La pugna de Rosario y AMLO,

Héctor de Mauleon, 15ago19, El Universal.

El día de la audiencia, Rosario Robles comió en su casa de Los Reyes, Coyoacán, con un grupo de colaboradoras. Su abogado pasó por ella más tarde. Robles entró al juzgado “pensativa y en control”, según uno de sus allegados. Acababa de volver al país, procedente de Costa Rica. Le habían informado que acababa de llegarle un citatorio y decidió dar por terminadas sus vacaciones, preparar cuanto antes su defensa. 

Los abogados del bufete Hernández & Pliego le habían advertido que aquella tarde el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna iba a vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público. A Robles se le acusa de omisión en el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano: según la acusación, la exfuncionaria no evitó que ocurrieran dichas irregularidades, pese a que la Auditoría Superior de la Federación las había detectado, y no informó de estas a su superior jerárquico, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Dicho delito no es considerado grave. Ella y sus abogados sabían que tenían por delante un largo y duro camino. Pero ni en el peor de los escenarios que en los días previos habían trazado, figuraba el rumbo que las cosas iban a tomar 14 horas más tarde. El juez Delgadillo Padierna, que según el abogado Hernández Pliego fue despiadadamente duro con la defensa, decidió imponer a Rosario Robles la medida de prisión preventiva, porque el domicilio que ella había presentado no coincidía con el de su licencia… y esto abría la posibilidad de que se fugara. Robles se declaró víctima de una venganza política. Había perdido una partida que comenzó hace 19 años, cuando ella era jefa de gobierno, y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aspiraba a gobernar la capital del país. Después de actuar aliados para lograr que AMLO superara en las elecciones al panista Santiago Creel, comenzaron los desencuentros. El primero de ellos, cuando AMLO le pidió a Robles que subiera las tarifas del Metro para no tener que subirlas él, y evitar que se dañara su imagen. Robles recordó luego en un libro que la guerra interna duró casi dos años, y que el peón del nuevo jefe de gobierno en esa batalla fue nada menos que su secretario particular, el inefable René Bejarano. De acuerdo con Robles, fue Bejarano quien filtró la información sobre presuntos malos manejos cometidos a lo largo de su gestión: el robo del 10 por ciento del presupuesto, y la entrega de contratos sin licitar, por más de 50 millones de pesos, a la empresa Publicorp. PUBLICIDAD. Cuando Robles inició campaña para convertirse en presidenta del PRD, la guerra interna arreció: Bejarano maniobró para que el elegido fuera otro candidato. El 5 de diciembre de 2002, en el Palacio del Ayuntamiento, Robles le exigió a AMLO que dijera por qué se oponía a su candidatura. El entonces jefe de gobierno dijo que no tenía objeción alguna. Robles agregó que no creía que Bejarano se moviera solo. López Obrador insistió: —No tengo nada contra ti. Ella respondió: —Entonces amarra a tus perros —y salió de la oficina. Tres meses después se hacían públicos los videos en que los más cercanos colaboradores de AMLO, René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz, aparecieron recibiendo fajos de billetes de manos del empresario argentino Carlos Ahumada —pareja sentimental entonces de Rosario Robles. El escándalo que vino a continuación hizo que Rosario Robles fuera expulsada del PRD. Se desnudó su vida íntima. Se le investigó “hasta por debajo de las piedras”. Ella dijo que un político no puede darse nunca por muerto, y al cabo de los años se convirtió en secretaria de Estado por el partido que combatió durante toda su juventud. A Andrés Manuel López Obrador, que enarbolaba entonces como lema el de la “honestidad valiente”, la sacudida le hizo perder cuantiosos puntos de popularidad, le hizo perder a su peón de confianza (que pasó los lustros siguientes operando en la sombra), y muy probablemente le hizo perder también una presidencia que, antes de los videoescándalos, parecía tener en la bolsa. De aquellos lodos parecen venir estos polvos. El siguiente capítulo de la historia termina con el presidente diciendo que su fuerte no es la venganza, y con Rosario Robles ingresando, bajo el sol frío de la mañana, en una celda de la prisión de Santa Martha

Tres fases del populismo

Jorge Suárez-Vélez
15 Ago. 2019


Fui a Argentina en 1992 por primera vez. Me sorprendieron su clase media, sus empresas insertándose en mercados internacionales y la calidad de sus servidores públicos. Volví en 2014, y vi que por las tardes descendían familias enteras de "cartoneros" a los barrios ricos, para extraer reciclables de las bolsas de basura y venderlos. Entre uno y otro momento ocurrieron los Kirchner, Néstor (2003-2007) y Cristina (2007-2015). En forma sorpresiva, están de vuelta. Se pone fin al intento de Mauricio Macri de corregir el desastroso rumbo que heredó en 2015, tras 12 años de populismo.

A pesar del fuerte crecimiento económico al inicio de la era de Kirchner, gracias a precios récord de materias primas como la soya que Argentina exporta, se cayó en una fuerte crisis por el enorme gasto público -e inmanejable déficit- agravado por una política monetaria laxa. El peso argentino estaba a la par del dólar la primera vez que fui, a tres por uno hace 15 años, y hoy cotiza a 55 por dólar.

El cortoplacismo en decisiones como el control de cambios, la pérdida de autonomía del banco central, la enajenación de las AFJP's (equivalente a las Afores), la prohibición de exportaciones de carne para que su precio bajara en el mercado local (pasaron a ser importadores de carne uruguaya y paraguaya), el ataque al Instituto Nacional de Estadística y Censos porque las cifras que éste reportaba no agradaban a la Casa Rosada, los conflictos del Poder Ejecutivo con el Judicial, y la censura de la prensa independiente (en la que el Grupo Clarín fue atacado por los Kirchner), entre muchos otros factores, provocaron el aislamiento de Argentina, el desplome de la inversión privada nacional y extranjera, y el empobrecimiento del país que, otrora, fuese uno de los más ricos del mundo.

El regreso de Kirchner confirma la dificultad de restituir el profundo daño estructural que las políticas populistas le hacen a un país. Para regresar a una situación económica viable, se volvía imprescindible revertir los insostenibles planes de gasto social y de jubilación que implementaron los Kirchner. Macri pagará con su derrota haberlo intentado.

Argentina no es Venezuela, pero comparten más que la riqueza de recursos naturales. A no ser que el nuevo gobierno argentino nos sorprenda con un pragmatismo imprescindible, podemos adivinar qué futuro le depara a esa nación viendo la terrible crisis que vive Venezuela, donde más de 90% de la población está en situación de pobreza, hay poco que comer y el Estado ya no presta servicios básicos (salud, seguridad, etcétera). Dos tercios de los venezolanos han perdido 11 kilos en promedio durante el último año, en la trágicamente denominada "dieta Maduro".

Tenemos la inusual oportunidad de ver tres fases de implementación de modelos populistas en nuestra región: México en la primera, Argentina en la segunda y Venezuela en la tercera. En México, AMLO heredó una situación económica estable -aunque con crecimiento económico insuficiente-, inflación bajo control, amplias reservas internacionales, alta credibilidad internacional, y la segunda calificación crediticia más alta en América Latina después de Chile.

El nuevo gobierno se deshizo de los mejores funcionarios públicos, debilita a órganos autónomos incómodos, va desmantelando estructuras sociales que funcionan -como el Seguro Popular-, cuestiona la credibilidad de cifras oficiales (Inegi), debilita la democracia (Baja California) y empieza a interferir en la separación de poderes. Si bien se comprometió con disciplina fiscal, la pésima asignación de recursos a obras absurdas (Dos Bocas) y la cancelación de proyectos estratégicos (NAIM) provocarán estancamiento económico, reduciendo la recaudación fiscal, dejándolos apenas con suficiente para financiar programas sociales emblemáticos. Si éstos logran beneficiar a más de 20 millones de mexicanos, como se intenta, será difícil que otro Presidente más sensato enmiende el rumbo.

El populismo acaba con todo. Desafortunadamente, el deterioro es lento. Me niego a pensar que sea irreversible.


@jorgesuarezv

Sí o sí: Me canso ganso

1 JULIO, 2019

Ma. Amparo Casar • José Antonio Polo

La polis mexicana discute con ardor cuestiones que se creían superadas: el valor de la división de poderes, de los órganos autónomos constitucionales, del mando civil en las instituciones de seguridad pública o de las organizaciones sociales como actores necesarios en la deliberación democrática. Un eje de la discusión es el del respeto a la ley. El nuevo gobierno procede en esta materia con discrecionalidad sin precedentes. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común han hecho un recuento puntual de actos del nuevo gobierno que pueden considerarse ilegales o de dudosa legalidad. Este es su reporte
El 17 de abril en su conferencia mañanera el presidente López Obrador expresó: “si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. Lo hizo en el contexto del famoso Memorándum (16 de abril 2019) para dejar sin efecto la reforma educativa: “Yo hice un compromiso, que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo”.

Una declaración de esta naturaleza en boca del jefe del Estado y del gobierno equivale a un llamado a hacer justicia por propia mano: la antítesis del Estado de derecho. Si cada quien interpreta lo justo se rompe el pacto social y regresamos al Estado de naturaleza o a la ley de la jungla.

La respuesta no se hizo esperar. La más precisa y atinada provino de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene, desde el Ejecutivo federal, que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.


