Soberanía criminal

Joaquín Villalobos

Venezuela es un espejo cuasiperfecto de lo que un país no puede hacer sin destruirse. O de lo que debe hacer si quiere destruirse. Uno de los errores graves en ambos sentidos es ver el crimen como una expresión de la pobreza y asumir que hay una relación causal entre uno y otra, de modo que el crimen no se reducirá mientras no se reduzca la pobreza, al tiempo que combatir el crimen es en cierto modo agravar la injusticia, ser insensible y ciego a las raíces sociales del crimen.  •  Joaquín Villalobos hace el recuento en este lúcido ensayo de la forma como Venezuela, partiendo de esta visión, empezó por no combatir al crimen, luego por combatirlo mal, quedando finalmente a su merced, en una extraña, cómplice y aberrante convivencia de soberanías: la soberanía del Estado y la soberanía criminal.  •  La historia de la soberanía criminal que se ha instalado en Venezuela tiene mucho que decir a otros países, a México en particular.

Venezuela padece quizás la peor crisis de seguridad en los conflictos entre Estado y delincuencia en la historia del continente. El caso venezolano incluye importantes lecciones para toda Latinoamérica en la lucha de los gobiernos por el control del territorio. Un problema que con distintos grados de gravedad existe en Brasil, Colombia, México, Centroamérica y casi todas nuestras naciones. Venezuela es un caso extremo de errores y, en ese sentido, es un manual perfecto sobre lo que no hay que hacer.

El primer derecho humano es la seguridad, porque ni la salud ni la educación ni las libertades más esenciales tienen sentido si se vive amenazado y con miedo. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida, la tranquilidad, las libertades y el patrimonio de todos los ciudadanos. El Estado nunca debe renunciar a su obligación de proteger a las personas y perseguir al crimen. Tolerar, pactar formalmente o de hecho con criminales, implica quitarles la paz a los ciudadanos para dar tranquilidad a los delincuentes. Esto significa que el Estado cede territorios, población y soberanía al crimen.

La política de seguridad de la Venezuela de hoy arrancó en 1999 con la siguiente declaración pública de Hugo Chávez: “Si yo fuera pobre, yo robaría”. Los delincuentes eran para él víctimas de la injusticia social. El problema es que esta idea derivó en tolerancia a los delincuentes y en indiferencia hacia las víctimas de los delitos, que eran gente pobre y de clase media. Chávez reformó la seguridad pública politizándola, desmantelándola y militarizándola. Los opositores políticos fueron considerados más peligrosos que los criminales. La oposición fue perseguida, la delincuencia tolerada y el Estado debilitado. Se produjo entonces un crecimiento exponencial de la delincuencia y ahora el gobierno lucha contra cientos de bandas criminales en todo el país que le han arrebatado extensos territorios rurales y urbanos de los cuales el Estado huyó y la delincuencia estableció su propia soberanía. La vida y la seguridad de millones de ciudadanos quedó en manos de criminales. El régimen venezolano pasó así de lo sublime a lo ridículo, transitando de la compasión con el delito a una guerra de exterminio contra los delincuentes que está perdiendo.

Antes de Chávez, Venezuela era un país relativamente seguro, durante años millones de colombianos se refugiaron allí para escapar de las violencias de su país. En 1990 Venezuela tenía una tasa de homicidios de 10 por 100 000 habitantes, para el 2002 llegó a 451 y en el 2018 a 81.4; desde entonces ocupa el primer lugar del continente y uno de los más altos del mundo.2 Lo curioso en el caso venezolano es que nadie “alborotó el avispero”, tampoco se fragmentaron cárteles que en realidad no existían. En este asunto hay una relación directa entre tolerancia al crimen, debilitamiento del Estado y pactos con los delincuentes, que derivaron en una explosión delictiva sin precedentes en el continente.

En el falso dilema entre reprimir o prevenir, Chávez optó por la prevención sin represión. Con el auge petrolero el Estado venezolano se fortaleció y, si se consideran tiempos de implementación y territorios intervenidos, es posible que el chavismo haya ejecutado los programas de gasto social más grandes de Latinoamérica. Aunque ese gasto social no respondía a una lógica preventiva sino electoral-clientelar, en esencia debió prevenir y reducir drásticamente la actividad criminal; sin embargo, el resultado fue totalmente opuesto: el Estado se debilitó y el crimen se expandió a niveles que el régimen jamás imaginó.

Esta historia podría resumirse en cuatro decisiones del gobierno: el desmantelamiento de las policías, los pactos con las pandillas urbanas, la administración de las prisiones por parte de los delincuentes y la política de dar refugio a las guerrillas colombianas. Estas medidas se tomaron con extrema ingenuidad y bajo el supuesto moral de que la maldad se definía principalmente por el origen de clase y la posición política-ideológica. Sobre esto un amigo brasileño de izquierda que trabajó en la seguridad de su país me dijo: “A nosotros nos tomó tiempo concluir que el mal existe, es universal y que independientemente de los programas preventivos, al crimen siempre se le debe perseguir”.

El partido original de Chávez se llamó Movimiento Quinta República, aludiendo a una refundación de Venezuela. Las tres primeras repúblicas terminan cuando muere Bolívar. La cuarta fue definida por Chávez como oligárquica, neoliberal, etcétera. Como todos los populistas, desconoció el pasado reciente y estableció que la nueva historia comenzaba con él y su Quinta República basada en un “nacionalismo revolucionario de izquierda” que traía consigo la “Revolución Bolivariana”. En lo que a la seguridad concierne, esta refundación implicó que todo lo anterior fuera desmantelado por razones políticas. La reforma policial chavista implicó así la disolución de todas las capacidades policiales preexistentes. Esto condujo a una desinstitucionalización de la seguridad que conllevó a la pérdida de experiencia, recursos, inteligencia y capacidades operacionales que no tenían nada que ver con ideología. El gobierno venezolano debilitó severamente su propio poder, del que disponía para proteger a los ciudadanos.

Chávez impulsó una reforma policial supuestamente civil para evitar violaciones a los derechos humanos, pero en la práctica entregó la seguridad a militares leales. Esto formó parte de un plan más global donde cientos de oficiales pasaron a realizar tareas civiles en el gobierno. Asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas se convirtió en un objetivo estratégico a través del enriquecimiento de los jefes, ya fuera por posiciones de poder o por corrupción. Dos mil oficiales fueron ascendidos a generales, superando a los novecientos de Estados Unidos. Fue en realidad un proceso de cooptación de militares y policías para integrarlos al proyecto partidario bolivariano. Esta politización destruyó la institucionalidad, la disciplina, la calidad de las evaluaciones, la escala de ascensos y todas las capacidades profesionales. El sistema de méritos fue sustituido por la lealtad política a la revolución. Como resultado final la seguridad fue desmantelada, desprofesionalizada, corrompida y reorientada a proteger al gobierno, y no a los ciudadanos. Los delincuentes pasaron a segundo plano porque la prioridad era espiar, controlar, perseguir, apresar y procesar judicialmente opositores, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas. Mientras esto ocurría se pactaba o toleraba a los delincuentes, que fueron creciendo sin control.

La política de pactos con las bandas tuvo como punto de partida un intento de aproximación social y política a los barrios pobres donde existía delincuencia. Primero con los que se llamaron círculos bolivarianos, que tenían ingredientes culturales e ideológicos; luego con los famosos “colectivos”, que han jugado un papel muy importante en la represión de las protestas opositoras; y, finalmente, cuando la inseguridad se agravó, intentaron pacificar los barrios creando las llamadas “zonas de paz”. La conexión de políticas sociales y la delincuencia ocurrió porque Chávez definió que su gobierno era una revolución armada que debía defenderse organizando milicias populares. Pero su gobierno tenía un origen electoral, nunca fue una revolución de verdad. El chavismo contaba con votantes, seguidores y simpatizantes, pero no había ocurrido una lucha que generara suficientes militantes ideológicos, no existía mística revolucionaria, sino dinero y clientelismo a gran escala. Así que, a la hora de organizar la defensa revolucionaria, el chavismo terminó reclutando en los barrios populares a personajes violentos y entre éstos a los peores delincuentes, que lógicamente terminaron de capos que controlaban sus comunidades en nombre de la revolución bolivariana. Chávez, a falta de unas Fuerzas Armadas revolucionarias, corrompió a los militares y, a falta de milicias populares, armó a delincuentes.

Todo lo que el chavismo se proponía hacer social y políticamente en las comunidades pasaba por los colectivos, que además fueron armados por el propio gobierno. Esto se masificó al punto de alcanzar decenas de miles de hombres que han terminado dirigidos por connotados delincuentes, antes amigos y ahora enemigos del gobierno. Finalmente, el chavismo perdió el control de su propio monstruo y tuvo una reacción represiva tardía que se ha convertido en una sangrienta guerra que las fuerzas de seguridad están perdiendo. En un intento por reducir la violencia el gobierno se ha visto forzado a pactar con los delincuentes entregándoles recursos, administración de servicios y territorios en los cuales el Estado renuncia a tener presencia y los delincuentes mandan.

La mezcla de política con delito no es exclusiva de Venezuela, ha tenido lugar en otros países, ya sea con definiciones de izquierda o de derecha. El paramilitarismo en Colombia derivó en delincuencia y narcotráfico al igual que las FARC y el ELN. En Nicaragua, después de la guerra contrarrevolucionaria, surgieron bandidos a los que se denominó “recompas”, “recontras” y revueltos. En México los Zetas surgieron de las Fuerzas Especiales del Alto Mando. En Argentina, militares de la dictadura se convirtieron en secuestradores. En Guatemala, los kaibiles que derrotaron a las guerrillas fueron reclutados por los narcos mexicanos. En los 90, guerrilleros suramericanos se dedicaron al secuestro como negocio en Brasil y México. El reclutamiento de delincuentes por grupos políticos no es nuevo, lo particular en Venezuela es la masividad y que fue el Estado quien los organizó, los armó y les dio poder.

Con cárceles superpobladas y frecuentes motines, el chavismo inventó un programa de rehabilitación para las prisiones sustentado en la misma idea del delincuente como víctima. Crearon así una especie de autogobierno de las prisiones que quedó a cargo de los propios presos. Es decir, que el Estado pondría los recursos para que los internos administraran las prisiones y éstos mantendrían el orden y evitarían la violencia y motines que generaban mala imagen a la revolución. El resultado del autogobierno ha sido lo que popularmente se conoce en Venezuela como “Pranato” que viene de PRAN, que es como se le llama al interno jefe de la prisión. PRAN es el acrónimo de: preso, rematado, asesino, nato. Es decir, las cárceles quedaron en manos de los peores y más violentos criminales porque ellos eran los más eficientes para imponerse y mantener el orden interno. Pero la violencia y los motines continuaron y las prisiones han terminado convertidas en infraestructuras y territorios bajo control criminal. Los presos están armados, planifican delitos, organizan fiestas, tienen piscinas y cajero automático para recibir dinero de extorsiones y secuestros. Hay hacinamiento, pero los pranes poseen muchas comodidades. El gobierno de Venezuela ha repetido a mayor escala lo que el gobierno de Colombia acordó en 1991 con Pablo Escobar, cuando éste construyó su propia prisión que se conoció como La Catedral.

Chávez, al igual que Raúl Castro, ayudaron a presionar a las FARC para que firmaran la paz en Colombia porque estaban ingenuamente convencidos de que la izquierda gobernaría eternamente ganando elecciones en Venezuela y todo el continente; las FARC y el ELN estorbaban en el camino electoral. Pero, tal como era previsible, la economía chavista hizo implosión, la administración ineficiente quebró a la industria petrolera y el gobierno de Maduro perdió las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015; otros gobiernos de izquierda también perdieron el poder en Latinoamérica; Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, y el partido de Álvaro Uribe ganó las elecciones en Colombia.

En este nuevo contexto, el chavismo y el castrismo estimularon la división de las FARC y mantuvieron la protección al ELN para preservar su vieja política de desestabilizar a otros para defenderse. Es una historia larga, pero los efectos actuales de esto han sido muy graves para la seguridad de Venezuela. El problema fue que el chavismo le permitió al ELN y a los disidentes de las FARC hacer un mayor uso del territorio venezolano en el momento en que estos grupos ya no eran insurgencia política, sino narcotraficantes y crimen organizado. La ideología había sido sustituida por el dinero de la cocaína, la minería ilegal de oro, el tráfico de armas, las extorsiones y los secuestros. Los ideológicos de las FARC, con la paz, se volvieron partido político y los disidentes, que nunca renunciaron al narcotráfico, se fueron a Venezuela. La permisividad a estos grupos armados colombianos terminó abriendo la puerta a un crimen organizado de mayor escala, veterano en el combate, corruptor de autoridades y experimentado en el control territorial.

