El mártir.... Sergio Sarmiento..... Análisis Interesante.

 

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

08 Dic. 2014

"Quienquiera de nosotros que muera como mártir irá al paraíso".

Muhammad


Al final tenía razón el padre Alejandro Solalinde. Tenía razón también el procurador Jesús Murillo Karam. De hecho, todos teníamos razón. Los muchachos de Ayotzinapa sí fueron secuestrados en Iguala y llevados a Cocula para ser ejecutados.

¿Por qué, entonces, se mantuvo el engaño? ¿Por qué preservar y reiterar el lema "Vivos se los llevaron, vivos los queremos"? ¿Por qué cuestionar tan severamente al padre Solalinde cuando simplemente adelantó la verdad, que los normalistas habían sido ejecutados y quemados?

Y ¿por qué declarar ahora que "No le lloraremos a Alexander"? No lo dijeron sus propios padres, es verdad, quienes sin duda han llorado la muerte de su hijo, pero sí otro padre de una víctima, Felipe de la Cruz, el 6 de diciembre. ¿Es malo verter lágrimas por el homicidio de un ser humano, llorar por la muerte de un hijo?

Sí, porque Alexander Mora Venancio ya no es Alexander. Murió a los 21 años cumpliendo lealmente las órdenes del Comité de Lucha de la Normal Rural de Ayotzinapa. Se le instruyó a que fuera con sus compañeros a Iguala, en autobuses robados, a botear y reventar un festejo de la primera dama del municipio. Pero hoy es un nuevo mártir de la causa. "Su caída va a florecer en la revolución -declaró este sábado De la Cruz-. Que sepa, dondequiera que esté, que vamos a hacer justicia".

¿Justicia? ¿Qué es justicia? Si un hijo mío hubiera sido asesinado, yo sí lloraría. El llanto no es expresión de debilidad política sino de dolor... y nada duele más que la muerte de un hijo. Pero también demandaría justicia. Exigiría que el Estado detuviera y sancionara a los culpables. El problema es que esto ya ha ocurrido en el caso de los normalistas. Hay 80 detenidos con claras pruebas en su contra. El movimiento, sin embargo, no puede aceptarlo... porque sería reconocer que el Estado no es el responsable.

¿Justicia es pedir la renuncia de Peña Nieto o Jesús Murillo Karam? ¿A cuenta de qué? ¿Mataron a los muchachos? ¿Los entregaron a Guerreros Unidos? ¿Es justicia exigir que "florezca la revolución"?

Ahora nos dicen que, aunque Alexander esté muerto, la lucha continúa para que los otros 42 sean entregados vivos por el gobierno federal. Pero, ¿realmente alguien piensa que Peña Nieto tiene a los normalistas ocultos en alguna mazmorra clandestina, que aunque Alexander haya sido ejecutado en Cocula los otros 42 están retenidos?

¿No es más lógico pensar que el movimiento de Ayotzinapa pide lo imposible para después acusar al gobierno de no cumplir? Exigir que el gobierno federal entregue con vida a los normalistas que nunca se llevó parece una forma de pedir lo que nadie puede dar. Yo supongo que Peña Nieto tiene algunas virtudes, como cualquier ser humano, pero entre ellas no creo esté la facultad de resucitar a los muertos.

No me sorprende que el movimiento de Ayotzinapa pida, en lugar de la justicia que merecen las familias, que la revolución florezca. Ayotzinapa es una escuela dedicada a la revolución. En sus muros no se exhiben las efigies de Madero o Juárez sino las del Che Guevara y el subcomandante Marcos. Sus clases están hechas para adoctrinar a los normalistas en las virtudes de la revolución, aquella por la que pelearon Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, para que ellos a su vez puedan instruir a los niños de las comunidades rurales. Como las madrasas fundamentalistas islámicas o las escuelas de los evangelistas, el propósito de Ayotzinapa es impulsar la fe.

Y toda fe necesita mártires. Alexander ya ha sido elevado a los altares del movimiento. Por eso no hay que llorar por él. Su muerte hará que florezca la revolución. Otros 42 mártires pronto se unirán al nuevo santoral.


· LE GUSTE O NO

Jesús Rodríguez Almeida fue obligado a renunciar como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal por haber defendido la actuación de sus policías el 20 de noviembre, "le guste a quien le guste". Me parece una pésima señal para los policías de la ciudad.



@SergioSarmiento

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‘Casa blanca’, la mano de Ebrard

Serpientes y Escaleras Salvador García Soto[Perfil]

Detrás del golpe periodístico más importante del año y del éxito que representó para la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones especiales la revelación de la existencia de la “casa blanca” de Las Lomas, perteneciente a la familia del presidente Enrique Peña Nieto, hay una historia por demás interesante sobre la forma en que se armó la investigación de una noticia que le dio la vuelta al mundo y que cimbró la imagen y credibilidad de la casa presidencial en México; y también de las motivaciones políticas que —sin demeritar su valor periodístico— tuvieron estas fuertes revelaciones.

Lo que se presentó sólo como un hallazgo periodístico y se dijo que su descubrimiento partió sólo del ejemplar de la revista “Hola”, donde Angélica Rivera se ufana de la casa que la familia Peña-Rivera planeaba habitar al terminar su mandato, fue en realidad un expediente político que se comenzó a confeccionar varios años antes, por lo menos desde 2010, y en cuya investigación y armado participó un equipo especializado de inteligencia y espionaje político que trabajaba bajo las órdenes del entonces jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.

En aquel 2010 Marcelo ya se veía como el candidato fuerte de la izquierda a la Presidencia de la República y, como tal, se perfilaba para contender con quien, desde ese año, era el rival más fuerte según varias encuestas: Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.

Desde el C4, el centro de inteligencia y seguridad de la ciudad de México, Marcelo creó y operó un grupo especial formado por ex agentes de Cisen, PGR y Marina —expertos en inteligencia y espionaje político— al que encargó integrar expedientes de personajes políticos del momento, en especial los que podían contender por la Presidencia. Peña fue uno de los principales objetivos de aquella búsqueda, incluidos sus familiares y amigos más cercanos.

Aprovechando las fuentes de información de primera mano que tenían: registros públicos de la Propiedad y Comercio, licencias de construcción o juzgados en la ciudad, por ejemplo, el grupo integró varios expedientes con documentos e información oficial que fueron entregados a Ebrard para que los usara para sus fines y proyectos personales y políticos.

Cuando sus aspiraciones presidenciales se vieron repentinamente truncadas, por el apoyo de la izquierda que recibió López Obrador, el expediente de la casa blanca, junto con otros, estaba casi listo; pero Marcelo decidió hacerse a un lado y dejó el paso libre a López Obrador para la candidatura, luego de las encuestas que daban ligera ventaja al tabasqueño.

Comenzó así la sucesión presidencial sin Marcelo y en junio de 2012, en el clímax de las campañas, estuvo a punto de hacerse pública la información de la “casa blanca”, pero el jefe de Gobierno leyó las encuestas y supo que un golpe así haría caer a Peña Nieto y Andrés Manuel se enfilaría solo a la Presidencia, algo que a él poco le convenía. Decidió guardar el expediente que podría ser útil ya en el sexenio peñanietista.