Definido como el entramado de leyes y ordenamientos jurídicos que norman el comportamiento de gobernantes y gobernados, el Estado de derecho se nutre de autoridades que respetan y hacen respetar la ley, de ciudadanos que asumen la obligación de regir su comportamiento con base en ese marco jurídico y de someterse a las consecuencias en caso de no hacerlo.

Los gobernantes en México han exhibido tradicionalmente no sólo un desprecio generalizado por el Estado de derecho, sino que se han mantenido impunes ante las trasgresiones al mismo. Esto es particularmente preocupante porque el Estado de derecho es un pilar de la democracia, el mecanismo para acotar el ejercicio del poder y el instrumento para hacer resguardar y dar vigencia a los derechos fundamentales.

Si se toma en serio la expresión de que habrá un auténtico Estado de derecho, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie” se debiera esperar un comportamiento particularmente escrupuloso en lo que respecta a la legalidad de las acciones y proceder del Poder Ejecutivo. No ha sido el caso.

Aun cuando este gobierno haya reiterado su desprecio por los datos y evidencias ofrecidos por investigadores, técnicos y académicos, es relevante documentar la actitud y comportamiento del Poder Ejecutivo frente a legalidad y no quedarse con la mera impresión de que los posicionamientos de su titular en las conferencias mañaneras y algunas de sus acciones de gobierno vulneran la división de poderes, exceden sus facultades, debilitan las instituciones y violan distintos ordenamientos legales.

Para ello hemos elaborado un registro que da cuenta de una serie de acciones que pueden juzgarse como ilegales, otras de “dudosa legalidad” y otras más que constituyen leyes u ordenamientos a modo (Anexo 1).1 La mayoría de estas configuran una tendencia cuyo fin último es la concentración y centralización de poder en el presidente y un ejercicio discrecional del mismo. Muchas de ellas ya se encuentran en litigio ante las autoridades competentes: Suprema Corte y juzgados (Anexo 2).2

Un dato relevante que sirve como termómetro. Las estadísticas disponibles sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales revelan que estos medios de control de constitucionalidad se elevaron desproporcionadamente: en el primer caso de 14 a 69 y, en el segundo, de 49 a 176. Crecimientos de 393% y 259%, respectivamente. No se cuenta con la estadística de amparos indirectos pero, literalmente, éstos se cuentan por miles (ver gráfica).



Es natural y deseable que, ante cualquier diferendo en el ejercicio del poder, los poderes y las personas ejerzan su derecho a defenderse pero lo que no es normal es que se multipliquen los litigios en las proporciones descritas.

No todas estas acciones y controversias fueron interpuestas en contra del Poder Ejecutivo pero el crecimiento de las mismas es una señal de alerta sobre el estado de la legalidad en estos primeros seis meses de gobierno. En el Anexo 1 pueden consultarse aquellas que han sido interpuestas en contra de actos del Ejecutivo: 11 controversias constitucionales, siete acciones de inconstitucionalidad y miles de amparos indirectos. Estos últimos fundamentalmente por despidos injustificados, falta del pago de liquidaciones conforme a ley, reducción de salarios y cancelación del aeropuerto de Texcoco.

1. Extralimitación de facultades y división de poderes
En una primera categoría se agrupan aquellas acciones en las que se rebasan las facultades y atribuciones expresamente otorgadas al Ejecutivo y se vulnera el principio de división de poderes que conlleva la prohibición de invadir las esferas de competencia de otras ramas, órdenes de gobierno y órganos de autonomía.

La primera de ellas y quizá la más importante es el Memorándum dirigido a sus secretarios de Hacienda, Educación Pública y Gobernación del 16 de abril para dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. Este acto es nulo de pleno derecho. No puede decretarse la derogación de una norma constitucional a través de un documento administrativo sin validez jurídica.

Este acto constituye una ilegalidad por los cuatro costados. Viola el artículo 16, primer párrafo que establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y responde al principio por el cual ninguna autoridad puede hacer algo para lo que no esté expresamente facultada; viola el 49 referente a la división de poderes en el que se expresa que un poder no puede suplantar a otro; viola el 89, fracción primera que obliga al Ejecutivo a aplicar en la esfera administrativa las leyes y demás normas jurídicas y viola los artículos 128 y 133 que obligan a todo funcionario a cumplir y hacer cumplir la Constitución y que transgrede la jerarquía normativa prevista en la Constitución. En este último caso no sólo se vulnera un precepto constitucional, sino que se instruye a tres de sus colaboradores a hacerlo.

Figura también el veto a tres empresas farmacéuticas, a través de un oficio del presidente (20 de marzo) en el que se les impidió competir por contratos del gobierno. El oficio señala que el monto de la compra del gobierno de Peña Nieto en 2018 a estas empresas (34 mmdp) “resulta a todas luces inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución que prohíbe monopolios”. Además de incongruente porque la propia administración de López Obrador otorgó contratos en marzo de este año y por adjudicación directa a estas mismas empresas, el presidente no tiene la facultad de decidir la condición monopólica de un mercado ni tampoco su derecho a competir mientras se investiga. Esta facultad corresponde a la COFECE. En todo caso, lo que hubiese podido impedir la participación de estas empresas en las ventas habría sido una inhabilitación por parte de la Función Pública por incumplimiento de contratos, pero tal no fue el caso.

De hecho, Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa) consiguió una suspensión definitiva en contra del oficio que el presidente le envió a la SHCP para impedirle participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas en venta de medicamentos y materiales de curación.

El levantamiento del Censo del Bienestar también resulta ilegal. No existe fundamento para que expromotores del voto realicen una actividad de esta naturaleza. De conformidad con los artículos 41 y 134 de la Constitución es ilegal hacer proselitismo con recursos públicos y la promoción de la imagen de algún servidor público. Los llamados “servidores de la nación” siguieron levantando el censo cuando menos hasta marzo de 2019 portando gafetes y chalecos con la imagen del nuevo gobierno y el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy en día y a pesar de la austeridad republicana que ha significado el despido de miles de trabajadores, la Secretaría del Bienestar ha “formalizado” a 16 mil 804 servidores de la nación con un salario mensual de ocho mil 173 pesos.

En el caso del IMSS, organismo de gestión tripartita regido por la Ley del Seguro Social, se presenta otra inobservancia de la ley pues corresponde al Consejo Técnico tomar ciertas decisiones y, como menciona el ex director de la institución en su carta de renuncia: “es real el riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuantiosos daños patrimoniales, por tomar decisiones al margen de la Ley del Seguro Social o por funcionarios sin atribuciones”. Además, se ordenó anular a los delegados aprobados por el Consejo y nombrar “a una suerte de delegados administrativos estatales, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Las consultas populares, en particular la de la Termoeléctrica de Huexca, es otro caso. El gobierno lo llamó “ejercicio participativo”, figura que no tiene sustento legal y que se llevó a cabo sin ningún mecanismo que garantizara la imparcialidad del proceso. Habitantes de Huexca y de otras nueve localidades de tres estados promovieron recursos denunciando la violación del derecho a la consulta.

En cuanto a las facultades de nombramiento se registran excesos y acciones de dudosa legalidad. En el uso de estas facultades además de leyes a modo como la conocida Ley Taibo o el cambio del reglamento del SAT para poder nombrar a su titular, se registra una grave imprudencia e impetinencia en los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores del sector energético (CRE y CNH) y una influencia cuestionable al privilegiar la lealtad y militancia a expensas de la mínima competencia o experiencia en la materia para poder mantener el control sobre las decisiones. El abuso ha sido tal que se ha recurrido a una dispensa de los requisitos de título universitario, cédula profesional o experiencia en el sector para poder nombrar a dos altos funcionarios de Pemex.

La Ley de Remuneraciones ha sido objeto de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos indirectos individuales de diversos organismos y servidores públicos por incurrir en diversas omisiones legislativas y menoscabar derechos constitucionales. Algunos han sido resueltos en favor del demandante como el del Banco de México al que se le concedió la suspensión en la aplicación de la ley. No se logró la mayoría de ocho votos en la SCJN para su invalidez total pero sí para emplazar al Congreso para que establezca los parámetros para determinar el salario del presidente.

Al igual que la de Remuneraciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha sido sujeta a acciones de inconstitucionalidad (CNDH, COFECE, IFT y BM) y amparos indirectos y una controversia constitucional por el gobernador de Michoacán toda vez que considera que la figura de los superdelegados atenta contra la autonomía de la entidad federativa.

La puesta en marcha del reclutamiento y operación de la Guardia Nacional sin haber aprobado el marco normativo necesario constituye otra ilegalidad y contraviene los artículos 16 y 21 de la CPEUM además de a la propia reforma recién aprobada. Esto, sin considerar la regresión que significa la militarización de la seguridad pública al otorgarle a las Fuerzas Armadas plenas faculltades para perseguir delitos, atribución que en cualquier régimen democrático corresponde esencialmente a la policía.

Se advierten ilegalidades y/o abuso de poder en el caso de ex funcionarios de la CFE, de la CRE y de empresas contratistas que fueron exhibidos en una mañanera (11 de febrero) sin prueba alguna. Con ello se incurrió en la violación a la presunción de inocencia (artículo 14 de la Constitución), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 18 y 19) y la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 11 y 13) que establecen el derecho al honor de las personas.

Lo mismo ocurre con la liberación de presos políticos porque, aunque no es incompatible con el Estado de derecho, resulta preocupante que los procesos de liberación por desistimiento del Ministerio Público atiendan a una lista seleccionada y anunciada por el titular del Ejecutivo y no por una política de la Fiscalía.

