Oposición

BENCHMARK / Jorge A. Meléndez Ruiz
20 Sep. 2019


"Están moralmente derrotados nuestros adversarios".

El Presidente está obsesionado con sus opositores. Todas las semanas los menciona. Se esfuerza por recordarnos un día sí y otro también que está luchando contra "la hipocresía neoliberal".

Su lista de insultos es legendaria y creciente (relee "¡Eres un #$%&!/!!"). Insulta como parte de su estrategia populista para dividir al País entre "el pueblo sabio" y una oposición que busca que todo siga igual.

Es innegable que México necesita cambiar. Es cierto que la corrupción nos carcome. La deuda social con los que menos tienen es inobjetable. Y también es cierto: muchos defienden el statu quo y no quieren cambiar para defender intereses mal habidos.

Pero no son todos. También hay una oposición distinta.

Porque oponerse a la estupidez nunca será malo. Porque criticar lo que está implementado con las patas nunca estorba. Porque objetar incentivos mal aplicados nunca está de más. Porque denunciar las ocurrencias nunca generará dolores de cabeza.

Oponerse a lo malo siempre será algo bueno.

Por ejemplo:

- Me opongo a que no se evalúe a los maestros y en cambio se alíen con rijosos que tanto daño le han hecho a la educación.

- Estoy en desacuerdo con darle dinero a PEMEX sin atorarle primero a su obesidad, ineficiencia y falta de tecnología.

- Refuto renunciar a la inversión privada en aguas profundas.

- Objeto elefantes blancos como Dos Bocas o el Tren Maya (ve "Los 3 retos de Dos Bocas" y relee "Viralizar la razón").

- Apoyo la austeridad, pero estoy absolutamente en contra de aplicarla sin ningún análisis. Los pecados de omisión también pueden ser graves. Relee "Omisiones que matan".

- Resisto que se cancele un aeropuerto moderno, avanzado y necesario, y que se cambie por un plan vacilón que generará dolores de cabeza para los pasajeros e inhibirá la inversión.

- Apruebo que se apoye a los que menos tienen, pero me opongo a programas de capacitación mentirosos que se prestan a la trampa, mientras que crean votantes cautivos.

- Me rebelo a cancelar por razones dogmáticas tecnologías que han sido probadas, como fracking o las semillas mejoradas.

- Me niego a aceptar que la CFE sea único productor en México cuando sus plantas generan electricidad mucho más cara que las de una empresa privada. Relee "Back to the past".

- Aplaudo el combate a la evasión, pero repruebo totalmente el terrorismo fiscal y entramados legales que puedan ser abusados para perseguir a cualquiera que incomode al régimen.

- Denuncio como falsas todas las curas rápidas y fáciles a problemas añejos y complejos.

Y ahí le paro porque ejemplos sobran y no acabaría.

Por cierto, esto de oponerse a lo malo no es privativo de la política. Es perfectamente aplicable a los negocios y la vida.

En una empresa siempre hay que oponerse a la arrogancia, a los jefes sabelotodo, a la grilla, a los lambiscones profesionales, a callar al talentoso que piensa distinto, a ignorar a los clientes, a ignorar a la competencia, a no prestarle atención a los avances tecnológicos y a defender la vaca lechera sin invertir en nuevos becerritos, entre otros.

Y en la vida por lo menos hay que estar en contra del gasto excesivo, del desorden, de los gritos, del egoísmo, del desamor, del permisivismo excesivo con los chavos, de privilegiar pantallas sobre relaciones, de no hacer la tarea, de no escuchar, de dejar de aprender, de olvidar divertirse, del estrés permanente y del materialismo.

Te propongo que aquel que te advierta en la política, los negocios o la vida de lo que haces mal no es un opositor, es un aliado.

Charles Darwin, uno de los científicos más influyentes de la historia, basó su éxito no sólo en su capacidad, sino es su método de trabajo.

Darwin le daba más peso a todo aquello que contradijera su teoría predilecta. Evadía el sesgo de confirmación, ese peligrosísimo y tan común reflejo de aceptar sólo lo que concuerde con nuestras ideas.

Veía todo lo que se oponía a su pensamiento como fuente de mejora.

Sin duda, un gran consejo para cualquiera... y, claro, invaluable para la 4T. Yo, por lo pronto, me apunto como ese tipo de opositor, ¿y tú?

Posdata. Excelente noticia: volverían las subastas eléctricas. Ojalá. Porque lo mismo dijeron de las rondas petroleras y todavía están en veremos.



EN POCAS PALABRAS...

"No sobrevive el más fuerte, sino el más inteligente".

Charles Darwin



benchmark@mural.com

Twitter: @jorgemelendez

La fuerza de la sociedad

Guillermo Velasco Barrera

20 Sep. 2019

La participación organizada de la sociedad ha sido muchas veces determinante para definir el futuro de las naciones. En diversos países del mundo, los ciudadanos se han movilizado por diferentes motivos: repudio al terrorismo, reclamo contra la inseguridad, protesta contra el desempleo y rechazo al aumento de tarifas en servicios públicos, por citar sólo algunos.

La movilización social ha logrado poner en jaque a gobiernos autoritarios y ha incidido en el marco jurídico en congresos, parlamentos y en políticas públicas que impactan de forma importante en la vida de las personas. Un ejemplo de lo anterior son diversas manifestaciones pro vida que han tenido un impacto importante en los últimos años en Europa, Estados Unidos y algunos países de América Latina.

El año pasado, la acción organizada de diversas organizaciones pro familia en Argentina impidió la legalización del aborto en el Senado de aquel país, y en 2016, la movilización de la sociedad mexicana, reflejada en gran medida en las multitudinarias marchas bajo el lema "No te metas con mis hijos", detuvieron una iniciativa del Presidente Peña Nieto que, entre otras cosas, buscaba modificar la Constitución para equiparar el matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, e incluir contenidos en los libros de texto para adoctrinar a niños y adolescentes en la ideología de género.

El ex Presidente tuvo que dar marcha atrás a su "progresista" iniciativa, luego del rechazo generalizado de la sociedad mexicana. Posteriormente tuvo el cuestionamiento de los colectivos que en su día aplaudieron frenéticamente su paquete de apoyos a la "diversidad sexual", quienes se sintieron traicionados.

Después de tres años, el contexto ha cambiado mucho. En 2016, la popularidad de Peña iba en picada, así que la marcha pro familia de aquel año, si bien fue una muestra indiscutible de rechazo a la dictadura ideológica que representaba la iniciativa presentada por el Presidente, se volvió en la práctica una expresión muy contundente de desaprobación hacia su persona.

Hoy gobierna López Obrador, y si bien a casi un año del inicio de su gobierno el saldo es negativo en casi todos los rubros, goza aún de un amplio respaldo popular. Además, consciente de la polémica que generan algunos temas en la opinión pública, tales como la legalización del aborto, el Presidente ha sido ambiguo y se ha salido, como siempre, por la tangente con el discurso de que se debe consultar al pueblo.

Sin embargo, una parte muy importante de los legisladores de Morena están completamente apostados por la agenda de los eufemísticamente llamados "derechos reproductivos" -que por cierto son inexistentes-, a pesar del costo político que pueda representar la defensa a ultranza de esta agenda, sobre todo en tiempos electorales.

Coinciden en esta agenda no solamente legisladores morenistas, sino también priistas y emecistas, pero a diferencia de hace tres años, cuando Peña Nieto presentó una sola iniciativa que incluía una serie de reformas, en esta ocasión legisladores de Morena, PRI Y Movimiento Ciudadano presentarán en este periodo legislativo diversas iniciativas, por separado, pero todas orientadas a la construcción de un andamiaje jurídico que atenta contra la vida, la familia y las libertades.

La presentación escalonada de iniciativas hace menos ruido, y por lo tanto resulta algo más eficaz para quienes pretenden modificar las leyes a espaldas de la sociedad. Son más de 20 iniciativas las que se presentarán a lo largo de las próximas semanas, destacando la que permitiría la adopción por parte de parejas homosexuales, y disposiciones legales que pretenden adoctrinar a los niños y arrebatar el derecho de sus padres a educarlos.

Las marchas que tendrán lugar mañana en diversas ciudades del País, convocadas por el Frente Nacional por la Familia, marcarán una pauta fundamental del debate que se dará en los próximos meses en torno al derecho a la vida y la defensa de la familia. No olvidemos que la sociedad organizada puede marcar el rumbo, y lo que está en juego con estas iniciativas es literalmente un tema de vida o muerte.

