra uno de sus ministros, sin que sea declarado culpable.
El lopezobradorismo beligerante de Arturo Zaldívar puede llevar a la Corte a subordinarse al Ejecutivo. Necesita serenarse y ubicarse en su papel.
Si toman la Corte, adiós a la división de poderes y los tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estarán en manos de un solo hombre: López Obrador.
El viejo régimen habrá sido plenamente restaurado.
miércoles, 2 de octubre de 2019
¿Se está construyendo futuro?
Jóvenes Construyendo el Futuro (JFC) es un programa que busca atender una problemática real: el conjunto de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan. Ese subconjunto de ciudadanos demanda y merece atención si México aspira a dar oportunidades a quienes no las tienen, preparar mejor a su fuerza laboral y abrirles un mejor camino para incorporarlos al mercado de trabajo. Nunca, salvo quizá el programa de Primer Empleo de la administración de Felipe Calderón, se había implementado una intervención exclusiva para los jóvenes que no estudian y no trabajan. El programa es tan ambicioso que se propone dar atención a 2.3 millones de jóvenes mediante su incorporación a Centros de Trabajo (CT) dispuestos a capacitarlos a lo largo de un periodo de cinco a 12 meses y pagándoles durante ese lapso tres mil 600 pesos más su inscripción al Seguro Social.
La celeridad con la que se ha implementado este programa llevó a que cerraran inscripciones anticipadamente (1 de agosto) por haber llegado a la meta de 900 mil becarios o “jóvenes vinculados” para 2019. Esto a pesar de que al último corte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportaba 369 mil 337 vacantes y hay suficiencia presupuestal. En 2020 el programa se reabrirá hasta alcanzar los 2.3 millones de jóvenes contemplados.
En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad nos planteamos un trabajo de mediano plazo para evaluar los efectos de la capacitación sobre los becarios y ofrecer elementos para la mejora del mismo con el objetivo de que los recursos públicos invertidos tengan la mayor incidencia posible sobre las oportunidades de los becarios. El primer paso de toda evaluación es el análisis del padrón. En este caso el de los CT autorizados y el de los becarios inscritos que aspiran a ser capacitados. Los hallazgos a partir del padrón nacional y del estudio de caso de la Ciudad de México fueron sorprendentes en materia de transparencia, verosimilitud de los datos y ejercicio presupuestal.
A nivel nacional los datos ofrecidos en el portal de la STPS alcanzaron al 1 de agosto un total 157 mil 70 CT y 900 mil becarios. El primer hallazgo fue un padrón público con grandes carencias y anomalías. Un padrón que hace imposible la verificación de los datos porque en el caso de los becarios la única información disponible es la del número total de “jóvenes vinculados” por entidad federativa y en el caso de los CT nombres de personas físicas y morales sin ninguna otra información adicional.
Sorprende la opacidad del padrón pues según los propios Lineamientos de operación publicados en el Diario Oficial de la Federación (28-06-2019) la documentación que deben de presentar los CT que se postulen para participar en el programa deben incluir: “I. Acta constitutiva otorgada ante fedatario público que acredite la existencia de la persona moral; II. Constancia de inscripción ante el RFC; III. Identificación oficial vigente del representante legal o apoderado del CT; IV. Documento otorgado ante fedatario público, que acredite la personalidad del representante legal o apoderado del CT; V. Comprobante de domicilio del CT o del domicilio fiscal; VI. Fotografías del exterior e interior del CT, es decir, del lugar donde va a realizar la capacitación”.
Los Lineamientos también establecen que los representantes de los CT deberán entregar: el plan de capacitación que corresponda, datos de contacto de la persona que fungirá como tutor(a) para cada plan de capacitación y un Convenio Marco.
Si existe y obra en poder de la STPS, esta información no se encuentra disponible para ser revisada y analizada. Esto milita no sólo contra el derecho a la información sino también contra la posibilidad de verificar el padrón y evaluar el programa.
¿Cómo —nos preguntamos— ubicar y verificar la existencia de un CT que aparece en el padrón como “¿María Cristina” o “Abarrotes Don Juan” o “Pollería” o “Papelería” o “Diputado Federal”? Estos son ejemplos reales del listado que la STPS ofrece en su portal.