Finalmente, se consigna una vulneración de la laicidad del Estado establecida en el artículo 40 de la Constitución y la violación de los procedimientos para el diseño de imagen y comunicación dispuestos en el Manual de Proceso del INBA al haber utilizado el Palacio de Bellas Artes para un homenaje al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo y Apóstol de Jesucristo.



2. Violaciones a los derechos fundamentales
La segunda categoría de acciones de ilegalidad se refiere a la obligación de promover, proteger y garantizar en su esfera de competencia el respeto y condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Se sitúan en esta categoría la suspensión o reducción de recursos para las estancias infantiles, para los comedores comunitarios, para la atención del VIH/SIDA y cáncer. En todos los casos hay una invasión de la administración pública federal a un acto de la Cámara de Diputados que asignó recursos para esos fines. Adicionalmente, se vulnera la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho a la alimentación y a la salud además de la progresividad de los derechos (arts. 1 y 4 de la CPEUM). De cada una de ellas existen acciones de inconstitucionalidad o amparos. En el caso de las estancias infantiles ya han sido ganados más de 250 amparos y los jueces han ordenado la restitución de los fondos.

El derecho a la salud también ha sido violentado por el congelamiento de compra de medicamentos, por el recorte inicial a los recursos de salud, así como por el subejercicio de los mismos (12 mmdp) que según el extitular del IMSS ponen “en riesgo la prestación de servicios” y se ha pedido desviarlos a otros fines. Habría que agregar la desaparición de más de mil mdp del extinto programa IMSS-Prospera que otorgaba medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social.

En situación similar se encuentra la cancelación —vía una circular del 14 de febrero— de recursos para la sociedad civil por el doble motivo de que se hace caso omiso de la decisión de los legisladores que les asignaron presupuesto y se viola la Ley de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por su parte, el despido injustificado de servidores públicos —muchos de ellos sin recibir las liquidaciones correspondientes— además de producir un desmantelamiento de las estructuras profesionales de la administración pública, incumple con el apartado B del artículo 123 constitucional, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Por último, es de resaltar la negativa del gobierno federal a despejar las vías férreas ocupadas por integrantes de la CNTE durante 18 días en Michoacán. Además del daño patrimonial causado y que se calcula en cerca de 20 mmdp, esta omisión violó abiertamente la libertad de tránsito y dejó de “proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias” (comunicado de la CNDH, 7 de febrero, 2019).

3. Uso discrecional de los recursos públicos
Una tercera categoría corresponde al uso discrecional de los recursos públicos y a la forma en que se ejerce el presupuesto.

Como en administraciones anteriores, se continúa con los vicios y excesos del pasado en las compras y contratos gubernamentales e incluso la contratación de dos empresas fantasma. En lugar de licitaciones públicas y abiertas, como lo marcan la Constitución y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siguen predominando, cuando no aumentando, las asignaciones restringidas y adjudicaciones directas.

El mero contraste entre uno y otro tipo de contrataciones no deja lugar a dudas: 76% de los contratos se han otorgado por adjudicación directa, 17% por licitación y 6.5% por invitación restringida.

Entre las adjudicaciones directas cabe resaltar el caso de las 671 pipas de Pemex. Además de no haber sido justificada conforme a la ley, el contrato fue concedido mediante una figura inexistente —“adjudicación competitiva”— y existe una violación al contenido de la NOM-012 que prohíbe que unidades de ese tipo distribuyan materiales peligrosos.

A este ejemplo lo acompañan los casos del Tren Maya en el que una vez más se recurrió a la adjudicación directa sin caer en ninguno de los supuestos de excepción; la sustitución del NAICM por el aeropuerto de Santa Lucía que, entre otras, viola el artículo 134 constitucional que obliga al Estado a administrar los recursos con eficiencia, eficacia y economía e incumple con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, y la refinería Dos Bocas que carece de las formalidades necesarias: las evaluaciones jurídica, económica, financiera y ambiental. En los cuatro casos se han interpuesto ante las instancias judiciales desde amparos indirectos hasta denuncias populares.

Igualmente importantes han sido los recortes a los órganos constitucionales autónomos (OCAs). En el Proyecto de Egresos de la Federación la iniciativa del Ejecutivo redujo su presupuesto seriamente aunque la Cámara de Diputados asignó 23 mmdp adicionales a la propuesta inicial: INE, -38.5%; CRE, -31.1%; CNH, -30.3%; IFT -27.7%; INAI, -21.1%; CNDH, -14.3%; COFECE -9.2%

La reducción propuesta vulnera la autonomía presupuestal de los OCAs además de que compromete su función dentro del esquema de pesos y contrapesos que a lo largo de dos décadas se ha ido construyendo en el país. La mayoría de estos órganos han interpuesto acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que hasta ahora suman ocho.

Para terminar, está el manejo de los programas sociales sin reglas de operación y con una promoción personalizada por parte del gobierno de López Obrador. Este año fueron asignados 119 mil 500 millones de pesos para 11 programas considerados prioritarios tipo “U”, es decir, “aquellos que funcionan sin reglas de operación que establecen la metodología, manuales y criterios de selección de beneficiarios”. No hay fundamentación para entregar sin reglas de operación el 33% de los recursos destinados a subsidios. Y, no cabe más que concluir que la elaboración de un “censo” propio, la entrega directa del dinero en efectivo encabezada y publicitada por el presidente y la ausencia de reglas para hacerlo apuntan a la creación de clientelas político-electorales.



Imaginemos que el abstracto concepto “Estado de derecho” en nuestro país es un barco; un barco que, a pesar de sus defectos y remedos, flota y navega. Ahora imaginemos que el capitán de dicha nave gira todos los días instrucciones contra el sentido común o contradictorias entre sí, sin que ningún miembro de su tripulación se atreva a cuestionar sus decisiones; imaginemos que, para que nadie dude de su autoridad y temeridad, ordena incluso horadar el casco por debajo de su línea de flotación.

El Estado de derecho y nuestras instituciones no son una abstracción, son el barco. Adoptar una interpretación personal de la ley o de plano ignorarla aduciendo “justicia” o “austeridad, honradez y combate a la corrupción”, puede conducir al país a un tobogán de ingobernabilidad. Esta interpretación selectiva de la ley “conecta” con grupos que también imponen en muchas regiones del país su “ley” y su voluntad: pobladores, guardias comunitarias o grupos criminales. Las imágenes del sometimiento de militares en la Huacana, Michoacán, lamentablemente sólo son un ejemplo de lo anterior. A juzgar por el recuento de los últimos seis meses no serán las últimas.

Este trabajo es una llamada para alertar del peligro que significa un gobierno que llegó al poder por la vía legal y con legitimidad electoral pero que habla, propone y actúa, colocando a la legalidad y a las instituciones en un plano secundario. Regresando a la metáfora, un gobierno que estaría dispuesto a quemar las naves que le permitieron llegar al poder. Lo anterior pudiera tener varios nombres, pero no serían los de institucionalidad, democracia o legalidad.



María Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

José Antonio Polo
Director general de Causa en Común.

Agradecemos a los equipos de investigación de MCCI y Causa en Común el trabajo que realizaron para la elaboración de este artículo.

1

Anexo 1
Acciones de inconstitucionalidad
1. Acción de inconstitucionalidad interpuesta por 33% de los Senadores del Congreso de la Unión en contra de la Ley de Remuneraciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión de la aplicación de la Ley impugnada.

2. Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Remuneraciones.

3. Acción de Inconstitucionalidad que presentó el Instituto Nacional Electoral contra el recorte presupuestario del Presupuesto de Egresos 2019.

4. Acción de inconstitucionalidad presentada por diputados y senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre los motivos que impulsaron esta acción se encuentran:

a. La creación de la figura de los “Superdelegados” que atenta contra la soberanía de las entidades federativas al otorgarles un amplio margen de discrecionalidad en torno a la operación y estructura de los programas de beneficio social.

b. La facultad concedida a la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía para la determinación de tarifas eléctricas, siendo que este Órgano Regulador cuenta con autonomía constitucional.

c. Las facultades concedidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para planear la política de contrataciones públicas.

5. Acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del Congreso de Chihuahua contra Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

6. Acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado de la República en contra de la Reforma a la Ley de Remuneraciones.

7. Acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra de la Reforma a la Ley de Remuneraciones.

Controversias constitucionales
1. Controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica.

2. Controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

3. Controversia Constitucional promovida por el Banco de México contra la Ley de Remuneraciones. (Se le concedió la suspensión de la aplicación de la Ley).

4. Controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que considera que la figura de los superdelegados atenta contra la autonomía de la Entidad Federativa.

5. Controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Estadística Geografía contra el Presupuesto de Egresos 2019, por el recorte de su presupuesto que le impide realizar la totalidad de sus programas y encuestas.

6. Controversia constitucional promovida por el presidente municipal de Hidalgo de Parral, Chihuahua, contra la disminución del presupuesto federal para estancias infantiles en el Presupuesto de Egresos.

a. Ampliación de la controversia constitucional contra la reducción presupuesto de estancias Infantiles, por la publicación de las Reglas de Operación 2019 del ahora llamado Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

7. Controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en contra del Presupuesto de Egresos por la reducción de casi un 50% de su presupuesto.

