Las remesas y la dictadura

Francisco Martín Moreno, 27 abril 2021..

Después de que Raúl Bolaños, un senador impresentable del partido verde ecologista de México, así, con minúsculas, que ni es partido ni es verde ni mucho menos ecologista, porque no pasa de ser un negocio político de grandes rendimientos económicos financiado con los impuestos pagados por todos nosotros, presentó una iniciativa legal para derogar mediante un artículo transitorio la Constitución General de la República, y dicha propuesta fue votada mayoritariamente en el Honorable Senado de la República, que ni es honorable ni es Senado y mucho menos de la República, porque responde a la voz de un solo hombre y no al electorado de la nación. Confirmé que López Obrador construye a pasos agigantados una dictadura comunista, desde el momento en que podría controlar los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, claro está, el Legislativo, ni duda cabe, y muy pronto también el Judicial, salvo que la Corte deje sin efectos inmediatos ese auténtico aborto republicano.

El objetivo de la presente columna de ninguna manera responde a la necesidad de insistir en la acelerada destrucción de nuestro incipiente Estado de derecho, sino más bien, resaltar la importancia que tiene el ingreso de 40,000 millones de dólares anuales provenientes de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos de cara a la materialización de los planes políticos de López obrador.

Me explico: El presente y el futuro de México se verían severamente comprometidos sin la captación de dichas divisas que significan el 3.5 % del PIB. Vergüenza debería darnos a los mexicanos que los paisanos que huyeron de México en busca de un bienestar del que carecían en su patria, y que cruzaron en buena parte descalzos la frontera o la cruzaron a nado, hoy nos mantengan. Las remesas hoy en día son la segunda fuente de divisas más importante de México, después de las exportaciones conjuntas de la industria automotriz. Por supuesto que son ingresos superiores a la captación de dólares provenientes de la exportación de petróleo o de los ingresos por turismo, juntos.

De ninguna manera pretendo que los 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos se abstengan de enviar dichos recursos a nuestro país para ayudar a sus respectivas familias. No. Se trata de informar a quienes envían estos recursos que la ayuda enviada impide que sus beneficiarios conozcan la realidad económica del actual gobierno y que en consecuencia el 6 de junio se presenten con absoluta ignorancia a votar por MORENA y que de esta suerte cooperen sin saberlo a la consolidación de una tiranía absolutamente indeseable, entre otros motivos, porque la última que tuvimos el siglo pasado concluyó en una pavorosa revolución, en donde murieron más de un millón de mexicanos.

La idea consiste en estimular el crecimiento de las remesas de tal manera que cada día más familias mexicanas se vean beneficiadas con 500 o más dólares al mes, siempre y cuando los receptores de las mismas se abstengan de votar por MORENA en las gubernaturas, en los diputados federales, en las alcaldías y en los congresos locales. Resulta imperativo que la mayor cantidad de nuestros connacionales entienda la importancia de politizar sus generosos envíos, de modo que no contribuyan a construir una dictadura llamada a acrecentar los millones de pobres con la pérdida de las garantías individuales. El 6 de junio debemos votar los mexicanos, en la inteligencia que si MORENA retiene el control de la Cámara de Diputados, tal vez sería la última vez que concurriríamos a las urnas para externar nuestra voluntad política. Se impondría una dictadura de consecuencias imprevisibles y para muchas generaciones por venir.

Sí, que lleguen, que las remesas superen inclusive los ingresos en dólares derivados de las exportaciones automotrices, pero quienes envían esos recursos tienen que convencer a sus familiares de la importancia de votar por la oposición y no por MORENA ni por sus partidos políticos satélites, diseñados para confundir al electorado. Votar por el PT o por PES o por RSP o por SÚMATE, o por APN o por FUERZA SOCIAL, equivale a hacerlo por MORENA. Que nadie se deje engañar…

@fmartinmoreno

Mi no-Presidente

Guadalupe Loaeza

Es cierto que voté por Andrés Manuel López Obrador, pero también es verdad que ahora me arrepiento como de mis pecados. Nunca imaginé que el ex jefe de Gobierno, que tanto apoyé de muchas maneras: textos, manifestaciones, debates, exaltando sus dones para gobernar; ya como Presidente se convertiría en el enemigo número uno de las mujeres. Sí, es nuestro enemigo a pesar de las denuncias de feminicidios, desapariciones y del aumento de violencia familiar. Nada más en los primeros siete meses del 2020, fueron asesinadas 2,240 mujeres en México, es decir 10.5 casos diarios. Como escribiera, el sábado pasado, el diario inglés The Guardian: "En un país donde los feminicidios aumentaron casi un 130% entre 2015 y 2020, los críticos dijeron que la decisión de erigir las barreras de tres metros de altura fue un síntoma de la apatía de Andrés Manuel López Obrador hacia la crisis de violencia contra las mujeres". Si a lo anterior se le agrega la candidatura oficial, por Morena, de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, no hay duda que la rabia y la frustración de feministas, morenistas y de miles de mujeres que hemos protestado por este candidato aumentará pues finalmente será un "gobernador violador". Que no nos sorprenda que su campaña y sus declaraciones irán tensando la cuerda, de más en más, hasta que se le reviente a López Obrador, ya sea durante las próximas elecciones o más tarde.

El miércoles de la semana pasada, es decir dos días después de la instalación del "muro de la vergüenza", erigido frente a Palacio, el periodista Fernando del Rincón, de CNN, me entrevistó a raíz de mi texto: "El macho amurallado". Después de reiterar en su programa lo dicho en mi columna respecto a la falta de solidaridad por parte de las secretarias de Estado, quienes la víspera del Día Internacional de la Mujer arroparon públicamente a López Obrador, y jamás se pronunciaron negativamente en relación al muro, de pronto me escuché denunciando, desde mi ronco pecho, la cerrazón de López Obrador hacia las demandas de las mujeres, su insensibilidad y su constante apoyo hacia Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero, a pesar de las demandas por acoso sexual. El conductor de Conclusiones me escuchaba más que sorprendido. Desde mi Zoom, era evidente que él tampoco entendía el comportamiento de un mandatario del siglo XXI, con tantos reclamos de feminicidios y en plena pandemia. Por mi parte, seguía con mi monólogo: "Te confieso que este gobierno me resulta muy frustrante, nunca había tenido ante ninguno de los gobiernos pasados este sentimiento de frustración; la verdad es que es un sentimiento muy negativo", continuaba diciendo con toda naturalidad. "Las declaraciones de López Obrador son muy alrevesadas; parece que entiende, pero no entiende. Es la misma actitud que tiene con el cubrebocas, no lo utiliza porque, según él, ya le dio Coronavirus y cuida la sana distancia. Es una falta de respeto hacia el otro y falta de empatía. Por eso digo que no es mi Presidente. No me representa", afirmé con tal contundencia que por un momento pensé que mi voz se había escuchado a lo largo y ancho de toda la República. Me despedí de mi entrevistador, Fernando del Rincón, contenta por no haber sido omisa como las secretarias de Estado de la 4T. Me sentí contenta porque, seguramente, muchos televidentes mexicanos, que votaron esperanzados por AMLO, y que ahora se sienten decepcionados, se arrepienten de haber votado por él. Y me sentí contenta porque denuncié públicamente en toda América Latina y ante los televidentes hispanoparlantes de Estados Unidos, a un mandatario macho que no escucha, que no ve y al que no le importan las mujeres.

Dicho lo anterior, estoy consciente a lo que me expongo. Pero es más fuerte mi indignación y mi enojo que mi prudencia de no atreverme a decir lo que siento. Así como Beatriz Gutiérrez Müller es la no-primera dama para millones de mexicanos, para mí, Andrés Manuel López Obrador es mi no-Presidente. Lástima, porque siento una terrible orfandad y un vacío terrible. Sin embargo, lo que me da muchas esperanzas es la lucha de la mujer que no para y que, cada vez más, es más enérgica, creativa y visible.

gloaezatovar@yahoo.com

Congruencia política

Guillermo Velasco Barrera

Es común que los políticos en campaña quieran quedar bien con todo mundo, adecuando su discurso al público que los escucha. Muchos se reservan sus convicciones personales y sus valores asumiendo que se vuelven un estorbo a la hora de buscar la preferencia del electorado. Otros cambian de principios cada que convenga, al menos en el discurso, asesorados por sus "gurús" de comunicación, quienes les sugieren conducirse en una especie de neutralidad ideológica para de esta forma no comprar pleito con nadie.

La renuncia a los valores en la vida pública, además de resultar algo vergonzoso e incongruente, genera una gran inconsistencia en la línea discursiva de muchos políticos, lo que muchas veces deriva en resultados negativos en el plano electoral. El político que se compromete con determinados valores representa una persona predecible y confiable, no así el que se camufla o se mueve como veleta a lo que más convenga.

En una campaña, lo primero que debe cuidar un candidato es la fidelidad a sus votantes propios. De la mano de lo anterior, debe buscar el voto de los indecisos y de los votantes frágiles de sus competidores, pero no a costa de traicionar o defraudar a los que ya están con él.

Temas como el aborto o el "matrimonio igualitario" suelen ser evadidos por muchos candidatos, quienes no quieren meterse en honduras con lo que denominan "tópicos escabrosos". O si le entran al tema lo hacen de forma ambigua, dando "capotazos", buscando mantenerse en una patética indefinición.

Está muy bien abordar temas como la seguridad, el empleo, la salud, la educación. Estos rubros constituyen algo esencial para la vida de los ciudadanos, pero la visión y propuesta de los candidatos respecto a derechos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida, resulta algo igualmente importante. Los valores y convicciones de los candidatos marcarán en gran medida su agenda política una vez que sean electos. Eso es algo que no podemos olvidar.