La falta de calidad y las características de la información proporcionada pueden atribuirse a la celeridad con que quiso implementarse el programa, al descuido o a la falta de experiencia de los responsables de su construcción y difusión, pero eso no justifica que se publique información incompleta.
Un segundo hallazgo es que la evolución en el tiempo de los padrones nacionales de CT y de becarios es, en el mejor de los casos, atípica y estadísticamente improbable y, en el peor, inverosímil y poco creíble. Prácticamente todos los días se inscribieron la misma proporción de becarios, de hombres y mujeres, de niveles de escolaridad y de edades. De esta manera, en la página de la STPS se reportan diariamente (salvo cuatro días) exactamente el 57% de becarias y el 43% de becarios. Esto ocurre el primer día de medición (abril 11) y el último (9 de septiembre) independientemente de días festivos o fines de semana. Lo mismo sucede con el nivel de escolaridad: la misma proporción de becarios que tienen primaria (7.6%), secundaria (27.6%), preparatoria (43%), carrera técnica (4%), carrera universitaria (17.6%) o posgrado (0.3%). Y vuelve a pasar con el perfil de becarios por edad: misma proporción de jóvenes de 18, 19, 20, 21… 29 años inscritos todos los días.
Es francamente increíble que una población tan heterogénea como es la de los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan se presente un patrón de inscripción de becarios como el recién descrito.
Al pasar del nivel nacional al estudio de caso de la Ciudad de México los hallazgos son aún más sorprendentes. La Ciudad de México ocupa el séptimo lugar de entre las entidades federativas con mayor número de becarios, 42 mil 159 y cuenta con seis mil 469 Centros de Trabajo registrados.
Sin la información necesaria la auditoría que MCCI pudo practicar al padrón corrió por la búsqueda en diversas páginas oficiales como el Sistema de Información Empresarial de la Secretaría de Economía, Compranet, Marcanet, y páginas web, Sección Amarilla, aplicaciones diversas y redes sociales.
De un universo del 82% del padrón (cinco mil 439 de seis mil 449 CT) no pudieron ser localizados dos mil 881 CT (personas morales), ni 843 personas físicas inscritas como receptoras autorizadas para capacitar becarios. ¿Cómo ubicar en la Ciudad de México una empresa listada en el padrón como Lavandería, Taller Mecánico o Herrería, y cómo comprobar la existencia de una persona física que aparece en el padrón de CT con el registro de Jorge, Emelia o Candy sin ningún otro dato?
En la investigación se lograron identificar por nombre a 646 empresas receptoras de becarios, pero no se las pudo ubicar y a otras 140 que sí se localizaron, pero al hacer la visita dijeron no estar inscritas como CT en el programa.
Finalmente, se encontró a otros 214 CT que dijeron estar inscritos, pero nunca haber recibido becarios y 136 que afirmaron haber tenido a algún o algunos becarios pero que ya no asistían.
Esta larga serie de “descartes” nos dejó tan sólo con 413 empresas localizables y con becarios en regla. En estos últimos la suma total de becarios fue de mil 923.
En resumen, sólo en 54 de cada 100 CT encontrados había al menos un becario; en 18 de cada 100 encontrados alguna vez hubo algún becario; y en 28 de cada 100 se reportó no haber recibido jamás un becario.
Estos hallazgos no significan que los CT no existan sino simplemente que, con los datos proporcionados por la STPS, no pudo verificarse su existencia.
Ante estos hallazgos la STPS ha comunicado que “la información que se pone a disposición es un listado de empresas, negocios, talleres, artesanos, agricultores, carpinteros, cerrajeros, electricistas, abogados, artistas, tiendas de abarrotes, instituciones públicas, organizaciones sociales, entre otros actores que se han comprometido a recibir aprendices y formarlos”. Sin embargo, en ningún momento ofrece una explicación de por qué este listado contiene registros inverificables sin ningún tipo de información que permita su ubicación a pesar de que, de acuerdo con los lineamientos previamente mencionados, cuentan con dichos datos o deberían contar con ellos para poder ser registrados.