8. Controversias constitucionales interpuestas individualmente por el gobernador de Chihuahua, 23 alcaldes y alcaldesas de municipios de Chihuahua y Sonora contra la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que permitieron la centralización en el Ejecutivo Federal del destino que se le dará al Fondo Minero que estaba bajo la administración de los municipios.

9. Controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra la Ley General de Educación por cuanto a la descentralización del sistema educativo federal que obliga a la administración estatal a hacerse cargo de la enseñanza básica y la determinación de las reglas de distribución de los recursos federales para el pago de los maestros.

10. Controversia constitucional y posterior reclamación del gobernador de Baja California Sur por no incluir a Baja California Sur entre las entidades beneficiadas por el Decreto de Estímulos Fiscales que disminuyen el IVA e ISR.

11. Controversia constitucional interpuesta por el gobierno del estado de Michoacán contra los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, dichos lineamientos señalan que los beneficios económicos y en especie de los programas se entregarán de manera directa y sin intermediarios a los beneficiarios.

Algunos amparos indirectos
1. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

2. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

3. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Banco de México contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

4. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

5. Amparo indirectos por parte de particulares contra la orden de cerrar ductos de Petróleos Mexicanos que ocasionó el desabasto de combustibles en el país. En uno de los casos se concedió la suspensión del acto reclamado ordenando garantizar al quejoso el abasto del combustible.

6. Amparos indirectos interpuestos por particulares (proveedores indirectos y por derecho propio) contra la cancelación del NAIM en Texcoco, alegando incumplimientos y derecho a una economía nacional estable y/o sana.

Amparos indirectos de diversas organizaciones contra la reducción presupuesto de Estancias Infantiles.

7. Amparo interpuesto por la empresa Ethan Gas Oil contra PEMEX que implican el pago de 365 millones 549 mil pesos que recibió como adelanto para la adquisición de 700 carrotanques para PEMEX.

8. Amparos indirectos promovidos por particulares (ciudadanos) en contra del Proyecto de Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía.

9. Amparo indirecto promovido por una asociación civil en contra de la designación del Senado de María de la Luz Mijangos como Fiscal Anticorrupción.

10. Amparos indirectos promovidos por ciudadanos en contra de Memorándum de López Obrador mediante el cual ordena incumplir lo que establecen las leyes en materia educativa.

11. Juicio de amparo indirecto interpuesto por el Grupo Fármacos Especializados (GRUFESA) en contra de la determinación del Poder Ejecutivo Federal (Oficialía Mayor de la SHCP) por vetarlo para participar en licitaciones de medicamentos. Obtuvo una suspensión en contra del acto reclamado.

Otros
1. Denuncia popular en materia ambiental promovida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en contra del desmonte y/o tala de las especies vegetales en el predio destinado a la construcción de la Refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. Se ordenó la suspensión de la referida tala.

2. Procedimiento de investigación iniciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se requiere información a la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, gobierno del estado de Hidalgo y Municipio de Tlahuelilpan, sobre su actuar en los hechos relativos a la explosión de una toma clandestina que provocó la muerte de más de noventa personas en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Anexo 2 (Ver en:)

https://www.nexos.com.mx/?p=43039

Incorruptible

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Excelsior

Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas.

18 de Julio de 2019

Reiteradamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que él, a diferencia de sus antecesores, no es corrupto, y que, dado que es un ejemplo de incorruptibilidad para todos los servidores públicos, su gobierno abatirá la corrupción en México, con lo cual se contará con mayor cantidad de recursos económicos para llevar a cabo sus programas.

Dado que se asume como incorruptible, el Presidente reparte dinero sin reglas que permitan saber el criterio de la repartición y adjudica obra pública sin la correspondiente licitación. Por lo visto, las normas de transparencia sirven para evitar la corrupción y él, ya se sabe, es incorruptible: ¿por qué tendría que sujetarse a regla alguna?

Incluso los comentaristas que están en total desacuerdo con la mayoría de sus decisiones parecen convencidos de que, si bien comete numerosos dislates y toma abundantes medidas perjudiciales para el país, la corrupción no es uno de los extravíos del Presidente.

Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas. Es deshonroso realizarlas: quien las practica no se tiene en alta estima.

Escrito lo anterior, me pregunto: ¿todas las acciones del Presidente están libres de corrupción de tal manera que él podría arrojar la primera piedra a los corruptos a quienes tanto fustiga verbalmente? ¿No es acaso corrupción la referida adjudicación de obra pública sin licitación?

¿No es corrupción el pago de 45 mil millones de dólares por la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional? Porque cualquiera puede hacer con su dinero lo que se le antoje, incluso arrojarlo por una alcantarilla, pero el dinero pagado por la cancelación, una cifra estratosférica, es el de todos nosotros, los contribuyentes.

Esa cantidad podría haberse aplicado, por ejemplo, a los servicios de salud, que se han visto deteriorados dramáticamente por los recortes presupuestales. Seguramente  de algo hubieran servido esos dólares con los que se pagó —¡con dinero ajeno!— un capricho incomprensible.

¿No es corrupción la burla de la consulta pública en virtud de la cual se decidió esa cancelación, dado que sólo participó, cuando mucho, el uno por ciento de los ciudadanos (digo cuando mucho porque algunos votaron hasta cinco veces) y no hubo ninguna garantía de limpieza en cuanto a la emisión, el resguardo y el conteo de los votos?

¿No es corrupción recortar brutalmente los recursos y el personal de los hospitales públicos para emplear ese dinero en dádivas con propósitos clientelares y en obras onerosas —Santa Lucía, Dos Bocas, tren maya— desaconsejadas unánimemente por los expertos?

¿No es corrupción entregar a las mafias sindicales el control de la educación de los niños cuyos padres no pueden pagar las colegiaturas de las escuelas particulares, condenándolos a no ser destinatarios de la preparación que se requiere para competir sin demasiada desventaja en el mercado laboral y para la formación humana integral?

¿No es corrupción haber eliminado el apoyo a las estancias infantiles salvo a las del Partido del Trabajo (PT) por la única razón de que es un aliado político, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en su operación? Los 800 millones de pesos que recibirá el PT son equivalentes al 40% de lo que ha sido quitado a más de 9,300 estancias.

¿No es corrupción la mentira, decir “yo tengo otros datos” como burda coartada para no reconocer las cifras de homicidios que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública o asegurar que se han creado más empleos que en el pasado inmediato en contradicción con los datos del Inegi? ¿O presentar como una victoria el humillante acuerdo con Estados Unidos sobre migración, cuyo origen fue el incumplimiento de acuerdos secretos previos?

No son los únicos ejemplos, pero el espacio se me acaba. Los que aquí se han apuntado son claramente casos de corrupción. ¿Me equivoco? No hay una corrupción buena y una corrupción mala. Toda corruptela es inaceptable y quebranta el honor —cualidad que lleva al comportamiento digno respecto del prójimo y de uno mismo— de quien la lleva a cabo.

Urzúa, último grito para corregir

Pablo Hiriart, El Financiero, 11jul2019

En su conferencia mañanera el presidente quiso desviar el punto central de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda como un asunto de problemas personales con Alfonso Romo, la titular del SAT y el director de Nafin. No fue así.

La renuncia de Urzúa apunta al corazón de las fallas del gobierno de López Obrador: decisiones de políticas públicas sin sustento.

Y, además, nombramientos de personas sin conocimientos hechos al calor del influyentismo y el conflicto de interés.

La patraña del vino nuevo y las botellas viejas no pasa la prueba de los hechos. Es un recurso retórico para minimizar el punto sustancial: su secretario de Hacienda le renunció porque el país va mal y no hay intención de corregir.

El golpe que le mandó López Obrador a Carlos Urzúa al decir que no entendía el cambio, también es cuento.

Arturo Herrera lo primero que dijo como encargado del despacho de Hacienda fue que habría continuidad y que “no habrá cambios en política hacendaria ni fiscal”.

Entonces, ¿dónde está el cambio de fondo entre Herrera y Urzúa?

¿Por qué dice AMLO que las ideas del renunciado se parecían a las de Carstens y Meade?

Hasta ahora la única diferencia entre Urzúa y Herrera es que el nuevo secretario de Hacienda le dirá en todo que sí el presidente de la República, que de economía no sabe nada ni es su obligación saber.

Ahí está el peligro: que la economía se maneje “desde Los Pinos”, como en su momento dijo Echeverría, o desde la silla presidencial, como da a entender ahora López Obrador.

Urzúa se fue por cumplir con su trabajo. Parte del trabajo de un secretario de Hacienda es decirle que no al presidente de la República.

Los presidentes, como es obvio, quieren gastar y gastar en obras y proyectos, pero el secretario de Hacienda le debe recordar que los recursos son limitados y que no conviene invertir en lo que no tiene viabilidad financiera.

Ese fue el problema de Urzúa: le dijo que no en reiteradas ocasiones a López Obrador, como si estuviera ante un presidente que entiende razones diferentes a las suyas.

Desde hace décadas lo sabemos: a AMLO no se le puede contradecir, porque cree tener la verdad absoluta aun en temas que desconoce, como economía y energía.

Los problemas centrales entre Urzúa y López Obrador fueron por los que el extitular de Hacienda consideraba peligrosos desatinos en la Comisión Federal de Electricidad y en la Secretaría de Energía.

Urzúa consideraba un peligro la manera en que Manuel Bartlett maneja la CFE.

Consideró un error sumamente riesgoso la impugnación de los contratos de gasoductos con empresas nacionales y extranjeras, que ya estaban terminados o a punto de concluir.