Para la segunda mitad de 2013 Ebrard aparecía como un serio candidato a la presidencia nacional del PRD. Pero Marcelo no contaba con que su sustituto y antiguo pupilo, Miguel Ángel Mancera, le asestaría un golpe letal que lo sacaría de la contienda: la suspensión del servicio en la Línea 12 del Metro y las denuncias de corrupción en la obra cumbre del sexenio ebrardista golpearon en seco al ex jefe de Gobierno. Mancera se distanciaba así de su antiguo jefe y se acercaba a Peña Nieto en una suerte de pacto con Los Pinos que incluyó el “parricidio”.

Comenzó ahí la investigación de Aristegui y su equipo. Vino el ejemplar de la revista “Hola” y el trabajo periodístico que redondeó e hilvanó la historia que dio origen a uno de los escándalos mediáticos más grandes del México reciente.

Historia sin fin ....la vigencia del comunismo

 

Por Sergio Sarmiento09/12/201406:06 hs

Entre los muchos grupos que participaron en las manifestaciones de este sábado 6 de diciembre en el Paseo de la Reforma me llamó la atención uno que portaba banderas rojas con la hoz y el martillo, el tradicional símbolo comunista. La vieja ideología no ha desaparecido, no por lo menos en nuestro país. 
Lo curioso es que acabamos de celebrar el 25º aniversario de la caída del muro de Berlín y de la revolución de terciopelo, que fueron el inicio del desplome de todos los regímenes comunistas de Europa oriental. 
La desaparición de un bloque político e ideológico tan importante que en un momento pareció destinado a dominar el mundo llevó al pensador estadounidense Francis Fukuyama a postular en su libro El fin de la historia y el último hombre (1992) una visión hegeliana de la historia. El desplome del comunismo representaba el fin de la historia o por lo menos del conflicto entre clases sociales o ideologías. “Al final de la historia, no hay competidores ideológicos serios a la democracia liberal.” 
La obra de Fukuyama enfureció a la izquierda, que cuestionaba que la democracia liberal y la economía de mercado pudieran representar esa sociedad ideal que Hegel propuso y que Marx reorientó hacia el comunismo. Pero el desplome del comunismo de Europa del este tuvo un impacto extraordinario, principalmente en la izquierda. 
Muchos entusiastas del viejo sistema cambiaron por lo menos el lenguaje. Pocos mantuvieron el adjetivo “comunista” para identificarse. Casi todos se dijeron representantes de una nueva y verdadera democracia. El Partido de la Revolución Democrática, fundado en México en 1989, heredó su registro del antiguo Partido Comunista, pero nunca presumió su ancestría. Tabaré Vázquez, el viejo izquierdista que acaba de ser reelecto presidente del Uruguay, decía: “La izquierda no ha sido impermeable a la revolución cultural neoliberal y ha incorporado algunos de sus elementos, como la necesidad del equilibrio fiscal, el libre comercio y la competitividad.”
Fukuyama, sin embargo, se equivocó. El desplome comunista no ha significado ni el fin de la historia ni el de los conflictos ideológicos. Es verdad que pocos países se aferran al viejo comunismo. Cuba y Corea del norte se han quedado solas. China es ya capitalista. Otros países, sin embargo, están tratando de regresar al comunismo, aunque lo llamen, como Venezuela, “socialismo del siglo XXI”. 
En México el comunismo se mantiene vivo como ideología y como propuesta política. Lo vemos en la Escuela de Ayotzinapa y en algunos de los grupos políticos que acompañan su movimiento. El fracaso del socialismo de Europa oriental no les preocupa. La nueva ideología sostiene que los soviéticos se equivocaron en algunas medidas, pero no en su objetivo fundamental. El mercado debe ser remplazado por un Estado que planifique la economía, controle o posea los medios de producción y reparta recursos para maximizar la igualdad. 
La historia, empero, ha demostrado que el comunismo es ineficaz y autoritario. Las economías de Cuba, Corea del norte y Venezuela son un desastre. Sus gobiernos sólo pueden mantenerse en el poder por medio de dictaduras. El comunismo no es compatible con las libertades individuales porque empieza por prohibir las transacciones económicas consensuales entre adultos. 
Fukuyama se equivocó. El desplome del comunismo de Europa oriental no terminó con la historia ni con los conflictos ideológicos. En México la ideología comunista sigue viva y hoy siente que está a punto de llegar al poder. 

DEVALUACIÓN
El peso cayó primero por razones externas: por la idea de que Estados Unidos incrementaría su tasa de interés y haría más atractivo al dólar. Otras divisas cayeron más que el peso en un principio, pero en las últimas semanas la devaluación del peso ha sido producto de la baja en los precios del petróleo y de la percepción de que el gobierno de Peña Nieto enfrenta una rebelión violenta y no tiene la legitimidad, la voluntad o la fuerza para enfrentarla.

http://www.debate.com.mx/opinion/Historia-sin-fin-20141209-0039.html

Son las drogas

 

Jorge Volpi

06 Dic. 2014

Hagamos memoria. Según la versión oficial, José Luis Abarca, alcalde de Iguala, ordena a sus cuerpos policiacos reprimir a los normalistas de Ayotzinapa. A continuación, éstos se enfrentan con los estudiantes, asesinan a 6 y capturan a 43. Hacinan a los supervivientes en un camión y proceden a entregarlos a la policía de Cocula, la cual los traspasa a Guerreros Unidos. De un lado, sin duda, esa parte salvajemente corrompida del Estado; y de la otra -no hay que olvidarlo- los narcotraficantes. Más aún: las gigantescas cantidades de dinero derivadas del tráfico de drogas en esa zona de Guerrero.

Los miles de ciudadanos que se han manifestado a lo largo de estas tumultuosas semanas, igual que decenas de comentaristas, no se han cansado de recordarnos que la corrupción es la principal causa de la degradación de nuestro Estado de derecho y, en última instancia, de la tragedia de Iguala. La corrupción infiltrada en todos los órdenes de gobierno. La corrupción que ha convertido a distintas fuerzas de seguridad en meros apéndices del crimen organizado. La corrupción que provoca que autoridades y delincuentes apenas se diferencien.

Y, por supuesto, aciertan: la corrupción que impera en nuestra vida pública es uno de nuestros mayores lastres. Pero no fue hasta que esa plaga se conjuntó con el narcotráfico -o, más precisamente, con los efectos de la guerra contra el narco- que pasó a generar un alud de muerte. La corrupción no es, sin embargo, un fantasma omnipotente ni una tara hereditaria propia sólo de los mexicanos, sino un producto de nuestra pobre arquitectura institucional y de nuestra anémica moral pública, que inevitablemente se refuerza cuando inverosímiles sumas de dinero del narco circulan de un lado a otro sin control. Montos por los que cualquiera -o casi cualquiera- estaría dispuesto a corromperse.