El chavismo, en cuanto a seguridad, transitó de la ingenuidad ideológica con los delincuentes a la guerra y el exterminio. Sin duda no todos pensaron que éste sería el resultado. Hubo dirigentes chavistas que denunciaron que no se debía pactar con mafias, pero ya era tarde; el problema no era si se debía o no, sino si se era capaz o no de ganar a los criminales. Hay centenares de noticias, ensayos y videos oficiales y no oficiales que hablan de la gran explosión criminal y la guerra que padece Venezuela. Intentaremos resumir algunos de los hechos más dramáticos que resultaron de la combinación de los cuatro factores descritos.

La cantidad de bandas existentes sin duda es una especulación, además de que éstas se fragmentan, reagrupan y cambian de cabecillas constantemente, como suele ocurrir con los grupos criminales en todas partes. Pero la evidencia de que son centenares es abrumadora. Existen, según lo reconoce la propia policía venezolana, en 18 de los 24 estados del país3 y están conectadas operacionalmente con los pranes que controlan las prisiones. Las bandas las integran decenas de miles de jóvenes de 25 años en promedio y también niños. Están armados con fusiles automáticos, lanzagranadas, pistolas, equipos de comunicación, drones y en algunos casos poseen armamento de mayor potencia, como lanzacohetes y ametralladoras pesadas.

La mayoría de las bandas usan nombres propios de grupos criminales como Cara de Perro, Culón, Los Morochos, Cara de Hulk, etcétera. Pero otras son una clara mezcla de crimen y política, una se volvió un partido político llamado Tupamaros y comenzaron a criticar a Maduro. Éste les quitó la legalidad y entonces los tupamaros realizaron un mitin armado y de inmediato les fue devuelta su legalidad, con puestos en la Asamblea Nacional incluidos. En uno de los casos los delincuentes crearon su propia moneda: el panal,4 que tiene el rostro de Chávez impreso. Los criminales organizan fiestas infantiles, se encargan de la vigilancia, asesinan a quienes roban en sus dominios, reparten los paquetes de comida que les entrega o roban al gobierno, organizan los funerales, los eventos deportivos y conciertos para los habitantes, pero al mismo tiempo realizan secuestros, asaltos, extorsiones, trafican droga y hacen la guerra a otras pandillas y a la policía si entra a sus territorios.

Un artículo de The New York Times habla de cómo “Maduro pronuncia discursos destinados a proyectar estabilidad mientras la nación colapsa”.5 Las bandas dominan el barrio 23 de Enero a sólo quince minutos del Palacio de Miraflores; allí Maduro hace todo tipo de concesiones para mantener una precaria paz. Desde el año 2015 las fuerzas de la policía han hecho intentos por capturar a un importante capo llamado Carlos Luis Revete, alias el Koki. Sus dominios están situados en la llamada Cota 905, a sólo 3 kilómetros del Palacio Presidencial, pero el Koki realiza alianzas con otras bandas para expandir su control a otros barrios de Caracas.6 Los operativos para contenerlo han fracasado y han dejado un saldo de muchos muertos, incluidos policías y civiles. En julio de este año, el Koki atacó un cuartel de la Guardia Nacional y los enfrentamientos en Caracas duraron tres días y alcanzaron importantes autopistas de la capital.7 En negociaciones anteriores con esta banda participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los acuerdos fueron que la policía debía abstenerse de entrar a los dominios del Koki.

La frontera entre Venezuela y Colombia —en los estados de Táchira, Apure y Amazonas— se está convirtiendo en una especie de tercer país dominado por múltiples grupos criminales colombianos que manejan cuantiosas rentas del narcotráfico, el oro y otras actividades delictivas. Estos grupos se han expandido incluso al estado de Bolívar, en la frontera con Brasil.8 Igual que en las zonas urbanas, en estos lugares los capos mandan. Pero, como era de esperarse, los disidentes de las FARC se empezaron a dividir y a tener violentos conflictos por territorio y dinero. Maduro decidió tomar partido, recuperar el control y detener la violencia generada por sus amigos. Envió en marzo de este año a las Fuerzas Armadas con vehículos blindados y armamento pesado al estado de Apure, pero los delincuentes colombianos derrotaron a las tropas de Maduro de manera humillante. Los soldados cayeron en campos minados, los blindados fueron emboscados y destruidos; se contaron dieciséis muertos, numerosos heridos y ocho militares prisioneros. El resultado final fue una negociación con los criminales colombianos: liberaron a los prisioneros y las Fuerzas Armadas abandonaron su presencia y dejaron el territorio en manos de los disidentes de las FARC9 que están fundando allí su propia república conocida como Segunda Marquetalia.10

Con todo lo descrito, es evidente que la moral de los custodios de las prisiones, de los policías y de los militares venezolanos está severamente debilitada. No puede haber disposición combativa porque no tiene sentido arriesgar la vida para combatir criminales a los que el mismo gobierno dio la mano y apoyó. Por otro lado, los mandos que se volvieron corruptos y ricos quieren vivir bien sin complicarse la vida. Obviamente el resultado es que hay miles de deserciones. La solución de Maduro fue entonces crear una nueva policía llamada Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocida públicamente como FAES. Estos policías “élite” cubren su rostro, no portan identificación, sólo una calavera en su uniforme, y son en realidad una fuerza de exterminio. Conforme a las cifras que el gobierno entregó al equipo de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cerca de 5300 personas murieron sólo en el 2018 por “resistirse a la autoridad”.11 Estos agentes cobran más dinero y están autorizados a robar y matar sin enfrentar consecuencias.

Sus víctimas son habitantes de los barrios pobres que antes apoyaban incondicionalmente al chavismo. La FAES está constituida en realidad por asesinos y ésta fue la única solución que encontró Maduro para intentar contener la explosión criminal que las políticas chavistas parieron. Pero la FAES no es para proteger a los ciudadanos, sino al gobierno, porque los delincuentes están secuestrando a familiares de militares o miembros de la élite chavista. El resultado final de la reforma policial de Chávez es que ahora tanto la policía como las bandas son moralmente iguales. Ambas están integradas por personas violentas y despiadadas. El 20 de noviembre de 2020, durante una entrevista transmitida por la televisión oficial, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció que los policías de la FAES en complicidad con delincuentes realizan atracos, roban vehículos y secuestran personas.12 Esto evidencia cómo una política de seguridad basada en la indulgencia con el crimen no sólo destruye la moral de los policías, sino que puede acabar convirtiéndolos en delincuentes.

Es posible que algunos piensen que esto no puede pasar en su país, pero mantener el control del territorio cuando éste es disputado por criminales es una tarea compleja que, si no se hace o se hace mal, puede terminar multiplicando el poder de éstos. Hay una enorme diferencia entre incursionar temporalmente una zona dominada por delincuentes y tener la capacidad de quedarse permanentemente en ésta y asegurar la presencia integral del Estado. Chile parecía un país altamente seguro y estable hasta las violentas protestas del 2019. La masividad de estas protestas se explica por indiscutibles y justas demandas populares, pero el nivel de vandalismo no encaja con la civilidad de la mayoría de los chilenos. ¿Cómo lograron pequeños grupos de extrema izquierda contar con suficiente gente para desplegar tanta violencia? La explicación es que la extrema izquierda reclutó grupos de delincuentes dedicados al narcomenudeo y múltiples delitos para que realizaran el vandalismo que los ciudadanos descontentos no estarían dispuestos a ejecutar. El fundamento ideológico fue que esos delincuentes son pobres y víctimas de la injusticia. Obviamente estos militantes delincuentes no tuvieron reparos en quemar iglesias de más de un siglo. Esa confrontación de meses en las calles empoderó más al crimen y ahora existen al menos diez zonas de Santiago de Chile consideradas conflictivas donde la presencia policial no existe o comienza a volverse simbólica.13

Seguramente, esto mismo está ocurriendo en las protestas de Colombia, donde la masividad tiene justificación social, pero el vandalismo no. En las protestas del 2019, los propios ciudadanos rechazaban y contenían los actos vandálicos, porque los colombianos están hartos de la violencia que han padecido de forma casi ininterrumpida por más de un siglo. Colombia fue un laboratorio positivo de recuperación del territorio, pero luego de la firma de la paz era frecuente el debate sobre quién iba a llenar los espacios vacíos que dejó la desmovilización de 10 000 combatientes de las FARC. Todo indica que no los ocupó el Estado, sino delincuentes y con ello hay riesgo de un nuevo ciclo de violencia.

Hace diez años publiqué un artículo sobre la seguridad en Venezuela titulado “La guerra que viene”14 y finalmente la guerra llegó. Restablecer la paz en Venezuela será doloroso, tomará muchos años, costará muchas vidas y requerirá invertir cuantiosos recursos. Lo que está ocurriendo era totalmente predecible e igual ahora se puede prever que en otros países de la región se están incubando las condiciones que podrían generar grandes explosiones de violencia y en algunos casos hay peligro de que se vuelvan endémicas (ojalá me equivoque).

Que la concentración de la riqueza provoque inseguridad puede resultar lógico, pero que ésta se multiplique cuando se está distribuyendo, como ocurrió en Venezuela, acaba con uno de los grandes mitos que relacionan pobreza con inseguridad. India tiene más pobres que Estados Unidos; sin embargo, hay más homicidios por habitante en Estados Unidos. La pobreza no genera mecánicamente inseguridad, lo que sí genera inseguridad son el empobrecimiento moral, la debilidad del Estado, la cultura de corrupción y la polarización política-social. Un largo periodo de inestabilidad política, de división interna o la distorsión o extinción de los valores cívicos pueden tener un efecto mucho más negativo en la seguridad que una severa inequidad. El caso más clásico y emblemático es Sicilia, en Italia, donde existe una relación directa entre la historia de guerras, inestabilidad y violencia con la cultura de rechazo al Estado y por lo tanto con el poder de la mafia.

Es común en el debate político preocuparse por la privatización de la salud, del agua, la educación, etcétera, pero muy pocos se preocupan por la privatización de la violencia, que debe ser un monopolio del Estado. La existencia de criminales dominando territorios es en última instancia privatización de la violencia. Si el Estado deja espacios vacíos de autoridad, los criminales los llenan. Cuando el crimen se desarrolla le quita al Estado tres monopolios esenciales: la violencia vía grupos armados, la justicia a través de ejecuciones y la tributación vía extorsiones. El crimen organizado alcanza su más alto nivel de desarrollo cuando cuenta con poder financiero, poder armado, autoridades cooptadas o infiltradas, territorio, base social, conexiones globales y una cultura criminal en expansión. La cultura criminal se manifiesta en la fase más avanzada de dominio territorial y arraigo social; en ésta el delincuente es el ejemplo de persona exitosa y su relación con la comunidad se vuelve normal. Los narcocorridos, el lenguaje oral y corporal de las maras centroamericanas, las impresionantes tumbas de los narcos en Culiacán,15 el culto a Pablo Escobar, al santo Malverde o las figuras de los miembros de la banda del Koki que se venden en Caracas son ejemplos de cultura criminal.

El dominio territorial le da al crimen ventaja para fortalecerse, reproducirse y multiplicarse. La estabilidad le garantiza reclutar, armar, entrenar, planificar y organizar redes de inteligencia. Cuando el Estado acepta que la delincuencia controle un territorio, está tolerando que los ciudadanos que viven en esos territorios puedan ser impunemente asesinados y extorsionados, que los niños puedan ser reclutados y las niñas violadas y que los negocios de gente trabajadora puedan ser apropiados por criminales. Cuando todo esto ocurre ya no se trata de un problema de seguridad pública, sino del camino a convertirse en Estado fallido.

Eso es Haití ahora y por ello la muerte del presidente Jovenel Moïse fue en realidad un asesinato anunciado. Conforme a datos de la Comisión Nacional de Desarme de Haití hay en este pequeño país al menos 77 grupos delictivos armados y la Red Nacional de los Derechos Humanos habla de una “gansterización” de la política.16 Gabriel Gaspar, exsubsecretario de Guerra del gobierno del expresidente Ricardo Lagos de Chile, señala que “las pandillas haitianas están fuertemente armadas, exhiben su poder y controlan territorios, especialmente en la capital. Las pandillas están agrupadas en una federación criminal conocida como G9, liderada por Jimmy Barbecue Cherizier, un expolicía que utiliza lenguaje populista criticando a los “oligarcas”. Sólo en junio estas bandas realizaron doscientos secuestros y asesinaron a treinta policías. Mucha pobreza, un Estado débil y una policía que no controla el territorio han derivado en un potente poder criminal”.17 En este contexto es inevitable que los criminales se conviertan en un instrumento del poder económico y político, y que a su vez el poder económico y político termine convertido en un instrumento de los criminales. En algunos lugares del continente la delincuencia ya es un poder fáctico que se está cruzando con la clase política.