Eso no le gustó al presidente y le dio la razón a Bartlett.

Urzúa le decía que no era conveniente arrancar el proyecto de la refinería de Dos Bocas por su escasa viabilidad, y porque esa obra sería castigada por las calificadoras, que esperan inversión para producir más crudo y no gasolinas dentro de varios años.

López Obrador le dio la razón a Rocío Nahle y siguió adelante con el proyecto, contra la opinión de su secretario de Hacienda y de los expertos en la materia.

Y como publicamos ayer en este espacio, entre el domingo y el lunes algo ocurrió entre Carlos Urzúa y el presidente que precipitó la renuncia del titular de Hacienda.

Hubo dos gotas que derramaron el vaso, y desde luego que algún día se sabrá.

¿Tienen relación con los “personajes influyentes” y sus “patentes conflictos de interés”, como dijo Urzúa en su carta de renuncia?

Lo que sea, se va a saber.

Por la gravedad del tema, el presidente intentó ayer desviar el núcleo de la renuncia hacia asuntos personales. No es por ahí.

El problema con Romo por supuesto que existió, derivado del control de la banca de desarrollo, que por ley le corresponde a Hacienda.

Ayer mismo, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, el nuevo titular de Hacienda dijo que no había dudas de a quién correspondía el manejo de la banca de desarrollo: a él.

Pero ese gaje del oficio en el estira y afloja de los funcionarios públicos no es motivo para presentar una renuncia a la Secretaría de Hacienda.

Urzúa no se fue por eso, sino porque el gobierno va mal y no hay voluntad presidencial para corregir: decisiones sin sustento en políticas públicas, y conflictos de interés de influyentes personajes de la 4T.

Los calumnistas

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
26 Jun. 2019


"Muchos de los medios de información
son en verdad el enemigo del pueblo".

Donald Trump


Al Presidente no le gustan los columnistas: "Ya se acabó el régimen en donde no se podía tocar al intocable... a un juez, a un magistrado, a un ministro, a un gobernador, al Presidente, bueno, a un columnista... Debe haber como 100 columnistas en todo lo que es la prensa escrita, que hay periódicos que tienen hasta 10, 15, como 100, y de esos 100, yo creo que 90 o 95 están constantemente, un día sí y el otro también, cuestionándonos".

No es el primer Presidente que se queja de la prensa. Enrique Peña Nieto decía que a los periodistas "ningún chile les embona". También a López Obrador le molesta la crítica. Para él los columnistas no son más que calumnistas: "Nos convertimos en una de las industrias más importantes para muchos medios de información... Y dije que les íbamos a cobrar un impuesto, porque eran empresas muy lucrativas. Columnistas de 200, 300, 500 mil pesos mensuales... Éramos como los clientes preferidos".

Quizá el Presidente no leía a los perversos y ricos columnistas antes. Las quejas que escucho de López Obrador son las mismas que expresaban Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas de Gortari.

En su mañanera de este martes el Presidente dijo: "Ayer estaba yo leyendo una columna donde hablan de que una estación de radio, una cadena de radio que está vendiendo estaciones y que tiene que ver con una operación llevada a cabo desde el gobierno federal. Es falso, completamente... Nosotros no nos metemos en estos temas, no nos metemos a la vida interna de los medios".

No sabía yo si ponerme el saco, ya que el lunes dejé de trabajar para una cadena de radio después de 36 años. "Lo único que queremos -dijo el Presidente- es que no nos echen la culpa de lo que no tiene que ver con nosotros. Si a una empresa le va mal y ya no le alcanza, me refiero a un medio de comunicación, para pagarle a un conductor de un programa o a un columnista, y ya no va a trabajar ese columnista en ese medio, pues no es por culpa de nosotros. No es porque nos criticaban y entonces por eso lo despiden. No, nunca hemos hecho eso ni lo haríamos".

No sé si se refería a mí, pero no hay razón para pensar que pidió mi salida del grupo en que trabajé. No imagino a un Presidente perdiendo el tiempo ordenando el despido de un periodista. Tampoco creo que Fox haya pedido la salida de José Gutiérrez Vivó de Radio Red o Calderón y Peña Nieto la de Carmen Aristegui de W Radio y MVS Noticias, a pesar de que el presidente López Obrador lo ha afirmado varias veces.

Los presidentes suelen quejarse de los medios. López Obrador ha cuestionado varias veces a Pablo Hiriart de El Financiero y al Reforma, conservador, neoliberal y fifí, lo ha acusado de atacarlo. Es normal.

Pero un periodista debe ser crítico por naturaleza. A Fox yo lo cuestioné por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, a Calderón por la guerra contra las drogas y a Peña Nieto por la reforma fiscal, entre muchos otros temas. A López Obrador le he aplaudido su honestidad personal, pero he cuestionado muchas de sus decisiones concretas. Ese es mi trabajo. Cuando López Obrador afirmaba sufrir un cerco informativo, yo lo entrevisté las veces que él aceptó en televisión y radio. También es mi trabajo.

López Obrador nunca me ha censurado, ni como jefe de Gobierno ni como Presidente. Estoy convencido de que cree en la libertad de expresión. Pero eso no significa que los dueños de los medios no quieran quedar bien con él. Eso también es natural.


· SARGAZO

Sí es un problema serio, por lo menos para la gente que vive del turismo en Quintana Roo. La mejor solución, al contrario de lo que dice el Presidente, es tratar al sargazo como un negocio. Si se convierte en un producto, y se usa, por ejemplo, para fabricar ladrillos, pasaría de ser un problema a una bendición.


@SergioSarmiento

Diálogo entre Gramsci y Morena, fantástico

POR MAURO GONZÁLEZ LUNA , 1 MARZO, 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tengo el gusto de reproducir un breve y reciente diálogo entre Antonio Gramsci -en su existencia etérea actual- y Morena -en cuya representación colectiva, intervienen personajes de la literatura fantástica de Tolkien (no se sabe si elfos de úmanyar u otros armados). Es un diálogo que se da en un lugar de incierto nombre, pero agradable y de buen clima.

Gramsci: ¡ah, que bien se siente estar en la superficie, que frescura! Estoy de plácemes pues se me ha autorizado salir para participar en este diálogo, más tengo el tiempo limitado, sépanlo.  Buenas noches Morena, un gusto conocerte, ¿qué tal todo?

Morena: ¡qué honor para nosotros el saludarlo! Nunca pensamos tener esta oportunidad única en su tipo. Debe saber que hemos seguido sus consejos, sobre todo aquéllos que escribió en “El Moderno Príncipe”, que es una maravilla; estamos tan agradecidos… Hemos sido fieles a su texto y evitado caer en el romanticismo ingenuo de algunos de sus intérpretes negadores de su vinculación con el leninismo; pero claro, hemos tenido que ajustar, que adaptar algunas de sus ideas Gramsci, al contexto actual -donde prevalece el neoliberalismo hegemónico- en esta etapa de arribo al poder, posibilitada por la total pérdida de adhesión de los grupos sociales a los partidos tradicionales, con motivo de una “crisis orgánica” de enorme peligro.

Pero dichos ajustes son transitorios, meramente preparatorios de la superior civilización por venir, de poder indiviso, con sus relaciones económicas, morales y jurídicas de nuevo cuño materialista, una vez enterradas las anteriores, tal como usted lo recomienda. Disculpe Gramsci por extendernos tanto.

Gramsci:  no hay problema. Es verdaderamente alentador saber que mis concepciones siguen vigentes en el Siglo XXI, mas ello es natural pues ese su arribo al poder es una “necesidad histórica”, porque detrás de la espontaneidad mítica, hay de veras, créanmelo, un “máximo determinismo”. ¡Qué gratos recuerdos me trae mi escrito del “Moderno Príncipe”! Ese Maquiavelo en el que me inspiré, es genial, un artista consumado que hace encarnar la política toda en el mito. Su Príncipe representa la “voluntad colectiva”, el mío una cosa parecida…

Morena: sí Don Antonio, efectivamente nuestra transformación es un hecho inexorable, aún antes de su existencia práctica, real; muchos no lo entienden, pero vamos a instruirlos moral e intelectualmente -como usted bien lo indica- para que conozcan esa necesidad. Sabemos que su moderno Príncipe, es la voluntad colectiva hecha partido de masas. Pero es precisamente aquí, donde nos vimos obligados a realizar un ajuste exigido por factores reales. En tanto alcanza concreción plena la voluntad colectiva en el partido, aquélla encarna ahora en una persona concreta de gran arrastre.

Otro ajuste que olvidábamos comentarle, es el de la adopción por ahora, de lo que llamamos nosotros: “neoliberalismo selectivo”, con un consejo asesor de aliados multimillonarios, muy dispuesto al colaboracionismo, junto con la realización mixta de obras de infraestructura que afectan al medio ambiente, a pueblos de campesinos, a comunidades indígenas intransigentes, pero obras en fin que son muy atractivas para estos aliados de ocasión, anhelantes de dinero y progreso. Ni modo, dos pasos adelante y uno atrás.

Gramsci: no me parecen mal tales ajustes, aunque les preguntaría si se está llevando a cabo una de las tareas fundamentales a la que debe dedicarse el partido: la “cuestión de una reforma intelectual y moral, …la cuestión religiosa o de una concepción del mundo”, de un materialismo absoluto, en sustitución de todo lo previo.