Sin duda, la corrupción institucional debe ser atendida con medidas concretas y no con simples declaraciones o la permanente evocación del término "transparencia" -cuando un órgano como el IFAI carece de instrumentos para investigar o sancionar a los corruptos-, pero ésta nunca desaparecerá del todo, en las áreas más sensibles de nuestra sociedad, mientras no desaparezca una de sus principales y más perniciosas fuentes de financiamiento: el dinero del narcotráfico. Y a su vez éste no se esfumará hasta que no desaparezca el narcotráfico mismo. Si aspiramos a entrever la causa última de lo ocurrido en Iguala, tendríamos que llegar a la brutal -y, como los mexicanos constatamos a diario, inhumana- ilegalización de las drogas decretada por Estados Unidos, su principal consumidor.

Acaso movidos por la indignación y la rabia frente a los crímenes de Iguala, centramos nuestras críticas en la degradación del Estado, mientras que el Estado ofrece medidas para limpiar sus fuerzas de seguridad, olvidándonos de que la tentación de la riqueza inmediata prometida por el narco no desaparecerá mejorando los sueldos de los policías o cambiándolos de adscripción. Por ello conviene regresar, una y otra vez, a la cuestión central: el absurdo sistema internacional que, a partir de una anacrónica moral puritana o una desfasada visión de la salud pública, obliga a unas naciones a convertirse en proveedoras de droga para otras en unas condiciones de ilegalidad que sólo generan corrupción y muerte (y ni siquiera consiguen aumentar los precios).

A estas alturas ya deberíamos saber -como se muestra por ejemplo en Éxtasis, la reciente novela de Gerardo Kleinburg- que la prohibición de las drogas no es sino una aberrante etiqueta que no impide que, en cualquier lugar de Occidente, cualquier persona pueda conseguir cualquier droga con facilidad extrema. Con el inconveniente de que, para llegar a esos últimos puntos de venta, esa droga se ha llevado en el camino las vidas de miles de ciudadanos de los desafortunados países proveedores -como el nuestro-, obligados a batirse con los narcos.

Sin duda, manifestantes, comentaristas y ciudadanos comunes debemos continuar señalando la pavorosa corrupción estatal, pero un fruto importante de las protestas sería insistir en un cambio de rumbo que, siguiendo el ejemplo de naciones como Uruguay o algunas regiones de la Unión Americana, proponga una nueva política de legalización de las drogas. Esta es la única salida verdadera, si no a la vasta corrupción que nos afecta, al menos a esa parte de la corrupción que desde hace ocho años ha provocado miles de desapariciones y de muertes.

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Vinculados con el ERPI dirigen actos vandálicos

Reporte Federal ubica a 14 líderes que se dedican a atacar comercios e instituciones en Guerrero; el informe liga al menos a 2 con jefes del grupo guerrillero13 De Ellos cuentan con averiguaciones por robo, amenazas, privación ilegal de la libertad, daños y lesiones; otros violentos pertenecen a la Ceteg, y a la UPOEG   El gobierno federal tiene identificados con nombre, apellido y zona de influencia a 14 líderes de “grupos sociales” que operan en Guerrero, algunos involucrados con grupos guerrilleros y los cuales se han dedicado a bloquear carreteras, tomar casetas de peaje, quemar edificios de gobierno y causar actos de vandalismo con el pretexto del caso Iguala. Son dirigentes de organizaciones que, en algunos casos, mantienen relación con el guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), vinculado al cultivo y trasiego de amapola y goma de opio, además de secuestros de empresarios de Morelos. Son los mismos que recientemente han aprovechado las manifestaciones en apoyo a familiares de los 43 normalistas desaparecidos para vandalizar edificios estatales, centros comerciales o cerrar la Autopista del Sol. Un informe confidencial titulado: “Objetivos de atención especial Guerrero” —cuya copia tiene La Razón— detalla que de estos 14 líderes, 11 cuentan con averiguaciones previas en su contra, dos con órdenes de aprehensión, y uno de ellos está en prisión desde donde aún “promueve y encabeza acciones delictivas”. El reporte detalla que entre ellos se encuentran Obtilia Eugenio Manuel y su pareja sentimental, Cuauhtémoc Ramírez, ambos líderes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM). “Es hermana del dirigente del ERPI en Ayutla de los Libres, Victoriano Eugenio Manuel y Gabino, de los mismos apellidos. Cuentan con medidas cautelares otorgadas por Segob. Forma parte del Comité Pro Construcción de un Nuevo Guerrero”, indica el reporte. Añade que “cuenta con ocho averiguaciones previas que se integran por los delitos de daño en propiedad ajena, amenazas y privación ilegal de la libertad”. Ramírez Rodríguez “es pareja sentimental de Obdilia Eugenio Manuel, mantiene relación con activistas de las brigadas internacionales de paz. Forma parte del Comité Pro Construcción de un Nuevo Guerrero”, se lee en el documento. Este sujeto cuenta con una averiguación en su contra por daño en propiedad ajena. El informe asegura que al ERPI se le vincula con “actividades de siembra, cultivo y trasiego de amapola y goma de opio”. En la lista aparece también Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el cual mantiene una “relación de conveniencia e interés con el (ahora ex) gobernador Ángel Anguirre”, y tiene influencia en 15 municipios de cuatro regiones. Sobre él pesa una orden de aprehensión por robo y tiene cinco expedientes por privación ilegal de la libertad, robo, ataques a las vías de la comunicación y a los medios de transporte. De hecho, el informe reporta que utilizaba “para su traslado vehículos de la administración estatal”, además de que cuenta con “medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos”. En la lista aparece María Antonia Morales Vélez, vocera de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), la cual se “ha caracterizado por promover acciones radicales” a las cuales ha sumado a integrantes disidentes de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, de la normal de Ayotzinapa. Contra ella hay nueve averguaciones previas por motín, robo, daños y ataques a las vías de comunicación.

Ayotzinapa: Cinco políticos, responsables

Raymundo Riva Palacio | Lunes 8 de diciembre, 2014

La confirmación que parte de los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y asesinados por las policías municipales y la banda criminal Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre, obliga a que la justicia plena para encontrar a todos los culpables del asesinato masivo toque a la clase política. Está en la cárcel parte de los presuntos responsables criminales y la PGR va tras el resto. Siguen impunes, empero, aquellos que por omisión o comisión crearon las condiciones para este episodio calificado como “barbarie”. Estos no son clandestinos, ni están prófugos. Son cinco políticos, para empezar, miembros de las tres corrientes que controlan al PRD.

A lo largo de casi 70 días, las autoridades le han dado la vuelta a entrar a ajustar cuentas legales con ellos. Lo que han hecho es un encubrimiento y otorgar blindaje al gobernador con licencia, Ángel Eladio Aguirre, y a los líderes del PRD, quienes apoyaron, encumbraron y protegieron al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que convirtió a las instituciones en Iguala en parte orgánica del crimen organizado, de la mano de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, miembro de una familia donde cuando menos 15 de sus familiares, dirigían una banda que operaba en Tierra Caliente, Guerrero y Morelos, dedicados al narcotráfico, secuestro y extorsión.

La imagen pública de la izquierda reformista, la aliada del gobierno en el Pacto por México, resultó lastimada por su respaldo a Abarca, pero al mismo tiempo se mantiene impune ante cualquier otra comisión de delitos. El presidente prometió que irían al fondo para esclarecer la barbarie de Ayotzinapa, y el procurador Jesús Murillo Karam, afirmó el domingo que la investigación seguirá abierta, “tope donde tope”. Parece un juego de palabras, porque jurídicamente está cerrada la investigación. Si se mantiene abierta es para capturar al resto de los responsables materiales y, por supuesto, saber quienes son los políticos que allanaron el camino para el crimen en Iguala.