Los pactos formales o de facto con delincuentes resultan de la debilidad del Estado o de la presión pública electoral por reducir los homicidios y la violencia. La indiferencia o el pacto aparecen como el camino más rápido para mostrar resultados, pero a costa de sufrir una explosión criminal mayor a futuro porque el Estado no resuelve su debilidad y el crimen gana condiciones para fortalecerse. La delincuencia no es fenómeno estático, sino expansivo, ya sean grandes cárteles o pandillas; por lo tanto, cuando no se le combate crece. No hay razones objetivas para suponer que los delincuentes limitarán su actividad por su propia voluntad, lo único que puede detenerlos es la fortaleza del Estado.

La visión ingenua del chavismo sobre la delincuencia nos recuerda la fábula del escorpión que le pide a la rana que le ayude a pasar el río. Ésta acepta con la condición de que no la vaya a picar. A mitad del río el escorpión picó a la rana, que pregunta sorprendida: “¿Por qué me picaste, los dos vamos a morir?”. El escorpión le responde: “Lo siento, es mi naturaleza”.

Joaquín Villalobos

Exjefe guerrillero salvadoreño, consultor en seguridad y resolución de conflictos. Asesor del gobierno de Colombia para el proceso de paz

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AMLO, a favor del aborto

Guillermo Velasco Barrera en MURAL

10 Sep. 2021

El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de la inconstitucionalidad de la tipificación del delito de aborto, con el argumento de que el Código Penal en el estado de Coahuila, en sus artículos 196 y 224, vulnera el "derecho de la mujer a decidir" y la criminaliza.

Tal fallo constituye un paso fundamental en la pretensión del llamado "aborto libre" en México, a cuya agenda se han subordinado vergonzosamente los ministros de la Corte, utilizando argumentos ideológicos al margen de todo rigor jurídico, científico y ético.

Frente a la aparente disyuntiva entre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del no nacido, la Corte descartó al segundo argumentando "que no existe unanimidad en los criterios éticos, morales, filosóficos, científicos y legales, sobre el momento a partir del cual comienza la vida humana y el momento a partir del cual debe protegerse por el Estado".

La narrativa estuvo plagada de contradicciones, por ejemplo, sostener que existe el derecho a la vida pero del ser autónomo. ¿Qué hay del recién nacido que depende en todo de su madre? ¿Qué sucede con una persona anciana y enferma que se encuentra postrada sin capacidad para moverse? ¿Cuál es el argumento científico de estos señores de la toga negra para dictaminar en qué momento comienza la vida en el seno materno? ¿Con qué base constitucional afirman que el procedimiento de "interrupción del embarazo" puede darse dentro de un breve periodo cercano al inicio del proceso de gestación?

El proyecto reconoce incluso que no existe referencia constitucional del llamado "derecho de la mujer a decidir", pero "que el sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica y la libertad reproductiva".

Meras falacias ideológicas para imponer un supuesto derecho y restringir sus derechos al concebido no nacido. No se había dado una contradicción jurídica tan grande en la Suprema Corte, que sólo se entiende en la subordinación de los ministros al gobierno de la 4T, cuyo proyecto ideológico tiene al aborto como una de sus prioridades.

Andrés Manuel López Obrador se ha conducido de forma ambigua con el tema del aborto, sabedor de que en México la mayoría de la población lo rechaza. Cuando se la ha preguntado, ha externado que éste debería ser sometido a una consulta y, tras el fallo de la Corte, dijo que él sería respetuoso de la legalidad.

Pero el Presidente miente con su discurso de aparente neutralidad y ha operado para impulsar la agenda abortista. Designó a Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación para articular diversas estrategias e iniciativas a favor del aborto, de la mano de legisladores de diversos partidos políticos, tanto del ámbito federal como en los Congresos locales.

Por otro lado, en el círculo más cercano al Presidente, comenzando por su vocero y algunos de sus propagandistas más "distinguidos", la agenda en pro del aborto se ha convertido en una verdadera obsesión, y el grupo de legisladores más radicales de Morena en pro de este tema no se mueve ni un ápice en el Congreso sin la venia de su jefe.

AMLO es un "lobo con piel de oveja" que ha logrado engañar a muchos obispos, haciéndoles creer que es completamente ajeno a la agenda ideológica que promueve el aborto. Sabe que enfrentarse a la Iglesia Católica y a las Iglesias Evangélicas le significaría un costo político muy alto.

Amplios sectores de la sociedad han mostrado su oposición al fallo de la Corte, y desde luego su actuación es reprobable, pues pervierte la justicia a un grado extremo, pisoteando los derechos de los más vulnerables. Pero no hay que perder de vista que el actor más relevante de este golpe brutal contra la vida despacha en Palacio Nacional.

@gvelascob

'Me quiere fregar'

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento en MURAL

23 Ago. 2021

"Perdona a tus enemigos,

pero nunca olvides sus nombres".

John F. Kennedy

  

ENSENADA.- "López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines", dijo Ricardo Anaya en un video este 21 de agosto. "O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala". El excandidato presidencial anunció que estará "fuera por una temporada".

El lenguaje populachero sugiere que la afirmación tiene un propósito político. No es un posicionamiento jurídico. La Fiscalía General de la República no ha señalado si prepara o no una orden de aprehensión contra Anaya, quien está haciendo campaña para postularse como candidato a la Presidencia y aparece en las encuestas como puntero en la oposición; pero el presidente López Obrador sí respondió en Facebook: "No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos".

El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, llegó a México extraditado de España el 17 de julio de 2020. Pese a que se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, no ha pisado la cárcel. Ha presentado en cambio declaraciones que señalan que sus exjefes, el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ordenaron actos de corrupción. Dice que entregó dinero a Anaya y a otros miembros del PAN para respaldar el deseo de Anaya de ser gobernador de Querétaro y para convencer a los panistas de aprobar la reforma energética de 2013. Lo curioso es que esta reforma siempre había sido postulada por el PAN, por lo que no se entiende para qué se necesitaban los sobornos.

Dice López Obrador que su fuerte no es la venganza, pero los hechos lo contradicen. Mientras que Lozoya huyó a España y tuvo que ser extraditado, la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles regresó a México a encarar una acusación por ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión. El presunto delito no amerita prisión preventiva, pero ella ha estado encarcelada desde agosto de 2019.

El único detenido por las acusaciones de Lozoya es el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, a quien se acusa también de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Al contrario de Lozoya, él sí está en la cárcel. Peña Nieto, quien supuestamente ordenó los sobornos, no ha sido siquiera llamado a declarar.

Anaya ya fue víctima de una acusación con motivación política. Durante la campaña de 2018, en la que amenazó con encarcelar por corrupción a Peña Nieto, fue investigado por una supuesta operación de lavado de dinero. Una vez que terminó el proceso electoral, dos días antes del fin del sexenio, la PGR determinó que "no existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho".

El Estado mexicano ha utilizado con anterioridad acusaciones penales para descarrilar a aspirantes políticos. Esto lo afirma el propio López Obrador, quien enfrentó un proceso de desafuero en 2005 tras desacatar, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, un fallo de un tribunal. Solo que Fox no presentó después acusaciones formales contra AMLO.

Hoy la FGR prepara, al parecer, acusaciones contra Anaya basadas en afirmaciones de un testigo beneficiado que dice lo que el gobierno quiere escuchar. La venganza sí parece ser el fuerte de López Obrador.

 

· EL CIERRE

 Se ha extendido nuevamente, ahora hasta el 21 de septiembre, el cierre de la frontera terrestre con Estados Unidos. La medida no tiene sentido sanitario, porque se aplica solo a mexicanos y no a estadounidenses. Es un triunfo de las ideas antimexicanas de Donald Trump, ratificadas por Joe Biden.

@SergioSarmiento

Si hubiera dignidad...

La falta de dignidad que prevalece en el gobierno y en el régimen que quiere instalar el Presidente es notable entre quienes asumen una subordinación de esclavo.

Raymundo Riva Palacio, agosto 19, 2021

Si hubiera dignidad en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántas funcionarias y funcionarios habrían renunciado? ¿Cuántos de sus cercanos habrían roto con él?

La secretaria de Educación, Delfina Gómez, habría sido la última en presentar su renuncia tras la descalificación que le hizo el Presidente por la carta responsiva de padres de familia para el regreso a clases.

La primera habría sido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por quitarle tareas y responsabilidades que atañen directamente a su cargo, permitiendo que la pisoteara de manera permanente.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, tendría que haberle puesto un alto e irse al haberlo convertido en una figura decorativa en el tema de mayor relevancia durante el sexenio, el manejo de la pandemia del coronavirus.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, a quien le han ido adelgazando su secretaría y enviando sus funciones a las Fuerzas Armadas.

La secretaria de Bienestar Social, Luisa María Albores, a quien enciman funcionarios para que hagan su trabajo, como recientemente sucedió con los Tianguis del Bienestar, cuya responsabilidad cayó en la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien antes administró la vacunación en la frontera norte, que tampoco es parte de sus atribuciones, sin hacer el trabajo por el cual le pagamos los contribuyentes.

Arturo Herrera jamás habría llegado al momento en que se abriera la posibilidad de ir al Banco de México, pues como secretario de Hacienda el Presidente lo desmintió y descalificó, dejándolo en ridículo. Alfonso Romo, su jefe de Oficina de la Presidencia, permitió descolones y sabotajes, aunque nada tan humillante como la forma como lo exhibió ante el sector empresarial cuando le garantizó que se mantendría la obra del aeropuerto en Texcoco, que finalmente canceló.

López Obrador no tiene filtros ni contención. Lo que no le gusta porque no está en la mecánica de su pensamiento, lo fulmina. Ayer sucedió con Gerardo Esquivel, que dejó la Subsecretaría de Hacienda para ir como subgobernador del Banco de México, para apoyar el proyecto presidencial, y para quien no tuvo consideración alguna porque tras precisar correctamente que las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional al Banco Central no podía utilizarlas el Presidente para pagar deuda pública, lo tachó de “ultratecnócrata” y, por tanto, lo hizo su enemigo.

El Presidente no es solamente injusto con los suyos, a quienes lastima de manera constante sin importarle nada. Lo hace públicamente, donde duele más, linchándolos ante la opinión pública, mostrando una posición radical, pero, sobre todo, demostrando que nadie salvo él importa, y que lo único que puede ser es lo que cree y la forma como ve su entorno y el mundo.

Ha regañado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque le transmite las molestias de Estados Unidos por declaraciones que el mismo Presidente hace, o a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que se comporta más como colaboradora que funcionaria independiente, como sucedió hace unos días, cuando la increpó de por qué la identidad de la capital federal no tenía el color de Morena.

Al Presidente no le importa si la forma como actúa con sus colaboradores tendrá consecuencias negativas o abrirá la puerta a problemas, como podría suceder con la secretaria de Educación, quien, ante el indeseable, pero probable contagio de un menor en el regreso a clases, será la responsable única de ello porque así lo decidió ayer el Presidente. O con Rodríguez, que tendrá que responder por qué la violencia no ceja, ni atiende su tema, porque está metida en otras tareas que le encargó López Obrador.

Si hubiera dignidad habrían renunciado, roto con él o, cuando menos, mostrado distanciamiento, sobre todo en aquellos casos donde orgánicamente no dependen del Ejecutivo federal. No la hay porque no existe ética institucional en el servicio público y prevalecen más los intereses particulares y las ambiciones políticas. Pero en el individualismo del que abusan, pese a lo ignominioso con lo que está pavimentado el camino hacia sus objetivos personales, hay una responsabilidad por la cual llegará el momento en que rindan cuentas.

Su subordinación acrítica, que no es el trabajo institucional que se debe tener, produce una ausencia de contrapesos internos en el gobierno que le permite al Presidente hacer lo que se le venga en gana, aun cuando esto vaya en contra de él, de su gobierno y de su proyecto. La aceptación de los caprichos presidenciales, que a veces están por encima de las leyes, repercute sobre la sociedad y tampoco le ayudan a López Obrador.

El país va mal en economía –el rebote no será suficiente para llegar a los niveles prepandémicos–, no puede darle la vuelta a la violencia, ni tampoco ha reducido la pobreza o achicado la desigualdad. El Presidente puede ser el primer responsable, como jefe del Ejecutivo, pero todos quienes agachan la cabeza cuando ordena cosas, aun las que saben que está mal, son culpables por omisión. Renunciar, como hicieron Carlos Urzúa en Hacienda, Germán Martínez en el Seguro Social, o Jaime Cárdenas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en protesta por la forma como se estaban conduciendo los asuntos de gobierno, ayudaría a controlar los impulsos mercuriales del Presidente y a matizar sus decisiones, en caso de que no las rectifique.

Lamentablemente eso no va a suceder. La falta de dignidad que prevalece en el gobierno y en el régimen que quiere instalar el Presidente es notable entre quienes asumen una subordinación de esclavo, le tienen terror al temperamento de López Obrador, o entre quienes creen que el costo de tragar sapos es menor al beneficio de sus ambiciones políticas. La dignidad es una cualidad que subraya el respeto a sí mismo y pone un alto a la humillación. El déficit de dignidad que hemos visto dentro el gobierno y entre los cercanos de López Obrador no se va a olvidar cuando llegue el tiempo de rendir cuentas.