Algunos políticos en Jalisco se ostentan de izquierda, sin saber muchas veces de lo que están hablando. Otros se dicen progresistas o moderados, y otros pomposamente se dicen de centro. Muy pocos se asumen de derecha. Lo anterior se vuelve una etiqueta incómoda, por lo que es común ver a políticos que se dicen "conservadores", pero que prefieren pasar desapercibidos o solo defender sus convicciones en comidas familiares. Rechazan el aborto, pero públicamente no toman una postura clara.

Me parece que en la campaña que recién comienza escucharemos muchas posturas "gelatinosas" y pocas consistentes. Destaco dos casos de candidatos, en las antípodas el uno del otro, pero ambos congruentes con lo que piensan y lo que dicen en toda clase de foros. Enrique Velázquez, candidato a diputado de Hagamos por el distrito 4, está a favor del aborto, el "matrimonio igualitario" y la legalización de la mariguana. Así lo ha expresado en todo momento. Discrepo de su visión en estos temas, pero reconozco su consistencia para defenderlos.

Jaime Cedillo, candidato del PAN en el distrito 11, ha mantenido desde hace años una posición clara con respecto a la defensa de la vida y la familia. Hoy dicha postura es eje central de su campaña y obedece a una convicción de fondo que, además, podría resultarle muy rentable electoralmente hablando, en virtud de que en la sociedad jalisciense prevalecen valores fundamentales, pero son escasos los liderazgos políticos que los defienden abiertamente, incluidos la mayoría de los políticos del PAN que en estos temas se muestran completamente tibios.

Un caso de aparente neutralidad es Pedro Kumamoto, quien siendo uno de los políticos en Jalisco con una de las agendas proaborto más agresivas, rehúye hablar de estos temas para evitar ser rechazado por un amplio sector del electorado que se opone el aborto. En fin, ojalá exijamos a los políticos posturas claras. Como electores debemos conocer los valores que los inspiran para saber si les daremos nuestro voto.

 

@gvelascob

Vandalizar la Constitución

 jesús Ibarra en MURAL 26 Abr. 2021

La 4T impone el poder sobre el Derecho. Nada nuevo, solo que en esta ocasión lo hace sobre la Constitución. El matiz marca toda la diferencia, prolongar la presidencia del ministro Zaldívar mediante un artículo transitorio y, proponer hacerlo también con el resto de integrantes del Consejo de la Judicatura, es un claro intento de "captura de la justicia". Destacados abogados y académicos han explicado con detalle el albazo constitucional, pero ¿por qué una franca violación a la Constitución debería preocuparnos a todos más allá del mundo jurídico?

En un artículo publicado en 1982 titulado "Ventanas Rotas", James Wilson y George Kelling mostraron que mantener los espacios urbanos en buenas condiciones es una eficaz medida preventiva del vandalismo e incluso de actividades delictivas menores. Aunque la teoría ha sufrido diversas críticas en su implementación, la noción de fondo es muy sólida; el cuidado y respeto al espacio público es una manera de prevenir su descomposición y apropiación por unos cuantos. ¿Qué tiene que ver el orden urbano con el orden constitucional? La analogía se sostiene ya que ambos son "bienes públicos"; tienen un carácter indivisible y de utilidad común pues afectan a toda la comunidad.

En el mismo sentido, la Constitución mantiene las condiciones de inclusión y de imparcialidad en el ejercicio del poder para evitar que un gobierno, partido, líder, o programa político limite o expulse del espacio público a sus oponentes. Establece un "coto vedado" en palabras de Ernesto Garzón, o la "esfera de lo indecidible" de acuerdo con Ferrajoli, ante la temible tiranía de la mayoría. ¿Cómo lo hace?

Mediante el principio de supremacía constitucional se establecen un conjunto de restricciones institucionales (ej. la división de poderes) tendientes a mantener las reglas básicas y los límites razonables para todos en el ejercicio del poder, el cual, en democracia no se ejerce indefinidamente. Otro principio, el de rigidez constitucional, asegura que determinados valores básicos de justicia ampliamente compartidos (ej. derecho a la información) serán respetados en el futuro incluso si cambian las mayorías políticas.

Constitucionalizar la militarización de la seguridad pública al igual que la prisión preventiva para ciertos delitos, la ampliación del periodo del gobernador de Baja California, la consulta popular para juzgar a ex presidentes, la discriminación que supone suspender apoyos a investigadores de universidades privadas y a estudiantes becados en el extranjero, la obligación de los usuarios de telefonía móvil de entregar sus datos biométricos, entre otras reformas de la 4T, pueden ser o no de nuestro agrado. Sin embargo, todas ellas, se encuentran sujetas al control de constitucionalidad que realiza el Poder Judicial, instancia que las puede invalidar.

Lo que no es de recibo es el control del Consejo de la Judicatura al ampliar el periodo de su presidente mediante una reforma legal opuesta directamente al artículo 97 de la Constitución y, por tanto, violatoria de su supremacía y rigidez. En este caso no estamos ante un jugador que hace trampas y obtiene ventajas sobre el tablero de juego, no, se trata del secuestro del juego, tanto en sus reglas como en el control del tablero. En este escenario, la Suprema Corte está obligada a anular este asalto a la Constitución.

La responsabilidad política frente a la Constitución es distinta de la que se tiene frente a las urnas, es una falacia atender únicamente al juicio del pueblo. Edmund Burke lo dejó claro desde 1790: "La tiranía de una multitud es una tiranía multiplicada".

Transformar al país a costa de la democracia, mediante la captura de la justicia y saltando a la Constitución, ¡es de vándalos!

@jesusibarra0

La lógica de la dictadura

Jesús Silva-Herzog Márquez MURAL 26 Abr. 2021

La cascada de aberraciones hace difícil registrar el momento de inflexión que coloca a la democracia ante el peligro de muerte. Si todos los días escuchamos una agresión a la crítica, al pluralismo, a las autonomías podemos distraernos y pensar que el nuevo golpe es una afrenta más. Cometeríamos un enorme error si no activamos las alarmas más chillantes por el atentado democrático que perpetró la mayoría morenista la semana pasada. La mayoría en el Congreso decidió violar la Constitución sabiendo perfectamente lo que hacía. La Constitución le estorba y ha resuelto hacerla a un lado. Diego Valadés, sin duda uno de nuestros constitucionalistas más reconocidos, dijo que "votar a sabiendas a favor de una medida inconstitucional es pasar a otra dimensión: la anticonstitucionalidad. Es la decisión consciente y expresa de oponerse a la Constitución". La expresión es justa porque los legisladores sabían perfectamente que extender el mandato del delegado presidencial en la Suprema Corte de Justicia viola una norma clarísima. Lo hicieron de cualquier manera.

La lógica de la dictadura es doctrina oficial. Trato de ser cuidadoso con las palabras. No digo que se haya instaurado una dictadura en México. Lo que digo es que se han legitimado, desde el poder, su razón, su práctica y sus valores. El atentado constitucional para favorecer a un aliado del Presidente en el máximo tribunal de la República, ha expuesto con una nitidez aterradora los argumentos de la dictadura: la Constitución ha de violarse porque hay causas superiores a ella. Es necesario transgredir las normas de la Constitución porque la generalidad de sus normas no tiene sentido en tiempos extraordinarios. La Constitución debe ser violada en beneficio de esos personajes magníficos que merecen la confianza pública. Ahí están los tres nudos de la filosofía del nuevo régimen. Los tres se expusieron esta semana para fundamentar una decisión oprobiosa. Una causa históricamente sublime no puede rebajarse a las nimiedades de las reglas. En tiempos extraordinarios, la decisión debe estar por encima de la norma. Y, finalmente, los héroes, sobrehumanos como son, han de escuchar el llamado de la historia y no tienen por qué leer los artículos de un libro que los limita.

Nunca había escuchado con tanta claridad la defensa de esta lógica dictatorial en una discusión en el Congreso mexicano. Nunca imaginé que fuera un vocero de la mayoría quien la desarrollara y la defendiera tan abierta y tan orgullosamente. El discurso del diputado Ignacio Mier es una pieza memorable. Se trata de un mensaje para defender la ilegalidad desde la casa donde se producen las leyes. Para responder al enjundioso discurso de Porfirio Muñoz Ledo, el morenista no encontró más argumento que tachar la legalidad de reaccionaria. Defendió de esa manera el atropello de la Constitución como una muestra de amor patriótico. Lo subrayo: el coordinador de la mayoría no hizo siquiera el intento de aparentar respeto a la Constitución. No invocó algún precedente, no sugirió una lectura imaginativa del texto para embonar la decisión con la regla. Defendió que estaban violando la Constitución y que eso era precisamente lo que debía hacerse. El mensaje del diputado Mier es espeluznante, pero no ambiguo. Será pedestre, pero es tan claro como la instrucción del asaltante al cajero del banco. La legalidad, dijo, es un valor de los conservadores. Los revolucionarios no tienen por qué perder el tiempo buscando el acoplamiento de sus propósitos a los dictados de la Constitución.

En el centro del atropello se instaló, sin duda, quien debería defender los valores constitucionales. El mensaje del ministro Zaldívar representa la más perversa ambigüedad en tiempos críticos. Decir sin aclarar, aparentar sin asumir compromiso alguno. El ministro está dispuesto a destrozar la reforma en la que se empeñó, para seguir medrando en el juego de las especulaciones. Si las canicas de la política judicial terminan consolidando el atropello, él resolverá, hasta ese momento, qué hacer. El capricho del juez, por encima de la ley. La lógica anticonstitucional encuentra valedores insospechados

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Huérfanos de ley

Sergio Sarmiento en MURAL 26 Abr. 2021

"México está al borde de un período de orfandad constitucional".