Morena: sí claro, esa tarea para nosotros admirado Gramsci, es clave. Ya dimos comienzo a su cumplimiento… con una cartilla laica combinada con un dejo bíblico cristiano-protestante, como especie encandiladora de táctica dilatoria; además contamos ya con un fondo editorial cuya dirección es muy afín a la concepción del mundo a la que se refiere usted Gramsci.

Gramsci: ¡qué bien sin duda!  Por otro lado, no deben olvidar nunca que el partido -parte fundamental del “espíritu estatal”-, ocupa el lugar de la divinidad, y que ello es el basamento de la radical “laicización” de toda vida y costumbre.

Morena: eso nunca lo olvidaremos, se lo prometemos formalmente, Gramsci. Pero díganos, se lo suplicamos, qué debemos hacer con quienes masivamente nos han brindado esperanzados su adhesión incondicional, a tal grado que como usted reseña en su texto, se exaltan ante los más pequeños actos internos del partido -a transformarse en Estado- mismos que tienen para ellos “un significado esotérico”, saturado de “místico entusiasmo”. ¡Qué maravilla!

Gramsci: ¡ah qué alivio que nunca lo olviden! Miren para contestar a su amable pregunta, hablemos en plata, la masa es como digo en mi texto, “simplemente de maniobra, y se la mantiene ocupada con prédicas morales, con estímulos sentimentales, con mesiánicos mitos de espera de épocas fabulosas, en las cuales todas las contradicciones y miserias presentes serán automáticamente resueltas y curadas”. Lo importante, recuerden, es el advenimiento de una nueva civilización hegemónica para felicidad de nuestros aliados, y del dictado implacable del proletariado frente a los adversarios.

Morena: ¡qué enseñanzas, qué claridad y franqueza! Gracias Don Antonio, de nuevo, gracias. Perdone, nos puede indicar ahora por favor, las condiciones básicas, mejor, los elementos con los que debe contar el partido para que perdure indestructible. ¿Pero, no estamos abusando de su valioso tiempo?

Gramsci: sí, por desgracia el tiempo se agota. ¡Ay el tiempo amigos, qué misterio, qué fugaz en un aspecto, y qué interminable y sombrío en otro! Pero bueno, contesto con entusiasmo a su atinada pregunta. Resumo los elementos de un partido indestructible, pues ya me están demandando que vuelva a mi círculo infernal. En primer lugar, “un elemento indefinido, de hombres comunes” que brindan su disciplina y fidelidad como participación, sin capacidad de organización en su estado actual, sin los cuales el partido no existiría, pero éste a la vez no podría existir solamente con ellos. Después tenemos el elemento fundamental del partido para perdurar en el poder: el de “cohesión principal centralizado”, el único capaz de transformar en potencias formidables las fuerzas antes desparramadas; la división de poderes, por cierto, es un inservible estorbo liberal. En suma, este elemento centralizado, indispensable, está constituido por los capitanes del partido.

Un tercer elemento puente, medio, que pone en contacto al primero y al segundo, es la creencia férrea, ciega, de que es necesaria, inexorable una “determinada solución de los problemas vitales”, de que no hay otro camino. Este elemento posibilita al segundo, muy pequeño en número, su regeneración, en su caso. Es la “herencia, el fermento” que permite a los capitanes el regenerarse de tiempo en tiempo… Y otro elemento que no debe descuidarse, es el de la participación militar en el proceso político, que por lo general es lento y complicado.

Morena: Le decimos con satisfacción Gramsci, que con esos elementos en lo básico, ya cuenta el partido, claro, con su capitán a la cabeza. Pero finalmente, díganos si no es molestia, qué papel juega el derecho en el proceso.

Gramsci: ¡qué adelantados están! Pero, antes de abordar su última cuestión, debo preguntarles porqué tienen esos rostros de literatura fantástica, esperando no contrariarlos con mi pregunta curiosa. Eso dicho, contesto: primero que nada, la nueva concepción del derecho debe ser “liberada de todo residuo de trascendencia y de absoluto, de todo fanatismo moralista…, sin embargo, el Estado debe ser concebido como educador, en cuanto tiende a crear un nuevo tipo de civilización”. ¿Está claro, no? Nada de derecho natural. El derecho deja de fundarse en la moral tradicional para convertirse en el “aspecto represivo y negativo” de la acción estatal; el partido también juega el papel de policía, recuérdenlo. Con esto termino, despidiéndome con añoranza, y esperando un ulterior diálogo, en el que me deberán hablar de tú, se los ruego.

Morena: sin duda nos hablaremos de tú, incluso ya desde ahora pues hay confianza; nos despedimos querido Toño con agradecimiento y veneración infinitos. Debes saber que ya hemos tomado medidas en el campo del nuevo derecho, con una guardia nacional constitucional en la que los militares juegan importante papel en seguridad pública, con la institución penal de la prisión preventiva oficiosa, con la claudicación de los organismos autónomos que dejan de serlo por ello,  con una ideología de género incorporada ya en la legislación nacional, ideología que destierra por fin tradiciones católicas de larga historia milenaria, como la de la familia natural. En otra ocasión Gramsci, te explicaremos lo que muestran nuestros rostros. ¡Adiós Toño querido, etéreo Gramsci!

 —- . —-

Espero que este diálogo -no apto para ingenuos- haya sido de su agrado. Hasta el siguiente que será entre un hobbit nacionalizado, de nombre Frido y Thomas Piketty, genial economista francés que últimamente ha hablado de una propuesta seria, fundada, innovadora y audaz que beneficia a las mayorías y a la clase media, lanzada por la precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, profesora de mi querida Escuela de Derecho de Harvard, Elizabeth Warren, adversaria acérrima del siniestro, racista y nada respetable trumpismo, protector de unos cuantos, del 0.1%. (Dedico este texto a un joven matemático de treinta años, brillante, egresado de la facultad de ciencias de la UNAM, quien se sirvió sugerir la forma de diálogo para expresar el pensamiento analítico).

https://www.proceso.com.mx/573652/dialogo-entre-gramsci-y-morena-fantastico

Nosotros, los cretinos

Juan Ignacio Zavala, 17 junio 2019, El Financiero.

“Son muy cretinos”, dijo el presidente López Obrador respecto de sus opositores, a quienes agrupa en un inexistente “partido conservador” y a quienes reiteradamente califica de hipócritas. Son las palabras del Presidente. Muchos dicen que no hay que tomar en cuenta su lenguaje, que hay que usar otro. Creo que se equivocan. Si las palabras importan, las palabras de Presidente importan más y hay que hacérselo notar todas las veces que sea necesario. Es claro que él no se va a cansar de agredir y de insultar, no hay que cesar de subrayarle que está mal en eso y en todo lo demás en que se equivoque.

No me considero conservador, aunque al lado de AMLO cualquiera es un libertino. Pero soy opositor y para él no hay matices, todos los que nos oponemos a sus políticas, a sus dichos y a su proyecto somos la misma cosa y estamos en un mismo lugar. Así pues, somos cretinos.

Nosotros, los cretinos, señor Presidente, vamos a estar aquí aunque no le guste. Usted es nuestro Presidente –aunque no nos guste– y debería comenzar por tratar de tolerar nuestra existencia porque también somos mexicanos y será muy difícil callarnos a todos. No sólo somos cretinos, también somos insistentes, perseverantes y usted sabe lo útiles que son esas características.

Nosotros, los cretinos, señor Presidente, no tenemos intención de pelear, pero usted, sí. Una y otra vez el insulto, la provocación, el esparcimiento del odio salen de su boca. Después hace llamados a la unidad. Es un poco difícil, ¿no cree? Seguramente usted sabe si eso vale la pena, nosotros no, por cretinos y por falta de información. Pero nos vamos a defender de usted y de sus decisiones, se lo aseguro, ya sea en tribunales, en la calle y donde sea necesario. Cretinos, pero no dejados.

Entre nosotros, los cretinos, hay mucha gente con más conocimientos y talento que usted y su equipo, pero usted ganó y le toca gobernarnos; sin embargo, eso no es razón para no señalarle sus faltas y omisiones, sus abusos y sus ocurrencias. Quizá usted, acostumbrado a las limitaciones que muestra públicamente su equipo, siente que todos se le deben de plegar y le deben aplaudir como hacen ellos. No todos somos así. Con nuestras limitaciones, en el inmenso grupo de cretinos –que somos millones– hay expertos en un sinfín de materias, que les interesa su país, que saben más que los suyos y que tienen el deber de señalar lo que está mal porque para eso se prepararon, aunque usted desprecie el conocimiento en general y la especialidad en particular.

Nosotros, los cretinos, sabemos de las carencias y dolencias de nuestro país. Sabemos también de la corrupción que ha dominado en nuestro sistema. También sabemos que poco, pero habíamos avanzado en materia de transparencia, de candados a las decisiones arbitrarias de los gobernantes. Eso nos permitió controlar algunas cosas, señalar actos de corrupción y documentarlos en diversas instancias (medios, ONG). Su campaña se benefició –como sucede en cualquier democracia– de esos esfuerzos. Y qué bueno. Pero nos preocupa que no comprenda la utilidad de esas herramientas y quiera cancelar la participación social en ponerle lupa a su gobierno. Debe ser molesto, lo sabemos, pero si no lo hacemos los cretinos no lo hará nadie.