Borren a España, destruyan a México

Juan Miguel Zunzunegui en MURAL

19 Ago. 2021

Borremos el pasado, cambiemos la historia, repudiemos lo que somos. Neguemos a Colón y a Cortés, olvidemos que cien mil indígenas se aliaron al mal llamado conquistador contra la tiranía mexica, y comenzaron con ello la conformación del país que somos, el país resultado de la unión y el triunfo.

Sólo hay un México que existe y es susceptible de ser amado. Éste, el que es resultado de que todo haya pasado exactamente como pasó; el México nacido de que Hernán Cortés y los pueblos del altiplano hayan derrotado a sus opresores. Ahí comenzó a nacer el hermoso mestizaje que somos.

Borremos a España y lo español de nuestra memoria, erradiquemos todo lo que apeste a España, y con ello la mitad hispana de nuestro mestizaje. Si odias a Cortés y repudias la mal llamada conquista, sé congruente y elimina de tu vida y tu cultura mexicana todo aquello que incluya lo español:

No vuelvas a escuchar un mariachi ni a cantar rancheras. Di adiós a los boleros, los sones y los huapangos, al pasito duranguense y a la música norteña. Que no vuelva a sonar ningún instrumento llegado de España.

No vuelvas a tomar tequila o mezcal, elaborados con el abominable proceso de destilación que trajeron los españoles. Adiós al mole, creado en los conventos virreinales de Puebla y Oaxaca. Derribemos todos los conventos y monasterios que esos odiosos gachupines nos dejaron, detonen todas las catedrales de su abominable Dios que no exige sacrificio humano o canibalismo ritual, cerremos para siempre todos los pueblos mágicos que apestan a virreinato.

Que se cancele de una buena vez y para siempre la Guelaguetza, llena de bailes y trajes virreinales. Quede abolido el pan, ese alimento diabólico llegado de Europa, y con él se vayan la nata, la crema, la leche y los quesos. Que nunca un mexicano vuelva a comer alimentos imperialistas.

Nunca más un queso Oaxaca en nuestro soberano y orgulloso territorio que no tenía lácteos. Adiós al taco al pastor y a la cochinita pibil, nunca más un jugo de esas asquerosas naranjas que llegaron en la Nao de China, al igual que los abominables mangos de Manila, fruto de la conquista, y que se suprima el traje de China Poblana.

Declaremos la abolición del nefasto deporte nacional, la charrería, porque no la tendríamos sin España. De hecho, saquemos del pacto federal a todos los estados del centro del país, tan llenos de charros, de caballos, de tequila, de vino, de ganado en general, de iglesias, conventos y haciendas. Expulsemos todo lo que apeste a España.

Nunca más una copla ni un son, que no vuelva a sonar José Alfredo o Cuco Sánchez, que nunca más se baile el Jarabe Tapatío. Ninguno de esos ritmos mestizos es digno de nosotros los mexicas.

Nos toca reaprender la forma de contar, pues el sistema métrico decimal es una imposición imperialista, volvamos a nuestra base de veinte, dejemos el calendario conquistador que usamos. Se acaba para siempre la Navidad, nada de poner nacimientos, y corramos para siempre a los Reyes Magos, nunca más un pan de muerto o una rosca; y desde luego, nada de descansar en Semana Santa.

Quede abolida para siempre la religión católica, junto a cualquier otro cristianismo, y desde luego, expulsemos para siempre el peor símbolo de la conquista: la virgencita de Guadalupe.

Que nunca más sea leída Sor Juana, engendro virreinal, y que con ella se marchen todos los imperialistas que escribieron y pensaron en la lengua de Castilla. Que se quemen los libros de Octavio Paz y Carlos Fuentes, que se quemen de hecho todos los libros escritos en el infamante idioma de Cortés. Que el Espíritu deje de hablar por nuestra raza, que se cierre la universidad y El Colegio de México, que se vayan los hijos del exilio en la Guerra Civil.

Que España sea borrada de México y que nadie más se exprese en su lengua. Impongamos el náhuatl en 130 millones de mexicanos malinchistas. Que se dinamite el Palacio Nacional, construido por Cortés y sede de virreyes, que se destruya la catedral cuya primera piedra puso el conquistador, que caigan todos los templos, que se destruya todo lo que sea barroco o neoclásico, que sea eliminado el Estado de Puebla y el de Oaxaca, que separemos Yucatán de nuestro país.

Que no haya nunca más una fiesta a Santos Patronos, y que Jesús sea borrado de la memoria nacional, que se acaben los bailes en Chalma y nos olvidemos para siempre de la Basílica y las peregrinaciones. Que se le saque el corazón a todo aquel que vuelva a pronunciarse en español.

Que no quede huella del paso de España por estas tierras. Destruyamos de una buena vez y para siempre el fruto más hermoso que los conquistadores dejaron en América: MÉXICO. Que se vaya de este suelo todo aquel que no sea cien por ciento indígena, que sea eliminado todo aquel con ancestros españoles. Borren a España, destruyan a México.

El autor es escritor y pensador mexicano. Maestro en Materialismo Histórico por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en humanidades. @JMZunzu

 

Las vacunas… se perdieron

 Nadie sabe en el gobierno dónde están millones de vacunas por las que la Secretaría de Hacienda desembolsó 44 mil millones de pesos.

Raymundo Riva Palacio agosto 16, 2021 

Ante la pregunta planteada en esta columna el viernes pasado sobre por qué, si había 18 millones de vacunas anti-Covid almacenadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguía pidiendo al presidente Joe Biden ayuda con dosis y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, continuaba de compras en el mundo para alcanzar la inmunización, ya hay una respuesta de funcionarios federales: se perdieron. Nadie sabe en el gobierno dónde están millones de vacunas por las que la Secretaría de Hacienda desembolsó 44 mil millones de pesos, pero tampoco, por si lo primero no fuera suficiente, se ha iniciado una investigación para rastrear qué sucedió, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de esta negligencia criminal.

La pelota de las vacunas, que ha sido motivo de discusión en varias reuniones en Palacio Nacional, se la echan las secretarías de Relaciones Exteriores, que las compra y las trae a México, y la Secretaría de Salud, que las recibe, planifica la vacunación y las distribuye a través del Ejército. La ruta, aunque requiere de una compleja logística de distribución –donde los militares son de gran ayuda–, está rota porque millones de vacunas que afirma la Cancillería compró, no aparecen. La Secretaría de Salud debería de tener el registro, pero las dotaciones que dice Relaciones Exteriores que le entregó, no parece tenerlas en sus inventarios.

Hay un verdadero desastre en el gobierno con el tema de las vacunas, donde en este momento no se sabe si Ebrard ha hecho las cosas de acuerdo como lo informa semanalmente a la población desde Palacio Nacional, o si Hugo López-Gatell, el subsecretario a quien el Presidente le encargó toda la estrategia relacionada con la pandemia del coronavirus, volvió a cometer los errores por los cuales lo despidieron en el gobierno de Felipe Calderón, cuando su equipo fracasó en el manejo de la pandemia de la influenza, donde por su mala interpretación de la información dio una alerta tardía sobre la enfermedad, con lo que demoró la toma de decisión del gobierno.

La incompetencia de López-Gatell se detalló en este espacio desde el 13 de marzo del año pasado, cuando tenía impresionado a López Obrador, convencido al gabinete y empezaba a cautivar a la opinión pública con una verborrea que duró bastantes meses antes de empezar a caer ante los mexicanos y dentro del ánimo del Presidente, que hoy lo maltrata en las reuniones de gabinete, pero no va a despedir porque eso sería el equivalente a admitir que se equivocó y que hay crisis en la estrategia. Primero que aumenten los muertos, a reconocer errores, es la racional dentro de Palacio Nacional, siguiendo la forma como piensa el Presidente. Pero aun con la ineptitud del zar del coronavirus, no está del todo claro si el origen del problema es culpa de él.

Hay anomalías en la forma como la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado realizando las compras. Ebrard encargó la tarea a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, muy cercana a él desde hace años, quien viajó por el mundo negociando la compra de vacunas y, en algunos casos, acompañando los cargamentos. Los primeros envíos fueron transmitidos en vivo, un ejercicio para proveer de certidumbre a los mexicanos, y varias veces Ebrard encabezó una pequeña delegación de secretarios de Estado que llegaban a darle la bienvenida a cajas. En algunos momentos, como sucedió con envíos de CanSino, hasta el embajador de China fue al aeropuerto. La llegada de vacunas del mundo a México siempre es anunciada, junto con el número de dosis que se enviaron, la marca de la vacuna y su procedencia.

Sin embargo, de acuerdo con testigos, ha habido ocasiones en que los datos que proporciona la Cancillería no corresponden con el manifiesto que entregan los pilotos de las naves. A veces el número de vacunas en los contenedores no corresponde al total anunciado por el gobierno; en ocasiones ni siquiera tienen vacunas, y en otros casos, los envíos vienen de lugares diferentes de donde presuntamente habían salido los paquetes. López-Gatell, que siempre envía funcionarios de Salud a la llegada de esos vuelos, parece que desconoce estas irregularidades en algunos cargamentos.

¿Qué tantas vacunas que se informó que arribaron, nunca pisaron territorio mexicano? Realmente nadie sabe. Tampoco se conoce de algún reclamo directo y en privado de los fabricantes de las vacunas, lo que permite suponer que quizá las empresas también desconocen que hay anomalías en lo que entregaron. Pero ¿pueden ser tantos desvíos como para llegar a 18 millones de vacunas de las que no hay registro dónde están? No se sabe ni siquiera dentro del gobierno. Cuando comenzaron las críticas en los medios sobre la presunta pérdida de vacunas a mediados del mes pasado, López-Gatell afirmó que no había ninguna pérdida, que todas estaban “perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando”.

Por las discusiones en Palacio Nacional en las últimas semanas, López-Gatell volvió a desinformar o a mentir, porque la realidad marcó otra cosa, y de ahí la continuidad en las compras de vacunas y la petición de López Obrador a Biden por varios millones de dosis. También es posible, por el caos de la Secretaría de Salud en el registro de las vacunas que llegan a México, que como sucedió en 2009, el zar del coronavirus no tenga idea de lo que sucedió bajo su dirección.

López-Gatell está cargando hoy en día con las culpas de las vacunas desaparecidas, pero podría no ser un problema sólo suyo. Urge una auditoría sobre cuántas vacunas realmente han llegado a México y hacer una compulsa entre los manifiestos de los pilotos y la información de Relaciones Exteriores, para esclarecer el destino que tuvieron. También es apremiante que dejen de mirarse unos a otros y preguntarse dónde quedaron las vacunas en las reuniones de gabinete, y recordar que mientras continúen pasivamente sus discusiones endogámicas, seguirán muriendo mexicanos afuera de Palacio Nacional.

No contamos con el Presidente

 El gobierno no va a defender a periodistas ni medios de comunicación –como tampoco lo ha hecho con la ciudadanía– porque son sus enemigos.

Raymundo Riva Palacio, Estrictamente Personal, agosto 11, 2021 |

El narcotráfico tocó la puerta de los medios de comunicación en la Ciudad de México, por años resguardados por una burbuja porque sabían que cualquier intento de atacarlos tendría consecuencias negativas para las organizaciones criminales, al enfrentar a más de 130 mil policías locales y federales y más de un centenar de policías privados, además de soldados y marinos que aquí tienen sus principales bases. El blindaje fue horadado este lunes con la amenaza del cártel más violento, directa contra Azucena Uresti, la más importante conductora de Milenio Televisión, a Milenio mismo, a El Universal y a Televisa.

La amenaza vino en el mismo formato como se envían mensajes los criminales, mediante un video para intimidar e inhibir la cobertura que las organizaciones periodísticas sobre el conflicto en la Tierra Caliente michoacana. En una carta abierta titulada En defensa de la libertad de expresión, un grupo importante de medios, varios de ellos de gran penetración e influencia en el país, señalaron:

“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante años han intimidado a periodistas y medios de comunicación sin que ninguna autoridad, pasada o presente, los haya frenado o sancionado. En muchas regiones del país, acciones como ésta han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera volteó a verlos. El martes se refirió únicamente a las amenazas contra Uresti, reduciendo la intimidación en ella, ignorando a los equipos de televisión y reporteros de Milenio que son parte de los señalamientos criminales, así como de sus colegas de El Universal y Televisa, quienes también fueron identificados como blanco. Pero ni así fue afortunada la posición del Presidente.

Se ‘solidarizó' con la periodista, como si, como cabeza del Estado mexicano, no tuviera una responsabilidad más allá que un gesto empático. Sí admitió que era responsabilidad del gobierno velar por la seguridad de ella y de los mexicanos, pero no formuló condena –usó la palabra reprobar– alguna ante la afrenta, ni hizo un pronunciamiento que apuntara hacia una investigación sobre cómo, cuándo y dónde se realizó la videoamenaza, y llegar a sus responsables.