Diego Valadés

 

ENSENADA.- Lo curioso es que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación era una de esas pocas iniciativas con un respaldo generalizado. El Consejo de la Judicatura Federal participó en la redacción para mejorar los procedimientos de los juzgados y tribunales y combatir la corrupción y el nepotismo. En el Senado votaron a favor varios priistas, a quienes se les ocultó el contenido de un artículo transitorio, introducido de último momento por un senador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho. El transitorio no pasó por comisiones, no se permitió a los senadores leerlo, no fue discutido y se votó unos minutos después de introducido.

El transitorio es inconstitucional. Amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, y de varios consejeros de la Judicatura. Viola el artículo 97 de la Constitución que establece que, "cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior". Trasgrede también el artículo 100, que señala que, con excepción del presidente, los consejeros de la Judicatura Federal "durarán cinco años en su cargo" y "no podrán ser nombrados para un nuevo período".

Todo apunta a que la instrucción de introducir el transitorio provino del propio presidente López Obrador, quien lo ha defendido y ha señalado que no piensa que sea inconstitucional. El Consejo de la Judicatura se deslindó de él y afirmó que no lo había promovido, pero el Presidente declaró: "No se nos va a volver a presentar una oportunidad así. Si no se amplía el período, quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen".

Una veintena de legisladores de Morena, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio, rechazaron el transitorio. Sin embargo, la mayoría de la 4T, nutrida por la sobrerrepresentación, también inconstitucional, que obtuvo en 2018, aprobó la ley en lo particular este 23 de abril, con todo y transitorio, por 262 votos contra 182 y siete abstenciones. Solo después de la votación expresó su posición el ministro presidente Zaldívar, pero fue ambiguo: "Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF para el que fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión". No es la contundencia del ministro que declaró como un "fraude a la Constitución" el intento del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de ampliar su mandato.

El ministro Zaldívar añadió: "Seguiré defendiendo la independencia y la autonomía" del Poder Judicial de la Federación. Pero permitir que se amplíe inconstitucionalmente su mandato, solo porque el presidente de la República lo considera sumiso a sus propuestas, es exactamente lo contrario de lo que necesita una corte independiente y autónoma.

Es cierto que la Constitución tiene muchos problemas. Es una Carta Magna parchada, extensa, desprolija, contradictoria, que se mete en detalles que solo deberían tener las leyes secundarias. Sin embargo, nos permite vivir en un país de leyes. "Votar a sabiendas a favor de una medida inconstitucional es pasar a otra dimensión: la anticonstitucionalidad -escribió en Twitter el jurista Diego Valadés-. Es la decisión consciente y expresa de oponerse a la Constitución". Que lo haga el Congreso, ante la presión de un Presidente con aspiraciones de poder absoluto, nos deja a los mexicanos, efectivamente, en la "orfandad constitucional".

· RACISTAS

 De por sí es racista tener cuotas para candidatos indígenas, más todavía cuando el Tribunal Electoral confirma la nominación de una prima del presidente de la República, Manuela del Carmen Obrador Narváez, como candidata indígena cuando no lo es.

@SergioSarmiento

Excelente descripción de AMLO por Ricardo Rocha.

 Primera parte...

Segunda parte....

El caballo de Troya

Jorge Suárez-Vélez  MURAL 22 Abr. 2021

Yo no voté por López Obrador. Estaba convencido de que sí era un peligro para México. Pero a pesar de mis bajas expectativas, jamás lo creí capaz de tanta destrucción en tan poco tiempo. Ahora a esa lista se le suma la destrucción del legado de su jurista favorito.

Para mí, el gran enigma de López Obrador es el porqué de sus decisiones. Estoy en desacuerdo con quien lo considera un político "genial". Si lo fuese, no habría cancelado la obra del Nuevo Aeropuerto. Su irracional decisión no generó suficiente ganancia política para compensar los muchos puntos del PIB que costará a lo largo de su sexenio. Si lo fuera, habría reconocido pronto la victoria de Joe Biden, cuando la totalidad del magro rebote económico de México dependerá de la robusta recuperación estadounidense. Innecesariamente, empezó mal su relación con el Presidente del país hoy vital para nuestro futuro.

Siempre dudo de sus porqués, excepto en este momento, cuando intenta prolongar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte. Este es un caballo de Troya. Después de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de Hidrocarburos y de los cambios a la Ley de Telecomunicaciones (para hacerse de los datos biométricos de los mexicanos), es justo afirmar que para López Obrador la Constitución no tiene un valor muy superior al que tiene el papel higiénico.

Aun para el gobierno de un país que se aleja del Estado de derecho a la velocidad de la luz, resulta grotesco adicionarle un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que transgrede el artículo 97 de la Constitución que establece claramente un periodo de 4 años para el presidente de la Corte, improrrogable y no sujeto a reelección. Que el transitorio de una ley pase por encima de la Constitución viola el artículo 133 que claramente establece la jerarquía del orden jurídico. Siempre, siempre está la Constitución por encima de leyes y tratados. Además, evidentemente, el Senado no tiene atribuciones para prolongar el plazo del ministro presidente. La designación de éste le compete exclusivamente al pleno de la Corte. Darle al Legislativo esas facultades arrasa con la separación de poderes.

Si la 4T logra una violación constitucional de esta magnitud, justificando prolongar el mandato del doctor Zaldívar por una potencial "transformación del Poder Judicial", o porque es un hombre "honesto", como lo ha avalado AMLO en sus mañaneras, el día de mañana se usará el mismo burdo mecanismo para otros cambios a modo a la Constitución, alcance o no Morena una mayoría calificada en la elección de junio; podrían incluso alargar la Presidencia de López Obrador, si la situación lo amerita. Se sienta un precedente escalofriante.

Mucho se ha dicho sobre la verticalidad del doctor Zaldívar. Muchos esperan que él rechace la oferta. Quien ha sido profesor de Derecho Constitucional en las mejores facultades de leyes entiende bien el irreversible daño que esta brutal arbitrariedad ocasionaría. Sin embargo, me cuesta trabajo pensar que este proceso haya transcurrido sin su venia. No tengo el gusto de conocerlo, pero quienes sí, me hablan de su excelso ego. Mi pregunta es si éste es mayor que su patriotismo, que su preocupación por hundir su legado para siempre en el fango, si la acepta.

Como mexicano, le suplico no lo haga. En forma curiosa, su perfil como "hombre honesto", que tanto subraya el Presidente, deja de serlo en el instante que permita tan monumental violación a nuestra Carta Magna en su nombre.

Si ya era crucial quitarle a Morena la mayoría legislativa en junio, o al menos garantizar que no alcance mayoría calificada, hoy es mucho más claro que de lograrla se acelerarán los cambios excesivos y arbitrarios; sin una elección por enfrentar, se perderá cualquier asomo de pudor y el proyecto autoritario de López Obrador se consolidará y volverá irreversible.

Como dijo Ricardo Anaya en un video esta semana, es importante que salgamos a votar porque ésta podría ser la última vez que nuestra opinión sea tomada en cuenta.

@jorgesuarezv

Pues sí: es un peligro para México

 Martín Moreno-Durán

"Lo que estamos viendo es poner de rodillas a la democracia mexicana. Equivale a dar un golpe de Estado a los poderes establecidos y a…

Son los hechos los que hoy hablan, y que le dan la razón a quienes, en 2006, advirtieron que Andrés Manuel López Obrador “es un peligro para México”.

Algunos calificaron aquella frase como “campaña negra”. No fue así. Al paso del tiempo, fue profecía cumplida. Quince años después comprobamos que fue, tan sólo, un adelanto de lo que vendría con el eventual triunfo de AMLO para la Presidencia. Si acaso, se acuñó el “es un peligro para México” entre el fuego cruzado del virulento y crispado clima electoral de 2006, pero que nadie se victimice: el lodo provino de todos lados y nadie se quedó con la boca callada.

Pero hoy nos debe importar el presente que nos hunde, no el pasado que nos ciega.  Y el presente con López Obrador en Palacio Nacional, es francamente desalentador. Catastrófico. No lo ven quienes no lo quieren ver.

Si a la crisis económica más profunda de la historia reciente – detonada por el socialismo marxista de AMLO desde 2019 y agravada por la pandemia-, le sumamos a un régimen proclive a perdonar a criminales, a un Gobierno del lado de simpatizar con los narcos y sus familias, a cerrar los ojos ante la violencia fuera de control, a cancelar medicamentos para niños con cáncer, a desterrar estancias infantiles, a desproteger a madres solteras, a saquear fideicomisos para fondear los armatostes presidenciales, a abandonar a millones de mexicanos durante la pandemia –“nos cayó como anillo al dedo”-, a cruzarse de brazos ante la quiebra de un millón de empresas –“si van a quebrar, que quiebren”-, a ignorar a siete millones de desempleados, a soslayar diez feminicidios diarios, a despreciar las manifestaciones legítimas e indignadas de millones de mujeres, a difamar a los críticos de la 4T, a atacar sin pruebas a los opositores, a culpar a la prensa de los males del país – “los periodistas son responsables de que México no tenga médicos especialistas contra la pandemia”-, a un Presidente que dice 80 mentiras en cada mañanera (Fuente: Signos Vitales México), y a un López Obrador cuya principal estrategia política es dividir al país para alimentar sus odios personales. Si todo este rosario de calamidades nos parece poco, en los últimos días llegó otro síntoma más del “peligro para México”: la posibilidad de que AMLO y sus senadores extiendan el mandato, por dos años más y violando la Constitución, del presidente de la SCJN y de paso, de manera inevitable, despierten suspicacias de que el tabasqueño pretenda ampliar su periodo más allá del 2024, cuando deberá irse a “La Chingada”. Es decir: a su rancho, como él mismo lo ha adelantado.

