Buenas tardes
compañeros Diputados, apreciables medios de comunicación, pueblo de Baja
California Sur:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mediante
una interpretación que es inconstitucional y discriminatorio llamar matrimonio
a la unión de un hombre y una mujer; determinó, que la acepción que se ha
utilizado desde milenios atrás y que es tan antigua como la civilización misma,
es anacrónica.
Hoy las cosas en este mundo están al revés.
La Real Academia de la Lengua Española da como significado de
perverso lo siguiente:
“Aquello que corrompe las costumbres o el estado habitual de
las cosas”.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
una perversión, porque a través de una supuesta interpretación da una resolución
legaloide y pretende modificar una institución que es base de la familia
nuclear, que es base de nuestra civilización, a través de esta perversa
interpretación pretende torcer una realidad natural con un plumazo legal, esta
decisión pretende pervertir la institución del matrimonio.
Los grupos de activistas y promotores de esta agenda
perversa, que ahora son respaldados por resoluciones inconcebibles de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretenden encasillarnos e implantarnos
diversos calificativos como retrógradas, anticuados y mochos, por defender el
iusnaturalismo.
Cabe señalar que la defensa del matrimonio no sólo tiene una
defensa religiosa; La defensa del matrimonio, como lo conocemos, entre un
hombre y una mujer, tiene argumentación y defensa jurídica, antropológica,
sociológica, cultural y biológica., respectivamente, lo que indica
inexorablemente como el cuidado de la madre durante la función natural de la
procreación y revela la convivencia y sus consecuencias jurídicas y biológicas
que existen entre un hombre y una mujer.
Indistintamente de las religiones, antropológicamente se ha
regulado y protegido la figura del matrimonio, estableciendo las relaciones
jurídicas y las obligaciones entre el hombre y la mujer que participan en este
acto, incluyendo las consecuencias jurídicas de su descendencia natural.
El iusnaturalismo es la fuente principal de protección de la
figura matrimonial, contrario a lo que existe y se pretende actualmente, la
creación de figuras jurídicas artificiales contrarias al derecho natural.
Jurídicamente
pudiéramos establecer que la defensa del matrimonio es simple; por la simple razón
de que el derecho promueve y conlleva un orden en las cosas; el matrimonio es,
ha sido y será. El matrimonio ha transcendido milenios, generaciones y el
derecho ha regulado su relación.
Antropológica, sociológica y culturalmente se le ha dado un
concepto que el derecho ha regulado; porque el matrimonio tienen un concepto,
con antecedentes y ha sido creado como figura legal para la convivencia humana
con fines concretos de convivencia y procreación natural.
La pregunta obligada es ¿por qué la Suprema Corte de Justicia
y un grupo de activistas pretenden modificar y pervertir el orden establecido
en nuestra sociedad desde hace miles de años?
Las cosas deben ser llamadas por su nombre.
Veamos:
El matrimonio tal y como lo entendemos etimológica, cultural,
sociológica y culturalmente, en virtud de la realidad que se establece, es de
manera clara, la unión entre un hombre y una mujer.
El problema de los llamados matrimonios entre personas del
mismo sexo viene, no de los derechos que otro tipo de sociedades legales ya les
conceden, sino del empecinamiento de llamarles matrimonio, cuando sabemos que
este término ha aplicado única y exclusivamente a las uniones entre un hombre y
una mujer.
El matrimonio tal como lo conocemos y lo hemos concebido, no
es discriminatorio, porque es un derecho subjetivo que cualquier persona puede
ejercer.
Las personas con preferencias sexuales diferentes asumen por
sí mismas y por propia voluntad su diversidad y jamás han tenido prohibido
casarse bajo los términos del matrimonio, como no lo tiene prohibida persona
alguna, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley.
Lo discriminatorio e injusto es adaptar a una generalidad a
partir de las preferencias sexuales de un grupo de personas que decidieron
vivir de manera distinta, lo discriminatorio e injusto es modificarle un
concepto legalmente establecido y crearle una artificialidad jurídica.