Estos responsables políticos, tienen que rendir cuentas claras. Pero hay que ser cuidadosos. No por ser responsables del poder de Abarca, automáticamente son culpables de asesinato. Son cosas diferentes que deben dilucidarse. Se debe comenzar por investigarlos formalmente. El gobernador con licencia Aguirre es por donde habría que empezar y que deje ser visitante frecuente, como él mismo afirma, del despacho del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Murillo Karam. ¿Por qué Aguirre?

Por dos razones. La penal, porque sí se le puede imputar el crimen por omisión en sus responsabilidades, que él evade con la justificación que dio aviso de lo que sucedía. La política, porque fue quien encabezó en 2012 la mesa donde cinco miembros del PRD decidieron las candidaturas en Guerrero. No sólo fue la de Abarca en Iguala, sino de la de otros siete presidentes municipales que hoy están son investigados por la PGR por su presunta vinculación con Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios. En esa mesa estaba Sebastián de la Rosa, el principal protector de Abarca, miembro de Los Chuchos y estrechamente relacionado con el ex líder del partido, Guadalupe Acosta Naranjo.

Asimismo el ex senador y primer secretario de Desarrollo Social de Aguirre, David Jiménez Rumbo, también participó en esa mesa. Jiménez Rumbo, líder del PRD en Guerrero, afirmó en una entrevista que Los Chuchos lo tienen vetado porque se opuso a la candidatura de Abarca. Sin embargo participó en la aprobación de las candidaturas, como representante de Alternativa Democrática Nacional, que dirige Héctor Bautista, actual secretario general del PRD, y nunca expresó antes del crimen, haber disentido por Abarca.

Otro participante de las decisiones fue Víctor Aguirre, sobrino del gobernador con licencia, como representante de Izquierda Democrática Nacional, que dirigen René Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna, quienes lo destaparon en marzo como su candidato al gobierno de Guerrero. El quinto en la mesa fue Jesús Evodio Velázquez Aguirre, secretario general del PRD en el estado, y líder de la corriente Nueva Mayoría, filial de Los Chuchos, quienes lo quieren como candidato a la alcaldía de Acapulco. En enero fue destapado en un evento donde la figura central fue el fundador de la corriente, Jesús Ortega.

La mesa de los cinco fue avalada por el entonces líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Zambrano ha buscado deslindarse de Abarca, al igual que el resto de los cinco que lo eligieron candidato. Sus jefes políticos, Los Chuchos, Bejarano y Bautista, hablan del tema como si no fueran culpables del encumbramiento del ex alcalde, pese a los antecedentes criminales de la familia de su esposa. Y salvo Aguirre, ninguno de ellos ha sido llamado a declarar en la PGR.

Apoyo político no es ser culpable del crimen, pero todos ellos tienen que aclarar porqué si eran públicas las relaciones criminales del matrimonio Abarca-Pineda Villa, lo respaldaron. Dentro de las cúpulas del PRD aseguran que como pago, Abarca les daba dinero, lo que de confirmarse, supondría que el gobernador y las corrientes que controlan al PRD, recibieron recursos del crimen organizado. Esto deberá ser trabajo del Ministerio Público Federal. Lo único claro por ahora, en su caso, es que Abarca era uno de los suyos, no sólo hasta el 26 de septiembre, sino inclusive después de haber sido la pieza central del crimen en Ayotzinapa. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Ebrard prepara el salto

Manuel López San Martín   A más de uno ha llamado la atención la desaparición mediática de Marcelo Ebrard. Y no sólo se trata de su ausencia física —el ex gobernante capitalino anda en China desde hace varios días—, sino que ni en redes sociales se ha manifestado. El ex jefe de Gobierno ha tomado distancia. Brilla por su ausencia, mientras el escenario nacional se convulsiona dentro y fuera de su todavía partido, el PRD. Ni una palabra dijo sobre la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, tampoco ha declarado sobre la relación del sol azteca con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, ni sobre la falta de contundencia de los Chuchos para asumir su parte de responsabilidad y redireccionar el rumbo desde la dirigencia perredista. Vaya, ni siquiera ha cuestionado al Presidente Enrique Peña Nieto. Ya no digamos ha pedido su salida, como otros en la izquierda lo han hecho. Pero no, el silencio de Marcelo es todo menos casualidad. Es más, está lleno de causalidades. El ex gobernante capitalino está en el proceso de tejido fino, de construcción de escenarios. Busca reinventarse y mantenerse vivo políticamente. Lo que viene en su estrategia, está a punto de asomarse. Ebrard tiene en la cabeza la idea de ser candidato a la presidencia en 2018 y para ello necesita llegar a San Lázaro el próximo año, no como un diputado más, sino como coordinador de un frente de izquierdas que le dé reflectores y lo posicione como el referente de la oposición en el Congreso. En su cálculo sabe que en el PRD ya no tiene cabida, pero tampoco piensa abandonar su todavía partido sin dinamitarlo. Después de que le fuera cerrada la posibilidad de dirigir el sol azteca y de que su tribu, Movimiento Progresista, quedara disminuida —tras los comicios internos del 7 de septiembre pasado— al 2.5% en el PRD, el ex jefe de Gobierno decidió la ruta de su llegada a la Cámara de Diputados. Ebrard no saldrá del sol azteca en el corto plazo. Es más, buscará la postulación por ese partido, y no solo para él, sino para algunos leales de su equipo —como su ex jefe de Oficina en el GDF y actual diputado en la ALDF Adrián Michel—, encareciendo así el costo de irse y manteniéndose como voz crítica. Una vez en San Lázaro, la jugada de Marcelo sería fungir como potencial unificador de las izquierdas —contra los Chuchos— y colocarse como coordinador de un bloque de izquierdas. Para nadie es un secreto que Ebrard mantiene una relación cercana con Andrés Manuel López Obrador, lo que le daría luz verde en el grupo parlamentario de Morena. Además, tiene un acuerdo amarrado desde hace meses con el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Así que Marcelo buscaría sumar al grupo parlamentario de Morena, MC y algunos legisladores del PT y PRD para ser, a partir de 2015, coordinador de un bloque y desde ahí construir su candidatura presidencial de la mano, claro, de López Obrador. Ahora le toca a él. Al menos es el acuerdo que el tabasqueño y Ebrard tienen desde noviembre de 2011, cuando el segundo se hizo a un lado en la carrera presidencial.   Off the record... ¿Qué esperarán en la Profeco para ir a clausurar las decenas de gasolineras que no dan litros de a litro y que roban a quienes van a cargar combustible? Están por todo el país y se burlan de las autoridades. Las investigaciones que Proyecto 40 ha puesto sobre la mesa —y que incluyen ubicaciones y modus operandi— son contundentes y no dejan lugar a dudas. ¿De plano los ciudadanos estamos indefensos ante esta clase de abuso?   En boca cerrada... “El programa de parquímetros ha resultado un negocio millonario para la iniciativa privada, pero no para los ciudadanos” El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, salió a quejarse de una medida cuyos principales afectados son los franeleros que viven en la ilegalidad. Bien haría en irse a dar una vuelta a las calles de su demarcación, para después protestar con conocimiento de causa. Twitter: @MLopezSanMartin