Cuente con nosotros, los cretinos, para la defensa ante las amenazas que el presidente estadounidense suelta en contra del país. Sabemos que las cotidianas agresiones de usted contra nosotros, aunque nos disgustan, siempre estarán por debajo de los intereses generales de la nación. No nos gusta que se esconda del mundo, que se achique en lo internacional, pero sabemos que lo de Trump no es su culpa, pero sí su responsabilidad. Creo que a todos nos gustarían menos insultos adentro y más presencia en el exterior.

Nosotros, los cretinos, señor Presidente, seguiremos haciendo uso de nuestra libertad y de nuestros derechos; nos defenderemos de los abusos, los señalaremos y no descansaremos porque la oposición, lo sabe usted, tiene su dosis de terquedad.

Nosotros, los cretinos, no extrañamos a Peña ni a Calderón ni a Fox ni a Salinas. Extrañamos, eso sí, tener un presidente para todos los mexicanos.

Derecho a lo superfluo

Ricardo Elias

30 May. 2019

Detrás de la 4T ha comenzado a surgir la idea, en mi opinión peligrosa y equivocada, de que tener una relativa holgura económica o disfrutar de bien merecidos lujos es algo indebido, injusto y hasta inmoral, sobre todo si lo vemos frente a los millones de mexicanos que viven en condiciones deplorables.

La noción que se permea en las disertaciones relacionadas con las razones que llevaron a AMLO al poder y las políticas de austeridad a ultranza es que quien tiene una posición económica fuerte o sobrada, y obviamente vive acorde a ella, no tiene conciencia social, y que su riqueza y bienestar se deben a décadas de explotación de los pobres o a la corrupción.

Los velados reclamos y las inferencias de una supuesta incompatibilidad entre el ser rico y al mismo tiempo tener conciencia social se asemejan mucho, si no es que precisamente de ahí hayan surgido, a lo que el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón (1853-1928) escribió en su poema "Asonancias": "Sabedlo, soberanos y vasallos,/ próceres y mendigos:/ nadie tendrá derecho a lo superfluo/ mientras alguien carezca de lo estricto...".

Y mientras Díaz Mirón escribía esto, Oscar Wilde decía: "A mí denme lo superfluo, que lo necesario cualquiera puede tenerlo".

Yo pienso que el derecho moral y legal a lo superfluo se gana con trabajo honesto y responsabilidad social, la cual incluye el pago de impuestos. Todo lo demás se llama envidia.

Si nos apegamos a lo que Díaz Mirón sugiere, nadie podría disfrutar del producto de su trabajo sin cargos de conciencia. Todos los artículos y establecimientos de lujo deberían desaparecer, además de que en un mundo con más de 7 mil millones de habitantes siempre va a haber alguien que carezca de lo indispensable.

En esa línea de pensamiento, ¿para qué entonces invertir, crear empresas, trabajar años enteros y ahorrar para disfrutar la vida, si lo políticamente correcto es llevar una vida modesta cuyo límite es la "honrada medianía"?

Si alguien en lo personal decide convertirse en un asceta, renunciar a lo mundano o hacer votos de pobreza, está en su derecho, pero ello no convierte en personas inconscientes explotadoras de pobres a quienes, sin robar ni deberle a nadie, prefieren disfrutar la vida con el producto de su trabajo.

Creo que el Presidente López Obrador se equivoca al decir que está dispuesto a pasar de la actual "austeridad republicana" a la "pobreza franciscana" y de esa manera poder destinar más fondos para el bienestar y desarrollo de México. Si él quiere convertirse en monje franciscano es su decisión, pero no puede someter al país entero a una vida monacal. Los votos de pobreza no aplican para un país que lo que quiere es precisamente salir de la pobreza.

Otra idea que también deambula en las discusiones acerca de la manera de acabar con la pobreza de millones de mexicanos, toma la noción que el filósofo político y anarquista francés, Pierre Joseph Proudhon, plasmó en la lapidaria frase: "La propiedad es un robo".

Proudhon decía que es un robo la propiedad que da derecho a las rentas, a los alquileres, porque se recibe algo a cambio de nada; que la noción de propiedad surge del propósito de repartir los bienes materiales (devolverle al pueblo lo "robado"); que para ese reparto se aplicó el derecho del más fuerte, del cual surgieron la servidumbre, la usura, el tributo y toda la larga serie de impuestos, tasas y contribuciones. Y al derecho del más fuerte, le sucedió el del más astuto y del cual han surgido las ganancias de la industria, el comercio y la banca, así como los fraudes, lo que le llevó a equiparar el talento y el ingenio con el "engaño", lo cual de alguna manera sostienen los defensores de la 4T.

No puede generalizarse que quienes con talento e ingenio, y utilizando las reglas del sistema económico establecido han logrado éxitos son por definición estafadores que engañan a la gente.

Tampoco debemos aceptar la idea de que los bienes materiales obtenidos honestamente fueron posibles gracias a que millones de mexicanos pobres han sido explotados.

Es y debe seguir siendo posible disfrutar la vida y el producto de nuestro trabajo sin cargos de conciencia, para lo cual es menester incluir en nuestros emprendimientos acciones que mejoren las condiciones de vida de los más pobres, y si no de todos, al menos de los que están a nuestro alrededor.


"El derecho moral a lo superfluo se gana ayudando a los que carecen lo indispensable".

Yo


ricardoelias1@gmail.com
ricardoelias.mx

Dos golpes a la propiedad privada

Pablo Hiriart, 30 mayo 2019, El Universal.

Muy bien que el gobierno actúe contra presuntos corruptos del sexenio anterior (a través de pruebas y juicios que deben ser transparentes), porque además del daño patrimonial destruyeron un gran proyecto político.

Pero a la par de esas acciones –aplaudibles si se hacen bien–, vienen dos medidas que atacan directamente a la propiedad privada.

La primera ya se dio: el 8 de febrero se publicó en la Gaceta de la CDMX la Ley Constitucional (sic) de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en la que se anulan los desalojos para quienes no pagan renta en una casa habitación, terreno o departamento.

Es una carta blanca al 'no pago', sin consecuencias, y un visto bueno al virtual congelamiento de rentas en la capital del país.

Dice la Ley referida en su artículo 60:

“Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tendrán derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, la debida indemnización en caso de ser privados de bienes y sufrir pérdidas inmateriales (sic), y contar con las debidas garantías procesales”.

En síntesis, la Ley protege al que incumple y carga al propietario todas las consecuencias del no pago del arrendatario.

Los juicios se harán eternos y no habrá manera de sacar de la casa o departamento al que se niegue a pagar la renta.

Al contrario, el culpable será el dueño del inmueble por causarle molestias “inmateriales” al inquilino que no quiera pagar y “hostigarlo” con llamadas telefónicas o visitas para cobrarle la renta.

Con esta Ley se institucionaliza, bajo el paraguas de los 'derechos humanos', el congelamiento de rentas en la Ciudad de México.

Los derechos humanos, como se sabe, pertenecen al ciudadano para protegerse de los abusos de autoridad o negligencia de funcionarios o instituciones del Estado.

Entre particulares no hay violación de derechos humanos: hay delitos.

Ya no será delito o infracción no pagar el alquiler al dueño que de buena fe rentó un inmueble. La protección de la ley ya no será para el propietario, sino para el moroso.

Un asunto ideológico, desde luego.

La Ley referida promueve las invasiones, con el argumento de que el ciudadano tiene derecho a una vivienda digna.

¿Está mal que alguien invada una propiedad? Ya no. El invasor tiene derecho a “vivienda adecuada”. Y si no están de acuerdo vámonos a juicio, pero de aquí no me mueven.

Los invasores, o inquilinos que se nieguen a cumplir con su obligación de pagar renta, en el peor de los casos para ellos, deberán recibir “la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales”, dice la Ley publicada el pasado 8 de febrero en la Gaceta capitalina.

Esta Ley es muy parecida a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda en Caracas, la cual hace prácticamente imposibles los desalojos y trajo, entre otras consecuencias, que la renta de casas y departamentos se haya reducido casi a cero.

Aquí en la Ciudad de México, como lo explicó ayer el jurista y exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga en su artículo de El Universal, este golpe ha pasado casi desapercibido y daña también a la industria inmobiliaria.

Lo más grave de esta Ley, apunta el exprocurador, es que “su entrada en vigor y observancia equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar renta en cualquier edificio habitacional de propiedad privada en favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial”.

La ideología del 'socialismo del siglo XXI' que anima a un sector de la 4T también se manifiesta en otro golpe contra la propiedad privada.

Actualmente se le da forma de proyecto de ley, y lo comentaremos mañana en esta columna, porque el tema de las rentas agotó el espacio por hoy.

Chavismo en el Gabinete de AMLO

28 de mayo 2019, Pablo Hiriart, El Financiero.

El nuevo miembro del gabinete del presidente López Obrador, Víctor Toledo, sugiere y proclama: “Tengamos fresca la memoria, Maduro es hoy el Juárez del XIX y el Allende del XX: defiende al país del asedio se los conservadores y el imperio”.

A la Semarnat ha llegado un exponente del “socialismo del Siglo XXI” que ha hundido a Venezuela en la miseria y la persecución física de los disidentes.

A nadie le quepa duda que este soldado del socialismo otorgará cuanto antes todos los permisos ambientales que se requieren para el ecocidio en Dos Bocas y construir la refinería, a lo que Josefa González Blanco se había negado.

Lo anterior es importante, pero también lo es que su presencia en el gabinete significa un triunfo para los radicales.