Sí, la antidemocracia de Morena impulsada desde el Senado por órdenes de López Obrador para alargar la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un acto aberrante que jamás – ni priistas ni panistas- habían intentado siquiera durante las últimas décadas, ni a nivel Ejecutivo ni a nivel Poder Legislativo. Lo que estamos viendo es poner de rodillas a la democracia mexicana. Equivale a dar un golpe de Estado a los poderes establecidos y a la Constitución. Significa, nada menos, que la instauración de una dictadura populista en México.

Más que opinión periodística, son los hechos irrefutables. Aquí, los tres graves escenarios consecuencia de lo aprobado en el Senado el pasado jueves 15 de abril:

GOLPISMO. La aprobación de los senadores de Morena más dos o tres Judas como Miguel Ángel Mancera o Manuel Añorve, para extender la presidencia de Zaldívar y empatarla con la próxima elección presidencial (2024), es un abierto acto golpista en contra de la SCJN para garantizarle a AMLO una Corte a modo, impedir el relevo contemplado en la Constitución y, sobre todo, evitar que al frente de la Corte llegue alguien que no sea títere de López Obrador, quien el lunes pasado lo reconoció así desde Palacio Nacional al decir que estaba de acuerdo con esta ilegalidad porque si no se amplía ese periodo, “quien llegue, va a ser más de lo mismo, más de lo que significaba el antiguo régimen”. Es decir: el Presidente de la República quiere un Presidente de la SCJN y a una Corte, sometidos a Palacio Nacional, aunque ello implique violar de manera flagrante la Constitución.

DICTADURA. Sin el contrapeso de la Corte, poder obligado dentro de toda democracia; con el Ministro presidente arrodillado ante Palacio Nacional y controlando al Consejo de la Judicatura; con el manejo mayoritario del Poder Legislativo – a reserva de lo que ocurra con la nueva configuración de la Cámara de Diputados tras la clave y decisiva elección intermedia del próximo 6 de junio-, el sistema político mexicano mutaría a una dictadura populista que dependería, de manera absoluta, de un hombre: Andrés Manuel López Obrador, cuyo grado de autoritarismo llega a niveles de buscar una “reforma judicial” que prohíba a particulares, empresarios, ciudadanos y a todos aquellos inconformes con los abusos de poder de la 4T, a ampararse, como en cualquier democracia, contra los excesos del Régimen. AMLO pretende acotar libertades individuales, derechos ciudadanos, leyes y pesos y contrapesos que no sean afines a la 4T y, para eso, requiere a su cómplice Zaldívar hasta el año 2024.

¿REELECCIÓN? Enloquecido de poder, divagando bajo delirios dictatoriales entre los muros de un palacio, López Obrador lanzó dados cargados desde el inicio de su régimen: al menos en tres ocasiones, cuando se le preguntó si buscaría la reelección presidencial o ampliar su sexenio a ocho o más años, ha respondido de manera ambigua, siempre anteponiendo una de sus frases tramposas y de intención interpretativa: “lo que la gente decida”. Y esa posibilidad no es otra que el método de votación favorito de AMLO: a mano alzada, en plaza pública, y dominada por sus fanáticos y fieles. Para Andrés Manuel, esa es la democracia, y así, viviendo una realidad alterna ajena a un país cada vez más hundido, delirante y convencido de que es la salvación de la patria, estaría tentando el terreno para extenderse en el poder presidencial. El affaire con la SCJN sería apenas un ensayo perverso. De ese tamaño es el riesgo democrático que estamos corriendo en México.

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“Es hipersensible a las críticas. Rencoroso. Manipulador. Achaca los problemas a gobiernos anteriores. Se comporta como un político en campaña continua. Ha dado a las fuerzas armadas un papel sin precedentes en su gobierno. ‘Yo soy beisbolista'”, dice. ¿A quién estamos describiendo, lector? ¿A López Obrador, acaso? Parecería. Empero, todos estos rasgos definen a otro dictador populista. Su nombre: Hugo Chávez, y así lo pinta el periodista Jon Lee Anderson en su estupendo libro El dictador, los demonios y otras crónicas. (Edit. Anagrama).

En realidad, y a la luz de los hechos, no hay mucha diferencia entre los estilos dictatoriales de Chávez y AMLO. Coinciden plenamente.

Chávez desgració a Venezuela. Allí están las pruebas fehacientes.

López Obrador está desgraciando a México. No lo ven quienes no lo quieren ver.

Y, sí: no se equivocaron en 2006 aquellos que advirtieron: “López Obrador es un peligro para México”.

Es, ciertamente, un grave peligro para México.

TW @_martinmoreno

FB / Martin Moreno

mmorenoduran03@gmail.com

El experimento Zaldívar

Por: Carlos Loret de Mola 20 de Abril de 2021 

El presidente de México decidió hacer un experimento en la figura de un hombre al que ha demostrado que le tiene confianza y aprecio: el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel López Obrador está tentando las aguas de la extensión ilegal del mandato. Que el presidente de uno de los tres Poderes de la Unión alargue su administración, sin pasar por la elección formal.

Un senador cualquiera -en este caso un donnadie llamado Raúl Bolaños, un priista convertido en Verde, al servicio de Morena- presenta por debajo del agua una iniciativa para decir que el presidente del Poder Judicial (el ministro Arturo Zaldívar) está encabezando una gran reforma, que la pandemia vino a truncar; por ello, en vez de que se quede cuatro años en el cargo, tal como fue electo, debe permanecer dos años extra. Lo aprueba la mayoría de Morena con algunas comparsas opositoras.

Ejecutado el arriesgado lance, ¿quién dice que no pueden hacer la misma operación política para favorecer con una extensión de mandato al presidente de otro de los tres Poderes de la Unión, digamos, al Ejecutivo (López Obrador)?

Porque él también dice que está encabezando una gran transformación, una gran reforma nacional, y cómo negar que la pandemia ha dado al traste con su gobierno.

Debo admitir que en los distintos espacios periodísticos en los que participo, siempre he opinado que el presidente López Obrador no se va a reelegir. Desde hace años he pensado que esa es una línea que no va a cruzar. Tras este experimento, tras los desplantes autoritarios que ha tenido en el poder, tras atestiguar cómo se ha extraviado de sus convicciones hasta convertirse en el presidente que dijo que nunca iba a ser, ya estoy dudando.

SACIAMORBOS

1.- Es tan flagrante la violación a la Constitución que implica extender por votación del Congreso el mandato del presidente de la Corte, que uno pensaría que este asunto será desechado por la propia Corte. No es tan automático. Hay que recordar el episodio de la consulta sobre si enjuiciar a expresidentes. Parecía obvio que la Corte rechazaría someter a votación si se aplicaba la ley. Pero una Corte obradorista no se atrevió a la contundencia: optó por darle por su lado al presidente López Obrador, validó la consulta, pero configuró una pregunta inentendible que desinfló -al menos hasta ahora- el asunto.

2.- ¿Por qué el silencio del ministro Zaldívar?, pregunto en la Suprema Corte. Me responden que de aprobarse el transitorio en la Cámara de Diputados, lo más seguro es que se impugne mediante acción de inconstitucionalidad. Esto lo resolverá el pleno de la SCJN, por lo tanto, ningún ministro puede por el momento emitir opinión, sino hasta que se vote el asunto en sesión; de hacerlo, incurre en responsabilidad. Y citan el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal: “Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación: (…) IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento”.

La proyección del presidente

Por: Raymundo Riva Palacio 20 de Abril de 2021

En los círculos altamente informados, ilustrados y donde, en algunos de ellos, se toman decisiones, el albazo en el Senado para prorrogar la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue un experimento para medir, si llegado el momento, se amplía el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 2026, en lugar de concluir en 2024. Las ideas fuerza del discurso ya están sembradas: si no se consolida la transformación, habrá un retroceso; si no se terminan de hacer los cambios, todo va a ser más de lo mismo; si antes se aprobaron reformas contrarias al “interés popular”, hoy es más importante cuidar su bienestar que la ley misma.  

López Obrador ha reiterado que una vez que termine el sexenio se irá a su rancho en Palenque, pero este lunes tuvo una serie de intervenciones que mostraron que en su pensamiento existen razones objetivas para romper con la Constitución si su causa lo amerita. Ante las críticas en México y el mundo de constitucionalistas y defensores de los de derechos humanos, en la prensa y la academia, le preguntaron a López Obrador su posición con respecto a lo votado en el Senado, y sin atender el contexto, descalificando las críticas y bañándolas de ideología y política, como hace con todo aquello que está fuera de su sintonía, señaló:

“… Si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial,,, y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica… yo estoy de acuerdo. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de los mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. Entonces, no olvidemos que estamos aquí para transformar; no venimos a que las cosas continúen igual”.