 

 

@gvelascob

Los datos reales de López Obrador

Raymundo Riva Palacio, 6 sep. 19 El Financiero.

Desde hace varios días las mañaneras se han convertido en un rehilete de distracción. El espionaje en el comedor de Palacio Nacional, con una cámara a la vista de todos, sin sonido, que no transmite y para la cual hay que sacarle la memoria para ver qué grabó. El tema de su salud, donde inventar una afirmación inexistente en esta columna le regaló 48 horas de diversión a las redes sociales. La suspensión del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, le ayudó en este esfuerzo distractor, como también el indeseado agandalle de Morena en la Cámara de Diputados para retroceder la ley electoral –que finalmente logró a partir de 2021– más de 22 años. López Obrador es un maestro en comunicación política y con un posgrado en plantar temas en la opinión pública para que se entretenga y no voltee a ver los asuntos que sí importan. El circo mediático ocultó la realidad de la economía nacional en vísperas de la entrega del presupuesto este domingo, que, para describirlo gráficamente, es como un motociclista atropellado que llega a la sala de emergencias donde se apuran a evitar que entre en shock.

El presupuesto que llevará el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la Cámara de Diputados el domingo por la tarde, está siendo altamente esperado por los inversionistas, los analistas y todos los que tomarán decisiones estratégicas a partir de los números que presente. De cómo establezca la tasa de crecimiento, el ingreso por recaudación, la plataforma petrolera, el superávit fiscal, el gasto y la deuda, por citar algunos de los datos más relevantes, dependerá si la misma noche de ese día los mercados se vuelven locos porque no le creen al planteamiento del gobierno, o le dan el beneficio de la duda porque la información en el presupuesto les parece razonable. Esto es lo que anticipa Herrera será el paquete que entregará; otra cosa es lo que, en esta última etapa, decida el presidente López Obrador.

Los analistas se muestran ligeramente escépticos sobre lo que pueda suceder. Un análisis de la consultora Eurasia a sus clientes, señala que Hacienda tiene poco margen de maniobra ante la caída de las finanzas públicas para mantener el superávit fiscal –ofrecido por el Presidente en su informe el domingo pasado– de 1.3% del PIB, al tiempo de disponer de los recursos para sus programas sociales. Varios bancos y calificadores internacionales están advirtiendo a sus clientes la probabilidad de que se baje el grado de calificación de Pemex –porque no convenza su plan financiero–, con lo cual arrastraría la deuda soberana de México. Si esto se diera, probablemente comenzarían a irse inversiones del país, con una creciente pérdida de confianza. Los análisis técnicos tienen fundamento en los indicadores de la economía durante los primeros siete meses de este año:

• Los ingresos petroleros cayeron 18.2%, de 567 mil 700 millones de pesos a 483 millones 300 mil.

• Los ingresos tributarios cayeron 7.5% en términos reales ante la desaceleración en recaudación de ISR, IVA y IEPS.

• El impuesto sobre la renta creció 0.0%, de mil 10 millones, a mil 51.

• El IVA se redujo 1.7%.

• La deuda interna creció de siete mil millones 36 mil pesos, a siete mil millones 227 mil.

• La deuda externa se elevó 9.5%, de 202 mil 400 millones de dólares, a 211 millones 100 mil.

• El indicador Global de la Actividad Económica, que muestra la evolución del sector real de la economía, ha crecido en el año 0.2%, que significa una caída de 1.4% de cómo recibió la economía del gobierno anterior.

• Las ventas al menudeo dejaron de crecer y cayeron de 2.2% a 1.7%.

• El desempleo creció de 3.4% a 3.5%.

• El impuesto a las gasolinas, que es un impuesto indirecto que se cobra a los clientes, creció de 98 millones a 170 millones de pesos.

Estos son los datos reales de la economía de los primeros siete meses de gobierno de López Obrador, aunque el Presidente afirme tener otros datos. La información no surge de las mañaneras, como él mismo ya califica su comunicación circular de todas las mañanas en Palacio Nacional, sino de los reportes de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el INEGI. Los acentos en el presupuesto estarán en la recaudación de ingresos. El presupuesto deberá contener cifras de ingreso conservadoras en petróleo y gas, contra lo que sugiere el gabinete energético, si se busca que el presupuesto sea creíble. La recaudación por la vía fiscal es lo que viene reforzado.

El gobierno está trabajando con el Congreso para generar ingresos. Morena presentó una iniciativa para cobrar el IVA a las plataformas digitales que dan servicios de alojamiento, transporte y comida, que no será suficiente. También estará la elevación del delito de defraudación fiscal a delincuencia organizada y seguridad nacional, y el combate contra las facturas falsas, por donde se evaden 300 mil millones de pesos anuales. En la cocina, sin saberse aún si se presentará, es un cambio de régimen en la venta de medicinas, para que pasen del sistema del IVA a exención de impuestos. Para el consumidor no significa nada, porque de cualquier forma no pagaría impuestos, pero ese cambio de régimen significaría alrededor de 80 mil millones de pesos anuales menos, que se entregan anualmente a las empresas farmacéuticas.

Nuevas medidas de austeridad, señaló Eurasia, son probables y “mostrarán desesperación” del gobierno para encontrar recursos adicionales. Tampoco considera, pese a las señales de la semana pasada, que el Presidente modifique su oposición a inversión privada en el sector energético, que le daría recursos frescos. Su pronóstico es pesimista y ve que los riesgos políticos hacen probable un mayor deterioro económico de las finanzas públicas en 2020.

Sobre las becas para jóvenes que ni estudian ni trabajan

05 de Septiembre de 2019, Excelsior.

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es uno de los principales programas sociales del gobierno actual. Se trata de transferirles, en efectivo, tres mil 600 pesos al mes, durante un año, a jóvenes entre 18 y 29 años. Reciben este pago mientras trabajan en alguna empresa, institución pública u organización social con el fin de capacitarse y desarrollar habilidades. Esta experiencia debe ayudarlos a integrarse de manera definitiva al mercado laboral. El programa está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que está inscribiendo, por un lado, a los muchachos y, por el otro, a los lugares donde trabajan mientras reciben su beca.

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) llevó a cabo una investigación sobre JCF. ¿Qué encontraron?

1.  Un padrón inverosímil. Se observan patrones difíciles de creer. Prácticamente todos los días se inscribieron la misma proporción de becarios, de hombres y mujeres, de niveles educativos y de edades. Esta información, por tanto, es improbable, incompleta e inverificable.

2.  En la Ciudad de México no encontraron la localización o existencia en dos mil 881 centros de trabajo equivalentes al 53% de los casos que revisaron.

3.  En 646 centros de trabajo identificaron una dirección o teléfono, pero no hallaron su ubicación.

4.  En 140 casos se logró contactar el centro de trabajo registrado en el padrón, pero, al hacer la visita, les informaron que no se inscribieron en el programa.

5.  214 centros de trabajo declararon que solicitaron becarios (algunos hace más de cuatro meses), pero aún no les han llegado candidatos.

6.  413 centros de trabajo sí tenían becarios, pero encontraron anomalías como falta de pago, despido de empleados y sustitución con becarios, ausentismo, discordancia entre becarios registrados y becarios capacitándose, becarios utilizados para actividades que no aportan nuevas capacidades, becarios en actividades distintas a las que el centro de trabajo registró, becarios con vínculo familiar directo con el centro de trabajo, retención de parte de la beca que paga el gobierno, amenaza de “baja” del programa por solicitar cambio de centro de trabajo.

7.  Desde hoy se prevé que, a final de 2019, habrá un subejercicio de por lo menos 15 mil 641 millones de pesos, equivalentes al 39% de lo aprobado para este programa; dinero que, de acuerdo a la nueva legislación, podrá reasignar el Poder Ejecutivo sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

La investigación de MCCI sobre JCF termina haciéndose varias preguntas que reproduzco:

 ¿Por qué el padrón reportado creció de una manera poco creíble?

 ¿Por qué no ofrecer información completa de los centros de trabajo en los padrones y sólo “simular” transparencia?

 ¿Por qué el programa no pasó por la evaluación de “nuevos programas” establecido por el Coneval?