Morena: negocio redondo

Rubén Cortés

Los últimos dos meses y medio resultaron fructíferos para Morena: se quitó de encima la responsabilidad política de su líder en el caso Iguala, y sus jóvenes militantes lograron estancar la huelga del IPN “hasta que aparezcan vivos” los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Con excelente maestría para manejar redes y opinión pública Morena consiguió ocultar que el caso Iguala terminó mal porque AMLO desoyó denuncias de perredistas contra José Luis Abarca por sus vínculos con el crimen organizado. A las acusaciones hechas en público, en Iguala, durante su campaña presidencial de 2012, AMLO respondió: “Apoyen a todos nuestros candidatos, apóyenlos. Hay diferencias, yo lo sé. Pero eso es parte de la democracia. La dictadura no es así, es imposición, pensamiento único”. Y Abarca conservó la candidatura del PRD. Ganó la alcaldía y, el 26 de septiembre pasado, ordenó al crimen organizado que desapareciera a 43 estudiantes que iban a sabotear el acto en el que su esposa, consejera del PRD, anunciaría su intención de sucederlo en 2015. Como candidato presidencial, AMLO decidió las candidaturas y fue por sus propios compañeros de partido que supo la relación de Abarca con el narcotráfico. El mismo Alejandro Encinas, a quien AMLO hizo senador plurinominal, asegura que Abarca es un asesino: “Abarca participó en el secuestro y asesinato de cuatro miembros del PRD, entre ellos Justino Carvajal Salgado, primer síndico, asesinados personalmente por el señor Abarca, pero la Procuraduría del Estado, los gobiernos estatal y federal (todos perredistas) los mantuvieron impunes”. Sin embargo, en estos dos meses y medio, Morena logró endosar al gobierno federal la factura del caso Iguala. Ejemplos fehacientes son las marchas diarias en todo el país: ningún reclamo menciona a Abarca ni al PRD o AMLO, todos denuncian al gobierno federal. Más aún, Morena colocó el caso Iguala entre las exigencias de los huelguistas del IPN al gobierno federal, al incluir “la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos” por orden de sus militantes Ubaldo Oropeza, Ricardo Che y Adrián Alvarado, quienes lideran el paro. El 30 de septiembre el secretario de Gobernación les ofreció la solución en media hora, a lo que respondieron que ellos serían quienes impondrían los tiempos. Desde entonces el gobierno cumplió todas sus exigencias y más aún. Pero en realidad nunca han pretendido que el IPN reinicie clases. La orden que tenían, en principio, era extender el conflicto hasta empatarlo al menos con el inicio del proceso electoral 2015, y enrarecer el ambiente en favor de Morena. Pero la desaparición de 43 normalistas modificó el plan: de ninguna manera levantar la huelga hasta que aparezcan. Es decir, en apenas cinco meses como partido, Morena tiene por el mango la sartén de la política doméstica. ¡Chapeau! ruben.cortes@razon.com.mx Twitter: @ruben_cortes

Manlio: que AMLO pregunte en Iguala dónde están los 43

El Líder de los diputados del PRI plantea que el tabasqueño y las dirigencias del PRD y MC pasen de la impugnación a la colaboración La Imprudencia en el caso de los desaparecidos se inició con el respaldo a un delincuente para que fuera alcalde, dice.

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, convocó a Andrés Manuel López Obrador a colaborar en la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, donde gobernaba José Luis Abarca, cercano a él. El priista incluso le aconsejó cómo puede ser esa colaboración: “Andrés Manuel López Obrador anduvo postulando candidatos, seguro tocó a varios de los funcionarios que están ahí. No es simplemente la foto (que se tomaba con ellos), de seguro conversó con ellos. (Por lo que podría) ir otra vez al sitio y platicar con ellos, sería conveniente, para ver si ellos mismos les dicen quiénes se los llevaron y dónde están. Creo que nos podrían ayudar mucho, esto que sería algo de colaboración, no nada más de impugnación”. Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Beltrones recordó que la crisis en Iguala “inició, precisamente, cuando el presidente municipal de Iguala, con sus ligas con el narcotráfico asesina a Arturo Hernández Cardona y no pasa nada, ni hace nada el gobierno del estado, que son del mismo partido político y postulados por las mismas personas e impulsados, incluso, por Morena y por Andrés Manuel López Obrador”. Después de eso, explicó ocurrieron el asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes: “se los llevan por el contubernio de un presidente municipal que, está probado, está ligado con la delincuencia organizada y el narcotráfico”. Sin embargo, dijo, “en las calles, los mismos que apoyaron a ese presidente municipal, coludido con el narcotráfico y a ese gobernador (el de Guerrero, Ángel Aguirre) que estaba tolerando o (era) cómplice del presidente municipal abiertamente, o los políticos que estaban alrededor de ellos salen y dicen: ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’”. En ese sentido, destacó que, en efecto, “vivos queremos que nos los regresen, pero los que se los llevaron y aquellos que saben quiénes son los que se los llevaron, aquellos que han convivido mucho tiempo en Iguala y en Guerrero, esos partidos políticos que han estado ahí, y esta es la historia real de lo que aconteció”. —Andrés Manuel López aquí nos dijo hace tres, cuatro semanas que le parecería imprudente, para él, ir en estos momentos a Ayotzinapa—acotó el periodista. —Yo creo que la imprudencia se inició cuando fue a apoyar a un delincuente para ser presidente municipal. Además dicen que en la política y en la vida, el primer error es el que cuenta, lo demás son sus consecuencias. La imprudencia no es de ahora, es de siempre—sostuvo, parafraseando aquella frase del ex presidente Álvaro Obregón de que “en la vida sólo se comete un gran error, los demás son consecuencia de éste”. Ante los reclamos de que renuncie el Presidente Enrique Peña, emitidos por políticos y activistas de izquierda al atribuirle la responsabilidad en el caso Iguala, Beltrones respondió que “no saben de lo que hablan, no saben lo que están planteando más allá de lo que es el olfato de su nariz de carácter político, y creo que aquí nos estamos distrayendo, y mucho”. El diputado también se refirió a los rumores que lo colocaban como un probable comisionado para la seguridad en Guerrero o incluso como relevo en la Secretaría de Gobernación y remarcó que no ha recibido ninguna propuesta al respecto por parte del gobierno federal. Subrayó que México requiere políticas públicas que acerquen a la solución de los problemas, “no hombres que vengan a salvarlo o mujeres predestinadas”, y sostuvo que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong “está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien desde un principio”.