La pregunta se impone: si la STPS tiene los datos de su existencia y del número de jóvenes en cada uno de ellos, ¿por qué no ponerla a disposición del público y someterse al escrutinio? ¿Por qué sembrar la duda de una simulación o alteración del programa JCF?
Falta por analizar si los muchos o pocos becarios que están inscritos en el programa realmente están recibiendo algún tipo de capacitación que en el futuro les abra las puertas del mercado de trabajo formal.
Aún es pronto para evaluar éste, que es el propósito final del programa, pero para ello hará falta información y, en el caso de la STPS, grupos de control que permitan valorar si los jóvenes reclutados pudieron acceder a mayores y mejores oportunidades. En caso contrario estaremos frente a un programa en el que estrictamente se alivió la situación de algunos jóvenes de manera temporal (cada becario puede permanecer un mínimo de cinco y un máximo de 12 meses) y quizá, ante el enojo de, pasado el tiempo, ya no tener los tres mil 600 pesos a los que se acostumbraron.
La STPS dice contar con un Plan de Capacitación que respalda las actividades de estos becarios y contar con los Convenios Marco firmados para los CT, pero éstos tampoco son públicos y se pide un acto de fe de que realmente existen.
Por lo pronto, y tan sólo de manera preliminar, el trabajo en campo para la CDMX encontró una serie de quejas tanto de parte de los CT como de los becarios. Los dueños de las empresas o encargados de la capacitación mencionaron de manera reiterada el ausentismo, la impuntualidad y el no cumplimiento del horario establecido. Se presenta también el fenómeno de despidos de personal previamente empleado y su sustitución por becarios, así como la “contratación” de familiares.
Del lado de los becarios las quejas son de otra naturaleza: el tiempo que pasan para ser vinculados con alguna empresa; la utilización de los jóvenes en tareas ajenas a las prometidas y la ausencia de capacitación real; el “requerimiento” por parte del CT de una “cuota mensual por el costo de capacitación”; y atrasos en el pago prometido.
Un tercer y último hallazgo fue el del gasto ejercido y por ejercer en el primer año de funcionamiento de este programa.
Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto asignado en el PEF 2019 de 40 mil millones de pesos. Para el primer semestre del año se tenía estimado erogar 15 mil 393 millones de pesos pero se ejercieron sólo cuatro mil 918 millones de pesos. Esto equivale a un subejercicio de 10 mil 474 millones o 68%.
Aun haciendo el supuesto heroico de la existencia de 900 mil becarios en el programa y del pago puntual a cada uno de ellos por los meses que permanecieron en él, la cantidad máxima que podría gastarse para el cierre del año sería de 24 mil 358 millones de pesos. Esto significa que para el final de 2019 habrá un subejercicio de cuando menos 15 mil 641 millones de pesos o 39% del gasto estimado para el programa.
Las preguntas se agolpan: ¿se hizo un mal cálculo del gasto requerido?, ¿hubo una sobrepresupuestación intencional?, ¿a dónde irán a parar los más de 15 mil millones que sobrarán? La única pista que tenemos es que según el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo tiene la facultad de reasignar los recursos del PEF de manera francamente discrecional y sólo dando cuenta con posterioridad al Congreso de cómo se gastaron.
Las dudas que genera el programa JCF pueden disiparse en una primera instancia de manera relativamente fácil. A través de la transparencia. Basta con poner a disposición en su portal institucional la documentación requerida para cada CT; publicar la base de datos de CT indicando el número de becarios adscritos a cada uno, así como sus características de edad, género y escolaridad; hacer públicos los Planes de Capacitación y Convenios Marco correspondientes que amparan la transferencia de recursos a cada becario.
Sólo con un padrón confiable y verificable podrán la STPS, el Coneval, la Auditoría Superior de la Federación, la academia o cualquier otra organización ciudadana evaluar los beneficios de uno de los programas más emblemáticos de esta administración. De otra manera seguiremos, como en el pasado, sospechando del propósito clientelar de los programas y del mal uso y abuso de los recursos públicos destinados a ellos.
Ma. Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
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