En la figura de Zaldívar se proyectó el presidente. El discurso para apoyarlo es el mismo que utiliza para defender y justificar sus acciones. Él llegó para transformar el país y cambiar el régimen, al cual considera corrupto que opone resistencias para evitar que se consolide el cambio que propone. López Obrador ha dicho que tiene que apresurarse; de ahí que lleve tanta prisa para consolidar sus reformas, y que queden tan sólidas, que no puedan ser desmanteladas una vez que deje la Presidencia. Si Zaldivar tiene que seguir al frente del Poder Judicial para hacer la transformación, ¿por qué él no requeriría de dos años más para el mismo fin?

Los grandes proyectos del presidente enfrentan obstáclos legales. Hay amparos contra la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. Tampoco ha resuelto el problema de tierras en el aeropuerto de Santa Lucía, y su reforma energética está paralizada por amparos. Las prioridades de su proyecto de cambio se han estrellado contra un muro. De ahí la advertencia de respaldar la ampliación del periodo de Zaldívar para evitar “un retroceso”. López Obrador teme un frenón al suyo y la paralización de sus reformas si en las elecciones de junio, que ha identificado como el gran campo de batalla, sus “enemigos” le arrebatan el control del Congreso para, está convencido, descarrilar su proyecto.

En la defensa de Zaldívar, levanta sus barricadas. “Si estamos en un proceso de transformación y hay condiciones, porque en el Ejecutivo se está llevando a cabo una reforma de fondo, y si en el Poder Judicial se puede llevar a cabo una reforma, ¿por qué no hacerlo?”, agregó. “Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal. Se les olvida de que en el Congreso en el periodo neoliberal hicieron reformas contrarias al interés popular. Es más, todas las llamadas reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos”.

Bajo ese criterio sin matices todo encuentra una excusa. Utilizando sus mismos sofismas, si los enemigos de su proyecto son aquellos que enmarca en el periodo neoliberal, que a base de sobornos actuaron contra “el interés popular”, entonces sí puede haber prórroga del mandato presidencial sin importar que vaya en contra del marco legal, porque el fin justifica los medios, y legitimaría su proceder al pensarse López Obrador como el defensor del interés popular.

En su lenguaje codificado, agregó: “¿qué no fue en la Cámara de Diputados donde se aprobó la reelección? ¿Y qué dijeron los abogados constitucionalistas cuando eso? ¿qué dijeron los académicos? Nada”. Omitió el presidente decir que aquello no fue un albazo, sino que se llevó a cabo mediante un proceso de discusión y confrontación de ideas dentro del marco legal. Se cambió la Constitución sin violarla, con el argumento de que la reelección en sistemas democráticos, es un recurso para que el electorado decida si quiere que sus representantes continúen siéndolo -como hoy buscan hacerlo casi todos y todas las diputadas de Morena-, y no uno autoritario, como pareció sugerir López Obrador.

Lo interesante es la selección de palabras de López Obrador. Prórroga no es igual a reelección, pero siembra las semillas de la confusión semántica en millones de personas. La permanencia de Zaldívar es para que el Poder Judicial no esté al “servicio de los potentados”, y que garantice su honestidad, que es como ha definido su actuar, contra los privilegiados deshonestos. “¿Cómo no voy a estar de acuerdo?”, dijo sobre la prórroga de Zaldívar. Entonces, ¿por qué no estaría de acuerdo el pueblo al que dice defender, de ampliar su mandato por dos años para protegerlos? En el caso de Zaldívar es para eliminar a “las mafias del poder”; en su caso, sería el argumento, para que esas mismas mafias, no dañen al pueblo.

Si la prórroga de mandato presidencial va a una consulta popular, López Obrador ganaría y sería como presidente hasta 2026. Las condiciones para ello, están en construcción. 

Dos bandos

 20 de Abril de 2021, FEDERICO REYES HEROLES

                La vida es para asumirla con valentía.           Alexis de Tocqueville

Alguna duda, ya no. Estamos ante una clara tentativa de destrucción de los equilibrios republicanos y una estrategia tiránica de concentración de poder. La única esperanza es apelar a las conciencias democráticas.

Va por la SCJN. Lo dijo durante la campaña. Su intención inicial era la de crear una nueva Sala. Nada dijo de su beneficio al postular a los nuevos ministros rompiendo a su favor el equilibrio debido.

Después guardó silencio, sin embargo, su fiel escudero en el Senado revivió la idea. Ante la revuelta, la retiró. Ya desde el poder comenzaron los ataques a los órganos autónomos, el golpe de mano contra la CNDH, las postulaciones de ministros cercanos a su bando, los ataques a la prensa… El veneno sistemático contra todos los independientes, incluido el Judicial, se centró en sus ingresos. Conforme se acercó la elección, los ataques personales contra los consejeros del INE subieron de tono. Por cierto, el INE goza de mayor credibilidad que el Presidente: 68% vs. 58% (Reforma, 04-2021). Sin mucho ruido capturaron la presidencia del Tribunal Electoral, un caballo de Troya en contra de la democracia. Su presidente no ha perdido oportunidad de entregar su voto. Con la tensión electoral arreció el golpeteo contra el INE: desacreditar al árbitro por si las elecciones no les favorecen. “Exterminar” fue el término del líder de Morena, “Quieren robarnos la elección”, dice ahora. Pero la defensa cavernaria de Salgado los desnudó: la legalidad les importa un bledo. Hay fines superiores. La sanción les parece “desproporcionada”, seguramente no han leído el Código Electoral. El INE no tiene margen, así lo establece la ley. No hay gradaciones, la violó un “poquito” o un “muchito”. La violó y punto, me refiero a la ley. Por esa falta de consideración al amigo Salgado, de nuevo el espadachín del Senado propone ahora revisar la integración de todos los órganos electorales. Molestan al amigo, cambiemos las instituciones. Ésa es su concepción de la Republica.

De pronto un senador aliado introduce aviesamente un transitorio a la importante reforma al Judicial. Propone prolongar el periodo del actual presidente de la SCJN para permitirle implementar su reforma. La oposición hace el ridículo. Capturarían además a la Judicatura, aritmética pura. La perversidad y soberbia han llegado a tal grado que piensan que con un transitorio pueden saltarse la Constitución. La indignación fue inmediata: colegios de abogados, juristas ilustrados, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de salvar al órgano colegiado, no a una persona. Las lealtades del ministro presidente no son claras. Sí en el autor de la intriga: “Le tengo confianza”, lo que justifica la violación constitucional. Ésa es su ética. Es otro paso más hacia la tiranía. Imposible evitar las dudas reeleccionistas: no he terminado de imponer la 4T.

Imposible fingir demencia, paso a paso se debilita a la República, a la democracia mexicana, ¡qué paradoja! a las instituciones que les dieron el triunfo. Se prepara el territorio para un golpe suave. Las elecciones son ya un enfrentamiento entre dos bandos: los demócratas que respetan la ley, y los cómplices. Querían polarización, ya la tienen. No puede haber concesiones. Respetar la ley, eso se espera de los legisladores que se han convertido en el primer surtidor de inconstitucionalidades. Eso se espera de los consejeros electorales que dan la batalla, de los magistrados del Tribunal. Eso se espera de los ciudadanos, que leamos con frialdad el rápido desmontaje de nuestras libertades y de nuestra democracia.

No es un asunto de derecha o izquierda, es bastante más sencillo. En las líneas de votantes habrá dos bandos: los que están aceptando la destrucción de nuestra democracia y los que la defienden, cómplices y demócratas.

El silencio, la indefinición, el auto engaño —de ciudadanos a ministros— es complicidad.

¿Extender el periodo de AMLO como Presidente?

 LEO ZUCKERMANN, 20 de Abril de 2021

• Nunca, desde que los civiles tomaron el poder durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952), un Presidente le había dado tanto poder al Ejército y la Marina.

Me lo han preguntado muchísimas veces: “¿Se va a quedar López Obrador en la Presidencia cuando termine su sexenio? ¿No querrá reelegirse? ¿Le ampliarán su periodo presidencial más allá de los seis años?”

Siempre he respondido que no lo creo. Ya empiezo a dudarlo.

¿Por qué?

Primero, por su relación con las Fuerzas Armadas. Nunca, desde que los civiles tomaron el poder durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952), un Presidente le había dado tanto poder al Ejército y la Marina. López Obrador claramente ha militarizado la vida pública del país, otorgándole nuevas labores y prebendas a soldados y marinos. Muchos han interpretado esta política por el gusto presidencial con la institución castrense, que obedece órdenes sin cuestionarlas y opera con eficacia.

Quizá. Pero también es un hecho que AMLO quiere ganarse políticamente a las Fuerzas Armadas, beneficiándolas como nunca. La idea es que no sólo sean una institución del Estado mexicano sino del gobierno lopezobradorista.

Con tantos beneficios, a la hora de optar, los militares estarían de acuerdo con la continuidad de este proyecto político. Si es con López Obrador, que tanto los apapacha, mejor. Y el Presidente sabe que, a final del día, requiere del apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas si quiere quedarse en el poder más de un sexenio.

Otro factor que me hace dudar sobre la posible ampliación del mandato de AMLO son lo que algunos analistas han considerado como “globos sonda” que envía el gobierno para medir la temperatura política, si es que se animan a hacerlo. Ahí está el caso de Jaime Bonilla, que movió cielo y tierra para extender su periodo como gobernador de Baja California, de dos a cinco años. No lo logró porque lo frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, lo intentó y con el apoyo abierto del gobierno de AMLO.

Hoy, paradójicamente, por medio de un artículo transitorio de una ley secundaria, se pretende ampliar el periodo de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la SCJN, de cuatro a seis años. Esto, a pesar de lo que ordena la Constitución.