Caso Iguala: paso por paso

Rubén Cortés   El caso Iguala es un asunto político porque todos sus caminos conducen a la política: —Los 43 estudiantes desaparecidos son de la Normal de Ayotzinapa, escuela protagonista en toda manifestación de izquierda en Guerrero, semillero de movimientos sociales y cuna de guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. —Fueron desaparecidos por orden del alcalde de un partido de izquierda, el perredista José Luis Abarca, porque sabotearían un acto en el que su esposa, consejera del PRD, presentaría su candidatura para sucederlo. —Morena, nuestro más joven partido de izquierda, quitó como candidato al gobierno de Guerrero a Lázaro Mazón para “no vulnerar al partido”, porque su relación con Abarca “afectó de alguna manera”. —Siendo alcalde de Iguala (1996-99 y 2002-05), Mazón tuvo como secretario de Seguridad Pública a Felipe Flores (hoy prófugo por la desaparición de los 43), quien puso a la Policía Municipal a las órdenes del cártel Guerreros Unidos. Flores también fue jefe policiaco de Abarca. —Como senador, Mazón postuló a Abarca para alcalde. Su hermano, Luis Mazón, fue el primer suplente de Abarca. Por orden de AMLO, Mazón tenía el encargo de recolectar dos millones de firmas para la consulta popular en materia energética. —Ángel Aguirre, del PRD, tuvo que renunciar como gobernador de Guerrero por mandato de su partido, en el marco de la investigación por la desaparición de los 43. El PRD designó a su sustituto, Rogelio Ortega. —La crisis en Iguala inició cuando Abarca, con sus ligas con el crimen organizado, asesinó al activista de izquierda Arturo Hernández Cardona. —Todo esto creó una de las más graves crisis políticas en la historia contemporánea de México. Entonces, el problema surgido en Iguala por los 43 normalistas desaparecidos, es un caso político generado por rencillas internas entre dos partidos políticos (PRD y Morena) en un municipio y un estado gobernados por el PRD. De ahí que no haya de otra que quitarse el sombrero ante la habilidad de los políticos de izquierda involucrados (en especial AMLO, junto con sus guardias rojos de Twitter) para conseguir que, en la percepción ciudadana, el caso Iguala sea observado como un asunto del gobierno federal. Por eso destacó la sugerencia de Manlio Fabio Beltrones, ayer en el programa de radio matutino de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula 104.1: “Andrés Manuel López Obrador anduvo postulando candidatos, seguro tocó a varios de los funcionarios que están ahí. Podría ir otra vez y platicar con ellos, para ver si ellos mismos le dicen quiénes se los llevaron y dónde están”. Así que es en el PRD y Morena donde está la respuesta al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Que la den. ruben.cortes@razon.com.mx Twitter: @ruben_cortes http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=238540

Llevan choferes semanas retenidos por normalistas en Ayotzinapa

Viven con sus autobuses en el campo de futbol de la Normal Rural; duermen en los compartimientos al equipaje de pasajeros y secan su ropa en los parabrisas

               

29/11/2014 17:38 AP

                                                            

TIXTLA, 29 de noviembre.- Los conductores viven con sus autobuses en el campo de futbol de la Normal Rural de Ayotzinapa. Duermen en los compartimientos destinados hasta hace poco sólo al equipaje de pasajeros y secan su ropa en los parabrisas.

La atención en los dos últimos meses se ha centrado en la desaparición de 43 estudiantes de la normal, ubicada en la municipalidad de Tixtla, y pocos han prestado atención a una treintena de conductores de autobús que aseguran permanecer retenidos por activistas de la escuela que los obligan a trabajar como choferes para quienes tomaron a la fuerza sus vehículos: los mismos alumnos.
Los conductores, algunos de los cuales llevan más de un mes en la escuela en el sur de México, dicen que no pueden abandonar los vehículos porque hay un contrato laboral que los obliga a permanecer en todo momento junto al autobús, que puede valer más de 100 mil dólares. Y en medio de las tensiones por la desaparición de los estudiantes, las autoridades se muestran renuentes a rescatar a los choferes.

Nos dicen que no estamos secuestrados porque podemos salir a pasear o bañarnos en su alberca", dijo un chofer, que al igual que otros demás se negó a dar su nombre por miedo a represalias. "Pero también los presos en una cárcel tienen derecho a salir al patio o ir al gimnasio y no por eso son libres", se lamenta.

Toma de autobuses, expropiación, dicen

Los estudiantes, que tienen una larga trayectoria de activismo que llega a tornarse violento, califican la toma de los autobuses de "una expropiación" y dicen que los necesitan para trasladarse a las numerosas protestas que se realizan en el estado de Guerrero desde la desaparición y probable matanza de sus compañeros.
Omar García, un estudiante de segundo año, reconoció en una entrevista con The Associated Press que perjudican a los choferes porque no pueden irse ni mantener a sus familias. Pero sostuvo que los estudiantes no tienen opción porque no saben conducir ni dar mantenimiento a vehículos tan grandes.

Nos tratan mal, nos gritan y nos intimidan y nos obligan a estar a su disposición para manejar donde ellos deciden", explica otro conductor retenido hace tres semanas. "No puedo ir a ver a mi familia. Somos víctimas de una situación que no hemos provocado".

A cambio de no dañar los autobuses, dicen, los choferes deben estar a disposición de los jóvenes las 24 horas del día para manejarlos durante el tiempo que consideren oportuno y al lugar que necesiten ir.

Choferes desesperados

Los conductores han rogado a sus empleadores que envíen choferes de reemplazo pero no han recibido respuesta
Los conductores han rogado a sus empleadores que envíen choferes de reemplazo para poder ir a ver a sus familias. Hasta ahora la mayoría de las compañías se han negado, aunque García dijo que se estudiaba un acuerdo entre los estudiantes y los dueños de los autobuses que permitiría a los choferes rotar cada 10 días.
Varias compañías que tienen autobuses en la escuela declinaron comentar, excepto para reconocer que hacen responsables a los choferes de los vehículos, conforme a sus normas. Las empresas dijeron que los secuestros se han convertido un problema tan frecuente que algunas líneas han reducido los viajes en el estado de Guerrero.

Normalistas controlan las casetas

Estudiantes enmascarados también controlan casetas de peaje para cobrar "donaciones" de choferes que pasan por la autopista federal y secuestran autobuses de pasajeros para su uso. Maestros del sindicato local magisterial se han sumado a las protestas y han quemado vehículos, edificios públicos y oficinas de partidos políticos a la vista de efectivos de la policía estatal y federal.
La desaparición de los estudiantes ha provocado una fuerte indignación pública y protestas casi a diario contra el gobierno, al que culpan directa e indirectamente de las desapariciones. Esa tensión ha complicado cualquier intento de ayudar a los conductores de autobús.

La función del policía uniformado es la de prevenir el delito y en este momento no están ellos actuando porque podría pensarse que es un acto represor", dijo Jorge Valdez, portavoz de la Procuraduría de Justicia de Guerrero. "Para no intentar apagar un fuego echando gasolina".