 ¿Por qué se “cerró” el programa si aún hay tantas vacantes disponibles y recursos de sobra?

 ¿Por qué hay desertores y ausentismo?

 ¿Por qué no hay control y verificación sobre las labores asignadas a los becarios?

 ¿Por qué la sobrepresupuestación de JCF?

En el sitio de MCCI aparece una larga carta donde la STPS aclara dudas y refuta algunos hallazgos de la investigación. Argumenta, por ejemplo, que “todos los días hay variaciones en la cantidad de becarios vinculados al programa. También hay variaciones diarias en la proporción de hombres y mujeres, edades y niveles educativos”. MCCI, a su vez, presenta su respuesta a la misiva de la STPS. En el caso mencionado apuntan que, con la salvedad de 4 días, “el resto del tiempo la tasa de mujeres comparada con hombres se mantiene prácticamente constante, con una correlación de 98%. Esta observación es sorprendente, atípica y estadísticamente inverosímil”.

En la carta de la STPS destaca el compromiso de mantener sus puertas “abiertas al diálogo, la crítica y las recomendaciones con miras a fortalecer el programa. La STPS continuará monitoreando los procesos de capacitación para, en caso de identificar malas prácticas, reorientar a los aprendices a mejores capacitaciones. Nos hemos comprometido a que 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan sean apoyados por el gobierno con una beca para capacitarse en el trabajo hasta por un año. A todos esos jóvenes les queremos decir una cosa: no les vamos a fallar”.

Felicito a MCCI por esta nueva investigación. En una democracia liberal es muy importante que organizaciones civiles hagan este tipo de ejercicios de rendición de cuentas. Felicito, también, a la STPS por su compromiso de participar en un diálogo constructivo que fortalezca a un programa tan importante como JCF.

                Twitter: @leozuckermann

¿Soros, vía el cártel de Sheinbaum, detrás del vandalismo?

PUBLICADO EL 4 septiembre, 2019

jlsc.ua@gmail.com

Por Jorge Santa Cruz (*)

Los actos de vandalismo cometidos en la rectoría de la UNAM este martes 3 de septiembre tienen el mismo modus operandi de los que lastimaron a la Ciudad de México en agosto pasado. Y también, el mismo origen: el activismo desestabilizador de George Soros.

El pretexto para provocar desmanes —lo mismo en la Procuraduría General de Justicia local que en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en las calles de Florencia en plena Zona Rosa, que en la estación Insurgentes del Metrobús o la Columna de la Independencia— es el mismo: el de los feminicidios.

Este planteamiento ideológico sirve de fachada, sin embargo, a la frustración del cártel que encabeza la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Tal frustración obedece a:

• El estrepitoso fracaso de Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, que compromete sus ambiciones presidenciales.
• La pérdida de la presidencia del Senado de la República.
• La pérdida de la rectoría de la UNAM.

Antes de continuar, señalemos una vez más a los otros integrantes visibles de esta mafia política patrocinada por Soros:

• John Ackerman, becario de Open Society —la fundación de Soros que promueve la anarquía y la agenda LGBTTTQ en el mundo— y fallido candidato a rector de la UNAM.
• Martí Batres Guadarrama, senador ligado a la iglesia de La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está bajo proceso en California, Estados Unidos, acusado de diversos delitos sexuales. Batres fracasó en su intento por reelegirse como presidente del Senado de la República.
• Alejandro Frank Hoeflich, operador en México del cártel nuclear que se opone al rescate petrolero de México, porque quiere hacer grandes negocios con las “energías limpias”. Frank controla las facultades de Ciencias y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
• Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y muy cercana a Claudia Sheinbaum con quien comparte la agenda LGBTTTQ de Soros.
• Carlos Ímaz, ex esposo de Sheinbaum y agitador permanente dentro de la UNAM.
• Eugenio Ímaz, hermano de Carlos, ex director del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA).
• Paco Ignacio Taibo II, español republicano y director impuesto del Fondo de Cultura Económica.
• Elvira Daniel Kabbaz Zaga, directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, pareja sentimental del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y contacto de Sheinbaum Pardo con el cártel inmobiliario sionista.
• Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, cuyas políticas chocan con las de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, promotora de la recuperación petrolera.

La Fiscalía General de la República debería atraer los casos de vandalismo y terrorismo urbano (dado que afectaron a la UNAM y a la Columna de la Independencia). De hacerlo, muy probablemente se encontraría con que los grupos de choque involucrados tienen una misma cabeza en México y un mismo financiamiento externo.

(*) Periodista mexicano

El presidente ya perdió el piso

Pablo Hiriart, 3 sep. 19, El Financiero.

Presentarlo como el Tercer Informe confirma que una cosa es la que el Presidente ve o quiere, y otra es la realidad.

Las cifras ajenas a la verdad que dio a conocer en –decimos los mortales– su Primer Informe de Gobierno, y las estrategias para salir de las diferentes crisis en que se encuentra el país, nos dicen de una manera preocupante que a nueve meses de iniciado su mandato el presidente López Obrador ya perdió el piso.

A pesar de los serios problemas en que sus obsesiones y falta de conocimientos han metido al país, la mayoría de la sociedad lo respalda. Su aceptación es del 67 por ciento. Eso lo mareó. Lo pagaremos todos.

Preparémonos para la resaca.

Logró bajar el crecimiento económico de 2.5 anual a cero.

Dice una barbaridad monumental: no hay crecimiento, pero hay mejor distribución. Sin crear riqueza, ¿qué va a distribuir?

Muy sencillo, porque así lo hacen todos los populistas: quitar a unos para dar a otros.

No piensa en desarrollo, ni habla de reforma fiscal.

Dijo en su Informe, equivocadamente, que ha habido ahorros (subejercicios) por 145 millones de pesos. No es así, esos “ahorros” son de 198 mil millones de pesos.

Los ahorros se van a un fondo que el Ejecutivo reparte discrecionalmente, y son prácticamente inauditables por la ASF.

Lo dijo en su Informe: cinco de cada diez familias reciben apoyos del gobierno. Individualizado, personalizado.

Eso es formar clientelas que lo tienen en el 67 por ciento, aunque no haya crecimiento económico y la inseguridad se desboque.

La receta es esa: quitar a unos para dar a otros. No importa el desarrollo sino el respaldo electoral.

Quitan dinero a los enfermos de los hospitales públicos, despiden enfermeras y médicos, y el secretario de Salud dice que “los pacientes con cáncer pueden esperar, no hay ninguna prisa”.

El Presidente le trató de componer la plana a su secretario y dijo que si no hay medicamentos en los centros de salud, que los compren las enfermeras o los médicos.

Para afuera Prospera, Seguro Popular, las guarderías infantiles... Las lealtades se adquieren con dinero personalizado.

Y así en el resto del sector público: recortar, recortar, recortar. Para crear una de las más poderosas maquinarias de control político en el continente.

Sí es necesario que el gobierno apoye a los más débiles porque su situación es dramática, pero sacrifica el dinero para el desarrollo en granjearse el respaldo de cinco de cada diez familias.

En el área de seguridad (inseguridad) es donde más se muestra un Presidente ajeno a la realidad.

Es feroz contra sus críticos y quienes piensan diferente a él los declara “moralmente derrotados”, en lugar de hacerlos sus interlocutores como en cualquier democracia. Algo bueno le pueden aportar. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Salvo AMLO, según él.

Contra la bandas criminales del narco, ninguna condena en su Informe.

Otra vez los rencores políticos por encima de la seguridad y de la economía.

En los primeros ocho meses de este gobierno van 19 mil 642 homicidios dolosos (la cifra más alta de la historia).

Dijo que es un reto. ¿Y? ¿Cómo lo va a resolver?

Según él, atendiendo las causas que la generan: la pobreza, la falta de empleo, etcétera, lo cual no está mal.

Pero la pobreza no va a bajar, va aumentar con el crecimiento cero.

La caída del empleo desde diciembre ha sido brutal, casi 70 por ciento menos que hace un año. El Presidente lo ve bien. Cuidado.

A los grupos armados, que son los que matan, secuestran y tirotean lugares donde hay gente indefensa, ninguna recriminación en su Informe. Reconoce que no hay avances, pero no cambia de estrategia.

Está desmembrando a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional que no sirve, porque tienen orden de no actuar y cada uno de los cuerpos que la integran tiene diferente vocación y formación.