Nada nuevo en la postura del Presidente. El gobierno no va a defender a periodistas ni medios de comunicación –como tampoco lo ha hecho con la ciudadanía– porque son sus enemigos. No lo son, como lo ha demostrado con hechos, los cárteles de la droga. Si es por diseño, estrategia, miedo, interés, casualidad o causalidad, es la realidad. Los narcotraficantes le merecen todo el respeto al Presidente; a periodistas y medios los clasifica como adversarios y diariamente los ataca, hostiga e intimida.

En este clima de hostilidad contra los medios, de ataques sistemáticos por parte del Presidente, permanentemente alimentado en sus odios por sus cercanos, ¿qué podemos esperar? Las amenazas de las organizaciones criminales contra periodistas y medios en la Ciudad de México son consecuencia natural de la falta de combate a los delincuentes, aunque en esta ocasión se cruzaron con lo que lleva algunas semanas construyendo su gobierno: un acuerdo de pacificación con los cárteles de la droga. En la Tierra Caliente michoacana, donde surgieron estas amenazas, funcionarios del gobierno han estado tratando de que se sienten a la mesa dos cárteles antagónicos, junto con autodefensas, para alcanzar la paz.

Estos intentos les dan una interlocución a los cárteles de la droga, como en otros momentos les han dado algunos gobiernos a movimientos armados, aunque hay una diferencia sustancial. Los movimientos armados pelean por una causa y un cambio político; los cárteles matan, intimidan, compran o amenazan, para cuidar y expandir su negocio. Ningún gobierno concede beligerancia a una organización criminal. López Obrador es diferente.

No es nuevo que este gobierno busque pactar la paz con los cárteles de la droga. El defenestrado subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, estableció los primeros puentes entre las organizaciones criminales y Palacio Nacional, al hablar con autorización del Presidente con organizaciones tamaulipecas vinculadas al Cártel del Golfo, y con otras michoacanas vinculadas al Cártel del Pacífico. La mesa de negociación en Tierra Caliente que se está trabajando es un nuevo estadio en esta peculiar relación con la delincuencia organizada.

López Obrador, que ha dicho a los suyos que ésa es la ruta para que se acabe la violencia, está equivocado. Ninguna negociación con el gobierno que signifique sólo abrazos sin balazos, llevará a la pacificación, porque carece de incentivos para sus propósitos. Su idea de administrar el narcotráfico está equivocada desde el mismo diagnóstico de lo que significa ese negocio criminal. Pero al mismo tiempo, la apertura hacia los delincuentes ha ido acompañada de un ataque sistemático contra periodistas y medios, que genera la percepción entre los criminales de que comparten enemigos, y un ataque contra el gremio será favorecido con la impunidad, construyendo las condiciones para estas amenazas.

López Obrador ha sido el arquitecto de la impunidad criminal, al no perseguir ni contener a los cárteles de las drogas y sus sicarios, que han provocado que en su sexenio 43 periodistas hayan sido asesinados, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, que han convertido a México en el país más peligroso para la prensa, donde la delincuencia organizada y el gobierno piensan lo mismo de medios y periodistas: son un estorbo. Los criminales los matan y el Presidente busca destruir sistemáticamente reputaciones y su aniquilación social. Los primeros quieren callar a balazos a medios y periodistas; el Presidente mediante la previa censura.

En su desplegado, los medios señalan que son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia, sin debilitarlos con estigmatizaciones. El grito se lo llevará el viento. De este gobierno no se puede esperar nada. Ya lo sabemos, estamos solos. Tampoco es nuevo, salvo que antes la confrontación era contra gobiernos y hoy, medios y periodistas enfrentamos aliados tácticos, gobierno y criminales.

Otra de lacayos

La actitud lacayuna de Corral no es desconocida para quienes se han topado con él en la vida pública: siempre agacha la cerviz antes de soltar la puñalada por la espalda, dice Juan Ignacio Zavala.

Juan Ignacio Zavala agosto 11, 2021 

“Chihuahua es un pueblo muy grande para tan poco gobernador”, dijo en 2018 el ahora Presidente refiriéndose a Javier Corral, gobernador de ese estado. El tiempo pasa y la política modera los tonos, se cambia conforme va el aire. Ahora que el gobernador se va del puesto se humilló ante el poderoso Presidente, el que le dijo poca cosa, y se deshizo en elogios al mandatario, pidió valorar el liderazgo de AMLO y evaluar con justeza los alcances de los objetivos del proyecto presidencial y denunció que, con tal de criticar a López Obrador, ha salido nuevamente “el fantoche del comunismo por parte de quienes se oponen a la 4T”, que se debe hacer a un lado “la irracionalidad política”, “la explotación del miedo” y ver la “dimensión de los logros” presidenciales.

Pero bueno, como bien dijo López Obrador aquella ocasión en Delicias, " el gobernador Corral engaña a los que no lo conocen”. El chihuahuense está a punto de dejar su partido, se dice que va a Movimiento Ciudadano –como si ese partido necesitara cascajo– o que se va al gobierno del Presidente. Cualquier camino que implique alguna traición, lo tomará. De cualquier forma, la actitud lacayuna de Corral no es desconocida para quienes se han topado con él en la vida pública: siempre agacha la cerviz antes de soltar la puñalada por la espalda.

La sumisión se premia, ya sea en la embajada de España, donde un esbirro del canciller Ebrard difama y corre a un escritor de prestigio que se atrevió a decir lo que piensa, o en Chihuahua con la mirada complaciente del Presidente ante la postración degradante del que fuera opositor. En un artículo titulado La república de los lacayos (Reforma 09/08/21), Jesús Silva Herzog dice que el gobierno federal se dibuja como una república de lacayos, “un gobierno que ha convertido en tapete a los prestigios que llegó a convocar; que bloquea cualquier brote de inteligencia para no incomodar al hombre de las irrebatibles ocurrencias”. No sabemos si Corral ha sido convocado, pero sí que ya se puso de tapete.

No debe sorprender el envilecimiento público de Javier Corral. Es el gobernador peor calificado de todos. En una encuesta realizada por México Elige, Corral aparece en último lugar ¡debajo de Cuauhtémoc Blanco! Al gobernador chihuahuense lo rechaza el 75% de sus gobernados. Apto para la polémica, inepto para gobernar, hombre de traiciones y rencores, dominado por sus fobias, Corral es la viva imagen del merolico ilustrado y ahora del servil dispuesto a todo por un elogio del Presidente.

En La república de los lacayos, dice Silva Herzog, se exige “una ostentosa identificación con los dictados, las frases, las antipatías y los afectos del Señor”. Apunte usted en esa fila de alegres lacayos al próximo exgobernador de Chihuahua.

El circo de la consulta

Raymundo Riva Palacio 30 de julio de 2021

La consulta popular tiene resultados claros desde mucho antes que se decidiera realizarla para “esclarecer las decisiones políticas” de anteriores gobiernos. El primero es que la mayoría de los mexicanos sí quiere que se lleve a juicio a varios expresidentes, por razones fundadas e infundadas, objetivas o subjetivas. El segundo es que sin importar cuántas personas voten, el presidente Andrés Manuel López Obrador probablemente disparará obuses contra el Instituto Nacional Electoral y los medios, y los criticará porque no hubo mayor participación porque, alegará, la sabotearon, o mostrará su desprecio porque pese a ellos, dirá, hubo alta participación. En cualquier caso, políticamente ganará, que es de lo que se trata esta consulta.

La verdad es relativa en este régimen. La manipulación política es la marca de la casa y la despliega con impunidad. Contra lo que ha dicho el presidente, el INE sí promovió la consulta. En total, a través de tres mil 499 emisoras de radio y televisión difundieron 377 mil 833 spots promocionales y alrededor de 800 mil pautas en las redes sociales, al margen de los casi siete mil espacios de publicidad exterior y alternativos, y decenas de inserciones en diarios en todo el país.

Los medios han hablado profusamente de la consulta, y la evidencia empírica señala que han predominado las críticas, al exponer el galimatías del proceso para llevarla a cabo y la forma como el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hizo maromas para satisfacer los deseos de su jefe político y vecino en Palacio Nacional. La pregunta original que quería López Obrador identificaba claramente a sus cinco predecesores, y les imputaba un presunto delito. 

Como la justicia no se resuelve por plebiscito, Zaldívar salió al rescate del presidente antes de que se rechazara su pregunta por inconstitucional, y logró que Corte aprobara una pregunta redactada en forma ambigua, farragosa, que no dice nada, pasar saber si desea quien vote “emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

Quienes vayan a votar van a creer, porque así se los ha dicho el presidente, que ese es el camino para que pueda haber expresidentes que terminen en la cárcel, sin saber, porque no se los explicó López Obrador, que el resultado de la consulta, si alcanzara el 40% del voto del padrón nominal de electores, no obliga a proceder al Poder Judicial. Esto en el ideal, por supuesto. La realidad es menos idílica. Para que pudiera llegar al 40%, y que obligara al Ejecutivo y al Legislativo a tomar algún tipo de acción, por ejemplo, la creación de una Comisión de la Verdad -para la cual no se requiere preguntarle a nadie-, se necesita que voten 37 millones de personas.

Sólo para efectos apreciar la escala de ese número, porque no se pueden comparar manzanas con sandías, la votación que tuvo López Obrador en la elección presidencial de 2018 fue de 30 millones, y en las pasadas elecciones federales, la mayor en número de cargos de elección popular en juego, el total de votos emitidos fue de 49 millones, donde Morena tuvo 16.7 millones y sus aliados el Verde y el PT, otros 3.5 millones. Para efectos de argumentación, si Morena lograra que quienes votaron por sus candidatos sufragaran este domingo, no les alcanzaría para el 40% del padrón. De acuerdo con una encuesta publicada por El Financiero este miércoles, ni siquiera todos los morenistas están prestos para votar. Sólo el 61% de ellos dijeron que le interesaba “mucho” ir a la urna. Juntando a morenistas con simpatizantes de otros partidos o apartidistas, sólo uno de cada 10 de las personas entrevistadas mostraron alto interés en ir a votar. 

No parece, de acuerdo con lo que reflejó la encuesta, que la consulta vaya a tener una alta participación. ¿Pero acaso importa? El porcentaje de participación será irrelevante porque, como se espera, López Obrador cantará de cualquier forma la victoria del pueblo. Sería relevante, sin embargo, si la participación fuera tan baja que no pudiera ocultarse. Pero aún así, ¿quién define qué es alta participación o qué es baja?

Tampoco debemos olvidar que al presidente le importa muy poco cuántos votan para cumplir sus caprichos, como sucedió cuando el uno por ciento del padrón electoral, pese al acarreo masivo de votos en Chiapas y Tabasco y la movilización de Morena en el país, pidió en una consulta patito en octubre de 2018 que había que cancelar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, que hizo tan pronto asumió la Presidencia, justificando su objetivo detrás de la  voluntad del pueblo sabio.

Es cierto que hay molestias fundadas e infundadas en contra de varios expresidentes, algunos por acciones que lastimaron a la Nación porque sus decisiones no beneficiaron a todos, o por la percepción de que tuvieron administraciones corruptas. También existe una enorme subjetividad en las acusaciones, que son mas políticas que penales, aunque en casos de corrupción podría encontrarse mayor sustancia, pero sólo contra el expresidente Enrique Peña Nieto porque, si la hubiera en anteriores administraciones, los delitos ya prescribieron.

Lo que tenemos enfrente este domingo es una pantomima. Por un lado, evoca al Imperio Romano, que para mitigar la inconformidad de sus súbditos y que no se rebelaran, les daba pan y circo en el Coliseo para que se olvidaran de los altos impuestos que tenían que pagar. Por el otro, está el combustible que le dará a la narrativa de López Obrador contra el pasado, porque es más fácil hablar de los problemas de ayer, que de los problemas de hoy. Esta consulta será una nueva faceta de la gran manipulación que ha logrado con gran éxito, enajenando a millones con su palabra. Al final, lo único concreto es que pagaremos 528 millones de pesos, lo que costará la consulta, para financiar únicamente el discurso presidencial.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Más que una farsa

Guillermo Velasco Barrera en MURAL

30 Jul. 2021

El próximo domingo se llevará a cabo la "consulta ciudadana" para juzgar a los ex presidentes, lo que fue una promesa de campaña de López Obrador como parte de su falaz discurso de terminar con la corrupción en México. Si bien tal ejercicio es, de entrada, aberrante, en virtud de que la legalidad y la justicia no es algo que pueda someterse a consulta, hay más de fondo en esta farsa que vale la pena analizar.