El gobierno del estado busca "un mecanismo de conciliación, de negociación, de persuasión"… pero sin éxito
Rogelio Ortega, el nuevo gobernador del estado y un ex rebelde izquierdista, busca "un mecanismo de conciliación, de negociación, de persuasión, un mecanismo político" para controlar a los grupos, dijo Valdez.
Las autoridades también desean evitar un incidente como el de hace tres años en que la policía mató a tiros a dos jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa mientras trataban de despejar un autopista que habían bloqueado. Una docena de agentes fueron arrestados y dos acusados.
El campo de futbol se ha convertido en un estacionamiento no sólo para los autobuses, sino también para camiones de carga que transportaban Coca-Cola y productos lácteos. Los conductores dijeron que los estudiantes se apropiaron de los productos y los vendieron a tiendas locales.
Uno de los conductores de autobús dijo que está retenido desde el 24 de octubre, cuando lo detuvieron mientras trasladaba a una docena de pasajeros hacia el puerto turístico de Acapulco. Un grupo de estudiantes bloqueó una carretera cerca de Chilpancingo y amenazó con apedrear el autobús a menos que abriera la puerta. Los estudiantes, afirmó, abordaron el vehículo y ordenaron bajarse a los pasajeros.
Un día reciente, en el campo de fútbol estaba un camión cisterna de combustible junto a 30 autobuses de lujo de las líneas que llevan a vacacionistas de la Ciudad de México a Acapulco. Todos los vehículos eran modelos recientes, con asientos de piel y pantallas de televisión individuales.

Ellos saben perfectamente cuáles (autobuses) son los más nuevos", dijo uno de los conductores.

El problema es grave, sólo este mes llevamos 150 camiones de distintas empresas saqueados de productos y más de 20 vehículos extraviados, quemados, destruidos", dijo Jaime Nava, presidente de la Confederación Patronal Mexicana en el estado sureño de Guerrero, que agrupa a los empresarios estatales.

Y todo esto ocurre ante la pasividad policial que los deja saquear", lamentó.

Abordan a los conductores

Reporteros de The Associated Press descubrieron a los conductores retenidos mientras reportaban sobre los estudiantes desaparecidos, y tuvieron que hablar con ellos rápidamente antes de que los estudiantes los sacaran del lugar.
Un conductor advirtió a los periodistas: "¡Váyanse, si los ven aquí les van a romper esa cámara!".
Un par de estudiantes se acercó a los reporteros cuando salían del terreno. "¿Quién les dio permiso para estar aquí?", preguntaron con tono molesto.
Los hombres, a quienes los estudiantes dan alimentos sencillos, dijeron que sus compañías no les pagan el tiempo que están cautivos. Aunque los estudiantes han prometido darles dinero cuando los liberen, los conductores dicen que si reciben algo no se acercará a sus ingresos de casi 20 mil pesos mensuales.

Llevo un mes sin recibir un cheque. Tengo que pedir una línea de crédito que no puedo pagar", dijo un conductor más, quien estaba sin camisa porque había lavado a mano la única que tiene. "Me están arruinando".

 

Derecho humano al vandalismo

Por. Ricardo Alemán

Durante casi medio siglo –y hasta hoy–, nadie ha podido explicar el galimatías que significa el temor de los gobiernos municipales, estatales y el federal al uso legítimo de la fuerza del Estado. Nadie sabe si es por miedo, culpa o porque nadie, sean políticos o gobernantes, quieren pagar el costo político de hacer valer la ley.

Peor aún, en los dos primeros años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera –y en no pocos gobiernos como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre otros–, ninguna autoridad ha podido explicar por qué razón no sanciona a grupos vandálicos como la CNTE y sus franquicias como la CETEG y la APPO –entre otras–, que desde el 1 de diciembre de 2013 han convertido a Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el DF, en tierra de nadie, donde no hay más ley que la del vandalismo.

Más aún, es ridículo que si los gobiernos de Peña y Mancera saben quiénes son los anarquistas, dónde viven, como se llaman y quién los financia; no sean capaces de detenerlos, sancionarlos y –con toda esa información–, poner fin al vandalismo que destruye propiedad privada, lastima derechos de terceros, denigra a las instituciones y confirma que en México existen castas de intocables.

Pero si no hay un valiente capaz de explicar todas las expresiones anteriores de ingobernabilidad, impunidad y complicidad, menos habrá un político, gobernante o líder que explique por qué desde el 1 de diciembre –a la fecha–, no hay Ministerio Público o juez capaz de sancionar de manera correcta a los anarquistas que vandalizan, roban, saquean, secuestran, dañan propiedad pública y privada y casi matan a policías.

¿Por qué nunca los detiene la Policía? ¿Por qué cuando los detienen salen libres sin más? ¿Por qué un sector social los convierte en la moderna versión de los “niños héroes del vandalismo”? ¿Por qué diputados, políticos y dirigentes de las izquierdas los solapan, defienden, dan leyes de excepción? ¿Por qué la autoridad del DF, la federal y las estatales y las municipales suelen canjear delincuentes a cambio de calmar a los vándalos?

Y si hasta hace unas horas habíamos visto en vivo, en directo y en horario estelar de televisión el vandalismo sin freno, la ingobernabilidad, complicidad e impunidad que brindan todo tipo de autoridades a los violentos; y si habíamos visto como matan policías, destruyen propiedad privada, saquen oficinas públicas, secuestran vehículos, llevan a la ruina entidades federativas completas como Oaxaca y Guerrero; lo cierto es que no lo habíamos visto todo. ¿Por qué?

Porque el pasado 1 de diciembre vimos lo impensable; que en congruencia con todo lo anterior, la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, inventó un nuevo derecho ciudadano; el derecho humano al vandalismo. Y no, no es broma de mal gusto y aún no llega el Día de los Inocentes. No, resulta que de golpe y porrazo la nueva CNDH inventó otro galimatías –sin pies ni cabeza–, al convertirse en juez y parte; en policía y defensora de delincuentes; en solapa de delincuentes y luchadora contra policías a los que, casualmente, impidió detener a los delincuentes. ¿Alguien entendió?

Y es que el pasado 1 de diciembre, anarquistas vandalizaron a placer propiedad privada y pública; saquearon y robaron, ante la indiferencia de policías y empleados de la CNDH. Pero cuando la Policía intentó detener a los vándalos, entonces trabajadores de la CNDH cercaron a los violentos, los custodiaron, defendieron, dieron protección y, con ello, impidieron que la Policía los detuviera. ¿Por qué? ¡Brillante respuesta! Porque impidieron que la Policía detuviera y golpeara inocentes.

Lo que no dice la CNDH es ¿cuál es el criterio y quien lo dicta, para decir si un marchista es o no anarquista, sobre todo cuando se cambian de ropa? ¿Cuál es el criterio para saber si un policía va a reprimir o va a detener? ¿Cuándo se emplea fuerza extrema de un policía, si los uniformados sólo llevan escudos y a veces toletes, mientras los vándalos llevan petardos con clavos, bombas, martillos, bates, aerosol para quemar cuerpos? ¿Qué dice la CNDH a la estadística macabra que muestra que en los enfrentamientos entre policías y anarquistas, siempre los heridos y casi muertos son los policías?

No, podrán decir misa, pero la nueva CNDH resultó peor que la anterior CNDH, porque su nuevo protocolo es de policías que defienden delincuentes. ¿Y quién atiende los derechos de los afectados por el vandalismo; trabajadores, comerciantes, empleados, empresas, turistas, ciudadanos de a pie? Los derechos no humanos de esos humanos le valen madre a la CNDH y a los gobiernos. Al tiempo.