Los soldados no pueden tocar a los narcos y sus pandillas locales. Tienen que aguantar los golpes y la humillación porque el Presidente “no va reprimir”.

Y a los que agreden a las Fuerzas Armadas se les premia con recursos.

Prometió el Presidente indagar otra vez la matanza de los 43 normalistas. Bien. Que sigan, pero...

¿No van a investigar a los causantes de la muerte de 150 muertos quemados en Tlahuelilpan?

El gobierno fue responsable de esa tragedia, porque se enteró con horas de anticipación de la fuga, fueron, vieron, se regresaron a sus oficinas y no hicieron nada.

Esos muertos son del gobierno del presidente López Obrador.

Faltó a la verdad al decir que con el arreglo con las constructoras de gasodutos CFE “se ahorró cuatro mil 500 millones de dólares”.

El costo es el mismo y no cambiaron ninguna de las dos cláusulas que el gobierno impugnó.

Eso es engañar a le gente, y le creen.

Dice que el poder adquisitivo del salario subió. ¿Entonces cómo explica que el consumo haya caído?

También dijo que el huachicol cayó en 94 por ciento “y nos permite recuperar 50 mil millones de pesos”.

Entonces, por qué bajaron las ventas de gasolina legal.

Ya no hay huachicol y aumentó el poder adquisitivo del salario. ¿Qué pasó?

No dijo la verdad el Presidente al hablar de los “ahorros” en la cancelación del NAIM.

Falso que se hayan pagado todos los contratos y bonos.

Quedan cuatro mil doscientos millones de dólares por pagar a tenedores de bonos. Se recompraron mil 800 millones de dólares de un total de seis mil millones colocados.

Destruir el NAIM va a costar más caro que terminarlo.

Festejó el Presidente que los paisanos manden remesas “como nunca antes”.

En sus palabras, eso era una vergüenza nacional cuando gobernaban otros. ¿Ya lo vio? Récord. Y lo presume.

Con una economía estancada, caída en la creación de empleos, más van a emigrar a Estados Unidos para ser apaleados y perseguidos por Donald Trump.

Por último, se colgó las medallas de los atletas que no tuvieron respaldo de su gobierno, ni para uniformes.

Sí, el Presidente perdió el piso. Él tiene otra realidad

La pugna de Rosario y AMLO,

Héctor de Mauleon, 15ago19, El Universal.

El día de la audiencia, Rosario Robles comió en su casa de Los Reyes, Coyoacán, con un grupo de colaboradoras. Su abogado pasó por ella más tarde. Robles entró al juzgado “pensativa y en control”, según uno de sus allegados. Acababa de volver al país, procedente de Costa Rica. Le habían informado que acababa de llegarle un citatorio y decidió dar por terminadas sus vacaciones, preparar cuanto antes su defensa. 

Los abogados del bufete Hernández & Pliego le habían advertido que aquella tarde el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna iba a vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público. A Robles se le acusa de omisión en el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano: según la acusación, la exfuncionaria no evitó que ocurrieran dichas irregularidades, pese a que la Auditoría Superior de la Federación las había detectado, y no informó de estas a su superior jerárquico, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Dicho delito no es considerado grave. Ella y sus abogados sabían que tenían por delante un largo y duro camino. Pero ni en el peor de los escenarios que en los días previos habían trazado, figuraba el rumbo que las cosas iban a tomar 14 horas más tarde. El juez Delgadillo Padierna, que según el abogado Hernández Pliego fue despiadadamente duro con la defensa, decidió imponer a Rosario Robles la medida de prisión preventiva, porque el domicilio que ella había presentado no coincidía con el de su licencia… y esto abría la posibilidad de que se fugara. Robles se declaró víctima de una venganza política. Había perdido una partida que comenzó hace 19 años, cuando ella era jefa de gobierno, y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aspiraba a gobernar la capital del país. Después de actuar aliados para lograr que AMLO superara en las elecciones al panista Santiago Creel, comenzaron los desencuentros. El primero de ellos, cuando AMLO le pidió a Robles que subiera las tarifas del Metro para no tener que subirlas él, y evitar que se dañara su imagen. Robles recordó luego en un libro que la guerra interna duró casi dos años, y que el peón del nuevo jefe de gobierno en esa batalla fue nada menos que su secretario particular, el inefable René Bejarano. De acuerdo con Robles, fue Bejarano quien filtró la información sobre presuntos malos manejos cometidos a lo largo de su gestión: el robo del 10 por ciento del presupuesto, y la entrega de contratos sin licitar, por más de 50 millones de pesos, a la empresa Publicorp. PUBLICIDAD. Cuando Robles inició campaña para convertirse en presidenta del PRD, la guerra interna arreció: Bejarano maniobró para que el elegido fuera otro candidato. El 5 de diciembre de 2002, en el Palacio del Ayuntamiento, Robles le exigió a AMLO que dijera por qué se oponía a su candidatura. El entonces jefe de gobierno dijo que no tenía objeción alguna. Robles agregó que no creía que Bejarano se moviera solo. López Obrador insistió: —No tengo nada contra ti. Ella respondió: —Entonces amarra a tus perros —y salió de la oficina. Tres meses después se hacían públicos los videos en que los más cercanos colaboradores de AMLO, René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz, aparecieron recibiendo fajos de billetes de manos del empresario argentino Carlos Ahumada —pareja sentimental entonces de Rosario Robles. El escándalo que vino a continuación hizo que Rosario Robles fuera expulsada del PRD. Se desnudó su vida íntima. Se le investigó “hasta por debajo de las piedras”. Ella dijo que un político no puede darse nunca por muerto, y al cabo de los años se convirtió en secretaria de Estado por el partido que combatió durante toda su juventud. A Andrés Manuel López Obrador, que enarbolaba entonces como lema el de la “honestidad valiente”, la sacudida le hizo perder cuantiosos puntos de popularidad, le hizo perder a su peón de confianza (que pasó los lustros siguientes operando en la sombra), y muy probablemente le hizo perder también una presidencia que, antes de los videoescándalos, parecía tener en la bolsa. De aquellos lodos parecen venir estos polvos. El siguiente capítulo de la historia termina con el presidente diciendo que su fuerte no es la venganza, y con Rosario Robles ingresando, bajo el sol frío de la mañana, en una celda de la prisión de Santa Martha

Tres fases del populismo

Jorge Suárez-Vélez
15 Ago. 2019


Fui a Argentina en 1992 por primera vez. Me sorprendieron su clase media, sus empresas insertándose en mercados internacionales y la calidad de sus servidores públicos. Volví en 2014, y vi que por las tardes descendían familias enteras de "cartoneros" a los barrios ricos, para extraer reciclables de las bolsas de basura y venderlos. Entre uno y otro momento ocurrieron los Kirchner, Néstor (2003-2007) y Cristina (2007-2015). En forma sorpresiva, están de vuelta. Se pone fin al intento de Mauricio Macri de corregir el desastroso rumbo que heredó en 2015, tras 12 años de populismo.

A pesar del fuerte crecimiento económico al inicio de la era de Kirchner, gracias a precios récord de materias primas como la soya que Argentina exporta, se cayó en una fuerte crisis por el enorme gasto público -e inmanejable déficit- agravado por una política monetaria laxa. El peso argentino estaba a la par del dólar la primera vez que fui, a tres por uno hace 15 años, y hoy cotiza a 55 por dólar.

El cortoplacismo en decisiones como el control de cambios, la pérdida de autonomía del banco central, la enajenación de las AFJP's (equivalente a las Afores), la prohibición de exportaciones de carne para que su precio bajara en el mercado local (pasaron a ser importadores de carne uruguaya y paraguaya), el ataque al Instituto Nacional de Estadística y Censos porque las cifras que éste reportaba no agradaban a la Casa Rosada, los conflictos del Poder Ejecutivo con el Judicial, y la censura de la prensa independiente (en la que el Grupo Clarín fue atacado por los Kirchner), entre muchos otros factores, provocaron el aislamiento de Argentina, el desplome de la inversión privada nacional y extranjera, y el empobrecimiento del país que, otrora, fuese uno de los más ricos del mundo.

El regreso de Kirchner confirma la dificultad de restituir el profundo daño estructural que las políticas populistas le hacen a un país. Para regresar a una situación económica viable, se volvía imprescindible revertir los insostenibles planes de gasto social y de jubilación que implementaron los Kirchner. Macri pagará con su derrota haberlo intentado.