Lo jurídicamente viable sería que se creara una figura legal
en función a los derechos y la preferencia sexual de esta minoría, que fue
decisión de ellos mismos y que ellos mismos han asumido.
Las cosas como están ocurriendo provocaría un caos y una
discriminación generalizada, porque de ese modo se deja fuera a otros grupos
que bien pueden en lo sucesivo solicitar se legisle a su favor teniendo como
argumento el amor, que sabemos, no constituye una realidad y en tanto escapa de
las atribuciones del derecho.
Los familiafòbicos promotores de la agenda perversa del
supuesto matrimonio igualitario deben entender que en el mundo existe
diversidad, que no todos pensamos igual y en función a esas diferencias debemos
aprender a convivir.
Reza la máxima jurídica: «Tratar igual a desiguales es una
injusticia».
Una persona de nacionalidad argentina no puede votar en
México, a menos que esté nacionalizado.
Una persona analfabeta nunca podrá ser contratada como editor
en un periódico.
Una persona con el pie plano no será admitida en fuerzas
militares especiales.
Un hombre jamás tendrá incapacidad laboral por maternidad.
Una persona enferma de epilepsia no puede graduarse de piloto
aviador.
¿Estos supuestos discriminan? Por supuesto que no
discriminan, porque se acatan decisiones con respecto a la naturaleza misma de
las personas.
La Suprema Corte ha malinterpretado un derecho civil
subjetivo, como lo es el matrimonio, por el derecho fundamental de la creación
de una familia.
Que los homosexuales y lesbianas activistas quieren juntarse,
adelante; que quieren que se le reconozcan sus derechos civiles, laborales y de
seguridad social, adelante; que quieran protección jurídica, adelante; pero
¿por qué empecinarse en modificar la institución del matrimonio, que es
distinta en su naturaleza y cuyo antecedente es milenario?
A todo el pueblo sudcaliforniano les digo que no es nuestra
obligación cambiar nuestra legislación para avalar estas atrocidades, como
erróneamente lo han manifestado algunos legisladores federales y ministros de
la Suprema Corte. Recordemos que nuestro pueblo es soberano en nuestro régimen
interior y nosotros, desde esta tribuna, les informamos que no permitiremos el
paso de esta agenda perversa que pretende acabar con el matrimonio y la
familia.
Esta es la clase de necedad y perversión que pretende
imponerse desde el máximo tribunal del país, auspiciado por una corriente
internacional que pretende, en el fondo, acabar con la familia nuclear.
Esta es la clase de manipulación que pretenden estos
familiafòbicos que promueven una agenda internacional que ataca la vida y la
familia, estos son ataques alevosos que pretenden asestar quienes pretenden
imponernos su agenda e ideologías a nuestra población, a nuestras familias y a
nuestros hijos.
En Baja California Sur somos más los que defendemos la vida y
la familia, en Baja California Sur, somos más lo que atendemos la razón, los
que creemos en la justicia y respetamos las instituciones.
Por eso, desde esta tribuna convoco a todo el pueblo
sudcaliforniano, a todas las familias de bien, a todas las personas de
principios, a todas las personas de valores, a todos las personas que en
ejercicio de su libertad religiosa compartan esta visión, a que salgamos a las
calles, que tomemos las redes sociales para defender la vida y la familia,
salgamos a manifestar nuestro repudio a la agenda perversa y manipuladora que
pretende lesionar nuestros valores.
Desde esta tribuna, les digo, que somos más los mexicanos y sudcalifornianos
que creemos que debemos conservar el orden, respetar a nuestro pueblo y
defender a nuestras familias.
ATENTAMENTE
DIP. PABLO SERGIO BARRON PINTO
INTEGRANTE DE LA FRACCION
PARLAMENTARIA DEL PAN