Párenle al odio

Que no nos vengan con el cuento de que las movilizaciones violentas en el DF, Guerrero y Oaxaca son por los desaparecidos de Ayotzinapa.

Son parte de una campaña de odio orquestada por Morena y por algunos medios de comunicación.

Coincidentemente, esos medios y esos comunicadores tienen en común el ser beneficiarios del principal afectado por las reformas en telecomunicaciones.

Por eso alientan a la población contra Peña Nieto, y no contra los asesinos de Iguala.

El problema es con él, y nadie más. Ni Abarca, ni su esposa María de los Ángeles Pineda, ni Lázaro Mazón, ni el cártel Guerreros Unidos ni el de los Beltrán Leyva les merecen una palabra de repudio.

Ellos tendrán sus razones para odiar al presidente, pero es un acto de perversidad contra México transferir ese odio a la población que los sigue y que les cree.

Soy de los que piensan que este gobierno no lo ha hecho bien en economía, porque se frenó el crecimiento del país.

Estoy convencido de que fue arrogante al renunciar a tener una base de apoyo popular para defender las reformas y respaldar la acción de gobierno.

Considero que ha sido permisivo con delincuentes que tienen cercanía con partidos políticos a los que no quieren molestar, por condescendencia o por miedo.

Pero la promoción del odio contra el presidente es una obra perversa que puede desencadenar funestos acontecimientos y meternos en una crisis de la que no saldríamos en décadas.

Párenle con su odio. Los que asaltan tiendas, queman camionetas y rompen cristales o agreden a policías son de Morena. Sus ligas están más que demostradas. La CNTE, CETEG y anarquistas son parte de las bases de ese partido político.

Los que pagan las fianzas de los violentos son diputados o asociaciones de abogados ligados a Morena.

Los huelguistas del Politécnico están encabezados por Morena, como se ha probado.

Esos mismos huelguistas exigen, para levantar el paro, que los vándalos del 1 de diciembre sean liberados y que se les retiren todos los cargos. Son la misma cosa.

Peña Nieto no se va a ir. A quienes no les guste su gobierno tienen la posibilidad de votar por un candidato de otro partido en 2018. Así es la democracia. Pero de aquí hasta entonces tenemos que convivir de manera civilizada.

No se trata de renunciar a la crítica, al contrario, hay que formularla con énfasis porque el país no anda bien y debe cambiar.

Lo que vemos en las calles y leemos en algunos medios, sin embargo, es promoción del odio contra una persona. “La renuncia es inminente”, azuzan desde su páginas.

Es preciso recordarlo una y otra vez. A los normalistas de Ayotzinapa los mandó secuestrar un alcalde del mismo partido que hoy culpa al presidente de la masacre y pide su renuncia.

Ese alcalde, José Luis Abarca, fue hecho candidato por el apoyo del líder nacional de Morena.

Los policías que entregaron a los normalistas al cártel Guerreros Unidos para ser literalmente desaparecidos, hechos cenizas, respondían a las órdenes del alcalde de izquierda.

El cártel de Guerreros Unidos cogobernaba Iguala con autoridades de izquierda.

¿Por qué entonces los mismos que apoyaron y votaron por Abarca, piden la renuncia de Peña Nieto?

Lo hacen porque están dominadas por el odio que siembran Morena y los medios de comunicación que están hermanados por un mismo benefactor económico.

Twitter:@PabloHiriart

Ayotzinapa: ¿Quién los mandó?

Opinión de   (Guillermina Gómora Ordóñez)

Guillermina Gómora Ordóñez | Opinión | Fecha: 2014-12-02 | Hora de creación: 01:38:28 | Ultima modificación:01:38:28

 

Don Epifanio Álvarez Carvajal, padre de uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, declaró hace unos días: “pienso ya en pedir cuentas a los líderes estudiantiles por haber llevado a mi hijo a realizar acciones fuera de la escuela”.

Inquietud que se planteó en este espacio desde el pasado 30 de septiembre  y el 14 de octubre. Seguimos sin respuestas, aunque con algunos indicios que hemos difundido.

Por ejemplo, el del Comité “secreto” que gobierna la normal, y deja al director de la misma como figura decorativa sólo para fines administrativos. Grupo integrado por alumnos fósiles y gente externa al plantel, relacionada con el ERPI y el EPR que realiza labores de adoctrinamiento con los alumnos para convencerlos de sumarse a “sus causas” de lucha de clases, que incluye el boteo, la toma de casetas de Capufe, ordeña de autobuses e incursiones como las de Iguala.

¿No debieran exigir los padres de familia al Comité la presentación de sus hijos y aplicar el rigor de su consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”? Se ha demostrado que a los normalistas los mandaron a boicotear el informe de labores de la esposa del edil de Iguala. Pero nadie dice quién los envió.

Gente cercana al caso señala que durante la declaración de los testigos sobrevivientes a la balacera y levantón, el pasado 26 de septiembre, el abogado Vidulfo Rosales intervino durante el interrogatorio del Ministerio Público e impidió que dieran los datos de quienes los habían enviado, bajo el argumento: “no tiene ninguna importancia, no tiene por qué preguntar eso”. ¿A quién protege?

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien se ha convertido en vocero de los padres de familia, ha dicho respecto de las investigaciones y detenciones hechas por el gobierno federal y la PGR: “Todavía hay muchas inconsistencias, vacíos, muchos cabos que atar y que se tienen que ir fortaleciendo”. En efecto, entonces podríamos comenzar por el principio y hacer público el nombre(s) de quien(es) los mandó a Iguala.

Todos saben en Tixtla y en la normal que nada se hace, se organiza o mueve sin que lleve el visto bueno del Comité, el cual advierte a los de recién ingreso que si se revelan a sus órdenes  habrá sanciones.

Entre sus primeras tareas está la toma de casetas, un rentable negocio si se consideran las siguientes variantes. Nos dicen que antes del 26 de septiembre ocupaban la caseta de Palo Blanco de 10:00 a 15:00 horas y exigían a los automovilistas una “cuota voluntaria” de 50 pesos para cruzar. Ahora se instalan todo el día y piden la misma cantidad.

Si conservadoramente calculamos que a diario circulan en ambos sentidos de la carretera México – Acapulco unos mil autos  (500 de ida y 500 de vuelta) en temporada baja, hablamos de una colecta de 50 mil pesos, libres de polvo y paja, para el movimiento de Ayotzinapa en colusión con la CETEG. A estos números sume las ganancias de la caseta de La Venta que les ha dado por tomar y se ubica a la salida de Acapulco.  Negocio redondo.

Otra de sus actividades es la de secuestrar camiones con todo y chofer para sus movilizaciones, de momento tienen en su poder, en el patio de la Normal Rural, 18 unidades de las líneas Estrella de Oro y Estrella Blanca, que utilizarán para la marcha del próximo 6 de diciembre, a la que convocó Andrés Manuel López Obrador y su partido.

Quizá por ello don Epifanio Álvarez considera que “todavía  no es el momento de sentar en la mesa de los reclamos a quienes dirigen la comunidad estudiantil para no generar divisiones en el movimiento”.

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/871239.html