Muchos piensan que se trata de otro “globo sonda” para medir la reacción de la opinión pública y publicada sobre una posible ampliación del titular de un poder del Estado. En este caso del Judicial, pero con la mira puesta en el Ejecutivo.

Ayer le preguntaron a AMLO sobre la ampliación del plazo de Zaldívar como ministro presidente de la SCJN. El jefe del Ejecutivo lo consideró como una reforma constitucional y afirmó:

“El ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial. Entonces, si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial, si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, que se van a realizar, yo estoy de acuerdo […] Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. Entonces, no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”.

Cambiemos estas palabras a un hipotético caso que involucrara al Poder Ejecutivo y veamos cómo quedan:

“El Presidente de la República es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del régimen político, que urge. Entonces, si se están aprobando leyes para hacerlo y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual Presidente continúe dos años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, que se van a realizar, yo estoy de acuerdo […] Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. Entonces, no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”.

Puesto así, parecería un buen caso de “globo sonda”: estarían probando hasta dónde pueden estirar la liga para preparar una posible ampliación del periodo presidencial de AMLO. Él, desde luego, siempre lo ha negado. Yo sigo pensando que el 30 de septiembre de 2024 se retirará a su finca en Chiapas. Pero, cuando veo este tipo de cosas, me asaltan las dudas.

                        Twitter: @leozuckermann

Totalmente Palacio

 Denise Dresser en MURAL 19 Abr. 2021

Ingenuo pensar que la ley para extender el periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte surgiera en el Senado, sin la anuencia de AMLO. Ingenuo suponer que el ministro no lo supiera. Como bien ha advertido Arturo Lecona, la iniciativa es "Totalmente Palacio". Ideada, concebida e instrumentada por un Presidente que busca consolidar su poder, aunque sea inconstitucionalmente. Él mismo lo constató al argumentar que se justificaba extender la permanencia del presidente de la Corte durante dos años -en violación del artículo 97- para asegurar la transformación. El mensaje no podría ser más claro. Los fines justifican los medios. Se vale usar mecanismos antidemocráticos para obtener resultados lopezobradoristas. Se vale colonizar a las instituciones con cuates, si son sus cuates.

Como ha demostrado serlo Arturo Zaldívar con el silencio de los últimos días y las afinidades electivas de los últimos dos años. Manifestando lealtad al Presidente y a su proyecto, ostensiblemente, para defender al Poder Judicial de intromisiones peores. Apoyando iniciativas palaciegas -como la consulta para enjuiciar a expresidentes- para supuestamente blindar a la Corte de esfuerzos más agresivos para controlarla. Ha promovido una política de apaciguamiento para evitar la confrontación. Pero llegó el momento de definirse: O está con AMLO o con la Constitución. O se arrodilla para demostrar fidelidad o se pone de pie para defender la legalidad. O es el ministro que conocimos y admiramos en los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez, o es un apparatchik más. O es un ministro de la 4T o un ministro del Estado mexicano.

Porque las intenciones del Presidente son tristemente obvias. Son idénticas a las de cualquier líder con pulsiones autoritarias que racionaliza concentrar el poder para ayudar a los pobres, combatir a las élites y defenderse de la derecha. Que se quede Hugo Chávez para consolidar el proyecto bolivariano. Que se quede Evo Morales para darle voz a los suyos. Que se quede Fidel Castro para defender la Revolución. Que se quede Viktor Orbán para que haya un "verdadero pueblo polaco". Que se quede Vladimir Putin para hacer a Rusia grande otra vez. Que se quede Xi para que China le gane a Estados Unidos. Con tal de conseguir esos objetivos "loables" no importa recurrir a métodos deleznables. No preocupa emular las peores prácticas del peñanietismo, como lo fue la Corte de cuotas y cuates de Medina Mora. No es grave atropellar la división de poderes, usar a la Constitución como papel de baño, y asegurar una Corte cortesana si de transformaciones épicas se trata.

Si Zaldívar permanece en el puesto más allá del periodo que la Constitución establece, es más fácil para AMLO lograr lo que quiere. Desechar o archivar amparos, acciones de inconstitucionalidad que cientos de organizaciones han presentado, ante leyes que violan derechos. Asegurar -como lo ha resaltado José Miguel Vivanco de Human Rights Watch- una mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura, lo cual le permitiría nombrar, sancionar y remover jueces, si osan contradecirlo. Fijar la orden del día de las discusiones del Consejo y dirigir los debates. Abandonar cualquier pretensión del Estado como un ente neutral, por encima de las ambiciones personales y políticas del Ejecutivo en turno. Poner en jaque la independencia judicial, como ni siquiera los peores presidentes del país habían intentado.

Todo para que AMLO no padezca la persecución política de Lula, dicen los justificadores de la izquierda antidemocrática. Quienes anteponen la lealtad a un proyecto político sobre la construcción de un país democrático. Su papel se reduce a defender a la 4T y su líder, no importa cuán deshonestos sean sus pronunciamientos, cuán evidente sea su incongruencia, cuán desastroso sea su impacto sobre el pueblo y las instituciones que México necesita independizar del gobierno, en vez de poner a su servicio. La zaldivarización de la Corte con el pretexto de impedir una conspiración que arteramente se planea desde los tribunales. La des-democratización para lograr la democracia "verdadera", encabezada por los moralmente superiores que nunca lucran, nunca gozan de privilegios, y no tienen por qué ceñirse a ese documento legaloide que es la Constitución. Un México en el que nadie está por encima de la ley excepto los "Totalmente Palacio".

AMLO imposibilidad de resultados por Macario Schettino

Imposibilidad. I El origen

En el actual grupo de poder, nada de izquierda ni progresismo: estatismo echeverrista, populismo cardenista, y los evangélicos que tan importantes resultaron.

abril 05, 2021

En 1935 Lázaro Cárdenas inició, bajo cuerda, la movilización obrera en México. Con ella debilitó lo que quedaba de los Sonorenses, que para 1936 estaban totalmente derrotados. Expulsó del país a Plutarco Elías Calles y tomó control de todo el gobierno. En esos dos años, desplazó a la mitad de los gobernadores. A partir de 1936 inició la reforma agraria en serio, dando a miles de campesinos no sólo tierras, sino armas para defenderlas. Con ello, construyó dos grandes corporaciones, una obrera y la otra campesina, sobre las cuales sólo él mandaba. Un año después, consolidó el nuevo régimen con la nacionalización de la industria petrolera, que se vendió como un triunfo frente al imperialismo, y la creación de un nuevo partido político, el de la Revolución Mexicana, totalmente distinto del callista, pero que al día de hoy muy pocos logran distinguir.

Cárdenas construyó un régimen político que coincidía con su momento: corporativo, estatista, en la lógica de Mussolini, pero compatible con Roosevelt. Se trata del único régimen corporativo que logró evitar la declinación hacia una dictadura personal, y por ello duró medio siglo. Sin embargo, sus últimas dos décadas fueron una desgracia debido a un intento de replicar, fuera de época y de lógica, lo que había hecho el general.

Luis Echeverría creía que era del nivel de Cárdenas. Quiso repetir su sexenio. Expropiar, crear universidades, inventar empleos, enfrentar al capital. Fue un fracaso en todo, especialmente en la óptica global, que tanto le importaba. Ya pocos lo recuerdan, pero quiso ser secretario de la ONU, líder de los No Alineados, o al menos premio Nobel. Lo que sí logró fue enfrentar a México con Israel y con Estados Unidos. Intentó reelegirse, y cuando no pudo, nombrar a un pelele en la presidencia. López Portillo, su amigo de juventud, no aceptó ese papel.

El echeverrismo fue el último grupo político del viejo régimen. Para garantizar su acceso a la presidencia no le importó Tlatelolco, ni para consolidarse el Jueves de Corpus. Para promover su regreso, tampoco debe haberle importado Lomas Taurinas, me imagino. Desde 1986, cuando quedó claro que no regresarían a través del PRI, iniciaron su larga marcha. A fines de ese año, la Corriente Democratizadora. Meses después, la candidatura del hijo del general. En mayo de 1989, el PRD: la colonización de la izquierda por parte del echeverrismo.

Desde entonces los izquierdistas mexicanos han vivido una ilusión. Nadie nunca ha votado por ellos, ni lo hará. Fue el populismo estatista de Echeverría, encabezado por Cuauhtémoc o Andrés Manuel, lo que los llevó a ganar ocasionalmente elecciones. Algunos, un puñado, han podido transitar de diputados a senadores: el servilismo se paga. La mayoría, apenas alguna diputación local, regiduría o alcaldía menor. Pero en todas hay con qué garantizar el patrimonio, según hemos visto.

Han sido útiles, tontos útiles les decían antes, para el regreso del echeverrismo. Un nuevo intento de repetir la construcción cardenista. Totalmente fuera de tiempo, sin posibilidad alguna de éxito. Han visto en estos dos años cómo sus temas están fuera de la agenda: derechos humanos, ciencia y tecnología, género, cultura. Pero reconocer su error, haber sido usados, les pesa mucho. Al final, ese izquierdismo no era sino aspiración de superioridad moral.

Si alguien tiene duda de lo que acabo de narrar, baste revisar la historia de López Obrador, Bartlett, Porfirio, y tantos otros que hoy acompañan al grupo que realmente toma decisiones. Nada de izquierda ni progresismo: estatismo echeverrista, populismo cardenista, y los evangélicos que tan importantes resultaron para Trump y Bolsonaro. Quede claro el origen, para poder explicar el miércoles el resultado.