Argentina no es Venezuela, pero comparten más que la riqueza de recursos naturales. A no ser que el nuevo gobierno argentino nos sorprenda con un pragmatismo imprescindible, podemos adivinar qué futuro le depara a esa nación viendo la terrible crisis que vive Venezuela, donde más de 90% de la población está en situación de pobreza, hay poco que comer y el Estado ya no presta servicios básicos (salud, seguridad, etcétera). Dos tercios de los venezolanos han perdido 11 kilos en promedio durante el último año, en la trágicamente denominada "dieta Maduro".

Tenemos la inusual oportunidad de ver tres fases de implementación de modelos populistas en nuestra región: México en la primera, Argentina en la segunda y Venezuela en la tercera. En México, AMLO heredó una situación económica estable -aunque con crecimiento económico insuficiente-, inflación bajo control, amplias reservas internacionales, alta credibilidad internacional, y la segunda calificación crediticia más alta en América Latina después de Chile.

El nuevo gobierno se deshizo de los mejores funcionarios públicos, debilita a órganos autónomos incómodos, va desmantelando estructuras sociales que funcionan -como el Seguro Popular-, cuestiona la credibilidad de cifras oficiales (Inegi), debilita la democracia (Baja California) y empieza a interferir en la separación de poderes. Si bien se comprometió con disciplina fiscal, la pésima asignación de recursos a obras absurdas (Dos Bocas) y la cancelación de proyectos estratégicos (NAIM) provocarán estancamiento económico, reduciendo la recaudación fiscal, dejándolos apenas con suficiente para financiar programas sociales emblemáticos. Si éstos logran beneficiar a más de 20 millones de mexicanos, como se intenta, será difícil que otro Presidente más sensato enmiende el rumbo.

El populismo acaba con todo. Desafortunadamente, el deterioro es lento. Me niego a pensar que sea irreversible.


@jorgesuarezv

Sí o sí: Me canso ganso

1 JULIO, 2019

Ma. Amparo Casar • José Antonio Polo

La polis mexicana discute con ardor cuestiones que se creían superadas: el valor de la división de poderes, de los órganos autónomos constitucionales, del mando civil en las instituciones de seguridad pública o de las organizaciones sociales como actores necesarios en la deliberación democrática. Un eje de la discusión es el del respeto a la ley. El nuevo gobierno procede en esta materia con discrecionalidad sin precedentes. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común han hecho un recuento puntual de actos del nuevo gobierno que pueden considerarse ilegales o de dudosa legalidad. Este es su reporte
El 17 de abril en su conferencia mañanera el presidente López Obrador expresó: “si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. Lo hizo en el contexto del famoso Memorándum (16 de abril 2019) para dejar sin efecto la reforma educativa: “Yo hice un compromiso, que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo”.

Una declaración de esta naturaleza en boca del jefe del Estado y del gobierno equivale a un llamado a hacer justicia por propia mano: la antítesis del Estado de derecho. Si cada quien interpreta lo justo se rompe el pacto social y regresamos al Estado de naturaleza o a la ley de la jungla.

La respuesta no se hizo esperar. La más precisa y atinada provino de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene, desde el Ejecutivo federal, que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.


Definido como el entramado de leyes y ordenamientos jurídicos que norman el comportamiento de gobernantes y gobernados, el Estado de derecho se nutre de autoridades que respetan y hacen respetar la ley, de ciudadanos que asumen la obligación de regir su comportamiento con base en ese marco jurídico y de someterse a las consecuencias en caso de no hacerlo.

Los gobernantes en México han exhibido tradicionalmente no sólo un desprecio generalizado por el Estado de derecho, sino que se han mantenido impunes ante las trasgresiones al mismo. Esto es particularmente preocupante porque el Estado de derecho es un pilar de la democracia, el mecanismo para acotar el ejercicio del poder y el instrumento para hacer resguardar y dar vigencia a los derechos fundamentales.

Si se toma en serio la expresión de que habrá un auténtico Estado de derecho, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie” se debiera esperar un comportamiento particularmente escrupuloso en lo que respecta a la legalidad de las acciones y proceder del Poder Ejecutivo. No ha sido el caso.

Aun cuando este gobierno haya reiterado su desprecio por los datos y evidencias ofrecidos por investigadores, técnicos y académicos, es relevante documentar la actitud y comportamiento del Poder Ejecutivo frente a legalidad y no quedarse con la mera impresión de que los posicionamientos de su titular en las conferencias mañaneras y algunas de sus acciones de gobierno vulneran la división de poderes, exceden sus facultades, debilitan las instituciones y violan distintos ordenamientos legales.

Para ello hemos elaborado un registro que da cuenta de una serie de acciones que pueden juzgarse como ilegales, otras de “dudosa legalidad” y otras más que constituyen leyes u ordenamientos a modo (Anexo 1).1 La mayoría de estas configuran una tendencia cuyo fin último es la concentración y centralización de poder en el presidente y un ejercicio discrecional del mismo. Muchas de ellas ya se encuentran en litigio ante las autoridades competentes: Suprema Corte y juzgados (Anexo 2).2

Un dato relevante que sirve como termómetro. Las estadísticas disponibles sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales revelan que estos medios de control de constitucionalidad se elevaron desproporcionadamente: en el primer caso de 14 a 69 y, en el segundo, de 49 a 176. Crecimientos de 393% y 259%, respectivamente. No se cuenta con la estadística de amparos indirectos pero, literalmente, éstos se cuentan por miles (ver gráfica).



Es natural y deseable que, ante cualquier diferendo en el ejercicio del poder, los poderes y las personas ejerzan su derecho a defenderse pero lo que no es normal es que se multipliquen los litigios en las proporciones descritas.

No todas estas acciones y controversias fueron interpuestas en contra del Poder Ejecutivo pero el crecimiento de las mismas es una señal de alerta sobre el estado de la legalidad en estos primeros seis meses de gobierno. En el Anexo 1 pueden consultarse aquellas que han sido interpuestas en contra de actos del Ejecutivo: 11 controversias constitucionales, siete acciones de inconstitucionalidad y miles de amparos indirectos. Estos últimos fundamentalmente por despidos injustificados, falta del pago de liquidaciones conforme a ley, reducción de salarios y cancelación del aeropuerto de Texcoco.

1. Extralimitación de facultades y división de poderes
En una primera categoría se agrupan aquellas acciones en las que se rebasan las facultades y atribuciones expresamente otorgadas al Ejecutivo y se vulnera el principio de división de poderes que conlleva la prohibición de invadir las esferas de competencia de otras ramas, órdenes de gobierno y órganos de autonomía.

La primera de ellas y quizá la más importante es el Memorándum dirigido a sus secretarios de Hacienda, Educación Pública y Gobernación del 16 de abril para dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. Este acto es nulo de pleno derecho. No puede decretarse la derogación de una norma constitucional a través de un documento administrativo sin validez jurídica.

Este acto constituye una ilegalidad por los cuatro costados. Viola el artículo 16, primer párrafo que establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y responde al principio por el cual ninguna autoridad puede hacer algo para lo que no esté expresamente facultada; viola el 49 referente a la división de poderes en el que se expresa que un poder no puede suplantar a otro; viola el 89, fracción primera que obliga al Ejecutivo a aplicar en la esfera administrativa las leyes y demás normas jurídicas y viola los artículos 128 y 133 que obligan a todo funcionario a cumplir y hacer cumplir la Constitución y que transgrede la jerarquía normativa prevista en la Constitución. En este último caso no sólo se vulnera un precepto constitucional, sino que se instruye a tres de sus colaboradores a hacerlo.

Figura también el veto a tres empresas farmacéuticas, a través de un oficio del presidente (20 de marzo) en el que se les impidió competir por contratos del gobierno. El oficio señala que el monto de la compra del gobierno de Peña Nieto en 2018 a estas empresas (34 mmdp) “resulta a todas luces inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución que prohíbe monopolios”. Además de incongruente porque la propia administración de López Obrador otorgó contratos en marzo de este año y por adjudicación directa a estas mismas empresas, el presidente no tiene la facultad de decidir la condición monopólica de un mercado ni tampoco su derecho a competir mientras se investiga. Esta facultad corresponde a la COFECE. En todo caso, lo que hubiese podido impedir la participación de estas empresas en las ventas habría sido una inhabilitación por parte de la Función Pública por incumplimiento de contratos, pero tal no fue el caso.