A pesar del "acarreo" que hará Morena para llevar gente a las urnas, el nivel de participación no será el que estimaba el Presidente, y desde luego no se alcanzará el porcentaje que marca la ley para que el resultado de la consulta sea vinculante, es decir, que la respuesta de los ciudadanos tenga consecuencias. En todo caso nunca las tendría.

Parte del desastre para la convocatoria a esta consulta, a pesar de la apuesta que está haciendo la 4T, es la profunda división que se vive al interior de Morena, no sólo en torno a esta "puesta en escena", sino en torno al proceso de sucesión presidencial al que, de forma muy anticipada, dio banderazo de salida el propio Presidente.

Pero el propósito de López Obrador con la consulta es muy claro: responsabilizar al Instituto Nacional Electoral del fracaso de la misma, para seguir con su intento de desaparecerlo, al calificarlo como una institución antidemocrática que responde a intereses neoliberales y que no respeta la voluntad del pueblo.

No nos equivoquemos, la consulta es para López Obrador un mero pretexto para seguir en su apuesta de reinstauración del viejo régimen, lo que implica minar el trabajo de las instituciones que han significado contrapeso y autonomía respecto a la verticalidad y al autoritarismo del viejo sistema político mexicano, uno de cuyos exponentes más notables es el actual presidente de México.

Por ello, Mario Delgado y otras voces incondicionales a López Obrador han centrado su discurso en el INE, criticando su trabajo para esta "consulta", y dejando de lado el discurso de la corrupción de los ex presidentes, lo que supuestamente sería la razón para haber llevado a cabo la consulta.

Por tanto, el verdadero riesgo de esta farsa no es la consulta en sí misma, sino el pretexto que tendrá el Presidente para seguir con su ataque contra la autoridad electoral, con el argumento de que ésta boicoteó la voluntad del pueblo que buscaba llevar a la cárcel a los políticos corruptos del pasado.

Y mientras buena parte de la población se "traga" esta farsa, y el Presidente sigue atacando a las instituciones democráticas, el pacto de impunidad con quienes permitieron el arribo al poder de López Obrador se sigue afianzando. De entrada, el ex presidente Peña Nieto no parece estar muy preocupado con la consulta que tendrá lugar el domingo, y que supuestamente tendría como objetivo juzgarlo. En las fotos que publicó recientemente su novia, con motivo de su cumpleaños, se le ve muy contento y tranquilo.

Un hecho reciente exhibe nuevamente este pacto de impunidad. Luego de que trascendiera que el gobierno de Peña espió a López Obrador y a varios de sus colaboradores, el Presidente dijo que no se emprenderían acciones legales contra esta práctica ilegal, pues él no es vengativo. En fin, ningún ex presidente será tocado, mucho menos su antecesor.

Así que es fácil anticipar cuál será el discurso del Presidente en la noche del próximo domingo, más allá de los resultados que arroje la consulta: el gran villano será el INE, quien limitó la expresión del pueblo sabio. Y como siempre, López Obrador, metido en esta narrativa de buscar culpables y señalar enemigos de su proyecto transformador, dejará de lado los graves y grandes problemas por los que atraviesa el país: inseguridad, falta de medicamentos para niños con cáncer, crisis económica y un repunte preocupante del Covid. Es importante denunciar esta farsa, y sobre todo, no ser parte de la misma. El tema de fondo es el ataque al INE.

@gvelascob

Desconsulta

Sergio Sarmiento en MURAL, 30 Jul. 2021

"Consultar. Buscar aprobación para una acción que ya se ha decidido".

Ambrose Bierce

 

 No solo la revista británica The Economist ha descalificado la Consulta Popular de este próximo domingo por tener una pregunta cantinflesca, nadie que haya leído la pregunta puede opinar de manera diferente. Además, los juristas señalan que es un despropósito por su vaguedad. Nadie sabe exactamente qué ocurriría si gana el "Sí" con la participación de 40 por ciento que la haría vinculante. Si bien la Suprema Corte determinó que la consulta no podía preguntar si debe enjuiciarse a los expresidentes, Morena ha hecho campaña diciendo que esto es exactamente lo que decidirá el votante. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial le ordenaron al INE hacer la consulta, pero no le dieron recursos; y cuando el INE sacó 528 millones de pesos de donde pudo, el partido oficial le cuestionó que no tuviera suficientes casillas o promoción. El propio presidente López Obrador presentó la iniciativa, pero dice que él mismo no va a participar. No sorprende que la gente esté confundida.

Yo no soy un entusiasta de la llamada "democracia participativa". Una buena democracia representativa da posiciones de gobierno y de legislación a personas que representan a los ciudadanos y que pueden contratar el apoyo de asesores especializados para tomar decisiones. No es un sistema perfecto, en buena medida porque los políticos no son siempre los más preparados u honestos, pero es mejor que pedirle a la gente que defina decisiones complejas con preguntas binarias, de Sí o No, sin tener conocimiento sobre los temas y sí muchos prejuicios.

Algunos países y entidades subnacionales tienen sistemas de consulta o referendos para algunas decisiones. Suiza se presenta usualmente como el ejemplo más positivo a nivel mundial, pero ni siquiera en ese caso me parece bueno el resultado. Suiza fue el último país de Europa en aceptar el voto de las mujeres por el rechazo de la propuesta en los plebiscitos. En el de 1959, dos terceras partes de los participantes, todos hombres, rechazaron el voto femenino. Al final, el sufragio de las mujeres fue promulgado, pero solo en 1971. Más tarde, la Corte Federal Suprema de Suiza tuvo que intervenir para obligar al condado de Appenzell Rodas Exteriores a aceptar el voto femenino porque las consultas populares locales lo seguían rechazando.

Otros ejercicios de decisión de políticas públicas por consulta popular han sido usualmente negativos. Los votantes británicos, por ejemplo, sufragaron a favor del Brexit en 2016 sin entender cabalmente las consecuencias negativas que la medida tendría para su país. Unos cuantos meses después, con mayor información, las encuestas de opinión señalaban ya que la mayoría de los británicos se oponían a que se llevara a cabo la separación. En Venezuela, las consultas populares se han utilizado en varias ocasiones para ratificar decisiones políticas que han resultado muy negativas para el país, mientras que la Asamblea Nacional de oposición impulsó, por su parte, una consulta popular en 2020 para buscar la destitución del presidente Nicolás Maduro.

Si vamos a tener consultas, estas deben ser claras, tratar temas de fondo y no violar la ley. No es el caso con la consulta popular de este próximo 1o. de agosto, la cual es confusa, constituye un linchamiento de aquellos a los que el gobierno ve como sus rivales, y viola la ley... y, si no lo hace, se vuelve simplemente irrelevante.

· OUTSOURCING

 Este próximo domingo entra en vigor el nuevo régimen de subcontratación. Hasta ayer, según el CCE, se han registrado 2.5 millones de trabajadores, pero faltan 3 millones que quedarán en un limbo legal. Sabíamos desde el principio que la reforma era una locura, pero ahora los políticos están buscando un periodo extraordinario del Congreso para ampliar el plazo. Lo peor es que ya sabíamos que esto iba a ocurrir.

@SergioSarmiento

Ayuda sin consulta

Sergio Sarmiento en MURAL

28 Jul. 2021

"Debemos consultar nuestros medios más que nuestros deseos".

George Washington

 Al presidente López Obrador le gusta recurrir a las consultas públicas para justificar sus políticas, pero no en todos los casos. Si bien ha hecho consultas para saber si cancela un aeropuerto o una planta cervecera ya avanzados, o si aplica la ley a exfuncionarios que hayan cometido delitos, no ha convocado al pueblo sabio a decidir si es correcto que el gobierno envíe barcos cargados de medicamentos, alimentos y combustibles a Cuba en un momento en que nuestro país está sufriendo escasez de medicamentos, altos precios de alimentos y elevadas importaciones de combustibles.

"Tomamos la decisión por solidaridad frente a la situación del bloqueo, que quiere someter políticamente al pueblo y gobierno de Cuba -dijo el 26 de julio, aniversario de la toma del cuartel de Moncada-. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios".

El pueblo mexicano suele ser muy solidario, lo hemos visto una y otra vez en tragedias nacionales e internacionales. Cuando Haití fue devastado por un terremoto en 2010, las personas y empresas de nuestro país se volcaron a mandar ayuda a la isla. Pero el caso de Cuba es distinto. Es el gobierno el que ha tomado recursos del erario para mandar ayuda que, más que humanitaria, es política: su objetivo es apuntalar el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba que se encuentra en problemas. Los haitianos sufrieron el embate de un fenómeno de la naturaleza; los cubanos, en cambio, están pagando las consecuencias de las malas políticas económicas de un régimen dictatorial.

Sí, Cuba vive bajo una dictadura. No ha tenido elecciones libres desde que Fidel Castro tomó el poder el 1o. de enero de 1959. Si bien organiza comicios de manera regular, solamente permite la participación de candidatos del Partido Comunista o avalados por el régimen. Los electores pueden votar por un candidato a la Asamblea Nacional, a favor o en contra, sin que nadie represente otras opciones. Los miembros de la Asamblea eligen después al Presidente, siempre de manera unánime o casi. El régimen ha tratado de justificar la falta de libertades argumentando que tiene buenos programas de educación y de salud. Quizá, pero la falta de libertad no se compensa con dádivas, especialmente cuando el que fue uno de los países más prósperos de Latinoamérica ha quedado reducido a una miseria permanente.

El presidente López Obrador ha aceptado el dogma del régimen cubano de que todos los problemas económicos del país son producto del "bloqueo". Es verdad que Estados Unidos impuso en 1962, en represalia por la confiscación (sin indemnización) de activos de empresas estadounidenses, un embargo que impide a sus empresas tener transacciones comerciales o inversiones en Cuba, pero el embargo no incluye ni alimentos ni medicinas ni se aplica en general a empresas de otros países. El embargo ha sido desde entonces la gran excusa de los gobiernos cubanos para todos sus fracasos económicos, los cuales han paliado los subsidios generosísimos de la Unión Soviética y Venezuela. Hay sólidas razones para cuestionar el embargo, pero las dificultades de Cuba son producto de las barreras a la actividad económica privada y no del embargo.

AMLO quiere hoy reemplazar a Venezuela como el gran financiador de los fracasos económicos de Cuba. Sin embargo, no lo hace con su dinero personal, sino con recursos de los contribuyentes. En este caso, más que en ningún otro, debería llevar a cabo una consulta para saber si los mexicanos realmente quieren que el dinero de sus impuestos se utilice para ese propósito político.

· TRUMP Y BIDEN

 AMLO hizo todo lo posible por quedar bien con Donald Trump, pero hoy parece empeñado en pelearse con Joe Biden. El envío de un barco con combustible para apoyar al régimen cubano parece diseñado para generar irritación en Washington.

@SergioSarmiento

Atreverse a emprender

Jorge Suárez-Vélez 22 Jul. 2021

Estados Unidos tiene casi 3 veces más habitantes que México, su territorio es casi 5 veces mayor y su economía casi 17 veces la nuestra (a precios de mercado). Pero la diferencia entre nuestras empresas es aún más notable. Las 6 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de México valen, en conjunto, 206 mil millones de dólares. Las 6 más grandes en la Bolsa de EU valen 47 veces más: 9.7 millones de millones de dólares. Lo que más sorprende es que la edad promedio de las mexicanas es de 91 años, contra 29 de las estadounidenses. Las 6 nuestras están en sectores de la economía tradicional, las de ellos son de la "nueva economía".

La brecha entre países industrializados y los que no lo somos se explica crecientemente por la posibilidad de participar en los nuevos sectores disruptivos y por el apoyo que recibe quien desea emprender. En México, nos convencieron de que el empresario es una especie de capataz abusivo y explotador que, por serlo, merece ser extorsionado por el fisco, exprimido por el crimen organizado, chantajeado por sindicatos y hasta timado por sus empleados. En países desarrollados se apoya, admira y emula a quien emprende con éxito. Se entiende que el futuro de un país está en su capacidad de innovar, que su prosperidad dependerá de crear riqueza y que ésta la generan las empresas, no el Estado. A éste le compete poner la mesa, proveer infraestructura moderna, seguridad, legislación que fomente competencia, Estado de derecho y dotar a la población con destrezas para insertarse en el mercado laboral con éxito.

Aun internamente nuestras diferencias regionales tienen que ver con el desarrollo de empresas. En enero de 2018, 57.5% de los empleos formales en México se crearon en los estados del norte y sólo 2.1% en los del sur o sureste.

Los países desarrollados, y EU en particular, han desarrollado un ecosistema en el que la falta de capital es el último impedimento para que una idea se convierta en empresa. Hay un ciclo virtuoso donde fondos de capital de riesgo ofrecen capital semilla; si la empresa logra despegar, entran los fondos de capital privado, y cuando la empresa madura se le coloca en Bolsa, devolviéndoles liquidez a los primeros inversionistas, para que tengan nuevas semillas que plantar. Muchas empresas no sobrevivirán ese trayecto, pero otras proveerán carretadas de utilidades a quienes tomaron ese riesgo. Lejos de que quienes lo hacen sean "especuladores", en el proceso participan fondos de pensiones, universidades que invierten su patrimonio y eventualmente el público inversionista. El proceso permite que muchos compartan la prosperidad forjada por emprendedores. Un dólar invertido en 1970 en la Bolsa de EU valdría $182 a fines de 2020, y 55% de los estadounidenses invierten en ella.