 Imposibilidad II. Los resultados

El Presidente no puede hacer nada, más allá de explotar todas las mañanas en contra de sus adversarios, inventar cifras, mentir, mentir, mentir, dice Macario Schettino.

abril 07, 2021

El lunes comentamos el origen del grupo que gobierna México hoy. Nada de izquierdas ni progresismos, es un grupo que proviene del echeverrismo de los años 70, que intentó entonces, sin éxito, replicar la construcción del cardenismo cuatro décadas antes.

El fracaso de Echeverría respondió a una gran transformación mundial que no supo leer. Desde 1968, cuando él garantizó su candidatura con la masacre de Tlatelolco, el mundo giró a la derecha. Ese año no significó el triunfo de la izquierda, como muchos creyeron entonces y varios aún lo creen, sino exactamente lo contrario. Los soviéticos barrieron con la Primavera de Praga, la derecha francesa con los estudiantes, y Nixon con las elecciones en Estados Unidos. En 1971 terminó la posguerra con el fin de Bretton Woods, y con ella la posibilidad de crecer con base en el déficit fiscal. Echeverría no lo entendió, y terminó su sexenio con los peores resultados económicos en 40 años, incluyendo una devaluación no planeada. El intento de su sucesor por una vía desarrollista menos agresiva tampoco tuvo éxito, por la misma razón, por no entender el entorno. En 1982 terminó definitivamente el régimen de la Revolución en materia económica. En 1988, también en cuestión política.

Replicar hoy esos intentos garantiza el fracaso. Todavía en tiempos de Echeverría, el país estaba concentrado en el centro, que tenía más de la mitad de la población (DF, Edomex, Mich, Gro, Oax, Pue, Tlax, Ver, Hgo). El comercio con el resto del mundo era casi nulo. El sector primario producía el 12% del PIB, y menos de la mitad del mismo provenía de los servicios. Con sus diversas empresas, el gobierno podía controlar la producción agropecuaria (Conasupo), minera (Pemex), eléctrica (CFE), de telecomunicaciones (Telmex), y con un encaje legal considerable, sin créditos hipotecarios, poco había de sistema financiero independiente. En suma, la mitad del PIB estaba en manos del presidente, la mitad de la población a su alcance, y el extranjero era sólo una imagen disponible para el ataque discursivo. Tijuana, Juárez, Monterrey, Chetumal, eran enclaves del imperialismo en esa visión.

En 2021, 50 años después del fin de Bretton Woods, las cosas son muy diferentes en México. Más de la mitad de la población vive en el norte, Bajío o la zona de influencia de Yucatán. Más de la mitad del PIB depende del comercio exterior, las inversiones extranjeras o de sistemas de telecomunicación que nada tienen que ver con Palacio Nacional: benditas redes. Los intentos de revivir Conasupo, Pemex y CFE implican sólo incinerar cantidades ingentes de recursos. El gobierno no tiene esos recursos, a pesar de los intentos de incrementar recaudación.

Esto significa que el intento de restauración no tiene futuro. El gobierno no tiene la palanca para mover ni la economía ni la sociedad. Puede acomodar recursos de otras formas, pero su impacto es, en el mejor de los casos, muy menor. Las remesas de migrantes representan el doble de todos los programas sociales del gobierno. Todo el crecimiento económico desde el punto más bajo de la pandemia se debe a las exportaciones. No pueden bajar ni el precio de la electricidad ni el de la gasolina. No pueden controlar el precio de las tortillas. El Presidente no puede hacer nada, más allá de explotar todas las mañanas en contra de sus adversarios, inventar cifras, mentir, mentir, mentir.

Si el echeverrismo, fracasado hace 50 años y hoy reinventado en el poder, no tiene futuro, entonces lo relevante es entender cuál será el desenlace. Lo platicamos el viernes.

AMLO y pensiones: después de mí, el diluvio

Luis Miguel González 24 de marzo de 2021

Tres grandes cambios hemos tenido en pensiones en el último año, pero la bomba sigue haciendo tic tac. En 2012, el gasto en pensiones del gobierno mexicano fue 429,000 millones de pesos, una décima parte del presupuesto total. En 2021 serán 1 billón 64,000 millones de pesos. La presión a las finanzas públicas no hace sino recordarnos que el problema de fondo no ha sido resuelto: no hemos encontrado la forma de tener pensiones dignas para todos los mexicanos de la tercera edad sin poner en riesgo las finanzas públicas.

En el aire, sin respuesta sigue el problema de tener decenas de esquemas de pensiones que no tienen fondos para pagar sus compromisos. Allí podemos colocar los de la mayoría de las universidades públicas y un número no despreciable de gobiernos locales. En ese limbo financiero tenemos, en primer plano, los pasivos laborales de Pemex. Ellos solos valen alrededor de 1.5 billones de pesos.

Los pasivos antes mencionados son una losa que pesa más que 100% del PIB y crece de manera exponencial, en la medida en que la población mexicana envejece. Como sociedad estamos viviendo algo que los especialistas llaman transición demográfica.

En Suecia se vivió en 70 años; en España, en 40 años. En México y otros países de América Latina se producirá en menos de 25 años. La velocidad de esta transición nos debería llevar a una vertiginosa transformación cultural e institucional. Esto no ha ocurrido.

El presidente ha tomado importantes decisiones que le ofrecen ganancias en popularidad de corto plazo, pero se ha mantenido al margen de los aspectos que tienen que ver con soluciones de largo plazo y/o estructurales. Ha dejado claro que en su sexenio no se aumentará la edad de jubilación; no se ha pronunciado sobre el rescate de los sistemas de pensiones estatales y universitarios. Tampoco ha puesto en la mesa una propuesta de reforma fiscal que solvente un compromiso presupuestal que crece a un ritmo de 120,000 millones de pesos anuales.

La indiferencia presidencial por el largo plazo y lo estructural no quiere decir ausencia de activismo de corto plazo. El fin de semana pasado anunció que la pensión que reciben los adultos mayores pasará de 2,620 pesos bimestrales a 6,000 pesos en el 2024. Se reducirá de 68 a 65 años la edad a partir de la cual pueden ser beneficiarios. Este cambio costará 235,000 millones de pesos e incrementará el número de beneficiarios de 7.7 millones de personas hasta 18 millones.

En agosto pasado, la voluntad política presidencial les hizo un “milagro” a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Se revirtió un acuerdo de 2016 y volvieron las condiciones de jubilación previas: las mujeres podrán retirarse con 25 años de servicio y los hombres con 30 años. Son “solo” 48,000 trabajadores pero tendrá un costo enorme, alrededor de 1% del PIB. Este cambio de régimen es una de las razones por las que la CFE perdió dinero en 2020.

El tercer cambio importante que hemos vivido en pensiones tiene que ver con los trabajadores que cotizan en el régimen de afores. Ahí el presidente dejó casi todo el escenario para el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el CCE. Entre 2021 y 2028, alrededor de 20 millones de trabajadores verán crecer la aportación a su cuenta individual de 6.5% a 15 por ciento. Este cambio se complementa con una reducción de las semanas de cotización necesarias para recibir pensión y una disminución de las comisiones que cobran las Afores. 

Para el 2050, México tendrá más de 50 millones de adultos mayores. ¿tendremos los recursos públicos para otorgarles transferencias económicas; producir la infraestructura urbana y de atención hospitalaria? Por el rumbo que llevamos, la respuesta es No. Es un tema complejo y de enorme impacto social, pero no estallará pronto. El presidente AMLO entiende el ángulo político, pero no quiere entrar en laberintos actuariales. Es de todos conocido que aborrece el territorio tecnocrático. Sabe contar y entiende que nos faltan algunos lustros para que el diluvio complete su labor.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx

El gobierno de la destrucción

22/03/2021 Fernando García Ramírez

Leer es poder

Es fácil descender al infierno, sentenció Virgilio. Destruir es mucho más sencillo que construir. Se puede destruir sin hacer nada, dejando que el tiempo obre sobre la naturaleza y convierta todo en ruinas. Se puede destruir, también, con buenas intenciones, aplicando recetas equivocadas. López Obrador ofreció que su gobierno reivindicaría a los pobres, pero le bastaron poco más de dos años para sumir a 10 millones más de mexicanos en la pobreza, de acuerdo con el Coneval.

El sistema de salud mexicano era mediocre pero funcionaba. En poco tiempo López Obrador lo convirtió en una ruina. Con las mejores intenciones desapareció el Seguro Popular y creó, planeado sobre las rodillas, el Instituto de Salud para el Bienestar. Como titular nombró a Juan Ferrer que, como es común en el gobierno de la cuatro té, no tenía ni el más mínimo conocimiento del sector, vaya, algo así como nombrar a un ingeniero agrónomo como director de Pemex. Una fórmula ideal para el desastre. Si el Insabi ha podido medio funcionar ha sido porque ha utilizado estructuras del Seguro Popular. Para colmo de males, a la mala planeación e inadecuada conducción se sumó la pandemia. Más de 300 mil muertos de Covid nos hablan del tamaño de la catástrofe. El resultado ha sido el desabasto, el sufrimiento y la muerte.

El sexenio de Peña Nieto se caracterizó por la corrupción y las reformas estructurales. El sexenio de López Obrador se ha caracterizado por la destrucción. El emblema de su gobierno no es Santa Lucía o Dos Bocas sino las ruinas de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Supuestamente lo canceló por la corrupción imperante pero no se denunció a nadie y nadie recibió castigo. Fundamentó su decisión destructiva en una mentira. Para que no se viera mal le colocó encima el parche de una consulta falsa. Nada bueno se desprendió de esa suspensión. Nos costará a los mexicanos más de veinte años terminar de pagar el aeropuerto que no tendremos. Desde el momento en que se suspendió la obra se desplomaron las inversiones y la confianza. ¿Quién quiere arriesgar su dinero con un gobierno destructor?