De hecho, Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa) consiguió una suspensión definitiva en contra del oficio que el presidente le envió a la SHCP para impedirle participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas en venta de medicamentos y materiales de curación.

El levantamiento del Censo del Bienestar también resulta ilegal. No existe fundamento para que expromotores del voto realicen una actividad de esta naturaleza. De conformidad con los artículos 41 y 134 de la Constitución es ilegal hacer proselitismo con recursos públicos y la promoción de la imagen de algún servidor público. Los llamados “servidores de la nación” siguieron levantando el censo cuando menos hasta marzo de 2019 portando gafetes y chalecos con la imagen del nuevo gobierno y el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy en día y a pesar de la austeridad republicana que ha significado el despido de miles de trabajadores, la Secretaría del Bienestar ha “formalizado” a 16 mil 804 servidores de la nación con un salario mensual de ocho mil 173 pesos.

En el caso del IMSS, organismo de gestión tripartita regido por la Ley del Seguro Social, se presenta otra inobservancia de la ley pues corresponde al Consejo Técnico tomar ciertas decisiones y, como menciona el ex director de la institución en su carta de renuncia: “es real el riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuantiosos daños patrimoniales, por tomar decisiones al margen de la Ley del Seguro Social o por funcionarios sin atribuciones”. Además, se ordenó anular a los delegados aprobados por el Consejo y nombrar “a una suerte de delegados administrativos estatales, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Las consultas populares, en particular la de la Termoeléctrica de Huexca, es otro caso. El gobierno lo llamó “ejercicio participativo”, figura que no tiene sustento legal y que se llevó a cabo sin ningún mecanismo que garantizara la imparcialidad del proceso. Habitantes de Huexca y de otras nueve localidades de tres estados promovieron recursos denunciando la violación del derecho a la consulta.

En cuanto a las facultades de nombramiento se registran excesos y acciones de dudosa legalidad. En el uso de estas facultades además de leyes a modo como la conocida Ley Taibo o el cambio del reglamento del SAT para poder nombrar a su titular, se registra una grave imprudencia e impetinencia en los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores del sector energético (CRE y CNH) y una influencia cuestionable al privilegiar la lealtad y militancia a expensas de la mínima competencia o experiencia en la materia para poder mantener el control sobre las decisiones. El abuso ha sido tal que se ha recurrido a una dispensa de los requisitos de título universitario, cédula profesional o experiencia en el sector para poder nombrar a dos altos funcionarios de Pemex.

La Ley de Remuneraciones ha sido objeto de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos indirectos individuales de diversos organismos y servidores públicos por incurrir en diversas omisiones legislativas y menoscabar derechos constitucionales. Algunos han sido resueltos en favor del demandante como el del Banco de México al que se le concedió la suspensión en la aplicación de la ley. No se logró la mayoría de ocho votos en la SCJN para su invalidez total pero sí para emplazar al Congreso para que establezca los parámetros para determinar el salario del presidente.

Al igual que la de Remuneraciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha sido sujeta a acciones de inconstitucionalidad (CNDH, COFECE, IFT y BM) y amparos indirectos y una controversia constitucional por el gobernador de Michoacán toda vez que considera que la figura de los superdelegados atenta contra la autonomía de la entidad federativa.

La puesta en marcha del reclutamiento y operación de la Guardia Nacional sin haber aprobado el marco normativo necesario constituye otra ilegalidad y contraviene los artículos 16 y 21 de la CPEUM además de a la propia reforma recién aprobada. Esto, sin considerar la regresión que significa la militarización de la seguridad pública al otorgarle a las Fuerzas Armadas plenas faculltades para perseguir delitos, atribución que en cualquier régimen democrático corresponde esencialmente a la policía.

Se advierten ilegalidades y/o abuso de poder en el caso de ex funcionarios de la CFE, de la CRE y de empresas contratistas que fueron exhibidos en una mañanera (11 de febrero) sin prueba alguna. Con ello se incurrió en la violación a la presunción de inocencia (artículo 14 de la Constitución), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 18 y 19) y la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 11 y 13) que establecen el derecho al honor de las personas.

Lo mismo ocurre con la liberación de presos políticos porque, aunque no es incompatible con el Estado de derecho, resulta preocupante que los procesos de liberación por desistimiento del Ministerio Público atiendan a una lista seleccionada y anunciada por el titular del Ejecutivo y no por una política de la Fiscalía.

Finalmente, se consigna una vulneración de la laicidad del Estado establecida en el artículo 40 de la Constitución y la violación de los procedimientos para el diseño de imagen y comunicación dispuestos en el Manual de Proceso del INBA al haber utilizado el Palacio de Bellas Artes para un homenaje al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo y Apóstol de Jesucristo.



2. Violaciones a los derechos fundamentales
La segunda categoría de acciones de ilegalidad se refiere a la obligación de promover, proteger y garantizar en su esfera de competencia el respeto y condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Se sitúan en esta categoría la suspensión o reducción de recursos para las estancias infantiles, para los comedores comunitarios, para la atención del VIH/SIDA y cáncer. En todos los casos hay una invasión de la administración pública federal a un acto de la Cámara de Diputados que asignó recursos para esos fines. Adicionalmente, se vulnera la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho a la alimentación y a la salud además de la progresividad de los derechos (arts. 1 y 4 de la CPEUM). De cada una de ellas existen acciones de inconstitucionalidad o amparos. En el caso de las estancias infantiles ya han sido ganados más de 250 amparos y los jueces han ordenado la restitución de los fondos.

El derecho a la salud también ha sido violentado por el congelamiento de compra de medicamentos, por el recorte inicial a los recursos de salud, así como por el subejercicio de los mismos (12 mmdp) que según el extitular del IMSS ponen “en riesgo la prestación de servicios” y se ha pedido desviarlos a otros fines. Habría que agregar la desaparición de más de mil mdp del extinto programa IMSS-Prospera que otorgaba medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social.

En situación similar se encuentra la cancelación —vía una circular del 14 de febrero— de recursos para la sociedad civil por el doble motivo de que se hace caso omiso de la decisión de los legisladores que les asignaron presupuesto y se viola la Ley de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por su parte, el despido injustificado de servidores públicos —muchos de ellos sin recibir las liquidaciones correspondientes— además de producir un desmantelamiento de las estructuras profesionales de la administración pública, incumple con el apartado B del artículo 123 constitucional, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Por último, es de resaltar la negativa del gobierno federal a despejar las vías férreas ocupadas por integrantes de la CNTE durante 18 días en Michoacán. Además del daño patrimonial causado y que se calcula en cerca de 20 mmdp, esta omisión violó abiertamente la libertad de tránsito y dejó de “proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias” (comunicado de la CNDH, 7 de febrero, 2019).

3. Uso discrecional de los recursos públicos
Una tercera categoría corresponde al uso discrecional de los recursos públicos y a la forma en que se ejerce el presupuesto.

Como en administraciones anteriores, se continúa con los vicios y excesos del pasado en las compras y contratos gubernamentales e incluso la contratación de dos empresas fantasma. En lugar de licitaciones públicas y abiertas, como lo marcan la Constitución y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siguen predominando, cuando no aumentando, las asignaciones restringidas y adjudicaciones directas.

El mero contraste entre uno y otro tipo de contrataciones no deja lugar a dudas: 76% de los contratos se han otorgado por adjudicación directa, 17% por licitación y 6.5% por invitación restringida.

Entre las adjudicaciones directas cabe resaltar el caso de las 671 pipas de Pemex. Además de no haber sido justificada conforme a la ley, el contrato fue concedido mediante una figura inexistente —“adjudicación competitiva”— y existe una violación al contenido de la NOM-012 que prohíbe que unidades de ese tipo distribuyan materiales peligrosos.

A este ejemplo lo acompañan los casos del Tren Maya en el que una vez más se recurrió a la adjudicación directa sin caer en ninguno de los supuestos de excepción; la sustitución del NAICM por el aeropuerto de Santa Lucía que, entre otras, viola el artículo 134 constitucional que obliga al Estado a administrar los recursos con eficiencia, eficacia y economía e incumple con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, y la refinería Dos Bocas que carece de las formalidades necesarias: las evaluaciones jurídica, económica, financiera y ambiental. En los cuatro casos se han interpuesto ante las instancias judiciales desde amparos indirectos hasta denuncias populares.