Sabemos que emprender nos es natural al constatar el éxito de nuestros paisanos cuando cruzan la frontera. De acuerdo con el New American Economy Research Fund, en 2017 había 1.4 millones de hispanos dueños de negocios, en su mayoría mexicanos. En el otro extremo del espectro, en 2020, la quinta oferta pública más grande en la Bolsa de Nueva York fue de una empresa, valuada en 32 mil millones de dólares, fundada por un empresario mexicano; otro vendió un pedazo de la empresa que fundó en 2004, valuada en casi 3 mil millones de dólares. Parece que en el ecosistema adecuado emprendemos tan bien como el mejor.

Hemos dejado que domine una narrativa de envidia y resentimiento de líderes mediocres que quieren acostumbrarnos a encontrar excusas y culpables, para manifestar nuestro resentimiento con rabia.

Aristóteles decía que el problema no es apuntar demasiado alto y fallar, sino demasiado bajo y atinar. La 4T lo ha hecho. Para ellos, debemos conformarnos con una supervivencia a partir de mulas y trapiches, agricultura de autoconsumo y becas a jóvenes resignados.

Nuestro futuro depende de sabernos capaces de crear, de emprender y de competir. Empecemos a preocuparnos más por crear riqueza que por repartir pobreza. Dejemos de escuchar a quienes nos quieren dóciles y adictos a las dádivas de un gobierno cada día más pobre.

@jorgesuarezv

El dictador está asustado

Al gobierno cubano sólo le queda el diálogo para pactar su salida, o extender la represión hasta donde tope.

Pablo Hiriart, julio 15, 2021 | 8:50 hrs

MIAMI, Florida.- Al gobierno cubano sólo le queda el diálogo para pactar su salida, o extender la represión hasta donde tope.

No hay mal que dure 100 años.

Su sistema es un fracaso, conducido por un puñado de incompetentes con instintos homicidas.

Lamentable es el papel de nuestros gobernantes que culpan de las manifestaciones de protesta a una “campaña internacional contra Cuba”.

Señalan que la escasez de alimentos y medicinas que se vive en Cuba es consecuencia del ‘bloqueo’ de Estados Unidos. Falso.

Mienten porque saben que al caer la dictadura cubana, el efecto será en dominó. Para abajo el chavismo en Venezuela, fin a la desestabilización en Colombia, y la 4T de México se quedará hablando sola en el continente.

O con el “amigo” argentino y el imprevisible líder magisterial peruano que asumirá la presidencia de su país. Esa conversación, en todo caso, será rulfiana: entre muertos.

Cuba n es víctima de ninguna conspiración, sino de su incapacidad para producir bienes.

No hay comida, no hay medicinas, los hospitales están colapsados, la gente no tiene vida privada porque es vigilada por soplones a sueldo que reportan a los Comités de Defensa de la Revolución.

Del hombre nuevo, que a muchos nos entusiasmó, no queda más que una élite de dictadores y militares, y una población con hambre y sin libertades.

¿Y no quieren que haya protestas?

Vaya ‘humanismo’ del gobierno mexicano. Se solidariza con los represores y acusa a los sin comida ni medicinas ni libertades de ser parte de una conjura internacional.

Reaccionan así, no en defensa de la soberanía de un país, porque ningún enemigo externo lo está atacando.

La 4T se cura en salud. Para allá quieren llevar a México los radicales que ya destaparon a su candidata presidencial.

Lo del ‘bloqueo’ como causante de la caótica situación cubana es una falacia.

No hay ‘bloqueo’, sino embargo. Y es de un solo país, Estados Unidos, que no vende tecnología ni permite el envío de remesas hacia la isla. Es una barbaridad, un error.

Pero no digan que hay hambre porque no pueden comerciar con Estados Unidos. Eso es mentira. Y mienten quienes repiten esa consigna en México.

El país al que Cuba más le compra alimentos y productos agrícolas, en el mundo, no es Venezuela, ni Rusia, ni China. Es a Estados Unidos: 220.5 millones de dólares, en 2018.

Y si a ello sumamos lo que Cuba compra a Estados Unidos en medicamentos y productos médicos, el valor total de esas importaciones es de 275.9 millones de dólares en 2018 (sugiero ver la página del Departamento de Estado https://www.state.gov/u-s-relations-with-cuba/).

Cuba era una potencia agrícola, y ahora importa dos tercios de los alimentos que consume. Su sistema estatista no funciona. Extiende la pobreza, el hambre, y expropia la libertad a las personas.

Su economía tenía tres pilares y un bastón. Se acabó el subsidio soviético (aunque Rusia le perdonó, en 2014, una deuda por 32 mil millones de dólares), con lo que perdió el primer pilar.

La otrora rica Venezuela ya no puede cargar con la economía cubana, ni con la suya.

En siete años, Venezuela pasó de 3.6 millones de personas con hambre, a 21 millones 200 mil venezolanos en inseguridad alimentaria. La población total del país es de 31 millones de personas. Casi 70 por ciento de ellas padece hambre.

No funciona el sistema estatista. Venezuela ya no puede subsidiar a Cuba. Se cayó el segundo puntal.

El bastón era el turismo, y con el Covid quedó inutilizado.

Sólo queda un puntal en Cuba: el sacrificio del pueblo cubano.

Y ese sostén ha salido a la calle a protestar porque no come, salvo que haga largas filas en las tiendas para turistas, donde deben pagar en dólares o en euros.

Tampoco tiene medicinas. Y le exigen, a palos, que se mueran callados.

Ante las manifestaciones de protesta, en lugar de invitar al diálogo y escuchar ideas para solucionar problemas, el presidente Díaz-Canel mandó reprimir y convocó al enfrentamiento físico entre cubanos.

“La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios, a defender la revolución”, dijo con criminal prepotencia.

El gobierno de México acusó un complot internacional. Venezuela también se solidarizó con Díaz-Canel.

Hay dos opciones para el presidente de Cuba: abrir el diálogo o reprimir con el Ejército. Tiene las armas. ¿Las usará? Masivamente, no se va a atrever. ¿O sí?

El Ejército, ¿va a disparar contra su gente para defender un fracaso y el pellejo de un don nadie, ahora presidente?

Qué hacer ante esa incertidumbre, es una respuesta que sólo pueden dar los cubanos que están en Cuba.

Ya perdieron el miedo.

Díaz-Canel, sin el liderazgo ni la inteligencia de Fidel, está temblando ante la situación.

Esperemos que el dictador asustado no cometa una masacre con el pretexto que le regaló nuestro Presidente: “Cuba es víctima de una campaña internacional”.

“El principal problema que enfrenta México en términos económicos es que no hay dinero público”

 CARLOS URZÚA | EXSECRETARIO DE HACIENDA DE MÉXICO

El exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa reflexiona sobre los desafíos y el estado en el que se encuentra la economía de México

JAVIER LAFUENTE México - 02 JUL 2020 - 15:51 CDT

Carlos Urzúa (Aguascalientes, 1955) habla de economía de forma apasionada. Durante una hora, va y viene con detallados análisis y reflexiones que complementa con anécdotas, la mayoría de su etapa de funcionario público, primero como secretario de Finanzas del entonces DF (2000-2003) y después como secretario de Hacienda del actual Gobierno, cargo que abandonó en julio de 2019. La salida de Urzúa supuso un portazo a la Cuarta Transformación por parte de alguien que no es que crea que los objetivos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no sean los correctos, sino por la formas en que se opera dentro del Gobierno. Sin entrar a valorar su salida, Urzúa, recién terminados los exámenes como profesor del Tecnológico de Monterrey que es a lo que dedica la mayor parte de su tiempo, repasa, a través de videoconferencia, la actualidad económica del país y reflexiona sobre los desafíos que encara México.

Pregunta. ¿Cómo definiría el estado de la economía de México?

Respuesta. Yo diría que es malo. Ya veníamos enfrentando problemas desde el año pasado y la crisis de la covid nos hundió y nos mandó por una espiral hacia abajo; pero el problema ya se veía venir desde antes. Entender lo que está pasando en México, al menos en términos económicos, no es difícil porque está muy bien diagnosticado desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema principal, seas el Gobierno federal o los estatales, que enfrentas? Esencialmente que no tienes dinero. La recaudación tributaria es ahorita del orden del 14% del PIB. Cuando tú tienes una recaudación así, a no ser que tengas ganancias extras muy grandes por derechos de hidrocarburos o del cobre, como en Chile, o cosas de ese tipo, no va a salir bien nada porque es demasiado poco dinero para la magnitud de los problemas que enfrentas. La gran mayoría de los países en Latinoamérica tienen al menos una recaudación tributaria del 20% del PIB. Si tú quieres ser un país que de manera, digamos, ordenada pueda progresar, donde la justicia misma sea evidente en el trato diario por parte del Gobierno a sus ciudadanos, donde haya grandes oportunidades de educación, de salud, etcétera, pues tienes que tener una cierta cantidad de dinero y México no la ha tenido. De vez en cuando nos salvan yacimientos petroleros como Cantarell, en la época de López Portillo, pero ahora sí estamos enfrentando el asunto de manera muy descarnada, simplemente no hay dinero, esa es la primera cosa.

La segunda es que si quieres crecer como país debes tener al menos una inversión del orden del 25%. La inversión pública ha ido reduciéndose a lo largo de los años. Cuando yo hablaba antes de entrar al Gobierno de lo que pretendíamos hacer, me gustaba mucho citar las cifras que en ese momento existían. Si mal no recuerdo, era de 22,4% en 2018. 3,3% era inversión pública, 19,1% era inversión privada, tanto nacional como extranjera. A mí me gustaba mucho decir que lo que íbamos a tratar de hacer era subirlo a un 25%. ¿Con qué? Con mayor inversión privada, nacional y extranjera, pero también esforzándonos nosotros como Gobierno y también me gustaba decir que ese 3,3% de inversión pública en el Gobierno anterior de Peña Nieto, como lo sigo creyendo, era de muy mala calidad, por corrupción, por malos diseños. Entonces, a mí me gustaba mucho decir: “Nuestra inversión va a ser buena. Nuestra inversión pública va a ser de mucha calidad”. ¿Qué es lo que pasó ya para 2019? Que en lugar del 22,9% del PIB acabó siendo 20,2% del PIB. ¿Por qué? Porque la inversión pública cayó, porque ya no hay dinero; que la inversión privada también cayó. ¿Por qué? Pues, por una falta de confianza, me parece a mí, en el Gobierno federal.

P. Como tantas veces, en México se diagnostican las fallas, pero si se conocen tan bien, ¿qué motivo impide que se adopten esas medidas que pueden mejorar la situación?

R. Bueno, en México, la gente y las empresas no están acostumbradas a pagar muchos impuestos. Cuando se tiene la oportunidad de quitar algún impuesto, los gobernantes lo hacen, en vez de ponerlo. El mejor ejemplo es el impuesto por la tenencia vehicular, que lo quitó en realidad, de manera implícita, no de manera directa, Felipe Calderón. Ese impuesto, que era federal y que lo administraban los Gobiernos locales y que lo usufructuaban los Gobiernos estatales era federal por la simple y sencilla razón de que si no, sucedería lo que acabó sucediendo: la carrera hacia el fondo donde todos los Estados empiezan a reducir sus impuestos y al final es lo que tenemos. Morelos no cobra tenencia vehicular. Los coches más valiosos en Ciudad de México. Hay una tradición de no pagar, una tradición incluso fomentada, yo diría, por las propias autoridades que impiden, no que impiden, pero que, supongo, ahuyenta, atemoriza a los gobernantes que empiezan su sexenio. López Obrador ha sido muy claro desde siempre. Él no quiere impuestos. Creo que no lo debía haber dicho, pero lo dice y lo repite todo el tiempo. Una de las razones por las que lo hizo fue obviamente para ganar votos.

P.¿Cuáles son los mayores riesgos ahora mismo que enfrenta México en materia económica?