Lo mismo ocurrió con la reforma educativa y energética. Lo que estaba mal lo empeoró. No dudo que sus intenciones hayan sido buenas, pero resulta claro que trata de corregir la realidad partiendo de falsas premisas. Y cuando el error es evidente, no retrocede. Es incapaz de reconocer una equivocación. Es alérgico a la crítica, que señala los defectos para que éstos puedan corregirse. A los críticos los insulta y los calumnia. Sólo escucha a aquellos que le dan la razón. Vive rodeado de aduladores. De carácter débil, el presidente sucumbe ante el elogio fácil. Sin crítica es difícil que corrija lo que no le informan que funciona mal.

Hay ciertas constantes en el gobierno de López Obrador: parte de diagnósticos más ideológicos que fácticos; arranca programas de forma improvisada; no realiza los estudios de viabilidad económica ni ambientales necesarios; coloca al frente de secretarías y programas a personas leales pero sin preparación; no cuenta con indicadores que le señalen si los programas funcionan. Resultado: el que todos vemos, un país en franco retroceso.

Cuando gobernaba Fox nos quejábamos de un presidente frívolo que sólo atendía las encuestas de popularidad. No sabíamos entonces lo que vendría. López Obrador desacreditó los indicadores tradicionales, como el PIB, por neoliberales. El único indicador al que le tiene confianza es el de las encuestas de popularidad. No alcanza a darse cuenta de que ese indicador funciona a su favor gracias a los tres ejes principales de su gobierno: becas, propaganda y mentiras. Sin la verborrea de las mañanas México se vería tal cual es: un país que se desmorona en cámara lenta. Más pobreza, más violencia, menos educación, menos salud. Lo único que funciona en su sexenio no tiene que ver con el gobierno: el comercio con el exterior regido por el TMEC y el cuidado macroeconómico debido al Banco de México.

El año pasado la naturaleza puso a prueba a su gobierno, y reprobó. Las intensas lluvias en Tabasco llevaron al presidente a tomar una decisión equivocada: abrió las represas e inundó las zonas más pobres de Tabasco. Se trataba de una disyuntiva compleja: eligió el peor camino y decidió inundar a los que menos tienen que son los que menos se quejan. El otro reto fue el de la pandemia. Casi todo lo hizo mal. Tomó decisiones políticas, no sustentadas en conocimiento científico. El único mérito de López-Gatell fue que éste había sido despedido por ineficiente por Felipe Calderón. Gran parte de los desatinos de López Obrador frente a la pandemia estuvieron dictados por el rencor contra Calderón: lo que él hizo yo no lo haré. Y así nos está yendo.

Podría pensarse que está destruyendo todo porque los cimientos eran malos y quiere construir sobre bases diferentes. No es el caso. Destruye pero no edifica. La realidad terminará, como siempre, por imponerse. Y cuando despertemos, el infierno estará allí.

Defiende a Epigmenio Ibarra.

 

¡Vivan los traidores!

• En México existen leyes y juzgadores (traidores) capaces de frenar tiranías.

16 de Marzo de 2021

                Para José Ramón Cossío, jurista que enorgullece.

Como si fuera una competencia contra sí mismo, en la que la victoria exige de barbaridades crecientes, el Presidente no da tregua. Acostumbrarse a ellas, quizá hasta reírse, no es opción. La República estaría perdida.

“Apenas se está publicando la reforma y ahí viene el amparo…”. Apenas se está publicando, pero el revuelo por la aberración jurídica lleva mucho tiempo. Comenzó desde el 2019 y se agigantó con la controversia constitucional interpuesta por Cofece contra la llamada “Ley Nahle”. Abogados y juzgadores han tenido mucho tiempo para elaborar sus argumentaciones. Ante la “Ley Nahle” fue la SCJN quien echó abajo las iracundas pretensiones de violentar las diferentes normatividades que rigen al sector. Ahora repiten en su tentativa y un juez de primera instancia declara la suspensión provisional generalizada. La noticia es doblemente buena para México. Demuestra la potencia de la nueva ley de amparo y eso apoya al Estado de derecho. Fueron particulares los que activaron el mecanismo, porque no nació a través de la SCJN. Un juez detuvo al avasallante Ejecutivo.

Hay otros precedentes, una joya del pensamiento autoritario fue aquello de que los abogados que trabajan para las empresas involucradas son “traidores a la patria”. La palabra traidor es tan grave que da pie para acciones jurídicas en su contra. Hasta la barra de Nueva York, de añejo prestigio, salió, con asombro y cierta sorna, a ridiculizar el dicho presidencial. No satisfecho con las dos pifias monumentales, envalentonado por ese micrófono que día a día cava su tumba política, el mandatario regresó a las andadas con más descalificaciones: “Estos jueces surgen cuando se llevó a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras”. Cero criterios de competencia y beneficio al consumidor. Son jueces con un pecado de origen, ideológico, buscan el imperio de la ley —ampare a quien ampare, públicos o privados—. Un juez que apoye a un casero o a un comerciante no estará defendiendo los intereses populares, los moralmente válidos para “el interés nacional”, único que tiene la calidad moral de su lado. No entiende el Estado de derecho, por eso quiere que el derecho siempre esté con sus causas.

No satisfecho con su ignorancia jurídica y obcecación, da otro paso: “Nosotros” —expresión demagógica de cobijo porque con el “vamos” bastaba “… a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial revise el proceder de estos jueces, porque sería el colmo que en perjuicio del país estuviese (sic) al servicio de particulares”. Su deseo es echar abajo no sólo el pronunciamiento judicial, la suspensión provisional, sino, además, cortarles la cabeza a los jueces “traidores”. Para ello pretende acudir a la SCJN —cuando sólo le queda a apelación— con una sugerencia (petición, orden): investíguenlos porque de seguro son traidores. El Presidente inventó una nueva figura jurídica, la presunción de culpabilidad. De seguro son jueces vendidos a las empresas, corruptos y traidores y por eso casi instruye a otro poder a montarse en su enfado. La República soy yo y las instituciones deben doblegarse a mis obsesiones.

Para aderezar el ridículo presidencial, la suspensión es de carácter general, o sea, que ampara a un sector que lleva levantado en armas dos años. Allí vienen la artillería de amparos en defensa de la libre competencia, del consumidor, agravados con el bombardeo jurídico del derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de arbitrajes internacionales previstos en los tratados comerciales, T-MEC incluido. Es una guerra contra la encarnación del nuevo autoritarismo mexicano sin posibilidades de victoria. Lo más probable es que el resto de su mandato se atasque frente a un desfile de derrotas que lo llevarán a la parálisis.

Paradojas: para México esa derrota será un triunfo: existen leyes y juzgadores (traidores) capaces de frenar tiranías.

Urgen a avalar el remdesivir

Permiten su uso sólo en estudios clínicos. Asegura especialista que, pese a su precio, el fármaco baja costos y días en el hospital

Natalia Vitela

México.- Tratar a un paciente con Covid-19 con el antiviral remdesivir cuesta entre 70 y 80 mil pesos por 10 días, mientras que la atención en terapia intensiva de paciente intubado eleva la suma hasta 150 mil pesos diarios, sin embargo, en México aún no se aprueba el fármaco, lamentó Francisco Moreno, jefe del programa Covid-19 en el Hospital ABC.

Agregó que un paciente intubado está en promedio 23 días hospitalizado sin la garantía de que sobreviva, por lo que el costo humano es muy alto.

Según el médico, este medicamento aplicado de forma temprana disminuye hasta en 30 por ciento la evolución de los pacientes a terapia intensiva y por lo tanto a intubación y la muerte.

Aunque el lunes la Secretaría de Salud señaló que el subsecretario Hugo López-Gatell no recibió antivirales, Moreno reprochó el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario Hugo López-Gatell, hayan tenido acceso a este fármaco y los demás mexicanos enfermos no.

"(Con los protocolos) Cofepris tiene el escape, por decirlo así, de decir: 'A este paciente lo metimos en protocolo', cuando en realidad es tener medicamento para justificar que se le puede dar al Presidente y al subsecretario, y quién sabe a quien más, bajo supuestamente un protocolo, porque los protocolos ya terminaron.

"Además, si entran en un protocolo tienen la posibilidad de recibir placebo; se llama estudio doble ciego porque el paciente no sabe lo que está recibiendo y el médico no sabe lo que está aplicando para que no haya sesgo en el resultado", indicó.

Aseguró que Guillermo Ruiz-Palacios, médico que atendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien ha estado cargo de protocolos de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con este fármaco, demostró la efectividad de remdesivir junto a baricitinib, un antiinflamatorio, en pacientes mexicanos.

El especialista explicó que este antiviral, que ya se emplea en 29 países es muy útil su uso en la primera fase de la enfermedad, es decir, los primeros seis días de que una persona empieza con síntomas.

Señaló que la prohibición de su uso en el País, salvo en protocolos médicos, ha generado que en el mercado negro cueste hasta medio millón de pesos; y al no ser aprobado por Cofepris, las aseguradoras de gastos médicos no lo cubren.

De acuerdo con un artículo publicado a fines del año pasado en The New England Journal of Medicine, el remdesivir ha acortado en enfermos con Covid-19 la recuperación en promedio 5 días respecto de los que no recibieron este fármaco.