Hay quienes dicen que en el círculo cercano al Presidente se libra una batalla entre radicales y moderados.

No es así: el Presidente encabeza el ala radical del gobierno y en su entono íntimo no hay más que apóstoles que van por reeditar en México los fallidos experimentos socialistas en el continente.

Sí hay moderados y sensatos en el gabinete, pero no en su círculo más cercano.

Los moderados están ahí porque así conviene a la circunstancia y a la estrategia de la toma total del poder del Estado.

El nombramiento de Víctor Manuel Toledo en la secretaría del Medio Ambiente es un acto de consecuencia ideológica.

Se trata de un chavista de hueso colorado que cada semana defendía en La Jornada las atrocidades de Nicolás Maduro y su tenebrosa “revolución bolivariana”.

Dijo en su entrega del 17 de agosto de 2017:

“Quienes hoy desde México quieren intervenir en la política interna de Venezuela, no sólo son desmemoriados, sino apátridas...”

¿Apátridas, secretario?

Pedir que México se sume a la corriente mundial que exige elecciones libres en Venezuela no es intervencionismo ni actitud de “apátridas”, sino un deber constitucional que obliga al gobierno a defender los derechos humanos en sus relaciones internacionales.

No lo hacemos porque nuestros gobernantes se pusieron del lado de Maduro.

La razón por la cual Noruega y no México es la sede de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, es porque no le damos confianza a los opositores al habernos decantado en favor de la dictadura.

Dice el flamante titular de Semarnat:

“Hoy defender la soberanía venezolana, es decir el derecho inalienable de una nación para resolver sus propios conflictos internos, significa resistir y evitar la posibilidad de una nueva muestra de despotismo imperial. El asedio que ha sufrido Venezuela como nación, sigue el mismo modelo aplicado por Estados Unidos en otros estados asiáticos y africanos como ocurrió en Afganistán. Irak, Libia y Siria”.

El nuevo secretario de Medio Ambiente añade:

“En el caso de Venezuela la guerra mediática lleva años, con la novedad que la artillería informativa es casi global, pues proviene de gran parte de los medios estadounidenses, europeos y latinoamericanos. El martilleo ha sido brutal y constante. Sin embargo nadie en su sano juicio podría afirmar que ese país vive una dictadura y que el presidente Maduro sea un dictador, cuando ha habido decenas de elecciones y el sistema electoral venezolano ha sido reconocido internacionalmente. Menos se pueden negar los avances en la erradicación de la pobreza, la construcción del poder popular o ciudadano, los derechos de los pueblos indígenas y la transición agroecológica para producir alimentos sanos”.

Lo que el nuevo secretario de Estado llama “poder popular”, no es otra cosa que milicias armadas por el gobierno y sus asesores cubanos para reprimir a la oposición en Venezuela.

Nuestro nuevo miembro del gabinete es también un admirador de los gobernantes que se eternizan en el poder:

“En el caso venezolano, 14 años de socialismo bolivariano, cuyo perfil no acaba de delinearse por culpa del petróleo, enfrentando y cuestionando el modelo neoliberal de Occidente, quizás han sido demasiados para los poderes imperiales y la soberbia occidental, pero son demasiado pocos para su arraigo y consolidación”.

Obviamente a este secretario de Estado le va a parecer poco un sexenio en México para arraigar la cuarta transformación.

¿Todavía no nos damos cuenta en qué manos hemos caído?

¿Aún hay dudas de hacia dónde nos quieren llevar?

Respuesta al Presidente

27 de mayo 2019,  Pablo Hiriart, El Financiero.

El viernes en su conferencia mañanera el presidente López Obrador se ocupó de mí por tercera ocasión en un par de semanas. Le tomo la palabra y le contesto que sí, que tiene razón: los dos queremos un país completamente distinto.

A diferencia suya, yo creo y voto por una sociedad democrática, mercados abiertos, con equilibrio de poderes y contrapesos civiles al Presidente.

López Obrador cree y trabaja por una sociedad en la que el poder se concentre en una sola persona.

Alienta una Suprema Corte supeditada a él, y cuando los ministros no se pliegan a sus deseos los cubre de insultos.

Al Presidente no le gusta la pluralidad en el Congreso, quiere avasallar, y activa una estrategia con los programas sociales para pintar de guinda a México en las siguientes elecciones.

Tiene a los gobiernos de los estados bajo presión, a través de los superdelegados que reparten el dinero de los programas sociales y le disputan el poder a las autoridades locales que, para bien o para mal, fueron electas por el pueblo.

Le molestan las instituciones autónomas como el INE, la CNDH, los órganos reguladores autónomos. Les recortó el presupuesto, propone su desaparición y calumnia a sus integrantes para destruirlos moralmente.

Busca controlar políticamente a los organismos autónomos que deben ser garantía de independencia, y lo hace a través de personas cuya única virtud es su incondicionalidad al Presidente, aunque ignoren la materia de su nuevo trabajo.

El Presidente quiere una sociedad donde su concepto personal de la justicia esté por encima de la ley. A eso yo lo llamo mesianismo.

Todos los días confronta a la sociedad entre buenos y malos, honestos y corruptos. Quien no está con él está contra él. Opino que eso retrata su vocación totalitaria.

El Presidente construye, a pasos agigantados, una sociedad uniformada en el pensamiento único a través de la intimidación con sus aliados en redes sociales, en medios de comunicación y a través de sus propias descalificaciones. Tiene doblegados a muchos líderes empresariales y a ONG, salvo honrosas excepciones.

Cree en una sociedad en la que los pobres dependan permanentemente del subsidio del gobierno para sobrevivir, y tenerlos comiendo de su mano para eternizar a su partido en el poder y aplastar a la oposición.

Sí, como lo dijo el viernes, él y yo “tenemos proyectos contrapuestos de nación”. Dos anhelos diferentes.

Yo creo en una sociedad con educación de calidad para todos y emparejar así el piso de nuestra atroz desigualdad. Él tiró la reforma educativa porque lo suyo es regalar pescado, no enseñar a pescar para que los ciudadanos sean libres.

A diferencia suya, anhelo una sociedad en la que cada mexicano pueda ser un Bill Gates si su talento se lo permite.

Que haya comida, afecto y enseñanza en las estancias infantiles, para que el cuidado en los primeros años de vida no sea un obstáculo en el desarrollo futuro de los niños.

Que carecer de dinero para una buena educación no trunque los sueños de nadie.

Sí, le concedo la razón al Presidente: anhelamos dos sociedades diametralmente distintas.

En una parte de su intervención del viernes incluyó a mi respetado y querido colega Raymundo Riva Palacio, quien ya se ha defendido con toda claridad.

Dijo de mí el Presidente que “estuvo, no sé si en Notimex o era director de El Nacional, o alguno de esos periódicos que ya no existen, que eran boletines”.

En efecto, dirigí Notimex y El Nacional y fueron dos buenos medios de comunicación del Estado, gracias a la pluralidad de colaboradores. Siempre busqué rodearme de gente más inteligente que yo. Esa es la clave, Presidente. Por ahí pasaron y se formaron grandes periodistas que hoy brillan en la prensa nacional y extranjera.

Me ayudaron en esa tarea verdaderos talentos, en un contexto de pluralidad que hoy no existe en los medios del Estado.

El día anterior a que me despidieran como director de El Nacional (me corrieron a petición expresa del entonces presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, al secretario de Gobernación Jorge Carpizo), publiqué en primera plana una amplia entrevista con un candidato presidencial opositor, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, firmada por una espléndida y leal colaboradora del periódico: Elena Poniatowska. Eso era pluralidad, no un boletín de propaganda.

En la primera plana estaban economistas de izquierda –izquierda de verdad, no carniceros del presupuesto para hospitales públicos–, como Rolando Cordera Campos, Clemente Ruiz Durán, e intelectuales de la talla de José María Pérez Gay y Raúl Trejo Delarbre.

Me lanzó un par de dardos personales el Presidente en su conferencia del viernes en Palacio: que sus diferencias conmigo eran políticas “porque no me gusta meterme en las cosas familiares”. El Presidente se hace eco de una calumniosa insinuación de su entorno inmediato. Le aclaro: No soy pariente del dictador, ni de su viuda ni de la señora madre que lo trajo al mundo.

Menciona López Obrador que “tenemos diferencias desde hace 25 años”. No nos quitemos la edad: es desde hace 31 años, cuando él me dedicó varias páginas de descalificaciones en su libro que lleva el original título de El Fraude Electoral en Tabasco.

Le agradezco, por último, que haya dicho que me respeta. Aunque la verdad es que lo disimula muy bien.

PIE DE PÁGINA. Aparecí en una lista difundida por Presidencia en la que se indica que recibí pagos del gobierno anterior por la vía publicitaria. Sí, tengo un periódico digital que cobra por los banners que se incluyen. Lamento que sólo hayan publicado los destinatarios del uno por ciento de la publicidad gubernamental y se hayan guardado el resto, lo que denota selectividad y mala fe. ¿Únicamente los “machuchones” pueden tener un diario? Con las nuevas facilidades tecnológicas, ya no. Realizo una actividad legal que publica, factura, paga impuestos y doy la cara. ¿Nuestros medios no merecían publicidad? ¿Los demás sí? Que el gobierno revise los criterios con que se anuncian sus dependencias... Pero no se trata de eso, sino de enlodar y desprestigiar a los críticos del gobierno. Yo no me voy a doblar.