Igualmente importantes han sido los recortes a los órganos constitucionales autónomos (OCAs). En el Proyecto de Egresos de la Federación la iniciativa del Ejecutivo redujo su presupuesto seriamente aunque la Cámara de Diputados asignó 23 mmdp adicionales a la propuesta inicial: INE, -38.5%; CRE, -31.1%; CNH, -30.3%; IFT -27.7%; INAI, -21.1%; CNDH, -14.3%; COFECE -9.2%

La reducción propuesta vulnera la autonomía presupuestal de los OCAs además de que compromete su función dentro del esquema de pesos y contrapesos que a lo largo de dos décadas se ha ido construyendo en el país. La mayoría de estos órganos han interpuesto acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que hasta ahora suman ocho.

Para terminar, está el manejo de los programas sociales sin reglas de operación y con una promoción personalizada por parte del gobierno de López Obrador. Este año fueron asignados 119 mil 500 millones de pesos para 11 programas considerados prioritarios tipo “U”, es decir, “aquellos que funcionan sin reglas de operación que establecen la metodología, manuales y criterios de selección de beneficiarios”. No hay fundamentación para entregar sin reglas de operación el 33% de los recursos destinados a subsidios. Y, no cabe más que concluir que la elaboración de un “censo” propio, la entrega directa del dinero en efectivo encabezada y publicitada por el presidente y la ausencia de reglas para hacerlo apuntan a la creación de clientelas político-electorales.



Imaginemos que el abstracto concepto “Estado de derecho” en nuestro país es un barco; un barco que, a pesar de sus defectos y remedos, flota y navega. Ahora imaginemos que el capitán de dicha nave gira todos los días instrucciones contra el sentido común o contradictorias entre sí, sin que ningún miembro de su tripulación se atreva a cuestionar sus decisiones; imaginemos que, para que nadie dude de su autoridad y temeridad, ordena incluso horadar el casco por debajo de su línea de flotación.

El Estado de derecho y nuestras instituciones no son una abstracción, son el barco. Adoptar una interpretación personal de la ley o de plano ignorarla aduciendo “justicia” o “austeridad, honradez y combate a la corrupción”, puede conducir al país a un tobogán de ingobernabilidad. Esta interpretación selectiva de la ley “conecta” con grupos que también imponen en muchas regiones del país su “ley” y su voluntad: pobladores, guardias comunitarias o grupos criminales. Las imágenes del sometimiento de militares en la Huacana, Michoacán, lamentablemente sólo son un ejemplo de lo anterior. A juzgar por el recuento de los últimos seis meses no serán las últimas.

Este trabajo es una llamada para alertar del peligro que significa un gobierno que llegó al poder por la vía legal y con legitimidad electoral pero que habla, propone y actúa, colocando a la legalidad y a las instituciones en un plano secundario. Regresando a la metáfora, un gobierno que estaría dispuesto a quemar las naves que le permitieron llegar al poder. Lo anterior pudiera tener varios nombres, pero no serían los de institucionalidad, democracia o legalidad.



María Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

José Antonio Polo
Director general de Causa en Común.

Agradecemos a los equipos de investigación de MCCI y Causa en Común el trabajo que realizaron para la elaboración de este artículo.

1

Anexo 1
Acciones de inconstitucionalidad
1. Acción de inconstitucionalidad interpuesta por 33% de los Senadores del Congreso de la Unión en contra de la Ley de Remuneraciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión de la aplicación de la Ley impugnada.

2. Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Remuneraciones.

3. Acción de Inconstitucionalidad que presentó el Instituto Nacional Electoral contra el recorte presupuestario del Presupuesto de Egresos 2019.

4. Acción de inconstitucionalidad presentada por diputados y senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre los motivos que impulsaron esta acción se encuentran:

a. La creación de la figura de los “Superdelegados” que atenta contra la soberanía de las entidades federativas al otorgarles un amplio margen de discrecionalidad en torno a la operación y estructura de los programas de beneficio social.

b. La facultad concedida a la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía para la determinación de tarifas eléctricas, siendo que este Órgano Regulador cuenta con autonomía constitucional.

c. Las facultades concedidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para planear la política de contrataciones públicas.

5. Acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del Congreso de Chihuahua contra Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

6. Acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado de la República en contra de la Reforma a la Ley de Remuneraciones.

7. Acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra de la Reforma a la Ley de Remuneraciones.

Controversias constitucionales
1. Controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica.

2. Controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

3. Controversia Constitucional promovida por el Banco de México contra la Ley de Remuneraciones. (Se le concedió la suspensión de la aplicación de la Ley).

4. Controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que considera que la figura de los superdelegados atenta contra la autonomía de la Entidad Federativa.

5. Controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Estadística Geografía contra el Presupuesto de Egresos 2019, por el recorte de su presupuesto que le impide realizar la totalidad de sus programas y encuestas.

6. Controversia constitucional promovida por el presidente municipal de Hidalgo de Parral, Chihuahua, contra la disminución del presupuesto federal para estancias infantiles en el Presupuesto de Egresos.

a. Ampliación de la controversia constitucional contra la reducción presupuesto de estancias Infantiles, por la publicación de las Reglas de Operación 2019 del ahora llamado Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

7. Controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en contra del Presupuesto de Egresos por la reducción de casi un 50% de su presupuesto.

8. Controversias constitucionales interpuestas individualmente por el gobernador de Chihuahua, 23 alcaldes y alcaldesas de municipios de Chihuahua y Sonora contra la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que permitieron la centralización en el Ejecutivo Federal del destino que se le dará al Fondo Minero que estaba bajo la administración de los municipios.

9. Controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra la Ley General de Educación por cuanto a la descentralización del sistema educativo federal que obliga a la administración estatal a hacerse cargo de la enseñanza básica y la determinación de las reglas de distribución de los recursos federales para el pago de los maestros.

10. Controversia constitucional y posterior reclamación del gobernador de Baja California Sur por no incluir a Baja California Sur entre las entidades beneficiadas por el Decreto de Estímulos Fiscales que disminuyen el IVA e ISR.

11. Controversia constitucional interpuesta por el gobierno del estado de Michoacán contra los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, dichos lineamientos señalan que los beneficios económicos y en especie de los programas se entregarán de manera directa y sin intermediarios a los beneficiarios.

Algunos amparos indirectos
1. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

2. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

3. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Banco de México contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

4. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

5. Amparo indirectos por parte de particulares contra la orden de cerrar ductos de Petróleos Mexicanos que ocasionó el desabasto de combustibles en el país. En uno de los casos se concedió la suspensión del acto reclamado ordenando garantizar al quejoso el abasto del combustible.

6. Amparos indirectos interpuestos por particulares (proveedores indirectos y por derecho propio) contra la cancelación del NAIM en Texcoco, alegando incumplimientos y derecho a una economía nacional estable y/o sana.

Amparos indirectos de diversas organizaciones contra la reducción presupuesto de Estancias Infantiles.

7. Amparo interpuesto por la empresa Ethan Gas Oil contra PEMEX que implican el pago de 365 millones 549 mil pesos que recibió como adelanto para la adquisición de 700 carrotanques para PEMEX.

8. Amparos indirectos promovidos por particulares (ciudadanos) en contra del Proyecto de Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía.

9. Amparo indirecto promovido por una asociación civil en contra de la designación del Senado de María de la Luz Mijangos como Fiscal Anticorrupción.

10. Amparos indirectos promovidos por ciudadanos en contra de Memorándum de López Obrador mediante el cual ordena incumplir lo que establecen las leyes en materia educativa.

11. Juicio de amparo indirecto interpuesto por el Grupo Fármacos Especializados (GRUFESA) en contra de la determinación del Poder Ejecutivo Federal (Oficialía Mayor de la SHCP) por vetarlo para participar en licitaciones de medicamentos. Obtuvo una suspensión en contra del acto reclamado.

Otros
1. Denuncia popular en materia ambiental promovida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en contra del desmonte y/o tala de las especies vegetales en el predio destinado a la construcción de la Refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. Se ordenó la suspensión de la referida tala.