R. Creo que lo que se nos viene encima va a ser sumamente complejo por muchas razones. El mayor riesgo que yo veo es este enfrentamiento que está germinando, pero que eventualmente se va a dar, muy pronto, entre los Gobiernos, sobre todo estatales y el Gobierno federal, porque no hay dinero. La gran mayoría de sus ingresos provienen de las participaciones federales, pero las participaciones federales dependen de cuánto recaudas y eso depende de la dinámica que tiene tu economía, y en este momento todo se esta cayendo. Todavía no hay cifras respecto a mayo, por ejemplo, pero seguramente el impuesto sobre la renta y el IVA se desplomaron. Eso, desde un punto de vista de la ley de coordinación fiscal, significaría que también las participaciones disminuirían de manera dramática, no solo las del Gobierno federal. Por fortuna, hay un fondo de estabilización de ingresos estatales que debe tener todavía unos 60.000 millones de pesos que nos pueden ayudar unos tres, cuatro o cinco meses, pero no más que eso, y hay también un fondo federal que nos puede ayudar, que debe tener ahorita unos 140.000 o 150.000 millones de pesos y que nos puede ayudar a paliar un poco la situación, pero no mucho. Hay un segundo riesgo que sí es muy preocupante y del que nosotros estábamos muy conscientes desde el inicio, que es el asunto de las pensiones, que a final del día es una bomba de tiempo que va a estallar.

P. Y ante esta perspectiva, ¿cuáles son las medidas más urgentes que se deben adoptar?

R. Muchos hemos sido muy críticos con el Gobierno federal respecto a esta falta, me parece a mí, de conocimiento económico. Dejemos el conocimiento económico, de solidaridad social. Yo creo que el Gobierno mexicano ha mostrado una frialdad que pocos Gobiernos podrían haber mostrado con lo que está pasando. Realmente, el gasto que tiene dedicado el Gobierno a paliar este problema es cualquier cosita, básicamente nulo, ¿no? Creo que la política fiscal ha sido muy mala, pero sobre todo creo que no se ha cuidado. Todavía no se ha entendido la importancia del sector formal en México. Estamos castigando la formalidad en México, y ahora a los empresarios y a los trabajadores, seguimos insistiendo en que deben estar cotizando en la seguridad social cuando no tienen dinero, cuando muchos de ellos no tienen capital de trabajo, están mermando su propia riqueza, la poca que van a tener en el futuro, y posiblemente pongan en riesgo incluso su situación de servicios médicos cuando estén viejos. Esencialmente, debió haberse subsidiado el empleo formal, al menos el Gobierno pagando las contribuciones del trabajador y del empresario hasta, digamos, cinco salarios mínimos y también, me parece a mí, ayudando un poco a esta gente que está acudiendo a sus afores, y en este momento, dando eso que está retirando, devolviéndolo o al menos cambiando la ley para que no se necesiten tener 1.250 semanas para poder tener servicios médicos cuando estés viejo. Ahora, yo también he sido muy crítico, y tengo muchos amigos que me critican por ello, con la postura monetaria del Banco de México.

P. El Banco de México ha sido más timorato que otros bancos centrales.

R. Yo creo que sí. Es decir, tienen al final del día miedo de hacer algo que de alguna manera pueda hacer surgir de nueva cuenta la inflación. Técnicamente, el banco central de México es bueno, pero desde siempre, después de su autonomía, ha sido muy cauteloso, muy conservador. En la crisis de 2009 teníamos unas tasas altísimas. Las tasas eran del 8,25% a fines de 2008 cuando ya todo mundo, en todos los países del mundo, habían bajado sus tasas de manera increíble. Ahora está sucediendo parcialmente lo mismo. Si uno les dice: “Oye, ve lo que están haciendo todos los demás países del mundo, todos los demás bancos centrales”, ellos dicen: “Es que la inflación… porque si tú te fijas bien, en el último dato de inflación, los alimentos subieron mucho”. Bueno, sí, los alimentos subieron mucho en muchos lados precisamente porque la gente no puede siquiera ir al supermercado, pero la verdad es que la presunción que todo mundo tiene en el resto del mundo es que los precios de los alimentos van a caer eventualmente porque la gente no tiene dinero ni siquiera para comer. Las tasas de las hipotecas todavía están muy altas. La gente está estrangulada. Las empresas van a tener problemas muy graves y esto es quizá otro asunto que yo diría que me preocupa mucho, no solo en México, ahora sí como latinoamericano. Me preocupa mucho la situación de la deuda latinoamericana externa de nueva cuenta. Creo que la situación va a ser más dramática de lo que la gente piensa. Argentina es un ejemplo muy claro, pero pronto se les va a ir para arriba a muchos países de América Latina. A nosotros también. El Gobierno dice: “No, es que no quiero aumentar mi deuda”. La deuda la vas a tener que aumentar, para empezar, porque vas a tener que cubrir huecos, pero para terminar no es un asunto nada más del déficit, es un asunto de cuánto es tu deuda respecto a tu PIB y tu PIB va a caer de forma extraordinaria.

P. La decisión de no endeudarse ha sido una de las más controvertidas. ¿Cómo lo interpreta? ¿A qué atribuye esa decisión y qué consecuencias puede tener?

R. Bueno, esto es bien sabido, yo incluso lo he dicho. El estilo personal de gobernar del presidente es muy autoritario y él, en particular, creo que tiene menos interés en escuchar a economistas que el que mostraban muchos presidentes anteriormente. Yo diría que hay que remontarse a la época de Luis Echeverría, cuando llegó un momento en que la presidencia decidía en materia económica, pero algo así está sucediendo ahora. Creo que es un poco por ignorancia, con todo respeto para el presidente, él no tiene por qué saber mucho de economía, la verdad. También creo que es porque fue una de sus banderas. Él tenía varias banderas económicas. La primera era no alzar impuestos y la segunda: “No se apuren, todos estos déficits y deuda que hemos tenido es simplemente porque hay una corrupción dentro del Gobierno federal, porque se dan unos lujos que nosotros no vamos a tener”. Entonces, es susceptible a creer, digamos, en estas ideas que no tienen mucho fundamento.

Hay que recordar que él siempre estuvo muy preocupado, creo que correctamente, por la manera en que se rescató el sistema financiero tras la crisis de 1994-1996. El sector bancario particular estaba en una situación muy mala. Primero, porque habían sido vendido los bancos de manera totalmente, ¿qué diré?, absurda. Teníamos una banca bastante buena para estándares de un país subdesarrollado hasta que López Portillo la nacionalizó en 1982, y cuando la privatiza Carlos Salinas de Gortari lo hizo de una manera muy mala. En lugar de vender a banqueros, lo vende a casa bolseros y así nos fue. Son dos animales muy diferentes los casa bolseros a los banqueros. Estaba la situación muy complicada, se tenía que rescatar la banca, pero se rescató de una manera muy poco transparente. López Obrador siempre ha puesto mucho énfasis en lo que pasó en ese momento; de hecho, escribe un libro sobre el Fobaproa con datos que no están tan mal. Yo no sé quién se los haya pasado, pero no estaban tan mal. Es un libro interesante. Entonces, yo creo que él se ha confundido, con todo respeto, no entendió realmente la petición de las empresas. Una cosa es que venga a pedirte el sector financiero que lo rescate y otra cosa es que venga el sector real a decirte: “¿Sabes qué? Ayúdame a que no tenga que despedir a tanta gente. Ayúdame con costos de seguridad social, costos laborales”. Es lo mismo que los casa bolseros y los banqueros, son dos animales muy diferentes y es muy riesgoso realmente dejar caer al sector real. Dada la crítica tan feroz que siempre hizo al Fobaproa de alguna manera u otra dentro de su interior, pues pensó que él no quería hacer algo similar.

P. Sobre el enfrentamiento con el sector privado, ¿cree que es pasajero, algo que se puede dominar, o se ha entrado en un camino de no retorno?

R. Eso sería casi, casi la puntilla para la economía. Del 22,4% del PIB de inversión en 2018, 19,1% fue privada, nacional y extranjera, y 3,3% pública. Cuando termina 2019, era 20,2%. Cae la inversión pública de 3,3% a 2,8% porque, simplemente, no hay dinero, no hay espacio fiscal ya. Pero lo notable es que baja la inversión privada de 19,1% a 17,9%. Ese es el signo más desalentador y más peligroso, aparte del asunto humano, el desempleo y la pobreza. Es una cifra dramática porque eso explica la falta de confianza por parte del sector privado. Yo tenía una gran esperanza en que pudiera ser un buen Gobierno y por eso acepté integrarme de nuevo a su equipo. Creo que el momento en que ya todo cambia es en esta decisión que toma de detener el aeropuerto de Texcoco. Creo que esa fue una idea errónea. Nosotros se lo decíamos, yo se lo decía, otros se lo decíamos dentro del Gabinete, otros dentro del gabinete decían lo contrario, pero era una decisión —me parece a mí— extraordinariamente costosa, en términos primero de lo que ya tenías ahí adentro, un costo hundido de más de 100.000 millones de pesos. Segundo, del impacto que tendría sobre las empresas constructoras, muchas de ellas mexicanas por cierto, muy pocas extranjeras, para las que ese era su gran proyecto para los siguientes dos o tres años. Pero aparte, el impacto que iba a tener sobre la inversión privada, sobre los inversionistas nacionales. Es algo que yo creo que nunca se debió haber hecho. ¿Por qué lo hizo? La verdad, no sé, pero fue una muy mala decisión. Creo que fue la peor decisión de todas, junto con su discurso, que la verdad también… Él ya había ganado y ya era presidente. No entiendo todavía este discurso diario que es tan polarizante, tan maniqueo, ¿no?, que simplemente no le ayuda a un presidente en ningún lado, ni siquiera a Trump en Estados Unidos. En fin.

P. Otro tema del que usted ha escrito es el desprecio por la energía limpia. En este sentido, ¿cuál cree que es el plan del Gobierno para el sector energético?

R. Nunca estuve muy cercano al sector energético y no soy, digamos, muy cercano tampoco a Manuel Bartlett ni a Rocío Nahle. Cuando el presidente y la gente de la Secretaría de Energía habla de autosuficiencia energética, con todo respeto, hay una ignorancia absoluta. Es decir, no está solamente el petróleo, pues es, para empezar, el gas. Nosotros no estamos produciendo en absoluto gas para todos los volúmenes que necesitamos y el gas, eventualmente, ya pronto en unos años, va a ganarle la partida al petróleo en términos de la fuente energética por excelencia. Pero aparte, tenemos todo este asunto, la energía solar, la fotovoltaica, la energía eólica, geotérmica, donde México podría tener realmente un futuro muy promisorio. ¿Por qué se dio esto que se está dando? Al inicio, no había una gran atención a la Comisión Federal de Electricidad. Yo diría que era sobre todo a Pemex. El presidente está obsesionado con Pemex y casi todas las discusiones versaban sobre Pemex. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que, poco a poco, fue ganando terreno Manuel Bartlett. Creo que él es un político muy astuto. Creo que es una persona que tiene un desconocimiento absoluto acerca de la compañía de electricidad, pero es un hombre sumamente astuto y es un hombre que, en cierta medida, creo yo, refleja parte de lo que siempre fue López Obrador. López Obrador fue un priista cuando era joven, pero un priista setentero, que tenía estas ideas de Echeverría, de López Portillo. Creo que Bartlett ha jugado muy bien su juego. La primera noción de que algo andaba mal, de que esta administración de la CFE quería dibujar una línea respecto a la anterior fue con el asunto de los gasoductos, que ya estaban concluidos y que la CFE no quería pagar. Allí fue cuando yo empecé a sentirme incómodo y ya más cuando Manuel [Bartlett] empieza a hablar de una manera —esto lo he manifestado públicamente también— de una manera muy tonta; es decir, realmente sin entender lo que es el valor presente. Yo se lo manifesté al presidente y básicamente lo que me dijo fue: “No te metas”, y yo sí estuve muy preocupado. Yo sí creo que pudo haber estado en riesgo el T-MEC por esto. Por fortuna, se resolvió, no como quería la CFE, sino simplemente se alargó la concesión. Yo creo que esta aversión por la energía limpia es genuina. De inmediato llegaron muchos actores fuertes —tanto de dentro como de fuera de México— , y eso hace que alguien con esta postura tan nacionalista, o estatista, como la de Bartlett, y también de López Obrador, le dé un tinte no correcto políticamente a estas energías limpias.

P. Uno de los mayores desplantes que usa no solo el presidente, sino buena parte de su gabinete o afines, es acusar de neoliberal, de conservador, a todo el que discrepa, pero, ¿acaso la economía mexicana no es neoliberal también?

R. Claro. Mire, yo diría que él usa la palabra ‘neoliberal’ como un insulto. Es decir, en lugar de decir ‘pendejo’ o ‘chinga tu madre’, dice ‘neoliberal’ porque él generalmente no dice malas palabras. Creo que es absurda la manera en cómo él y cómo Morena, en general, emplean el término. La economía mexicana es muy neoliberal. De hecho, nosotros somos una economía extraordinariamente abierta para estándares internacionales y dependemos totalmente del comercio exterior. Nuestra suerte está echada desde 1994 y si el T-MEC no florece como yo espero que florezca, pues a ver qué sucede con México. Entonces, la economía mexicana es totalmente neoliberal. Lo único que no es neoliberal, probablemente sea esta intervención en el sector de energía. Y ya.