2. Procedimiento de investigación iniciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se requiere información a la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, gobierno del estado de Hidalgo y Municipio de Tlahuelilpan, sobre su actuar en los hechos relativos a la explosión de una toma clandestina que provocó la muerte de más de noventa personas en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Anexo 2 (Ver en:)

https://www.nexos.com.mx/?p=43039

Incorruptible

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Excelsior

Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas.

18 de Julio de 2019

Reiteradamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que él, a diferencia de sus antecesores, no es corrupto, y que, dado que es un ejemplo de incorruptibilidad para todos los servidores públicos, su gobierno abatirá la corrupción en México, con lo cual se contará con mayor cantidad de recursos económicos para llevar a cabo sus programas.

Dado que se asume como incorruptible, el Presidente reparte dinero sin reglas que permitan saber el criterio de la repartición y adjudica obra pública sin la correspondiente licitación. Por lo visto, las normas de transparencia sirven para evitar la corrupción y él, ya se sabe, es incorruptible: ¿por qué tendría que sujetarse a regla alguna?

Incluso los comentaristas que están en total desacuerdo con la mayoría de sus decisiones parecen convencidos de que, si bien comete numerosos dislates y toma abundantes medidas perjudiciales para el país, la corrupción no es uno de los extravíos del Presidente.

Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas. Es deshonroso realizarlas: quien las practica no se tiene en alta estima.

Escrito lo anterior, me pregunto: ¿todas las acciones del Presidente están libres de corrupción de tal manera que él podría arrojar la primera piedra a los corruptos a quienes tanto fustiga verbalmente? ¿No es acaso corrupción la referida adjudicación de obra pública sin licitación?

¿No es corrupción el pago de 45 mil millones de dólares por la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional? Porque cualquiera puede hacer con su dinero lo que se le antoje, incluso arrojarlo por una alcantarilla, pero el dinero pagado por la cancelación, una cifra estratosférica, es el de todos nosotros, los contribuyentes.

Esa cantidad podría haberse aplicado, por ejemplo, a los servicios de salud, que se han visto deteriorados dramáticamente por los recortes presupuestales. Seguramente  de algo hubieran servido esos dólares con los que se pagó —¡con dinero ajeno!— un capricho incomprensible.

¿No es corrupción la burla de la consulta pública en virtud de la cual se decidió esa cancelación, dado que sólo participó, cuando mucho, el uno por ciento de los ciudadanos (digo cuando mucho porque algunos votaron hasta cinco veces) y no hubo ninguna garantía de limpieza en cuanto a la emisión, el resguardo y el conteo de los votos?

¿No es corrupción recortar brutalmente los recursos y el personal de los hospitales públicos para emplear ese dinero en dádivas con propósitos clientelares y en obras onerosas —Santa Lucía, Dos Bocas, tren maya— desaconsejadas unánimemente por los expertos?

¿No es corrupción entregar a las mafias sindicales el control de la educación de los niños cuyos padres no pueden pagar las colegiaturas de las escuelas particulares, condenándolos a no ser destinatarios de la preparación que se requiere para competir sin demasiada desventaja en el mercado laboral y para la formación humana integral?

¿No es corrupción haber eliminado el apoyo a las estancias infantiles salvo a las del Partido del Trabajo (PT) por la única razón de que es un aliado político, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en su operación? Los 800 millones de pesos que recibirá el PT son equivalentes al 40% de lo que ha sido quitado a más de 9,300 estancias.

¿No es corrupción la mentira, decir “yo tengo otros datos” como burda coartada para no reconocer las cifras de homicidios que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública o asegurar que se han creado más empleos que en el pasado inmediato en contradicción con los datos del Inegi? ¿O presentar como una victoria el humillante acuerdo con Estados Unidos sobre migración, cuyo origen fue el incumplimiento de acuerdos secretos previos?

No son los únicos ejemplos, pero el espacio se me acaba. Los que aquí se han apuntado son claramente casos de corrupción. ¿Me equivoco? No hay una corrupción buena y una corrupción mala. Toda corruptela es inaceptable y quebranta el honor —cualidad que lleva al comportamiento digno respecto del prójimo y de uno mismo— de quien la lleva a cabo.

Urzúa, último grito para corregir

Pablo Hiriart, El Financiero, 11jul2019

En su conferencia mañanera el presidente quiso desviar el punto central de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda como un asunto de problemas personales con Alfonso Romo, la titular del SAT y el director de Nafin. No fue así.

La renuncia de Urzúa apunta al corazón de las fallas del gobierno de López Obrador: decisiones de políticas públicas sin sustento.

Y, además, nombramientos de personas sin conocimientos hechos al calor del influyentismo y el conflicto de interés.

La patraña del vino nuevo y las botellas viejas no pasa la prueba de los hechos. Es un recurso retórico para minimizar el punto sustancial: su secretario de Hacienda le renunció porque el país va mal y no hay intención de corregir.

El golpe que le mandó López Obrador a Carlos Urzúa al decir que no entendía el cambio, también es cuento.

Arturo Herrera lo primero que dijo como encargado del despacho de Hacienda fue que habría continuidad y que “no habrá cambios en política hacendaria ni fiscal”.

Entonces, ¿dónde está el cambio de fondo entre Herrera y Urzúa?

¿Por qué dice AMLO que las ideas del renunciado se parecían a las de Carstens y Meade?

Hasta ahora la única diferencia entre Urzúa y Herrera es que el nuevo secretario de Hacienda le dirá en todo que sí el presidente de la República, que de economía no sabe nada ni es su obligación saber.

Ahí está el peligro: que la economía se maneje “desde Los Pinos”, como en su momento dijo Echeverría, o desde la silla presidencial, como da a entender ahora López Obrador.

Urzúa se fue por cumplir con su trabajo. Parte del trabajo de un secretario de Hacienda es decirle que no al presidente de la República.

Los presidentes, como es obvio, quieren gastar y gastar en obras y proyectos, pero el secretario de Hacienda le debe recordar que los recursos son limitados y que no conviene invertir en lo que no tiene viabilidad financiera.

Ese fue el problema de Urzúa: le dijo que no en reiteradas ocasiones a López Obrador, como si estuviera ante un presidente que entiende razones diferentes a las suyas.

Desde hace décadas lo sabemos: a AMLO no se le puede contradecir, porque cree tener la verdad absoluta aun en temas que desconoce, como economía y energía.

Los problemas centrales entre Urzúa y López Obrador fueron por los que el extitular de Hacienda consideraba peligrosos desatinos en la Comisión Federal de Electricidad y en la Secretaría de Energía.

Urzúa consideraba un peligro la manera en que Manuel Bartlett maneja la CFE.

Consideró un error sumamente riesgoso la impugnación de los contratos de gasoductos con empresas nacionales y extranjeras, que ya estaban terminados o a punto de concluir.

Eso no le gustó al presidente y le dio la razón a Bartlett.

Urzúa le decía que no era conveniente arrancar el proyecto de la refinería de Dos Bocas por su escasa viabilidad, y porque esa obra sería castigada por las calificadoras, que esperan inversión para producir más crudo y no gasolinas dentro de varios años.

López Obrador le dio la razón a Rocío Nahle y siguió adelante con el proyecto, contra la opinión de su secretario de Hacienda y de los expertos en la materia.

Y como publicamos ayer en este espacio, entre el domingo y el lunes algo ocurrió entre Carlos Urzúa y el presidente que precipitó la renuncia del titular de Hacienda.

Hubo dos gotas que derramaron el vaso, y desde luego que algún día se sabrá.

¿Tienen relación con los “personajes influyentes” y sus “patentes conflictos de interés”, como dijo Urzúa en su carta de renuncia?

Lo que sea, se va a saber.

Por la gravedad del tema, el presidente intentó ayer desviar el núcleo de la renuncia hacia asuntos personales. No es por ahí.

El problema con Romo por supuesto que existió, derivado del control de la banca de desarrollo, que por ley le corresponde a Hacienda.

Ayer mismo, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, el nuevo titular de Hacienda dijo que no había dudas de a quién correspondía el manejo de la banca de desarrollo: a él.

Pero ese gaje del oficio en el estira y afloja de los funcionarios públicos no es motivo para presentar una renuncia a la Secretaría de Hacienda.

Urzúa no se fue por eso, sino porque el gobierno va mal y no hay voluntad presidencial para corregir: decisiones sin sustento en políticas públicas, y conflictos de interés de influyentes personajes de la 4T.